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Caso Barcelona Traction
El Caso Barcelona Traction fue un litigio internacional que tuvo lugar entre la compañía Barcelona Traction, con domicilio social en Toronto, Canadá, y operada en España.
El gobierno de España, en la década de los años 1960, incrementó las dificultades para operar en España a las empresas extranjeras, lo cual hizo perder dinero a los accionistas de la compañía (de nacionalidad belga), por lo que intentaron reclamar al estado español a través de la Corte Internacional de Justicia. La Corte dictaminó a favor del estado español, manteniendo que sólo podía demandar el estado de quien era nacional la compañía (en este caso, Canadá).
Este caso entre Bélgica y España sembró un importante precedente en el Derecho internacional, puesto que determinó que la nacionalidad nominal de una compañía primaba sobre su nacionalidad efectiva (en este caso, la compañía era formalmente canadiense, pero de facto se trataba de una compañía de capital belga).
También es importante por el hecho de que sentó la base según la cual la protección diplomática de un estado bajo Derecho internacional público aplica no solamente a los individuos, sino también a las personas jurídicas.
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