Últimas ejecuciones del franquismo

Los Últimos fusilamientos del franquismo o Últimas ejecuciones del franquismo acontecieron el 27 de septiembre de 1975 en varias ciudades españolas (Madrid, Barcelona y Burgos). Fueron ejecutados los militantes del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz junto a los militantes de ETA Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui. Estas fueron las últimas ejecuciones del régimen franquista, poco antes de la muerte del dictador. Esta muertes levantaron una ola de protestas y condenas contra el gobierno de España dentro y fuera del país, tanto a nivel oficial como popular.

Antecedentes históricos

A finales del verano del año 1975, había pendientes diversos Consejos de guerra y varias condenas a muerte en ciernes. Garmendia y Otaegui por un lado, además del sumario militar de la calle Correo de Madrid, que involucraba a los procesados Eva Forest, Durán y María Luz Fernández. Otros procesos seguían su marcha como el del atentado contra Carrero Blanco, y otros casos contra miembros del FRAP por la manifestación del 1 de mayo del 73 en la que murió un policía.^[1]

Por la Jefatura del Estado se realizó el Decreto-Ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo (BOE número 205 de 27/8/1975),^[2] que contenía diversos preceptos procesales y penales en relación con el terrorismo, aunque la pena de muerte por diversos delitos de terrorismo ya estaba en la legislación penal, por ejemplo en el art. 294 bis del Código de Justicia Militar.^[3] Las disposiciones de dicho Decreto-Ley eran de aplicación en los delitos de terrorismo de los art. 260 a 264 del Código Penal y 294 bis del Código de Justicia Militar. El enjuiciamiento de algunos delitos se atribuía a la jurisdicción militar que se sustanciarían por el procedimiento sumarísimo. También establecía una prórroga en el plazo legalmente establecido para poner a un detenido a disposición de la autoridad judicial.

Los Consejos de Guerra y las condenas

Un Consejo de Guerra sumarísimo se realizó en el Regimiento de Artillería de Campaña 63 de Burgos. En él fueron juzgados José Antonio Garmendia Artola y Ángel Otaegui Etxebarria, ambos de ETA, que fueron condenados por la muerte del cabo del Servicio de Información de la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón, en Azpeitia, el 3 de abril de 1974. Garmendia fue condenado por ser autor material de dicho atentado y Otaegui fue condenado por cooperación necesaria en dicho atentado, por haber acogido a etarras. Ambos fueron condenados a muerte. A Garmendia se le conmutaría la pena de muerte por la de reclusión y Otaegui sería ejecutado por fusilamiento en Burgos.

Otro Consejo de Guerra sumarísimo se realizó el 19 de septiembre en el Gobierno Militar de Barcelona. En él fue juzgado Juan Paredes Manot, Txiki, y condenado por un atraco en la sucursal del Banco de Santander de la calle Caspe de Barcelona el 6 de junio, atraco en el que, a causa de un tiroteo, murió el cabo primero de la Policía Armada Ovidio Díaz López. Se le aplicó el art. 294 bis c) del Código de Justicia Militar. Fue condenado a muerte y sería ejecutado por fusilamiento en Barcelona.

En las dependencias militares de El Goloso, cerca de Madrid, se celebraron dos consejos de Guerra sumarísimos contra militantes del FRAP. Se juzgaron los atentados con resultado de muerte contra el policía armado Lucio Rodríguez, en la madrileña calle de Alenza, el 14 de julio de 1975, y contra el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, en Carabanchel, el 16 de agosto. Por el atentado contra Lucio Rodríguez tres procesados fueron condenados a pena de muerte, a dos de ellos (Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar) se les conmutaría la pena de muerte por reclusión y uno (José Humberto Baena Alonso) sería ejecutado por fusilamiento en Hoyo de Manzanares (Madrid). Por el atentado contra Antonio Pose fue condenado a veinte años de reclusión José Fonfrías Díaz y cinco procesados fueron condenados a pena de muerte, a tres de ellos (Concepción Tristán López, María Jesús Dasca Pénelas y Manuel Cañaveras de Gracia) se les conmutaría la pena de muerte por reclusión y dos (Ramón García Sanz y José Luis Sánchez-Bravo Sollas) serían ejecutados por fusilamiento en Hoyo de Manzanares (Madrid).^[4]

Fueron, por tanto, en total once condenados a muerte. El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre indulta a seis de los condenados a muerte, conmutando sus penas por la de reclusión y da el "enterado" para los otros cinco condenados a muerte. El "enterado" es la denegación del indulto y, por tanto, supone la ejecución de la pena de muerte. Dichas penas de muerte se ejecutaron por fusilamiento al día siguiente, el sábado 27 de septiembre.

