La administración pública en el Perú es llevada a cabo por las entidades que conforman el poder ejecutivo y que ejercen funciones administrativas y por otros órganos, de carácter autónomo, que también pertenecen al Estado Peruano.

Entre esas otras entidades se encuentran, principalmente, los órganos que constituyen el Sistema electoral del país:

• Jurado Nacional de Elecciones - JNE
• Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
• Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC

También se encuentra los organismos creados por la Constitución y que, según esta deben mantener una independencia respecto de los poderes del estado:

• Banco Central de Reserva del Perú
• Contraloría General de la República
• Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones

Se encuentran también los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos:

• Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI
• Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG
• Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL
• Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN

Finalmente también se encuentran varios Organismos Públicos Descentralizados, adscritos a algún ministerio, pero separados de estos por cuanto están destinados a realizar una actividad en concreto. Entre estos tenemos:

• Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE.
• Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV
• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT

También se considera dentro de lo que es la Administración Pública a los gobiernos regionales y municipales, tanto provinciales como distritales.

Contenido 1 Profesionalismo 2 Eficacia 2.1 Macroeconomía 2.2 Servicios 2.3 Sistema fiscal 3 Eficacia 4 Véase también

Profesionalismo

Un estudio del BID sobre la calidad de la burocracia en América Latina le dio a Përú una de las clasificaciones más bajas. Un pequeño funcionariado altamente profesional se encuentra en las funciones económicas y regulatorias del Estado. El empleo público equivale casi 40% de los gastos del gobierno.

A consecuencia de la poca evolución de la burocracia, la administración pública se reduce a las tradicionales funciones de administación de personal e intentos del MEF de control fiscal. La planificación de RR HH es bastante reactiva ante las demandas de personal de los directivos tanto políticos como de la línea de las entidades. La meritocracia no es una prioridad y aún persisten prácticas clientelares. El régimen privado está extendido pero no es una estrategia integral del empleo público, conque se agrava la insularidad en las entidades bajo este sistema y se fragmenta más el sistema.

La informalidad es la alternativa para asegurar el funcionamiento de la gestión de recursos humanos. Esto se debe a la rigidez del marco normativo, a la ausencia de información adecuada así como la fragmentación de los normativos e institucionales. Dado la debilidad de estos marcos, las prácticas gerenciales tienen tres dinámcias:

• la negociación oportunista entre los actores interesados.
• la implementación de arreglos instituciones específicos que resultan ser precarios.
• una falta de información sobre empleo público para una acción coordinada.

Existen dos sistemas de recursos humanos:

• unos en organizaciones de reciente creación
• otro que agrupa a casi todos los funcionarios de las agencias centrales, que carecen de sistemas meritocráticos, competencias específicas y un sistema de carrera efectivo.

La ley de Carrera Administrativa o Régimen 276 regula la burocracia y garantiza el derecho a la estabilidad de la función, si bien este régimen se encuentra congelado. Está compuesto por un total de 26 categorías y le falta mejores criterios de planificación y dimensionamiento del empleo en relación con las funciones. El 40% de los trabajadores de los ministerios trabaja bajo este régimen. El régimen de bienes y servicios no personales o llamado también SNP, está regulado por CONSUCODE es más flexible para la designación de salarios, la suspensión de la contratación y los períodos de contratación. Es muy utlizada en ministerios y llega a representar hasta el 80% de los trabajadores. Es utilizada políticamente. Representa el 9% de la burocracia total, aunque en los ministerios representan el 44,6% de los costos salariales. El régimen 728 es similar al régimen del sector privado. Es utilizada en agencias desentralizadores. Los cargos, formas de pago, las escalas y beneficios (de 12 a 16 sueldos) son diferentes de los demás régimenes. Tanto el régimen 276 y 728 representan el 91% de la administración pública.

El bajo desarrollo de perfiles, la debilidad del proceso de selección y los mecanismos de contratación paralela son una de las razones de la baja eficiencia, escasa capacidad funcional y coherencia del cuerpo burocrático, así como la extrema rigidez de los mecanismos de incorporación y remoción del empleo público, y la ausencia de políticas de movilidad. Los incentivos son ineficaces, no hay mecanismos de adaptación frente a cambios en el entorno.

