Constitución Política de la República de Chile de 1980

La Constitución Política de la República de Chile de 1980, actualmente vigente, es la décima carta fundamental en la historia del constitucionalismo chileno. Fue aprobada en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980 y entró en vigor, en un régimen transitorio, el 11 de marzo de 1981 y, en forma plena, el 11 de marzo de 1990. Su texto original contenía 120 artículos, con 29 disposiciones transitorias. Ha sido reformada en 1989, 1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. A septiembre de 2011, posee 131 artículos y 25 disposiciones transitorias.

Contenido 1 Historia 1.1 Origen de la Constitución 1.2 Primeros años 1.3 La Constitución dentro de la Transición 2 Visión de conjunto 3 Contenido 3.1 Bases de la Institucionalidad 3.2 Nacionalidad y Ciudadanía 3.3 Derechos y Deberes Constitucionales 3.4 Gobierno 3.5 Congreso Nacional 3.6 Poder Judicial 3.7 Ministerio Público 3.8 Tribunal Constitucional 3.9 Justicia Electoral 3.10 Contraloría General de la República 3.11 Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública 3.12 Consejo de Seguridad Nacional 3.13 Banco Central 3.14 Gobierno y Administración Interior del Estado 3.15 Reforma de la Constitución 4 Reformas constitucionales 4.1 Año 1989 4.2 Año 1991 4.3 Año 1994 4.4 Año 1997 4.5 Año 1999 4.6 Año 2000 4.7 Año 2001 4.8 Año 2003 4.9 Año 2005 4.10 Año 2007 4.11 Año 2008 4.12 Año 2009 4.13 Año 2010 4.14 Año 2011 5 Véase también 6 Referencias 7 Enlaces externos

Historia

Origen de la Constitución

Luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, no sólo fue suspendida la Constitución de 1925 sino que, además, se buscó crear una nueva institucionalidad completamente desde cero. Se designó una "Comisión de Estudios de la Nueva Constitución" (CENC), más conocida como Comisión Ortúzar, a que se le dio a la tarea de crear un anteproyecto de constitución. El Consejo de Estado discutió e introdujo algunas modificaciones al anteproyecto entre 1978 y 1980. Tuvieron aquí alguna participación el expresidente Jorge Alessandri, Presidente del Consejo, y Enrique Ortúzar. Con posterioridad a la redacción afinada por dicho cuerpo consultivo, la Junta Militar también le introdujo algunos cambios. El texto fue, en definitiva, sometido a consideración de la ciudadanía mediante el Plebiscito Nacional de 1980,^[1] en el que fue aprobado.^[2] Dicho plebiscito ha sido y sigue siendo cuestionado, atendidas las irregularidades formales de su celebración (entre otras cosas, por ejemplo, no existían registros electorales y la oposición se vio impedida de efectuar campaña, al estar restringidas algunas libertades públicas, como la de expresión y reunión). La Constitución entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, aunque hubo sectores de la ciudadanía que no reconocieron su validez.

Primeros años

Entre 1981 y 1990, de acuerdo a las disposiciones transitorias fijadas por la misma Constitución, la Junta de Gobierno asumió las funciones legislativa y constituyente —esta última sujeta a aprobación plebiscitaria—. Augusto Pinochet asumió el cargo de presidente y, por ende, la función de gobierno y administración del Estado. Los tribunales de justicia continuaron ejerciendo sus funciones como venían haciendo desde el inicio de la dictadura militar.

Finalmente, a fines de los años 1980, un grupo de partidos políticos encabezados por la Democracia Cristiana aceptó entrar en el juego político establecido en la Constitución, reconociéndola como una realidad jurídica, para, de esa forma, reducir el plazo y, finalmente, terminar con el Régimen Militar, dentro del marco institucional establecido por éste, y así fue. En 1988 se puso en marcha el mecanismo previsto para la sucesión de Pinochet, mediante una consulta plebiscitaria. Con el plebiscito, la mayoría del país manifestó su rechazo a Pinochet y la realización de elecciones libres para elegir a un nuevo Presidente de la República y a la mayoría de los miembros del Congreso Nacional en 1989.