Intentos para evitar los fusilamientos

Se hizo intentos de evitar las ejecuciones. Hay varias protestas de abogados en el Colegio de Abogados de Barcelona y se realizan gestiones con el Vaticano.^[5] Se les aplicó con carácter retroactivo el Decreto Ley Antiterrorista aprobado el 22 de agosto, durante un Consejo de ministros presidido por Francisco Franco. La norma fue promulgada para aplicársela a ellos. Uno de sus artículos prorrogaba el plazo de detención de 3 a 5 días, y hasta a 19 días con autorización judicial, lo que ofrecía más facilidades para la policía en los interrogatorios. También se abría la posibilidad de celebrar juicios sumarísimos, en 24 horas, contra civiles.^[6]

Joaquín Ruiz-Giménez, que fue embajador en el Vaticano, envió un mensaje a Pablo VI. El hermano de Franco (Nicolás Franco), le escribió pidiéndole que reconsiderara su decisión. La madre de Otaegui, visitó al cardenal Jubany, al obispo Iniesta y al cardenal Vicente Enrique y Tarancón.^[6]

Las ejecuciones

Las ejecuciones de las penas de muerte no indultadas se realizaron por fusilamiento el sábado 27 de septiembre. En Barcelona, fue ejecutado Juan Paredes Manot, Txiqui, de 21 años,^[7] y en Burgos, Ángel Otaegui, de 33, ambos militantes de ETA. En Hoyo de Manzanares (Madrid), José Luis Sánchez Bravo, de 22 años, Ramón García Sanz, de 27, y José Humberto Baena Alonso, de 24, miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).^{[6] [8]}

En Hoyo de Manzanares los fusilamientos lo hicieron tres pelotones compuestos cada uno por diez guardias civiles o policías, un sargento y un teniente, todos voluntarios. A la 9.10, los policías fusilaron a Ramón García Sanz. A los 20 minutos, a José Luis Sánchez Bravo y poco después a Humberto Baena. A las 10.05 todo había concluido. No pudo asistir ningún familiar de los condenados, pese a ser «ejecución pública», según marcaba la ley.^[6] El único paisano que pudo asistir fue el párroco de la localidad, que relato después la ejecución:

Los cadáveres de los tres miembros del FRAP fueron enterrados la misma mañana de su ejecución en Hoyo de Manzanares. Los restos de Sánchez Bravo serían trasladados, posteriormente, a Murcia, y los de Ramón García Sanz, al cementerio civil de Madrid.^[6]

Reacciones y protestas

Cuando el viernes 26 de septiembre el Consejo de Ministros por unanimidad y siguiendo las directrices de Francisco Franco aprueba el fusilamiento de cinco los once condenados a pena de muerte se produce una inmensa conmoción. Franco había ignorado todas las peticiones de clemencia que le habían llegado, desde el Papa Pablo VI hasta su hermano Nicolás Franco pasando por el primer ministro sueco Olof Palme o el presidente de México Luis Echeverría Álvarez. Los titulares de la prensa española proclamaban la generosidad del régimen por haber indultado a seis de los once condenados. Bajo el título Hubo clemencia la prensa se plegaba a las consignas del régimen sin que se oyera una palabra disonante.

En el País Vasco se decretaba una Huelga General en pleno Estado de Excepción que era seguida mayoritariamente, por las diferentes ciudades españolas se multiplicaban los paros y las protestas y en el mundo el clamor contra las ejecuciones no cesaba.^[9]

Las irregularidades de los procesos realizados ya habían sido denunciadas por el abogado suizo Chistian Grobet que había asistido como observador judicial al consejo de guerra de Txiki en nombre de la Federación Internacional de Derechos del Hombre y de la Liga Suiza de Derechos del Hombre en cuyo informe del 12 de septiembre dice:

El presidente mexicanos Luis Echeverría pide la expulsión de España de las Naciones Unidas, 12 países occidentales retiran sus embajadores de Madrid. Las embajadas españolas de diversas ciudades son atacadas por los manifestantes quemándose la de Lisboa.

La respuesta del régimen es la convocatoria de una manifestación de adhesión en la madrileña plaza de Oriente, manifestación preparada por el teniente coronel José Ignacio San Martín, en la que Francisco Franco, físicamente muy debilitado, acompañado del entonces príncipe de Asturias Juan Carlos de Borbón, proclama:

Esta fue la última aparición pública del dictador.^[11]

En el País Vasco

Miembros de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) disparan salvas al aire en el Gudari Eguna de Aritxulegi, Oiartzun.

