Caso Brugal

Caso Brugal es un caso en el que se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el Partido Popular en la provincia de Alicante (España). La investigación comenzó en el 2006, realizándose seis detenciones en mayo del 2007, tres de las cuales terminaron en condenas de cárcel. En julio del 2010 se retomó el caso con nuevos implicados.

Origen del nombre

Brugal es un acrónimo que viene de "Basuras RUrales Gestión ALicante". Como otros nombres de operaciones policiales en España, el nombre de la operación "Brugal" guarda conexión los hechos sobre los que se indaga -en este caso, la gestión de la recogida y almacenamiento de basuras en municipios de Alicante.^[1]

Primera etapa del caso en 2006-2007

La investigación sobre el Caso Brugal se remonta a marzo de 2006, cuando el empresario oriolano Ángel Fenoll reveló una grabación con un concejal en la que se hablaba de un intento de soborno al alcalde, José Manuel Medina, y otros regidores de Orihuela por parte de la empresa competidora Urbaser, en relación a la adjudicación del contrato de los servicios de recogida de basuras en Orihuela, en la comarca alicantina de la Vega Baja del Segura. La empresa de Ángel Fenoll era una de las cinco empresas candidatas para gestionar la basura de este municipio, y Fenoll grabó con cámara oculta cintas en sus reuniones con empresarios y responsables políticos alicantinos. Esas cintas fueron después las que dieron pie a la investigación de la trama.

En mayo de 2007, la Policía Nacional detuvo, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a Ángel Fenoll y a otras cinco personas, por una supuesta trama de sobornos en la adjudicación de los servicios de recogida de basuras en la Vega Baja. Junto a Fenol, fueron detenidos el hijo del empresario, Antonio Ángel Fenoll; su hermano Ramón Fenoll; el ex edil de Centro Liberal, Jesús Ferrández; el concejal de Turismo del Partido Popular de Albatera, Javier Bru; y un detective.^[2]

Tras esta primera detención, sólo Ángel Fenoll, su hijo Antonio Ángel Fenoll, y Javier Bru (quien era también administrador de las empresas de Fenoll) permanecieron un mes en la cárcel, por delitos de extorsión con grabaciones y cohecho, de donde salieron previo pago de un total de 260.000 euros en fianza.

En declaraciones a la prensa, Ángel Fenoll dejó claro ya en el 2006 que sus relaciones con los responsables del ayuntamiento de Orihuela se remontaban a muchos años antes y avisó que alguna de las grabaciones que guardaba podía llevar a la cárcel a mas de uno. Citó a modo de ejemplo a Luis Fernando Cartagena, alcalde de Orihuela entre 1987 y 1997, con quien Fenoll colaboró en 1993 en actos delictivos que dieron lugar en 2002 al escándalo del donativo del Hospital San Juan de Dios. Fenoll falsificó facturas para sacar a Luis Fernando Cartagena del apuro, y en agradecimiento por su lealtad, Luis Fernando Cartagena adjudicó a Fenoll el contrato de basuras de toda la costa, que este siguió disfrutando durante numerosos años. En 1997, no obstante, el delito fue denunciado y, en 2002, la Audiencia de Alicante encontró a ambos culpables de delitos de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. Fenoll fue condenado a un año de prisión, por lo que, al ser la pena inferior a dos años, no tuvo que ingresar en prisión, pero Cartagena, quien fue condenado a cuatro años, ingresó en el Centro Penitenciario Alicante II de Villena el 17 de julio de 2008. ^[3]

Segunda etapa del caso en julio del 2010

El 6 de julio de 2010 se realizaron once nuevas detenciones conectadas con el caso. El arrestado de mayor calado fue José Joaquín Ripoll, presidente del Partido Popular de Alicante y titular de la Diputación provincial. Ripoll quedó en libertad con cargos tras declarar en la comisaría de Alicante. Junto a Ripoll, los agentes arrestaron a otras 10 personas, entre ellas tres ediles del PP de Orihuela y siete empresarios.^[4]

Paralelamente, en una de las intervenciones telefónicas, se dice que Enrique Ortiz, máximo accionista del Hercules CF]] presuntamente soborna al Córdoba CF por dejarse perder en el último partido de Segunda División de la temporada 2009/10, el equipo alicantino se jugaba el ascenso a Primera división.^[5] Finalmente el Cordoba C.F. perdio por cuatro a cero. También aparecieron conversaciones de otros intento de compra de partidos, unos llegaron a buen puerto y en otros casos no, pero al final el Hercules C. F. ascendio a primera división, y debido al exceso de celo de un juez de Alicante que no traslado las conversaciones a las autoridades deportivas no se pudo sancionar al equipo de Alicante. El empresario alicantino Enrique Ortiz, que estaba imputado por el caso, buscó la intermediación del político alicantino José María Pajín, padre de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, para que consiguiera la firma del director general de Carreteras de Fomento, necesaria para la aprobación del plan Rabassa de Alicante. En una conversación entre Ortiz, también dueño del Hércules, Luis Díaz Alperi, que entonces era el alcalde de Alicante, e incluida en un informe policial que forma parte del sumario, el empresario, preguntado por cómo iban los trámites, señaló que quedó con "Chema Pajín" para que le hiciera "una gestión" para conseguir la firma del director general.^[6]

Alperi dijo a Ortiz que Leire hablase con el director general, a lo que el empresario respondió que estaba en ello, que a ver si se lo hacía ya. Las conversaciones revelan, también, los contactos de Ortiz con Alberto de Rosa, hermano del entonces consejero de Justicia y actual vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, para conseguir adjudicaciones en las infraestructuras del área judicial.^[6]

El Fiscal anticorrupción, Felipe Briones, acusó a Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, en octubre de 2010, de estar implicada en la trama de corrupción del Caso Brugal en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, junto con su antecesor, el popular Luis Díaz Alperi. Les imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, señalando que fueron retribuidos con regalos. Sonia Castedo señaló que "Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", admitiendo uno de los regalos: un viaje en yate a las Islas Baleares. También imputó a dos directivos de Bancaja, al ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Vicente Sala y a otro directivo de la misma.^[7]

Referencias