Luego de la derrota de José Manuel Balmaceda en la Guerra Civil de 1891, se impuso en el país un régimen político parlamentario, sistema que perduró hasta 1925.

El establecimiento del parlamentarismo no significó reformar la Constitución de 1833 para instaurar un gobierno del tipo inglés, sino que, por el contrario, sólo bastó interpretarla de manera parlamentaria, limitando y disminuyendo el poder del Primer Mandatario a niveles figurativos y otorgando facultades ejecutivas a los partidos políticos representados en el Congreso.

Si bien el Presidente de la República podía designar a sus ministros libremente, estos debían rendir cuenta de sus actos ante el Senado y la Cámara de Diputados, en las llamadas interpelaciones. Sin embargo, como las mayorías políticas en el Congreso cambiaban con cierta frecuencia, se producía una rápida rotativa ministerial. Así, los sietes gobiernos de la época tuvieron, en promedio, 15 gabinetes que no duraron más de cuatro meses cada uno, debido a las prácticas parlamentarias.

El sistema político se caracterizaba por una participación reducida, ya que sólo podían sufragar los varones mayores de edad que supieran leer y escribir; cifra que no superaba el 5% del total de la población chilena.

A su vez, el sistema electoral impuesto desde 1891 por la ley de comuna autónoma, permitía métodos cuestionables. Los alcaldes y regidores, al dejar de ser controlados por el ejecutivo y pasar a depender de los partidos políticos que ganaban las elecciones, tenían la facultad de intervenir en los padrones electorales, lo que fomentó el cohecho y el fraude. Fácilmente un sillón parlamentario podía costar varios millones de pesos a los candidatos, quienes siempre estaban dispuestos a gastar sus fortunas en adquirir los honores y privilegios del cargo. Por lo mismo, los miembros del Congreso Nacional constituían una oligarquía homogénea, de mentalidad burguesa y aristocrática y, más que tomar decisiones en el Parlamento o La Moneda, lo hacían en los centros sociales de la época como El Club Hípico, el Club de la Unión, logias masónicas o círculos ligados a la Iglesia Católica. En este escenario, no era de extrañar que abundaran las relaciones de parentesco en el mundo político. Los presidentes Federico Errázuriz (1896 – 1901) y Pedro Montt (1906 – 1910) eran hijos de dos presidentes del siglo XIX; Germán Riesco (1901 – 1906) era cuñado de Errázuriz. En ministerios, parlamento y altos cargos eclesiásticos, también abundaban los vínculos familiares.

A partir de la celebración del Centenario en 1910, surgió con fuerza dentro de la opinión pública, la crítica al sistema político parlamentario, por su inmovilismo y falta de acción ante la denominada “cuestión social”. La sociedad chilena estaba cambiando y se mostraba disconforme. Este malestar se materializó el 4 de septiembre de 1924, cuando un movimiento militar tomó el poder y obligó al Congreso a aprobar, sin mayor debate, las leyes de reformas sociales que estaban pendientes desde hacía años en el parlamento. Unos meses después, en marzo de 1925, el Presidente Arturo Alessandri Palma reasumió el poder y dio terminó al régimen parlamentario a través de la promulgación de una nueva Constitución en la que se restablecía el sistema de gobierno presidencial.

Pese a sus deficiencias, el período parlamentario destacó por su estabilidad, paz interior y regularidad. Los poderes políticos se renovaban formalmente a través de mecanismos constitucionales y, progresivamente, nuevos grupos sociales comenzaron a participar en la política, lo que a la larga forjó la ampliación democrática de 1925.