Luego de que la Concertación ganara las elecciones presidenciales y Patricio Aylwin asumiera como presidente de Chile en 1990, la Constitución fue reconocida por todos los sectores políticos y sociales de Chile, con la excepción del Partido Comunista de Chile y otros grupos de izquierda extra-parlamentarios, quienes continúan llamando a la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución.

La Constitución dentro de la Transición

La legitimidad de la Constitución continuó siendo cuestionada, aunque en menor medida, pues fue aceptada mayoritariamente. No obstante ello, ha existido peticiones tanto de los representantes de la Concertación como de la izquierda extra-parlamentaria para realizar numerosas modificaciones, algunas de ellas promulgadas con éxito.

Durante los primeros años de los gobiernos de la Concertación, fue prácticamente imposible algún tipo de reforma sustancial debido a la oposición de los sectores de la Alianza por Chile. En los últimos años, han sido efectuadas variadas reformas constitucionales, pero sólo durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos se logró llegar a un consenso amplio para eliminar los últimos enclaves antidemocráticos de su texto original, proveniente del Régimen Militar.

Luego de varios años de discusión y de acuerdos entre ambos grupos políticos, el 14 de julio de 2005 se llegó a un acuerdo de reforma en el Senado. Posteriormente, luego de un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso, el Presidente presentó inmediatamente un veto para poder modificar 27 artículos de las reformas, las que fueron rápidamente aprobadas por ambas cámaras del Congreso. El 16 de agosto de ese año, el Congreso Nacional de Chile en su conjunto, reunido como Congreso Pleno, la ratificó. El resultado de la votación fue de 150 votos a favor, 3 en contra (de los senadores designados Jorge Martínez Busch, Fernando Cordero y Julio Canessa), y una abstención (del senador Rodolfo Stange).

El 17 de septiembre del 2005, en una ceremonia especial, fue promulgado el decreto supremo por el cual se fijó el texto refundido refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución, que incorporaba dichas reformas. Dicha ceremonia fue encabezada por el presidente Ricardo Lagos, cuya firma del texto constitucional pasó a reemplazar la de Augusto Pinochet.

Visión de conjunto

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En la actualidad, la Constitución de 1980 parece en gran medida satisfactoria. Se trata de un texto que conserva un buen número de tradiciones republicanas, las que han sido correctamente actualizadas conforme a las orientaciones contemporáneas del constitucionalismo. Así, por ejemplo, se ha conservado la tradición presidencialista de matriz portaliana, coexistiendo con un parlamento electo. El dominio legal se ha racionalizado, siguiendo al constitucionalismo francés de posguerra, pero ha mantenido un papel preponderante en la definición de las bases del ordenamiento, el que se ha visto equilibrado mediante un control de constitucionalidad de las leyes reforzado. Y, naturalmente, el ejercicio del poder público ha parecido verse durante estos años cada vez más limitado por los derechos fundamentales.

Como muchos comentaristas observan, hay una paradoja cierta en esta Constitución. Se trata probablemente del texto más respetuoso de los derechos individuales de las personas que haya conocido la historia constitucional chilena; sin embargo, la paradoja reside en que haya sido dictada precisamente por una dictadura militar bajo cuyo gobierno se violaron los derechos humanos. No es casual que durante gran parte de los primeros años de vigencia del texto, el país haya sido gobernado bajo estados de excepción constitucional que permitieron eludir algunas reglas demasiado "restrictivas" para un gobierno no democrático y no demasiado respetuoso, en el hecho, de las libertades públicas.

Las críticas más visibles dirigidas en su contra recaen sobre lo que en algún momento se llamó «enclaves autoritarios». En efecto, aún abrazando principios democráticos, no debe olvidarse que, en un principio, la Constitución obedecía a un modelo de «democracia protegida». En ese contexto era normal que la propagación de doctrinas que propendieran la lucha de clases, por ejemplo, fuese considerada como un ilícito constitucional, o que se pretendiera instaurar a nivel local mecanismos de gestión administrativa y gubernamental al margen de recetas puramente políticas (i.e. ideológicas). Durante casi 25 años, subsistieron algunos aspectos heredados de esa concepción política: el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, el peso, cada vez menor en la práctica, del Consejo de Seguridad Nacional de Chile, y la existencia de senadores por derecho propio y otros designados, que se reputaban representar a la Nación del mismo modo que los electos.

