Impuestazo tecnológico

En Argentina, la prensa denominó impuestazo tecnológico^{[1] [2]} al proyecto de ley del Poder Ejectivo Nacional para eliminar la exención de impuestos internos y duplicar el IVA sobre los productos electrónicos e informáticos que no provengan de la provincia de Tierra del Fuego.

Proyecto de ley

El proyecto de ley 253^[3] obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación el 4 de agosto de 2009. Debido a una denuncia anónima de que en diputados se habían introducido modificaciones para beneficiar la empresa BGH, la oposición pidió que el proyecto vuelva a comisión para eliminar esos cambios.^[4] El 20 de octubre de 2009, el Senado de la Nación aprobó el proyecto con modificaciones,^[5] por lo cual debió volver a la cámara de origen para que ratifique o rechace las modificaciones. La norma fue aprobada definitivamente el 4 de noviembre con 126 votos positivos, 7 negativos y 54 abstenciones.^[6]

La ley lleva el IVA del 10,5 al 21% e incrementa los impuestos internos en 26,63% para todos los productos incluidos. Entre los fundamentos del proyecto se señala la necesidad de aumentar los gravámenes sobre determinados productos suntuarios, de forma tal que quienes más poseen colaboren en mayor medida en la formación de las reservas necesarias para enfrentar con mejores medios la crisis financiera internacional y de aquellos bienes que demandan un alto consumo energético. Los principales productos afectados son los siguientes:

• Acondicionadores de aire y equipos de producción de frío.
• Calefactores y calentadores eléctricos.
• Dispositivos LAN y WAN de conexión de computadoras en red.
• Micrófonos, altoparlantes y amplificadores de sonido.
• Monitores y proyectores de video.
• Planchas eléctricas.
• Receptores de radio portátiles y de automóvil.
• Receptores GPS.
• Reproductores y grabadores de CD.
• Reproductores y grabadores de sonido.
• Reproductores y grabadores de video.
• Secadores y rizadores de cabello.
• Teléfonos fijos y móviles (celulares y satelitales), contestadores.

Posibles consecuencias

La finalidad declarada del proyecto, fuertemente reclamado por el gobierno de esa provincia sureña y la cámara que agrupa a sus empresarios electrónicos (AFARTE), es promover el crecimiento de la industria electrónica de Tierra del Fuego. El proyecto fue lanzado en el contexto de las dificultades que encuentra la presidente Cristina Kirchner para lograr en el Senado de la Nación los votos necesarios para aprobar, sin modificaciones, sus proyectos de ley. En este contexto los votos de los senadores por Tierra del Fuego pueden decidir una votación.

Según la Cámara de la Industria Fotográfica Argentina (CIFA), la ley produciría la pérdida de 25.000 puestos de trabajo en la cadena de fabricación de insumos y de procesamiento de fotografías.^[7] Al abarcar una amplia gama de productos electrónicos de consumo masivo, el costo de la promoción no sería afrontado por los más pudientes sino por la mayoría de los argentinos. Según la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA):^[8]

La ministra de Industria Débora Giorgi aseveró:^[9]

Giorgi afirmó también que el proyecto no aumentaría los precios de aparatos de audio, televisores color, plasmas y LCD, videocámaras, video filmadoras analógicas y digitales, y cámaras fotográficas analógicas y digitales. Destacó asimismo que hoy el país desarrolla y exporta software que se incorporan en el exterior a los celulares, los mismos que después compra el mercado argentino.^[9]

Una de las formas en que esta carga impositiva afectaría a la industria electrónica del país es el encarecimiento de sus insumos importados,^[10] aunque no se han determinado todos los sectores que serían afectados. Al mismo tiempo, a las empresas de electrónica radicadas en el resto del país se les hace difícil competir con productos fueguinos que, en la mayoría de los casos, son ensambles de componentes fabricadas en otros países que ingresan exentos de recargos aduaneros. Las empresas radicadas en Tierra del Fuego con los beneficios de la Ley 19.640 fueron adicionalmente favorecidos por el Decreto 252/2009^[11] que les hace una reducción del 61,47% en la tasa de impuestos internos a partir del 1^o de julio de 2009.

Según estimaciones de la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, las industrias realizarían inversiones por mas de 40 millones de dólares, generando al mismo tiempo un superávit fiscal de U$S 130 millones. En una carta dirigida al presidente de CICOMRA Ríos afirma que "No creemos que la consecuencia de la sanción de la ley sea un "fuerte incremento de precios", debido a que lo que se pretende con este proyecto es terminar de producir los dispositivos de telefonía móvil en nuestro país, y no en Brasil ni en México."^[12]

Los economistas Galperín y Katz estiman un aumento de costos del 6,3% para la telefonía celular de todo el país, lo que acarrearía una reducción mínima de 1.600.000 líneas activas para los sectores de menores recursos. Señalan que la producción de equipamiento informático y de telecomunicaciones en el país no excede los 300 millones de dólares anuales, alrededor del 7% del consumo de 4.113 millones (excluyendo al sector servicios), y que el incremento de la producción de estos bienes en Tierra del Fuego como resultado de las medidas sería poco significativo.^[13]

Referencias

Enlaces externos

• Impuestazo tecnológico y capitalismo prebendario por Carlos E. Solivérez, diario Río Negro del 29 de octubre de 2009.
• Impuestazo tecnológico en la Enciclopedia de Ciencias y Tecnologías en Argentina.