Oliverio Castañeda de León

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Oliverio Castañeda de León

Oliverio Castañeda de León (12 de octubre de 1955 – 20 de octubre de 1978), líder estudiantil guatemalteco. Luchó por los derechos humanos y fue asesinado a los 23 años en la Ciudad de Guatemala, durante el régimen del General Fernando Romeo Lucas García.

Un jóven estudiante políticamente comprometido

Oliverio Castañeda de León nació en una familia de clase media de la Ciudad de Guatemala, capital del país que lleva el mismo nombre. Se destacó como un brillante estudiante de economía en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero lo que más cabe resaltar es su liderazgo e implicación política.

Antecedentes

Oliverio Castañeda de León era un joven de 23 años, proveniente de una familia capitalina de clase media. Brillante estudiante de Economía, se destacó en la directiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), de la Universidad de San Carlos de Guatemala cuando, en el período 77-78, ocupó el cargo de secretario de finanzas. Su trayectoria en el movimiento estudiantil universitario registró un rápido ascenso, dados su carisma y capacidad de liderazgo. En mayo de 1978 fue elegido secretario general de la AEU, respaldado por el grupo estudiantil Frente, que aglutinaba a asociaciones estudiantiles de diferentes facultades y escuelas de la Universidad de San Carlos.

Frente era uno de los principales conglomerados estudiantiles en la Universidad de San Carlos, en el que participaban miembros de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT), y también muchos estudiantes de izquierda sin militancia política. Debido a las mismas posiciones prevalecientes en el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en esa época, ni Frente ni la JPT apoyaron la vía armada y tampoco las tácticas violentas que propugnaban otros grupos.

Frente se proclamaba partidario de la participación democrática para la solución de los conflictos y postulaba la lucha política para enfrentar la situación nacional. Desde el mismo día 22 de mayo de 1978 en que Oliverio Castañeda llegó al cargo de secretario general de la AEU, hizo sentir su liderazgo. A raíz de la masacre de Panzós, ocurrida el 29 de ese mismo mes, Castañeda encabezó enérgicas medidas de protesta, que lo enfrentan al Gobierno.

Dos días después de la masacre la AEU realiza una manifestación de protesta, en la que participa en forma mayoritaria población indígena maya, y hace público un comunicado de Prensa en el que demanda del Gobierno tres puntos que son aceptados por las autoridades: el acceso de los medios de comunicación al lugar de la masacre, el acceso al mismo de estudiantes de Medicina y la Cruz Roja, para atender a los heridos, y autorización para entrevistar a seis soldados que resultaron lesionados. Más tarde, en septiembre de 1978, Oliverio Castañeda, en su doble calidad de dirigente de la AEU e integrante del Comité de Emergencia de los Trabajadores del Estado (CETE), desempeña un papel activo en la organización de una huelga general, en protesta por el aumento del precio del pasaje del transporte urbano.

La huelga paralizó a la ciudad capital, que se convirtió en escenario de graves enfrentamientos entre manifestantes y Fuerzas de Seguridad, con un alto saldo de heridos y cientos de manifestantes presos. Luego de más de 15 días de huelga el Gobierno dio marcha atrás en el aumento de las tarifas del transporte urbano y decretó un subsidio. Las demandas de los huelguistas se cumplieron.

A esas alturas, la situación de inseguridad de los dirigentes de la huelga se había agudizado. Líderes del CETE fueron encarcelados y destituidos de sus cargos. Un antiguo dirigente del Sindicato de Correos y Telégrafos, Arnulfo Cifuentes Díaz, fue asesinado el 6 de octubre y los atentados contra sindicalistas y profesionales universitarios se acrecentaron.

El 19 de octubre, en vísperas de una manifestación conmemorativa de la Revolución de 1944, aparece una lista de 39 ciudadanos amenazados de muerte por el autodenominado Ejército Secreto Anticomunista (ESA). Oliverio Castañeda de León es uno de ellos.

Este clima determinó que, aún antes de las amenazas del ESA, se adoptaran medidas para proteger a Castañeda de León de eventuales atentados. Se le llevaba a dormir a diferentes casas y se mantenía el control sobre sus movimientos. En el contexto descrito, el presidente de la República, general Romeo Lucas García, declaró a los medios de comunicación que la Universidad era un foco de subversión, lo cual significaba que tanto estudiantes como profesionales eran partícipes de las actividades armadas en el país.