A ello se suman dos factores que mantienen una grave tensión. Por una parte, la definición de un sistema electoral que no asegura, en forma absolutamente fiel, la representación de todas las colectividades políticas y que ha obligado a formar grandes bloques políticos, en donde las colectividades más marginales tienen dificultad para hacerse oír. En ese contexto, la Constitución parecería haber sido hecha para regir de una vez para siempre al país, sin posibilidad de evolución. Por otra parte, y sumado a lo anterior, la Constitución en varias de sus disposiciones exige mayorías parlamentarias calificadas para reformar ciertos aspectos institucionales que son claves en la actualidad. Por ejemplo, se exige una mayoría de los 4/7 de los parlamentarios en ejercicio para reformar las votaciones, los partidos políticos, la libertad de enseñanza, las bases de la Administración, el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, etc. Dado lo anterior, ha sido extremadamente difícil que la mayoría democrática reforme tales instituciones cuyo régimen jurídico, en lo fundamental, fue definido durante la dictadura militar.

La solución a muchos de esos problemas, que existen y en algún momento han parecido graves, pasa simplemente por una reestructuración de mecanismos de poder, como los que se discuten actualmente y verosímilmente permitirán cambiar la Constitución.

Más allá de esa clase de observaciones, cabe preguntarse si acaso la Constitución tiene realmente carácter democrático. No se trata de resucitar las querellas acerca de su legitimidad de origen, sino de analizar su contenido. En efecto, en el texto mismo, en sus aspectos dogmáticos, hay opciones ideológicas explícitas, que pueden ser discutibles y, sobre todo, pueden limitar la libertad de acción de generaciones futuras. El principio de subsidiariedad, por ejemplo, puede erigirse en obstáculo a la implementación de políticas asistenciales o de servicio público más agresivas por parte del Estado. Igualmente, la importancia asignada a la familia podría esgrimirse como argumento que impida la adaptación de las leyes a la evolución de las costumbres, particularmente en materia sexual. En fin, incluso un concepto aparentemente tan inocuo como el de bien común puede ser objeto de lecturas restrictivas, que vinculen el porvenir de la sociedad chilena a un modelo específico inmutable y frenen su evolución conforme a la apreciación más o menos cambiante del interés general, que hagan los representantes de la Nación a través del tiempo. La cuestión que habrá que preguntarse en el futuro es si se quiere hacer de la Constitución chilena más un programa de gobierno que un arsenal de instrumentos a disposición de cada gobierno o cada legislatura.

Contenido

La Constitución de 1980 está articulada en torno a 15 capítulos:

Bases de la Institucionalidad

El primer capítulo (artículos 1.º a 9.º), llamado Bases de la Institucionalidad, contiene una serie de principios elementales de un Estado de derecho. Este capítulo resume la filosofía política de la Constitución, en cuanto toca a la relación del hombre con el poder. Así, establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y reconoce la importancia de la familia y del respeto a los derechos fundamentales. Contiene diversos principios inspiradores de la organización política del Estado: soberanía nacional, democracia representativa, forma unitaria, tendencia a la descentralización, etc. El valor jurídico de la Constitución es regulado por ella misma: se trata de una norma, por consiguiente su observancia es obligatoria para toda persona, institución o grupo, y evidentemente también para todos los órganos del Estado. El principio de respeto al Estado de derecho se completa mediante los principios de legalidad, o juridicidad en la jerga de algunos académicos, y de responsabilidad del Estado.

Nacionalidad y Ciudadanía

El capítulo II (art. 10.º a 18.°), Nacionalidad y ciudadanía, compendió las reglas tradicionales chilenas sobre la ciudadanía. Reconoce la nacionalidad chilena en las distintas formas en que esta se obtiene, ya sea ius sanguinis, ius solis, por carta de nacionalización o por gracia (ley). También establece las causas de pérdida de la nacionalidad, otorga la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema frente a resolución administrativa considerada arbitraria, que prive o desconozca la nacionalidad chilena. También establece las reglas básicas de la Ciudadanía, el Derecho a Sufragio y la forma de elección.

