La crisis bancaria de 2002 en Uruguay fue un proceso de insolvencia financiera que afectó a más de la mitad de la banca comercial, y produjo la desaparición de algunos de las empresas financieras más emblemáticas y el virtual colapso del sistema económico del país.

Orígenes

Entre otras causas, el proceso se inició con la crisis económica de diciembre de 2001 en la Argentina. Desde hacía muchos años, miles de ciudadanos argentinos venían depositando su dinero en el sistema bancario uruguayo, caracterizado por su seguridad (cada vez que un banco uruguayo entraba en problemas, el Banco Central intervenía con fondos), por su liberalidad (es muy sencillo abrir una cuenta) y la libre circulación de divisas (nunca se pesifican depósitos, y además es posible depositar en varias monedas). El volumen de depósitos de argentinos, entonces, era considerable para la pequeña economía de Uruguay; por tanto, los masivos retiros por parte de argentinos a lo largo de la primera mitad de 2002, afectaron al sistema bancario uruguayo. Un caso particular fue el argentino Banco de Galicia, que no fue asistido por el Estado uruguayo "por no ser un banco uruguayo". Y esto, a su vez, tuvo un efecto de "boomerang", los ahorristas de todas partes se apuraron a seguir retirando sus depósitos.^[1]

Desarrollo

Todo esto implicó considerables aportes por parte del Estado para auxiliar a los bancos con problemas, que a la postre implicarían una reestructura bancaria. Los bancos afectados más importantes fueron el Banco Comercial, el Banco La Caja Obrera, el Banco Montevideo y el Banco de Crédito, que enfrentaban altos grados de dificultades de solvencia.^[2]

Muchos analistas consideran que la actuación del gobierno de Jorge Batlle Ibáñez en este caso fue irresponsable, al proporcionar considerables auxilios financieros a instituciones bancarias sin aplicar las mínimas medidas de control. Para mediados de 2002, las ayudas entregadas por el Banco Central del Uruguay a la banca comercial ascendían a varios millones de dólares. Esto provocó la caída del impopular ministro de economía Alberto Bensión. Se declaró feriado bancario, se nombró ministro de Economía al parlamentario Alejandro Atchugarry, y también fue sustituido el directorio del Banco Central del Uruguay, cesando César Rodríguez Batlle y asumiendo Julio de Brun. Entretanto, la cotización del dólar estadounidense se disparó, llegando a 35 pesos uruguayos.^[3]

El Parlamento uruguayo aprobó sin dilatorias la "Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario", que reprogramó depósitos a plazo fijo y dispuso medidas para su gradual devolución a los ahorristas. Muchos consideran que esta medida fue un mal menor, comparada con el "corralito" argentino.^[4]

Corolario

Esta crisis significó la virtual desaparición de la banca privada de capitales nacionales. Actualmente, el mayor banco es el estatal Banco de la República Oriental del Uruguay, seguido por varios bancos de capitales extranjeros como el Banco Santander Uruguay, el Banco Itaú, etc. El Nuevo Banco Comercial sustituyó en nombre al extinto Banco Comercial, y en los hechos recogió los depósitos de éste, del Banco Montevideo y del Banco La Caja Obrera.

Esta crisis arrojó numerosas lecciones. Pero sobre todo, terminó con la hasta entonces habitual costumbre del Estado uruguayo, de asistir a los bancos quebrados; a la postre se instrumentó un seguro de depósitos bancarios con cobertura parcial.^[5]

Referencias

Enlaces externos

• La maldición de Mauá: crisis bancarias en Uruguay (1868-2002) (ver pág. 23)

Véase también

• Economía del Uruguay