A raíz de esta situación, el 19 de octubre por la noche se decidió que los directivos de la AEU no participarían en la marcha del día siguiente, sino sólo en el mitin posterior. Esta decisión no fue acatada y la mayoría de los dirigentes se integró a la marcha.

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Sección 3 - El Asesinato

El 19 de octubre, la marcha concluyó sin incidentes en el Parque Centenario, cerca del Palacio Nacional, donde Castañeda pronunció un discurso en el que señaló violaciónes a los derechos humanos de las fuerzas de seguridad del Estado. La famosa frase final de su discurso: "Ellos pueden matar a nuestros dirigentes, pero mientras haya pueblo, habrá revolución", fueron trágicamente visionarias.

Alrededor de 1 hora, él y un grupo de estudiantes se fueron hacia el parque y cuando cruzaron la Sexta Avenida, una de las principales calles de la Ciudad de Guatemala, a una cuadra del Palacio Nacional, se iniciaron varios disparos, un hombre se bajó de un auto, y abrió fuego con una ametralladora contra Castañeda. Él fue alcanzado por una bala y cayó, después otro hombre salió de otro vehículo, se detuvo y le dio el tiro de gracia.

Los autores se fueron de la escena del crimen sin la intervención de los policías que estaban en los alrededores, Castañeda murió poco después debido a las varias heridas mortales. Otras personas resultaron heridas durante el tiroteo. El disparo final fue la prueba de que Castañeda había sido víctima de un ataque deliberado, en el mismo contexto que en otros casos similares fueron atacados dirigentes estudiantiles, todo esto estaba vinculado al discurso del gobierno donde acusan a la USAC de actividades subversivas.

fuente:

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Sección 4 - Repercusiones del acontecimiento

A tan sólo quince días del asesinato de Oliverio Castañeda, fue desaparecido su sucesor, Antonio Ciani García. Al parecer, el gobierno había tomado como un reto la consigna de Oliverio, Podrán matar a nuestros dirigentes... Por su participación en las movilizaciones de 1978, la AEU se había convertido en el primer blanco de una campaña de terror estatal diseñada para desarticular al movimiento de masas.

En los siguientes 18 meses recibieron amenazas casi todos los dirigentes estudiantiles y profesores universitarios con vinculaciones políticas (incluso con los partidos legales). A veces la amenaza fue de forma muy sutil e indirecta, transmitida por un conocido, mientras que otras personas fueron abiertamente presionados para salir del país. Esta se convirtió en la forma más simple y eficiente de desarticular el movimiento. Para quienes no hicieron caso y continuaron con sus actividades de protesta, el terrorismo del Estado les destinó a los escuadrones de la muerte.

Al iniciarse el año 1979, los "hombres armados, vestidos de civil" aumentaron su campaña contra la intelectualidad del país, atacando a prestigiosos miembros de la Universidad, de la prensa, abogados, médicos, y dirigentes políticos de la oposición. El 25 de enero de 1979 fue asesinado Alberto Fuentes Mohr, doctor en Ciencias Económicas, diputado del Congreso y dirigente del Partido Socialista Democrático (PSD). Ese mismo día, a pocas horas, fue acribillado el dirigente estudiantil y sindical Ricardo Martínez Solórzano. El 14 de febrero fue asesinado Manuel Lisandro Andrade Roca, secretario general de la Universidad en el período de Saúl Osorio Paz (y dirigente estudiantil durante las jornadas de 1962). El 22 de marzo fue muerto el ex alcalde de la capital Manuel Colom Argueta, en un operativo en que sus asesinos emplearon un helicóptero para "cazarlo" (Aguilera Peralta y Romero Imery 1981: 137).

Colom había sido director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad (CEUR) y dirigente político del Frente Unido de la Revolución (FUR). Junto a Fuentes Mohr fueron los más destacados miembros de la oposición política legal. Sus muertes cerraron, aún más, el espacio político guatemalteco. Estos asesinatos y amenazas en contra de dirigentes del FUR y el PSD continuaron en 1979 y 1980, y en años posteriores en contra de la Democracia Cristiana. Con esta intensificación del terror, el gobierno señalaba la decisión de no tolerar ninguna especie de oposición organizada, incluso en el corrompido sistema de partidos políticos.