Derechos y Deberes Constitucionales

El capítulo III (art. 19.° a 23.°) posee una densidad normativa importante. Se refiere a los derechos y deberes constitucionales. El artículo 19.°, extensa enunciación de los derechos fundamentales reconocidos en Chile, conserva tradiciones ancestrales de la cultura jurídica chilena, la trilogía de valores hispánicos: honra, vida y hacienda, por ejemplo, actualizándolas conforme a las orientaciones actuales del constitucionalismo moderno. Entre los derechos fundamentales reconocidos se cuentan el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la igualdad en la protección de la ley, a la honra, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, de asociación, el derecho a la propiedad, y un largo etcétera. Ciertamente, los derechos humanos de carácter social son los menos desarrollados en este texto, aunque contiene algunos esbozos al respecto. Esta enumeración se cierra por la garantía de que el legislador no podrá dictar leyes que afecten el núcleo fundamental o la esencia de estos derechos.

Además, la Constitución ha instituido el recurso de protección, mecanismo procesal que permite hacer efectivas ciertas garantías constitucionales frente a actos arbitrarios o ilegales. Ha sido ésta una gran innovación que ha permitido dar vida a las normas constitucionales y vigorizar el fenómeno llamado de «constitucionalización» del derecho civil.

Gobierno

El capítulo IV (art. 24.° a 45.°) establece como cabeza del Estado y del Gobierno al Presidente de la República. Define las formas de elección de éste y los requisitos para desempeñar el cargo, establece las atribuciones del Presidente de la República, las normas relativas a los Ministros de Estado, su nombramiento y requisitos para desempeñar el cargo, da la norma básica sobre las bases de la Administración del Estado y define los Estados de Excepción Constitucional.

Congreso Nacional

El capítulo V (art. 46.° a 75.°) establece un Congreso Nacional bicameral, con un Senado y una Cámara de Diputados, estableciendo la forma de elección de los miembros de los mismos y sus números, los requisitos e inhabilidades para desempeñar el cargo, las atribuciones exclusivas de cada rama y del congreso en su conjunto, el funcionamiento del congreso, las materias de ley y la formación de las mismas.

Poder Judicial

El capítulo VI (art. 76.° a 82.°) establece las bases del Poder Judicial.

Está constituido por los tribunales subordinados a la Corte Suprema, establecidos por la ley, a los cuales les corresponde el conocimiento, resolución y fallo de todos los asuntos judiciales que se promueven dentro del territorio de la República de Chile.

Ministerio Público

El capítulo VII (art. 83.° a 91.°) establece las bases del Ministerio Público, las formas y modos de operar de este organismo, la designación o elección de sus miembros y las atribuciones de los mismos.

Tribunal Constitucional

El capítulo VIII (art. 92.° a 94.°) establece un Tribunal Constitucional, definiendo la forma en la cual serán designados los miembros del mismo, las atribuciones del Tribunal y la fuerza de sus resoluciones.

Justicia Electoral

El capítulo IX (art. 95.° a 97.°) establece las normas fundamentales de la Justicia Electoral.

Contraloría General de la República

El capítulo X (art.98.° a 100.°) establece la Contraloría General de la República, dotada de autonomía, establece la forma de designar a los miembros de este organismo y los procedimientos en los cuales opera el mismo.

Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública

El capítulo XI (art. 101.° a 105.°) establece la forma de operar de las instituciones armadas y policiales, sus normas fundamentales, el ascenso de sus miembros y la designación de los comandantes en jefe de las distintas ramas de las FF.AA. y de Orden.

Consejo de Seguridad Nacional

El capítulo XII (art. 106.° a 107.°) establece un Consejo de Seguridad Nacional, formado por los miembros que la Constitución señala, para asesorar al Gobierno en materias de su incumbencia.

Banco Central

El capítulo XIII (art. 108.° a 109.°) establece normas fundamentales para este órgano autónomo y técnico.

Gobierno y Administración Interior del Estado

El capítulo XIV (art. 110.° a 126.°) establece las bases del gobierno y la administración del Estado a nivel regional y provincial y de la administración comunal, la forma y modo de operar de las autoridades de dichos entes y sus atribuciones.

Reforma de la Constitución

El capítulo XV (art. 127.° a 129.°) establece la forma, los quórums y modos de reformar los diferentes capítulos de la Constitución Política de la República.

