La prisión provisional se haya regulada en la legislación española por:

1) La Constitución española en su artículo 17.4, que establece el mandato constitucional de que la Ley deberá establecer un plazo máximo.

2) La Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 502 y siguientes. Caben resaltar el artículo 503 que establece unos requisitos mínimos para poder decretarse y el 505 que establece la duración máxima:

• (503)-Requisitos:

-Que conste la existencia de hechos delictivos con penas máximas igual o superiores a 2 años (o inferior si el imputado tiene antecedentes).

-Que aparezcan motivos bastantes para creerlo responsable criminalmente del delito.

-Que se persigan determinados fines:

a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando haya riesgo de fuga

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas

c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima

d) Evitar el riesgo de que pueda cometer otros hechos delictivos (siempre que se trate de la inculpación por un delito doloso)

• (504)-Duración máxima:

-Durará el tiempo imprescindible para alcanzar los fines (a, b, c)

a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando haya riesgo de fuga

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas

c) Evitar que pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima

-Si los fines son (a-evitar el riesgo de fuga) o (c-evitar los daños contra bienes):

-máximo 1 año (para delitos penados máximo 3 años) prorrogable hasta 6 meses

-máximo 2 años (para delitos penados con más de 3 años) prorrogable hasta 2 años

-Si ya ha sido condenado en un proceso pero recurre la sentencia, [en tanto en cuanto no recaiga una nueva sentencia firme, el preso será considerado igualmente en prisión provisional, y en este caso] su duración nunca podrá exceder la mitad de la pena a la que haya sido condenado, [debiendo en todo caso, antes de dicha fecha, celebrarse el nuevo juicio o ser puesto en libertad].

No debe confundirse la prisión provisional con la detención preventiva, que es la retención que puede efectuar la policía (o la Guardia Civil) en sus instalaciones (comisarías) antes de la puesta a disposición del detenido ante un juez. El detenido no se haya en este caso preso, sino tan sólo retenido y, «no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial». (artículo 17.2 de la Constitución española)

Enlaces externos

• Constitución española de 1978
• Ley de Enjuiciamiento Criminal

Véase también

• Artículo principal: Prisión provisional

• Arresto
• Arresto domiciliario
• Detención preventiva
• Medidas cautelares