El efecto al interior de la izquierda fue que la lucha armada ganaba más adeptos. Hasta 1979 el Comité Central del clandestino PGT había considerado que el FUR podría convertirse en el instrumento para participar legalmente en el proceso electoral y buscar el poder de esa forma. Ya para esa época, el PGT y demás organizaciones clandestinas intensificaron sus esfuerzos para tomar el Estado por medio de las armas.

En la Universidad, el rector Saúl Osorio Paz, después de los ataques a sus colegas y amenazas contra su persona, empezó a vivir en la rectoría, protegido por brigadas estudiantiles del partido FRENTE. En un caso sin precedentes, el rector dirigió la Universidad desde la clandestinidad por casi dos años, al extremo de ser obligado a salir del país (Aguilera Peralta 1982: 20).

El efecto de la represión estatal y paraestatal era peor en el movimiento estudiantil: la AEU terminó diezmada. Del muy activo secretariado de 1978-79, sus máximos dirigentes, Oliverio Castañeda y Antonio Ciani, habían sido asesinados o desaparecidos. Otros destacados líderes, como Iván Alfonso Bravo Soto, de Medicina, y Julio César Cabrera y Cabrera, de Derecho, fueron señalados por el Estado y posteriormente eliminados. Otros dirigentes del FRENTE, bajo amenaza, salieron del país durante un tiempo prudencial, mientras que el resto se escondió en la capital. A pesar de todo esto, la AEU continuó siendo una organización beligerante durante esta campaña de terror. Para protegerse, la AEU reestructuró su forma organizativa y para que sus dirigentes no fueran tan vulnerables, se abstuvo de revelar los nombres de éstos.

En enero de 1979, llegó a la Universidad una nueva generación de estudiantes de primer ingreso. Muchos de ellos habían sido miembros de la CEEM o las asociaciones estudiantiles en los institutos del Estado y habían participado en las jornadas de octubre de 1978. Fueron ellos quienes ocuparon el liderazgo de la AEU. Pero fue más difícil reemplazar a los docentes caídos o en el exilio.

Lejos de replegarse, la administración universitaria siguió en su militancia. Casi todo el contenido de su órgano oficial, Siete Días en la USAC, fue una constante crítica a un gobierno calificado de "antipopular", "proimperialista" y hasta "fascista". Esta posición fue, a la vez, efecto de la violencia contra la Universidad y provocadora de más represión.

El gobierno fue atemorizado por la unidad y beligerancia de la organización popular. Además, la inteligencia militar estaba bien enterada de la presencia de cuadros guerrilleros en el movimiento de masas: en los sindicatos, en los barrios populares y en diversas facultades de la Universidad de San Carlos. Esto sirvió al gobierno para justificar el terror, no sólo contra los insurgentes, sino en contra del movimiento legal.

Pero la neutralización del movimiento no sería fácil. En 1979 existía un amplio y bien organizado movimiento en contra del gobierno, capaz de movilizar grandes cantidades de personas en manifestaciones (principalmente sepelios), aunque las protestas masivas eran entonces muy difíciles de realizarse. La existencia de este movimiento, y sus logros en 1977 y 1978, habían aumentado las expectativas del pueblo por un cambio en el país. Cuando los espacios políticos fueron cerrados, una buena parte del movimiento actuó en la clandestinidad, para salvarse y seguir la lucha de una forma más adecuada a las condiciones (CITGUA 1989: 6).

No fue una decisión desesperada. La coyuntura centroamericana en 1979 estaba marcada por la creciente radicalización de los movimientos de masas. En Nicaragua, el 19 de julio triunfó la Revolución Sandinista, victoria que en Guatemala se convirtió en una muestra de la viabilidad de la lucha armada. Para los universitarios guatemaltecos, Nicaragua era un ejemplo del importante papel de los estudiantes, profesores y demás intelectuales en una revolución popular. En El Salvador, por aparte, se vivía también una efervescencia que estallaría en la lucha armada. Parecía que el tiempo para actuar había llegado.

Sin embargo, los miembros del movimiento popular no estaban preparados para enfrentarse al Estado por la vía violenta. La organización militar se formaba lentamente y la organización de masas estaba rezagada en el terreno de la autodefensa. Según Wilson Romero, entonces estudiante de Ciencias Económicas y miembro de la Juventud Patriótica del Trabajo, pocos militantes previeron la disposición del gobierno de aniquilar el movimiento. "Se desestimó la capacidad terrorista del Estado". No se percibió la magnitud del enemigo. Mucha gente sobrevaloró el momento" (entrevista).

fuente:

rep/espanol/part2 8.html