Reformas constitucionales

Año 1989

• Ley Nº 18825, del 17 de agosto de 1989, producto de un proyecto aprobado en un plebiscito realizado el 30 de julio del mismo año, involucrando 54 reformas, que tuvo por objetivo reemplazar el procedimiento de reforma de la Constitución, afirmar el pluralismo político, fortalecer los derechos constitucionales, morigerar los estados de excepción y robustecer el principio democrático y participativo del sistema.^[3]

Año 1991

• Ley Nº 19055, del 1 de abril de 1991, que modificó algunos preceptos relativos a las conductas terroristas.^[4]
• Ley Nº 19097, del 12 de noviembre de 1991, que introdujo cambios sobre el gobierno y administración regional y provincial y a la administración comunal.^[5]

Año 1994

• Ley Nº 19295, del 4 de marzo de 1994, que redujo el mandato presidencial original de 8 a 6 años.^[6]

Año 1997

• Ley Nº 19519, del 16 de septiembre de 1997, que incorporó el capítulo VI-A sobre el Ministerio Público y otras modificaciones relativas a la reforma procesal penal.^[7]
• Ley Nº 19526, del 17 de noviembre de 1997, que modificó algunas normas sobre organización y atribuciones de las municipalidades.^[8]
• Ley Nº 19541, del 22 de diciembre de 1997, que introdujo cambios en el número y forma de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema y otros miembros del Poder Judicial.^[9]

Año 1999

• Ley Nº 19597, del 14 de enero de 1999, que estableció como trámite obligado, para la modificación de la ley orgánica constitucional sobre organización y atribuciones de los tribunales, el oír previamente a la Corte Suprema.^[10]
• Ley Nº 19611, del 16 de junio de 1999, que modificó los artículos 1.º y 19.°, en el sentido de sustituir la expresión "los hombres" por "las personas", con el objetivo de reforzar el principio de igualdad ante la ley de hombres y mujeres.^[11]
• Ley Nº 19634, del 2 de octubre de 1999, que incorporó la obligación del Estado de promover la educación parvularia.^[12]
• Ley Nº 19643, del 5 de noviembre de 1999, que modificó las disposiciones sobre la elección presidencial (segunda vuelta) y la integración del Tribunal Calificador de Elecciones.^[13]

Año 2000

• Ley Nº 19671, del 29 de abril de 2000, que reformó una norma sobre el mecanismo de reforma constitucional.^[14]
• Ley Nº 19672, del 28 de abril de 2000, que creó el estatuto de "Ex Presidente de la República".^[15]

Año 2001

• Ley Nº 19742, del 25 de agosto de 2001, que reemplazó el sistema de censura por uno de calificación cinematográfica e incorporó la libertad de crear y difundir las artes en la disposición sobre el derecho de autor.^[16]

Año 2003

• Ley Nº 19876, del 21 de mayo de 2003, que estableció la obligatoriedad de la educación secundaria y el deber del Estado de proporcionar un sistema gratuito con tal objeto, hasta los 21 años.^[17]

Año 2005

• Ley Nº 20050, del 26 de agosto de 2005, que si bien las reformas constitucionales realizada por ésta son bastantes, incluye 54 modificaciones, las principales y más significativas son las siguientes:^[18]
  • Eliminación de los senadores designados y vitalicios: Hasta el año 2006, el Senado estuvo compuesto por 38 senadores elegidos por votación popular más 9 senadores designados, correspondientes a exmiembros de varios órganos del Estado, incluyendo senadores representantes de cada una de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Además, se establecía la existencia de senadores vitalicios, correspondientes a los exPresidentes de la República (Augusto Pinochet asumió en 1998, renunciando el 2001, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle ocupó su asiento entre 2000 y el 2006).
  • Reducción del mandato presidencial: El Presidente con mandato a partir del 11 de marzo de 2006 sólo desempeñará el cargo durante 4 años, no 6 como antes de esta reforma.
  • Facultad de remoción de los Comandantes en Jefe: El Presidente de la República adquirió la atribución de remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al General Director de Carabineros, debiendo sólo informar de su decisión al Congreso, una facultad que tradicionalmente gozaba el Presidente. Antes, la única forma de hacerlo era a través del voto conforme de la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional (El presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle recibió un categórico «yo no renuncio» del General Director de Carabineros Rodolfo Stange durante las investigaciones del llamado «caso Degollados»^{[cita requerida]}, mientras que Ricardo Lagos debió negociar con el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Patricio Ríos, luego de que se descubriera la protección de éste a algunos violadores de los derechos humanos).
  • Modificación del Consejo de Seguridad Nacional: El COSENA será un organismo asesor del Presidente de la República y sólo podrá ser convocado por éste. Anteriormente, éste tenía atribuciones de hacer presente a otras instituciones del Estado asuntos que, a su juicio, atentaban contra las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional y podía ser convocado por cualquiera de sus miembros (en 1993, fue convocado por el Presidente de la Corte Suprema durante la acusación constitucional del ministro Hernán Cereceda, mientras que entre 1998 y 2000 fue convocado por los jefes castrenses por los procesamientos al general Pinochet).
  • Nacionalidad: Se elimina el requisito de avecindamiento en el país por un año como medio de adquisición de la nacionalidad chilena para hijos de chilenos nacidos en el extranjero, bastando ahora ser hijo de chileno, sin importar el lugar de nacimiento, para adquirirla. Esto reafirma la obtención de nacionalidad por ius sanguinis.
  • Modificación al sistema de reemplazos de parlamentarios: En caso de renuncia, incapacidad o fallecimiento de un senador o diputado, el reemplazo debe ser definido por la directiva del partido a que pertenecía el parlamentario al momento de ser electo. Anteriormente, lo reemplazaba el ciudadano que haya sido su compañero de lista, según la lógica del binominal. Aquella regla generaba roces entre partidos de una misma coalición, pues en algunos casos asumían parlamentarios que habían sacado muy baja votación y alteraba las mayorías de cada partido.

