Romeo Vásquez Velásquez
General de Brigada
Años de servicio	1973 - actualidad
Lealtad	Honduras
Nacimiento	20 de enero de 1957 (52 años) Siguatepeque, Comayagua, Honduras[1]

Romeo Orlando Vásquez Velásquez (n. 1957) es un militar hondureño, actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, directamente involucrado en la crisis política en Honduras de 2009.^[2]

Golpe de estado de 2009

Fue cesado el 25 de junio de 2009 por el presidente Manuel Zelaya después de que se negara a ordenar al ejército el reparto de material electoral destinado a la realización de una encuesta,^[3] aspecto que fue considerado inconstitucional por la Corte Suprema y el Congreso Nacional.^[4] La destitución despertó el apoyo de los comandantes del Ejército, Miguel Ángel García Padget; de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince; de la Fuerza Naval de Honduras, Juan Pablo Rodríguez y el ministro de Defensa, Edmundo Orellana Mercado, que dejaron sus cargos por no estar de acuerdo con la consulta de la “cuarta urna”.^[5]

Sin embargo, los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia actuaron unánimemente en un fallo a favor del jefe del Estado Mayor, rehabilitandolo en su cargo antes del mediodía del día siguiente (estando poco menos de 14 horas fuera de su cargo) después de su destitucion declarada inconstitucional.^[6] Dicha resolución cita el artículo 40 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, en el decreto 39-2001, estableciento que: “El jefe del Estado Mayor Conjunto tendrá una duración de tres años en su cargo y sólo será removido por renuncia, incapacidad absoluta, inhabilitación del cargo por sentencia firme y pérdida o suspensión de la ciudadanía decretada por autoridad competente de conformidad con la ley y por finalizar su tiempo de servicio activo en las FFAA”.^[7]

En una entrevista dada a La Tribuna el 8 de agosto del 2009, Vásquez Velásquez afirmó que “El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, tiene el deber de hacer que se cumpla la Constitución y sus leyes; nosotros sólo hicimos lo que manda la ley, sobre la base de las órdenes del Poder Judicial”,^[8] en referencia a la detención y expulsión del ex mandatario, ya que todos los poderes del Estado habían declarado la “cuarta urna” ilegal. El Jefe del Estado Mayor Conjunto aseguró que la extradición de Zelaya era por seguridad nacional, pues según su opinión, existía riesgo de un estallido de violencia si era trasladado a una cárcel o base militar.^[9]

Aunque todas las instituciones del Estado - que estaban en vigencia durante el periodo de Manuel Zelaya - consideraron la salida de Zelaya como una sucesión constitucional, amparándose al artículo 239 de la Constitución de Honduras, el gobierno no ha sido reconocido por país algúno y ha sido condenado por la comunidad internacional, como golpe de Estado.^{[10] [11]}

Referencias