Minería en Argentina

Ubicación y productos de las principales explotaciones mineras

• Bajo de la Alumbrera, pcia. de Catamarca. Cobre, molibdeno, oro y plata.
• Cerro Vanguardia, pcia. de Santa Cruz. Oro y plata.
• Farallón Negro, pcia. de San Juan. Oro y plata.
• Gualcamayo, pcia. de San Juan. Oro y plata.
• Manantial Espejo, pcia. de Santa Cruz.
• Mina Pirquitas, pcia. de Jujuy. Plata, plomo y zinc.
• Río Colorado, pcia. de Mendoza. Potasio.
• Sierra Grande, pcia. de Río Negro. Hierro.
• Veladero, pcia. de San Juan.

Exportaciones

Los principales productos minerales exportados por Argentina son el oro y el cobre, cuyas cotizaciones más que se duplicaron entre 2005 y 2007. Los derechos de exportación para el sector no superan el 10%. La actividad recibe también otros beneficios diferenciales sobre el resto de los sectores productivos. Están habilitadas a dejar fuera del país el 100% de las divisas que reciben al exportar, gozan de diversas desgravaciones (incluso sobre el combustible y otros insumos que utilizan en el proceso) y en el caso del Impuesto a las Ganancias, están facultadas a deducir hasta el 50% del valor de las reservas en explotación como si se tratara de aportes de capital. Capitales canadienses, estadounidenses, europeos y australianos han llegado en los últimos años atraídos por las ventajas impositivas. La primera corriente inversora llegó en la década de 1990 con la generosa Ley de Minería del gobierno de Carlos Menem. Según un estudio de la cámara que nuclea a las empresas del sector, de los aproximadamente 1200 millones de dólares invertidos en 2006 se pasó a más de 2500 millones en el 2007.[1]

Las informaciones sobre la posible aplicación de retenciones extra a la minería movilizaron al poderoso lobby del sector, que buscó por todos los medios impedir un avance en tal sentido. En ese marco, la noticia de que algunas empresas habían sido excluidas de los beneficios de la Ley de Estabilidad Fiscal Minera desató una reacción de la cámara del sector. Dicha norma otorga, en casos determinados, el beneficio de mantener estables las normas impositivas por un plazo de hasta 30 años. El cambio consistió en que la Secretaría de Minería informó a la Aduana que Borax Argentina, Procesadora de Boratos Argentinos, Minera del Altiplano y Minera Alumbrera dejaban de percibir las ventajas de la Ley de Estabilidad Fiscal. En virtud de ello, la Aduana implementó los mecanismos para hacer efectivo el cobro de los derechos de exportación correspondientes.

Régimen legal

A partir de la Reforma del Estado de 1989, las políticas neoliberales del presidente Carlos Saúl Menem promovieron el máximo aprovechamiento de los recursos mineros por empresas extranjeras. A finales de 1991 el entonces vicepresidente del Banco Mundial, Lawrence Summers, recomendaba en un memorandum interno:

A given amount of health-impairing pollution should be done in the country with the lowest cost, which will be the country with the lowest wages ... I think the economic logic behind dumping a load of toxic waste in the lowest-wage country is impeccable and we should face up to that. (Una cierta cantidad de la contaminación que deteriora la salud debería ser hecha en el país con el costo más bajo, que sería el país con los salarios más bajos... Creo impecable la lógica económica de descargar residuos tóxicos en el país de más bajos salarios, y deberíamos enfrentarla.)[2]

En ese contexto el banco dío a Argentina, entre 1996 y 1998, un préstamo de 69,5 millones de dólares para hacer los estudios técnicos y legales necesarios para llevar a cabo el cambio de políticas mineras. Durante la década de 1990 se hicieron tanto exploraciones a costa del Estado, como importantes modificaciones a las normas que regulan y promueven las explotaciones mineras.

El artículo 124 de la Constitución de la Nación Argentina reformada en 1994 establece que:

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

Como las provincia mineras son las más pobres del pais, no tienen la capacidad de explotar por sí mismas los recursos mineros y deben concesionar su explotación a empresas privadas. Uno de los resultados, muy visible en el caso de los hidrocarburos, es la asimetría de las negociaciones entre gobiernos provinciales y empresas que tenían facturaciones anuales varias veces superiores a los presupuestos provinciales. Esta asimetría brinda grandes oportunidades de corrupción.Sin embargo, el dominio o derecho de propiedad no excluye el ejercicio de la jurisdicción nacional mediante leyes que regulen las explotaciones mineras. Así, por ejemplo, la autoridad minera provincial percibe por la concesión el canon fijado por el artículo 2 de la Ley Nacional 10273.

Las leyes nacionales que rigen la minería son las siguientes:

• Ley Nacional N^o 24498 Código de Minería. Rige los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales.
• Ley Nacional N^o 24228 de Acuerdo Federal Minero;
• Ley Nacional N^o 24585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera;
• Ley Nacional N^o 24196 de Actividad Minera I.
• Ley Nacional N^o 25249 de Actividad Minera II.
• Ley Nacional N^o 21382 de Inversiones Extranjeras.

Fuentes

• Secretaría de Minería de la Nación.
• Cámara Argentina de Empresarios Mineros. En sus páginas puede consultarse la lista de empresas asociadas.
• GEMERA, Grupo de Empresas Mineras de Exploración de la República Argentina.
• No a la Mina.

Enlaces externos

• Minería en la Enciclopedia de Ciencias y Tecnologías en Argentina.
• La gran minería: excelente negocio, ¿para quién? por Carlos E. Solivérez.