Superintendencia del Medio Ambiente de Chile

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La Superintendencia del Medio Ambiente^[1] (o SMA), es un servicio público chileno creado por medio de la Ley Nº 20.417, con carácter descentralizado, personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente, y cuyos cargos directivos son provistos de acuerdo al sistema de Alta Dirección Pública

A la Superintendencia le corresponde de forma exclusiva ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.^[2]

Para llevar a cabo dichas funciones, la Superintendencia podrá desarrollar esta labor mediante tres modalidades de fiscalización. En primer lugar, mediante una modalidad directa, a través de sus propios funcionarios; en segundo lugar, a través de los organismos sectoriales, pudiendo encomendarles determinadas labores de fiscalización sobre la base de los programas y subprogramas que se definirán en conjunto para tal efecto; y, finalmente, mediante terceros debidamente acreditados y autorizados por la Superintendencia.

Asimismo, la SMA posee la rectoría técnica de la actividad de fiscalización ambiental, por cuanto deberá establecer los criterios de fiscalización que deberán adoptar todos los organismos que cumplan funciones de fiscalización ambiental para efectos de llevar a cabo sus labores.

La SMA inició sus actividades con la entrada en vigencia de su planta de personal, fijada mediante D.F.L. N° 3, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial en septiembre de 2010. No obstante, las facultades fiscalizadoras y sancionadoras de la Superintendencia del Medio Ambiente, se encuentran subordinadas a la dictación de la ley que crea los Tribunales Ambientales y al funcionamiento de los mismos, proyecto de ley que se encuentra a octubre de 2011, en tercer trámite legislativo con suma urgencia, estimándose con ello el pleno funcionamiento de la SMA para mayo de 2012.

Superintendente del Medio Ambiente

El Superintendente del Medio Ambiente es nombrado por el Presidente de la República, de conformidad al Sistema de Alta Dirección Pública y tiene entre sus funciones planificar, organizar, dirigir, coordinar y contralar el funcionamiento de la institución. Asimismo, debe dictar instrucciones y aplicar las sanciones que correspondan de conformidad a lo establecido en la ley, entre otras funciones.

Jaime Lira Correa, es el primer profesional en ocupar dicho cargo. Es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile y diplomado en ciencias ambientales.

Ha sido profesor universitario y ha desempeñado cargos administrativos en una acreditada casa de estudios superiores. Asimismo, trabajó como consultor en diversas empresas relacionadas con el área del medio ambiente, tanto a nivel nacional como internacional.

Tiene un Magíster en Ciencias en Economía Ambiental de la Universidad de York, Inglaterra. Ha trabajado en empresas en temas relacionados con la gestión ambiental, así como en compañías ligadas a la comercialización de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero.

Su nombramiento, realizado mediante Decreto Supremo N° 17, del Ministerio de Medio Ambiente, fue realizado el 11 de marzo de 2011.

Funciones

Para cumplir con su objetivo central— proteger la salud de las personas y el entorno— la Superintendencia, tiene, entre otras, las siguientes funciones:

1. Función fiscalizadora: La Superintendencia del Medio Ambiente es la encargada de fiscalizar a través de los instrumentos de gestión ambiental establecidos en la Ley—que se cumpla la normativa medioambiental a nivel nacional, velando por el cumplimiento de la legislación.

2. Función sancionadora: La Superintendencia del Medio Ambiente tiene la facultad exclusiva de aplicar sanciones frente a un incumplimiento ambiental. Además de aplicar multas, el Superintendente puede clausurar temporal o definitivamente instalaciones. Asimismo, tiene atribuciones para revocar las Resoluciones de Calificación Ambiental.

3. Función promotora: Uno de los focos estratégicos de la Superintendencia es el énfasis en el cumplimiento. La institución debe promover e incentivar el cumplimiento, así como asistir a sus regulados para orientarlos en la comprensión de sus obligaciones ambientales. Para esto, contará con instrumentos orientados a reconocer a quienes cumplen, así como a impulsar un cambio de conducta en los infractores.

4. Función informativa: La Superintendencia del Medio Ambiente debe velar porque la información ambiental esté disponible y sea de fácil acceso para la comunidad. Para esto, la institución debe procurar que ésta sea sistematizada, a fin de facilitar el acceso y conocimiento de la ciudadanía de la misma.

5. Función reguladora: La ley le entrega funciones regulatorias a la SMA, lo que ejerce a través de la impartición de directrices técnicas, normas e instrucciones de carácter general, tanto para sus regulados, como para los organismos fiscalizadores y las entidades acreditas conforme a la ley.

Sanciones

El Superintendente puede aplicar a los infractores cuatro tipos de sanciones, las que van desde la amonestación por escrito hasta la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), incluyendo la aplicación de multas de hasta 10.000 unidades tributarias anuales (aprox., MM$4.512 CPL, MM$ 10 USD).^[3]

Considerando la clasificación de las infracciones en gravísimas, graves y leves, la Ley especifica las sanciones aplicables a cada grado, así como los rangos de las multas en cada uno (artículo 38 y 39), de acuerdo a la siguiente tabla:

• Infracciones gravísimas: Revocación de RCA, Clausura Temporal o Definitiva y/o Multa de hasta 10.000 UTA

• Infracciones graves: Revocación de RCA, Clausura Temporal o Definitiva y/o Multa de hasta 5.000 UTA

• Infracciones leves: Amonestación por escrito y/o Multa de 1 a 1.000 UTA

Referencias