El caso del informe sobre el ácido bórico, más brevemente conocido como "caso del ácido bórico", se refiere a las circunstancias que rodearon a la elaboración de un informe por parte de la Comisaría General de Policía Científica en el marco de la instrucción del juicio por los atentados del 11-M, sobre una sustancia, que resultó ser ácido bórico, encontrada en un domicilio de Hassan El Haski, acusado entonces de estar implicado en los atentados y posteriormente condenado por ello en el juicio.

Los hechos

El 21 de septiembre de 2006, el diario El Mundo y el espacio radiofónico del periodista Federico Jiménez Losantos en la cadena radiofónica COPE, denunciaron lo que a su juicio era un posible delito de falsedad documental y encubrimiento.

El supuesto delito, cuya existencia denunciaban, consistía en la manipulación por parte de un funcionario de policía de un informe pericial que relacionaba a ETA con los integristas islámicos acusados de implicación en los atentados del 11-M. El periódico revelaba la supuesta existencia de un informe pericial^[1] realizado el 21 de marzo de 2005 por los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, en el que estos respondían al requerimiento de análisis de una sustancia encontrada en el domicilio de Hassan El Haski, implicado en los atentados del 11-M.^[2] Además de responder a la pregunta, indicando que la sustancia era ácido bórico, los peritos incluían un apartado denominado "Observaciones" en el que listaban dos informes periciales anteriores en los que se había identificado ácido bórico: los relativos a sustancias halladas el 6 de noviembre del 2001 en un piso de ETA en Salamanca y el 27 de octubre de 1999 en el piso de un militante antisistema en Madrid, afirmando que ambos estaban relacionados con terrorismo. Finalmente, afirmaban que, aunque desconocían la "verdadera aplicación [del ácido bórico]" en relación con ambos casos, especulaban sobre posibles usos terroristas de esta sustancia citando a modo de ejemplo que quizás podría servir "como conservante de los explosivos de tipo orgánico, para enmascarar el explosivo para no ser detectado por los perros especialistas en detección de explosivos, etc." finalizando con que dichas posibilidades llevaban a los autores del informe a sugerir "la posibilidad de que el autor/autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido el mismo tipo de formación y/o sean el/los mismo/s autor/autores".

El 11 de julio de 2006 El Mundo publicó el supuesto informe que los peritos habían entregado a su superior.

Según su propio testimonio, el superior de los peritos, Francisco Ramírez, jefe del Servicio Central de Análisis Científico de la Policía Científica, apreció que la respuesta de estos contenía "opiniones subjetivas y faltas de consistencia",^[3] por lo que les solicitó que quitasen las referencias a ETA. Al negarse estos a modificar su informe, se reasignó el análisis a sí mismo (cambiando la solicitud de Estudio, análisis e informe pericial a análisis), produciendo un informe que simplemente recortaba los resultados del anterior (debido a que en el primer análisis se gastó parte de la muestra, no pudo analizarla recepcionando la misma cantidad), y eliminaba las tres primeras observaciones (donde aparecía la referencia a ETA) y es el que se envió al juez instructor de caso, a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los informes deben ir firmados por dos peritos . La modificación del informe original se basó, según Ramírez en que el documento original de los peritos era un "documento de trabajo" y que estaba entre sus competencias emitir el informe definitivo, en el que aparece como autor de los análisis^[4] fue el documento que la Comisaría General de Información remitió al juez Juan del Olmo.

Fase judicial

El juez Baltasar Garzón imputó a los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique. Según el magistrado, las referencias a ETA del informe del ácido bórico "no respondían al interés de sugerir la investigación de hechos relacionados, ya que eran inexistentes, sino de generar una apariencia sin sustento real alguno, que vinculara a la organización terrorista ETA con los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid".^[5] Los peritos acudieron a declarar como testigos ante el juez Garzon (sin abogados, al ser testigos), pero salieron de la declaración como imputados. Posteriormente los peritos presentaron una denuncia ante la Inspección del Consejo del Poder Judicial contra Garzón por haber carecido de abogados, denuncia que ampliaron por la actitud del juez, que según ellos "gritaba fuera de sus casillas" e intentaba "amedrentarlos".^[6] La secretaria judicial, presente durante la declaración para dar fe pública de todas las incidencias ocurridas, así como los dos fiscales, también presentes, ofrecieron una versión totalmente contraria de lo que ocurrió durante la declaración. Según la secretaria judicial, incluso fue el juez el que tuvo que advertir al Sr. Escribano por dos veces para que "no alzara la voz en su presencia",^[7] e incluso, siempre según la secretaria judicial, ella misma tuvo que intervenir para que el Sr. Escribano no alterara las actas que estaba redactando.

Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial archivó la investigación contra Garzón por este motivo^[8]

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, al no tratarse un delito de terrorismo, declaró no competente a Garzón para este caso y le pidió que enviara la investigación sobre tal informe al decanato de los Juzgados de Madrid.^[9]

Gema Gallego, juez de la Plaza de Castilla, volvió entonces a tomar declaración a Manuel Escribano e Isabel López. A diferencia de Garzón, no vio indicios de delito en los peritos, sino en sus mandos, imputando a Miguel Ángel Santano (Comisario General de Policía Científica), Pedro Mélida (Secretario General de Policía Científica), José Andradas (Jefe de la Unidad de Análisis) y Francisco Ramírez (Jefe de Sección) por los delitos de falsedad (entre 3 y 6 años de prisión e inhabilitación) y/o falso testimonio (multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo). Además, el primero ha sido acusado subsidiriamente por un delito de encubrimiento (entre 6 meses y 3 años de prisión e inhabilitación).^[10]

Coberturas periodísticas contradictorias

Mientras El Mundo y la Cope, medios que hicieron pública la versión del informe elaborada por los peritos, han apostado por la inocencia de aquellos, ABC y El País lo han hecho por su culpabilidad. Este último periódico ha señalado que el PP ha utilizado este caso para «resucitar el fantasma del supuesto vínculo entre ETA y la masacre [tomando] como base "elucubraciones sin fundamento" [...] de tres peritos químicos» y que el ácido bórico no es más que «un producto para matar cucarachas».^[11]

Declaraciones políticas relacionadas

El 1 de octubre del 2006, tras conocer las imputaciones del juez Baltasar Garzón, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, declaró que "estamos convencidos de que las investigaciones del poder judicial que en su momento llevaron a la detención de los presuntos terroristas islamistas del 11-M, también ahora van a descubrir quiénes han instigado a tres peritos a falsificar un documento público".^[12]

Referencias

Enlaces externos

• Sentencia de la Audiencia Provincial por la que se absuelve a los cuatro policías imputados en delito de falsedad documental