Juicio ICE-Alcatel

El juicio ICE-Alcatel de Costa Rica fue una investigación judicial que inició el 19 de abril del 2010^[1] para esclarecer el supuesto mal manejo de 800 mil dólares de la firma de comunicaciones francesa Alcatel al entonces presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.

Historia del caso

De acuerdo con afirmaciones de la prensa costarricense, Rodríguez habría recibido presuntamente más de US $ 800 mil en pagos de Alcatel, una firma francesa fabricante de equipos de telecomunicación, a cambio de su ayuda para obtener un contrato para la misma en 2001, cuando Rodriguez era presidente. El Ministerio Público presentó una acusación formal contra Rodríguez Echeverría, quien habría recibido según el Ministerio, pagos provenientes de Christian Sapsizian, un ciudadano francés y anteriormente ejecutivo de Alcatel.^[2] Sapsizian, detenido en EE. UU., negoció con las autoridades judiciales de ese país. Como resultado, el antiguo ejecutivo de Alcatel fue condenado a 30 meses de prisión, tres años de liberación condicional y a una multa de US $261,500. Como parte del arreglo, Sapsizian admitió su participación en el esquema de corrupción que condujo al presunto pago de soborno a Rodríguez y otros funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad. Además de Rodriguez, Edgar Valverde, ex presidente de Alcatel Costa Rica ha sido juzgado por los mismos hechos, junto con siete otras personas. El juicio finalizó en abril del 2011 y Rodríguez Echeverría fue condenado a cinco años de prisión el 27 de abril de 2011 por su participación en los hechos delictivos. El fallo inhabilitó a Rodríguez Echeverría a ejercer cargos públicos durante 12 años.^[3] Los otros encausados recibieron penas de 2 a 15 años de prisión.^[4]

En 2010 Alcatel-Lucent acordó pagar a los EE.UU. US $ 137.4 millones para evitar un juicio en los EE.UU. a causa de los sobornos pagados en varios países, incluyendo Kenia, Taiwán y Costa Rica. En un arreglo separado con el gobierno de Costa Rica, Alcatel también acordó pagar una multa de $ US 10 millones. El acuerdo con la Procuraduría General de la República, representante legal del estado costarricense, está destinado a compensar el daño social causado por el esquema de corrupción denunciado. Originalmente, la Procuraduría solicitaba a Alcatel US $ 60 millones. Según se informa, la Procuraduría pretende una compensación igualmente de otras personas acusadas.^{[5] [6]}

Juicio

Las investigaciones iniciaron el 19 de abril del 2010 cuando el Ministerio Público de Costa Rica presentó una acusación formal contra los los nueves imputados por aceptar dinero de los 800 mil dólares en pagos de Alcatel a Costa Rica para la compra de las primeras 400 mil líneas celulares tecnología GSM en el país.^[7]

El 10 de enero del 2011 finalizaron las comparencias de los testigos, imputados, presentación de pruebas etc. Los jueces informaron que tendrían el fallo para el 27 de abril, día en que se dictó sentencia.

Sentencia

Wikinoticias

• Artículos en Wikinoticias: Condenan ex presidente de Costa Rica por casos de corrupción

El 27 de abril se dictó sentencia a los nueve imputados en el caso. Todos fueron declarados culpables por delitos de concusión, corrupción agravada y penalidad del corruptor derivadas de cohecho impropio, enriquecimiento ilícito, fraude de simulación, y favorecimiento real.^{[8] [9]}

La lectura integral de fallo se daría a conocer el 25 de mayo, cuando quede en firme.

Sentencias

• Miguel Ángel Rodríguez: 5 años de prisión por instigador y corrupción agravada. Se le inhabilita por 12 años para ejercer cargos públicos. Se le absuelve de 4 delitos de enriquecimiento ilícito.
• Eliseo Vargas: 2 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Queda inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos.
• Guido Sibaja: 15 años de prisión por corrupción agravada y fraude de simulación. 12 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Debe cumplir con 18 meses de prisión preventiva.
• Edgar Valverde: 20 años de prisión por penalidad de corruptor. Debe cumplir con 12 meses de prisión preventiva.
• Joaquín Fernández: 5 años de prisión preventiva por corrupción agravada. Queda inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos.
• Luis Adrián Quirós: 15 años de prisión por penalidad del corruptor. Debe descontar 18 meses de prisión preventiva.
• Eduardo Fonseca: 2 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Ejecución condicional de la pena por 5 años.
• Alfonso Guardia: 10 años de prisión por penalidad del corruptor.
• Rodrigo Méndez Soto: es absuelto.

Referencias