- José Luis Sánchez Bravo
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José Luis Sánchez-Bravo Solla (1954 - 1975) fue uno de los últimos activistas políticos antifranquistas a los que se les aplicó la pena de muerte. Murió ejecutado, mediante fusilamiento, el 27 de septiembre de 1975 en Hoyo de Manzanares, Madrid.
El 27 de septiembre de 1975 fueron asesinados, además de José Luis Sánchez Bravo, los militantes del FRAP, José Humberto Baena Alonso y Ramón García Sanz, junto a los militantes de ETA Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui. Estas fueron las últimas ejecuciones del régimen franquista, poco antes de la muerte del dictador. Estas muertes levantaron una ola de protestas y condenas contra el gobierno de España dentro y fuera del país, tanto a nivel oficial como popular.[1]Contenido
La ejecución
El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre confirma las penas de muerte de cinco encausados. Hay varias protestas de abogados en el Colegio de Abogados de Barcelona y se realizan gestiones con el Vaticano.
En Barcelona, fue ejecutado Juan Paredes Manot, Txiqui, de 21 años, y en Burgos, Ángel Otaegui, de 33. Ambos, acusados de pertenecer a ETA. En Hoyo de Manzanares (Madrid), José Luis Sánchez Bravo, de 22 años, Ramón García Sanz, de 27, y José Humberto Baena Alonso, de 24, miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).[2]
En Hoyo de Manzanares los fusilamientos los hicieron tres pelotones compuestos cada uno por diez guardias civiles o policías, un sargento y un teniente, todos voluntarios. A la 9.10, los policías fusilaron a Ramón García Sanz. A los 20 minutos, a José Luis Sánchez Bravo y poco después a Humberto Baena. A las 10.05 todo había concluido. No pudo asistir ningún familiar de los condenados, pese a ser "ejecución pública", según marcaba la ley.[2]
Los cadáveres de los tres miembros del FRAP fueron enterrados la misma mañana de su ejecución en Hoyo de Manzanares. Los restos de Sánchez Bravo serían trasladados, posteriormente, a Murcia, y los de Ramón García Sanz, al cementerio civil de Madrid.[2] Los de José Humberto Baena fueron trasladados a Vigo ocho días después, para evitar las manifestaciones y la posibilidad de que hubiese más muertes.[3]
Reclamaciones legales
Su esposa, Silvia Carretero, tenía 21 años y estaba embarazada cuando fue detenida y torturada por la Guardia Civil en Badajoz por su militancia en la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española), la sección universitaria del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).[4] Fue ingresada en la cárcel de Yeserías de Madrid sin juicio, hasta que, gracias un informe médico y debido a su embarazo, quedó en libertad provisional. Carretero se refugió en París, donde tuvo una hija. No regresó a España hasta 1976. Treinta y cinco años después, decide denunciar el caso de Sánchez Bravo y el suyo propio para exigir que se declare ilegal al tribunal que condenó a muerte a su marido.[5] La demanda había sido desestimada anteriormente.[6]
Referencias y notas
- ↑ Primer aniversario de las últimas penas de muerte ejecutadas en España,El País, 26/09/1976.
- ↑ a b c La familia de uno de los fusilados pide justicia, Reportaje en el Revista Interviú, en el 30 aniversario
- ↑ Ver relato completo en website del FRAP.
- ↑ La viuda del último fusilado del franquismo pide justicia, Público, 03/05/2010.
- ↑ La viuda de Sánchez Bravo presenta una demanda en Argentina, Gara, 03/05/2001.
- ↑ Deniegan la ayuda a la viuda de un condenado a muerte en 1975, El Mundo, 16/06/2009.
Véase también
- Los últimos fusilamientos del franquismo
- FRAP
Enlaces externos
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