Las políticas sobre las remuneraciones son confusas, donde prevalecen esfuerzos racionalizadores, incremento de las remuneraciones y a la vez una política de austeridad fiscal. Los salarios son varían entre los niveles, e inclusive dentro del mismo nivel; existe además una multiplicidad de conceptos, de asignación fija, de suplementos y beneficios ligados al desempeño individua o ministerial. Los sueldos de los cuadros medios y administrativos son superiores que aquellos del sector privado, pero no son competitivas en los sectores gerenciales -sector público: $357-$2 2797, sector privado: $50-$8 100-. A excepción de los funcionarios-que ganan más en el régimen SNP, los profesionales, técnicos y auxiliares ganan en promedio más en el régimen 728.

La política de gestión de recursos humanos depende de cada ministerio, aunque en los últimos años MEF y PCM han hecho reformas.

Eficacia

Existe un buen desempeño en cuanto a políticas macroeconómicas y fiscales, pero en general las instituciones se ubican por debajo del promedio de Latinoamérica.

En las funciones del manejo macroeconómico -régimen monetario, control de la inflación y del déficit fiscal- junto con las funciones de regulación - inversión, competencia, propiedad intelectual, telecomunicaciones- tienen un desempeño exitoso y una institucionalidad moderna, son burocracias especializadas y de tamaño reducido y tienen una alta independencia del poder político. En las otras funciones, relacionadas con bienes y servicios como educación, salud e infraestructura, es bastante deficiente. Ahí intervienen distintos niveles de gobierno y hay mayor complejidad en el uso de los recursos.

Macroeconomía

Perú ha logrado la estabilización macroeconómica, la estabilidad de las tasas de interés, la reducción de la deuda pública, un buen crecimiento económico, la disminución de la inflación y la estabilización del tipo de cambio. Esto se debe a que BCR es independiente -garantizada por la constitución-, un plantel técnico entre los mejores pagados y una fuerte institucionalidad. Además, para evitar los déficits, se amplió la base de los contribuyentes y se fortaleció la capacidad de decisión de MEF sobre el gasto público. El Perú -hasta 2 006- no ha logrado bajar las tasas de desempleo del país, aunque la desocupación no es tan elevada como en otros países de la región. Ha habido avances en las instituciones reguladoras y en la capacidad institucional de aplicarlas, y se encuentra apenas por encima que el promedio de la región.

Servicios

El tamaño de la inversión social y de infraestructura es bastante bajo debido a la baja presión fiscal y a la alta inflexibilidad del presupuesto. Los servicios de salud son deficitarios, por debajo de la región, y la tasa de mortalidad infantil es bastante alta. La inversión en infraestructura es baja y muchos sectores no han sido desregulados. Es clasificado como deficitario por los empresarios peruanos. Durante el gobierno de Fujimori, el Estado se preocupó por la reforma de aquellas instituciones ligadas al mercado, mientras que los demás ministerios fueron relegados.

Sistema fiscal

Los ingresos se encuentran concentrados geográficamente y es menos progresiva que el promedio latinoamericano. El IGV, ISL -el consumo selectivo- y las importaciones representan un 75% de los ingresos, mientras que el impuesto a la renta, alrededor del 23%. Existen ingresos de carácter extraordinario así como exenciones -alrededor del 12% de los ingresos tributarios-.

El origen de la baja presión se debe a un alto índice de informalidad, la estrechez de los contribuyentes, las exenciones y beneficios sectoriales, la concentración geográfica, la limitada eficacia recaudatoria y el déficit de la progresividad del sistema tributario.

La estructura de gastos bastante rígida en su composición: gasto corriente es de 62%, servicio de la deuda es de 25%, gastos de capital es de 12% y otros gastos, 1%. La planilla estatal representa el 27% de los beneficiados, la deuda el 25%, los bienes y servicios el 15%, el sistema de pensiones el 16%, y otros rubros el 6%.

Eficacia

Véase también

• Gobierno y política del Perú

Las elecciones generales del 2006 incluyeron varias reformas. Se terminó de implementar la Ley de Partidos Políticos, la cual permitió a la ONPE supervisar la procedencia del dinero recibido por los partidos políticos. A su vez, el Congreso aprobó una valla electoral del 4% y restituyó el voto para los policías y militares. Para dichas elecciones, hubo 24 candidatos presidenciales, un record en la historia del Perú