Año 2007

• Ley N° 20162, del 16 de febrero de 2007, que estableció la obligación del Estado de financiar el segundo nivel de transición en la educación parvularia, sin que constituya requisito obligatorio para la educación básica.^[19]
• Ley Nº 20.193, del 30 de julio de 2007, que creó los «territorios especiales» de isla de Pascua y archipiélago de Juan Fernández.^[20]

Año 2008

• Ley N° 20245, del 10 de enero de 2008, que autorizó la fijación de fechas diferentes para la entrada en vigencia de los sistemas de enjuiciamiento en las diversas regiones del país.^[21]

Año 2009

• Ley N° 20337, del 4 de abril de 2009, que estableció el sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción automática en los Registros Electorales (regirá al momento de entrar en vigencia la respectiva ley orgánica constitucional a que se refiere el inciso segundo del artículo 18.° que se introduce mediante esta reforma).^[22]
• Ley Nº 20346, del 14 de mayo de 2009, sobre asociacionismo municipal.^[23]
• Ley Nº 20352, del 30 de mayo de 2009, que autorizó al Estado de Chile para reconocer el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional.^[24]
• Ley Nº 20354, del 12 de junio de 2009, que modificó la fecha de elección del Presidente de la República.^[25]
• Ley Nº 20390, del 28 de octubre de 2009, que estableció la reforma constitucional sobre gobierno y administración regional.^[26]

Año 2010

• Ley Nº 20414, del 4 de enero de 2010, que reformó la constitución en materia de Transparencia, Modernización del Estado y Calidad de la Política.^[27]

Año 2011

• Ley Nº 20503, del 27 de abril de 2011, que encargó a una ley señalar el ministerio u órgano encargado de la supervigilancia y control de las armas.^[28]
• Ley Nº 20515, del 28 de junio de 2011, que adelantó la fecha de las elecciones presidenciales al mes de noviembre (primera vuelta) y diciembre (segunda vuelta).^[29]
• Ley Nº 20516, del 24 de junio de 2011, que estableció la obligación del Estado de proporcionar asistencia jurídica a personas que hayan sido víctimas de delitos y no tengan recursos para procurárselo por sí mismas, además de establecer como irrenunciable el derecho de los imputados a tener defensa proporcionada por el Estado en caso de no tener uno escogido con anterioridad.^[30]

Véase también

• Historia del constitucionalismo chileno

Referencias

Enlaces externos

• Wikisource contiene obras originales de o sobre Constitución Política de la República de Chile.Wikisource
• Wikisource contiene copia de la Constitución Política de la República de Chile de 1980 (texto original).Wikisource
• Listado de Constituciones de la República en Ley Chile de la Biblioteca del Congreso Nacional.
• Texto actualizado de la Constitución de la República en Ley Chile de la Biblioteca del Congreso Nacional.