Juicio Penal Internacional contra Felipe Calderón

Juicio Penal Internacional contra Felipe Calderón es una iniciativa planteada por abogados, académicos, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil para solicitar al Fiscal de la Corte Penal Internacional que analice la existencia de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en México.^[1]

La petición al fiscal Luis Moreno Ocampo

Plantea que México vive una crisis humanitaria que ha cobrado la vida de 50 mil personas, con 10 mil desparecidos y 230 mil desplazados y señala como responsables a diversos funcionarios públicos entre los que destaca el Jefe del Ejecutivo Federal y los líderes de organizaciones criminales. Se les acusa de violar reiteradamente y de forma sistemática los Convenios de Ginebra de 1949.

El documento que planean entregar al Fiscal sostiene que el Ejército Mexicano ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos. Además habría intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los responsables. Señala también que la violación sexual en contra de mujeres se ha institucionalizado como esquema represivo por parte del Ejército. Cita como ejemplo la recomendación 38/2007de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México sobre el caso del municipio de Nocupétaro, Michoacán, en donde el 2 y 3 de mayo de 2007 soldados habrían violado y abusado de cuatro niñas menores de edad; además de atacar generalizadamente a la población civil –detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos– como represión por considerar que encubrían a narcotraficantes.

A juicio de los promotores era responsabilidad de Felipe Calderón Hinojosa primero evitar, y después sancionar a los miembros de su gobierno que cometieron estos actos. Señalan que al no sancionar, ha institucionalizado una política de impunidad violatoria de derechos humanos.

El abogado redactor de la denuncia ha señalado que el Ejecutivo Federal ha dictado órdenes directas a personal militar involucrado en el conflicto, pues en mayo de 2007 firmó y publicó un decreto para crear el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, un cuerpo de élite del Ejército que él comandaba sin la intermediación de ningún general u otro mando.

En cuanto a los cárteles de la droga la petición los responsabiliza de la práctica de crímenes contra la población civil, realizar decapitaciones y reclutar niños menores de 15 años de edad para convertirlos en sicarios. Estima que entre 30 y 43 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales. Además los responsabiliza de ataques a hospitales y centros de rehabilitación de enfermos y adictos a las drogas: -entre otros- el 26 de junio en Durango en 2010, el 5 de diciembre de 2010 y 10 de junio de 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Crímenes de lesa humanidad

Los Crímenes de lesa humanidad - descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma- implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros.

La petición señala que este tipo de crímenes se cometen cotidianamente, especialmente en contra de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México habría documentado desde 2009 que el Instituto Nacional de Migración (México) dependiente del Gobierno Federal Mexicano, participa de estas prácticas a través de la comercialización de personas indocumentadas en calidad de esclavos para los cárteles de las drogas.

La imposibilidad de juzgar en México y el principio de complementariedad

El abogado redactor de la petición, Netzai Sandoval ballesteros, ha señalado que México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Mariano Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes, debido a que en la legislación penal mexicana no han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Dado que los jueces mexicanos carecerían de competencia para realizar los juicios, señala que solamente la Corte Penal Internacional, bajo el principio de complementariedad, podría juzgarlos.

Los firmantes

La petición se propone ser la más grande petición que haya recibido la Corte Penal Internacional en su historia pues cuenta ya con más de veinte mil firmas.

Además del abogado redactor, Netzaí Sandoval Ballesteros, destacan entre los promotores:

John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM) Miguel Badillo (Director de la Revista "Contralinea") Rafael Barajas Durán ("El Fisgón", La Jornada) Virgilio Caballero (Periodista) Edgar Cortés (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia) Claudia Cruz Santiago (Directora General del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia) Rocío Culebro (Directora, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia) Manuel Fuentes Muñiz (Presidente, Asoc. Nac. de Abogados Democráticos ANAD) Patricia Galeana (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM) General José Francisco Gallardo Rodríguez (General Brigadier y Doctor en Administración Pública) Antonio Helguera (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada) Julio Hernández López (Astillero) José Hernández (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada) Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación) David Manrique (Caricaturista, Contralínea) Sanjuana Martínez (Periodista) Profesor David Martínez-Amador M.A. (Universidad Jesuita de Guatemala, experto en narcotráfico) José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez") Pedro Miguel (Periodista, La Jornada) Loretta Ortiz Ahlf (Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana) Victor Quintana (Defensor de derechos humanos, Chihuahua) Jesús Robles Maloof (Defensor de los Derechos Humanos) Octavio Rodríguez Araujo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM) Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM) Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor) Lauro Sol (Abogado, ex-presidente de la Asoc. Nac. de Abogados Democráticos ANAD) Tiaré Scanda (Actriz, estríctamente a título personal) Olga Harmony (Decana de la crítica teatral) William Weaver (Universidad de Texas, El Paso)

Respuesta del Gobierno Federal

El Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa contestó a la iniciativa a través de la Secretaría de Asuntos Exteriores el 11 de octubre de 2011. En su comunicado señaló que rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional. Argumentó también que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria a las jurisdicciones penales nacionales por lo que se justifica la acción de la Corte exclusivamente cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para castigar ciertos crímenes detallados en el Estatuto de Roma. Desde su punto de vista estos supuestos no acurren en México. ^[2]

Enlaces externos

• Radio Francia Internacional retoma la nota
• Artículo de opinión que comenzó a reunir las firmas para la petición
• Opinión del abogado redactor de la demanda
• Diarios mexicanos tratan el tema
• Medios internacionales retoman el tema

Referencias