- Comunidad Económica Centroamericana
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Centroamérica creó, en 1960, el Mercado Común Centroamericano (MCCA), que tiene su sede en Guatemala. Pertenecen a este Organismo: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Panamá no forma parte de esta comunidad, pero a través de acuerdos bilaterales mantiene relaciones económicas con estas naciones, de manera que productos acordados en los convenios circulan en esta subregión. Guatemala ha suscrito un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la República de El Salvador, mediante el cual acordamos cuales son los productos de libre comercio, que figuran en un listado oficial de intercambio. ALCA: El Área de Libre Comercio de las Américas o ALCA es el nombre oficial con que se designa la expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ó TLC) a todos los países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, excepto Cuba. La integración al mercado latinoamericano por parte de América del Norte supone una población de 800 millones de personas y un Producto Interno Bruto (PIB) combinado de US$ 21.000 billones anuales. Aquellos que apoyan el ALCA dicen que es un tratado que quiere impulsar el comercio entre las regiones reduciendo los aranceles, pero no se puede decir que en un primer momento tenga consecuencias traumáticas pero sí que es un paso hacia el desarrollo a través de las transacciones comerciales que impulsarán la especialización, la competitividad, la desaparición de monopolios, la mejora del nivel de bienestar de la población y un desarrollo de las infraestructuras. A partir de la cumbre de 2005 el ALCA entró en crisis, al punto que muchos ya lo consideran como un proyecto muerto. En la ciudad de Miami en diciembre de 1994. En su versión original contemplaba la gradual reducción de las barreras arancelarias y a la inversión en 34 países de la región (todos menos Cuba) y los países independientes. Con el paso del tiempo, el cambio de regímenes en América del Sur complicó las negociaciones y en la Cumbre Extraordinaria de las Américas celebrada en Monterrey, México, se acordó implementar una versión menos ambiciosa para el 1 de enero de 2005 y que la presidencia del proceso se compartiera entre los Estados Unidos y Brasil. A principios del año 2004, varias ciudades competían por obtener la sede, entre ellas Miami, Atlanta, Colorado Springs, Chicago y Houston en los Estados Unidos; Puebla y Cancún en México; Puerto España (Trinidad y Tobago), San Juan en Puerto Rico y la Ciudad de Panama.
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