El sábado día 27 de septiembre de comienza una huelga general de tres días de duración, hasta el 30, que fue mayoritariamente seguida, se estima que pararon más de 200.000 trabajadores. Era la tercera huelga general que se convocaba ese septiembre y ya había habido otras protestas en agosto. Aún estando declarado el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, los talleres y fábricas se paran, se cierran los comercios y bares y hasta los barcos de pesca se quedan en puerto. Se realizan manifestaciones en todas las poblaciones importantes que son reprimidas con violencia por la Policía Armada y la Guardia Civil llegándose a utilizar fuego real. Se realizan funerales en casi todas la poblaciones vascas. En San Sebastián se convoca un funeral para el día 30 a las 19:00 en la catedral del Buen Pastor cooficiado por el obispo monseñor Setién y otros 30 sacerdotes, no se puede celebrar por estar tomado por la policía la plaza y el templo. Aún así se concentra una gran cantidad de personas y los disturbios duran hasta bien entrada la noche. Durante los disturbios se producen disparos de bala y un niño es herido. Los disparos de fuego real son comunes en la represión de las manifestaciones.^[9]

Los tres días de huelga general se convierten en tres días de protestas generalizadas en las calles de los pueblos y ciudades del País Vasco. La respuesta del gobierno fue el tomar las poblaciones con Policía Armada y Guardia Civil, pero aún así los disturbios son generalizados en las tres provincias vascas y en Navarra.

En el resto de España

En otras zonas de España las protestas son mucho menores. En Barcelona se hicieron diferentes manifestaciones que fueron reprimidas por la policía. Hay protestas en algunas ciudades pero se logra mantener el orden.^[9]

En el mundo

La reacción internacional es fuerte, tanto a nivel gubernamental como popular. Los países de la Comunidad Económica Europea piden el indulto de los condenados (expresado en Londres por el embajador italiano), lo mismo que el Vaticano y las Naciones Unidas. Hay protestas populares casi todas las ciudades importantes y capitales. Se llega a asaltar o intentar asaltar las embajadas y consulados españoles y se boicotean los intereses de España en algunos lugares como en Francia.

Algunos gobiernos, como el de Noruega, Reino Unido u Holanda, llaman a su embajador en Madrid, en Copenhague la Alianza Atlántica aprueba una moción de protesta contra las condenas y exhorta a los países miembros que no hagan nada que pueda favorecer el ingreso de España en ese organismo.

El presidente de México pide que España sea expulsada de la ONU, expulsa al embajador español y suspende contacto con España, las protestas se extienden por todos los países tanto «occidentales» como «orientales». Las manifestaciones y actos de protesta, donde hay fuertes disturbios, son numerosos.^[9]

Referencias

Libros

• Amnistía Internacional, ed. (1995), La pena de muerte y su abolición en España. Los Libros de la Catarata, Madrid.
• Sánchez Erauskin Javier (1978), «El viento y las raíces» (libro en homenaje a Txiki y Otaegi, y que fue secuestrado y prohibido aquel mismo año). Dos años más tarde, el periodista tuvo que comparecer ante la Audiencia Nacional acusado de «apología del terrorismo» a raíz de aquella publicación, cuyos derechos de autor habían sido cedidos a las madres de Jon Paredes y de Anjel Otaegi). (Ver on-line).
• Sanchez Erauskin, Xabier (2007). Txiki, haizea eta sustraiak. Bilbao: Haizea eta Sustraiak Kultur Elkartea. ISBN 978-84-96536-87-6. 

• VVAA: 27 de septiembre de 1975. Cinco héroes del pueblo La primera edición enero de 1976 por la Agencia de Prensa España Popular (A.P.E.P.). La segunda edición se realizó en septiembre de 1978. En septiembre de 2005 se realiza la tercera edición, realizada por Tiempo de Cerezas. Ediciones, respetando íntegramente todos los textos de la segunda edición; algunas de las fotografías e ilustraciones no se han podido reproducir.

Documentos

• Carta de despedida de Humberto Baena a sus padres antes de ser fusilado. (Leer on-line)

Documento visual

• La plataforma Memoria, Dignidad y Lucha (2005).

Revistas

• Interviú (19/09/2005): Documento en conmemoración del treinta aniversario de los fusilamientos. (Leer on-line)
• FRAP, 27 de septiembre de 1975. Grupo Edelvec. Edición Vanguardia obrera, Madrid, 1985. (Leer on-line)

Filmografía

• Aguirre, Iñaki: El viento y la raíz (2007). (Ver on-line)
• Dufour, Adolfo: Septiembre del 75 (2008). (Ver noticia on-line)
• García Sánchez, J. L.: La noche más larga (1991). (Ver on-line)

Documentos sonoros

• Al alba, canción de Luis Eduardo Aute.^[12] La canción pertenece al disco Albanta. El tema Al alba, probablemente el más famoso y significativo de toda la carrera de Aute, fue dedicado a las víctimas de los últimos fusilamientos del franquismo, pero consiguió burlar la censura de la época al disfrazarla como una canción de amor.^{[13] [14]}

Notas

Véase también

• Pena de muerte
• Juan Paredes Manot
• Humberto Baena
• Francisco Franco
• ETA
• FRAP

Enlaces externos

• «El último fusilado del franquismo», en el diario El País
• Letra de la canción Al alba, de Luis Eduardo Aute