La Igualdad material es uno de los principios que componen el derecho a la igualdad, y que se refiere no a la igualdad de las personas ante la ley (como la igualdad formal) sino a la igualdad de las personas dentro de la realidad social. Este concepto surgió en los siglos XIX y XX a partir de críticas teóricas y luchas sociales que demostraron que la igualdad ante la ley no era efectiva, pues ignoraba una realidad en la que existen diferentes grupos sociales y donde algunos de éstos son excluidos o no reciben el “debido trato” que se merecen.

Para promover este principio, los Estados desarrollan diferentes políticas que benefician a los grupos sociales más excluidos, como los grupos indígenas, las mujeres y los sectores más pobres, entre otros.

Existen dos tipos de medidas que se llevan a cabo para lograr la igualdad material. Las primeras son las que tratan de “darle la palabra” a los grupos desfavorecidos con el fin de que puedan ser parte de las decisiones políticas que los afectan directamente. De esta forma, por ejemplo, un grupo desaventajado puede tener representantes en el Congreso de un país para que así ellos puedan promover políticas que lo favorezcan y para que pueda ser parte de las decisiones públicas. Además, este tipo de medidas permite que los grupos excluidos puedan integrarse más fácilmente al resto de la sociedad.

Por otro lado, existen unas medidas que tratan de reparar las situaciones en las que viven los grupos más desaventajados. Este tipo de medidas se desarrolla para proveer de algunos recursos a ciertos sectores para así disminuir las diferencias que hay entre estos y otros sectores menos excluidos. Esto se logra a través de subsidios a los servicios públicos o por medio de la promoción del acceso de sectores pobres a la educación, por ejemplo.

Estas políticas parecen ir en contra del derecho que tratan de proteger - el derecho a la igualdad - porque su propósito sólo es el de favorecer a un grupo específico de la sociedad, creando un trato desigual a los distintos sectores. Pero su meta es mejorar las condiciones de los grupos más excluidos para que puedan estar al mismo nivel que otros más favorecidos en la sociedad y así lograr la igualdad material.

Además, se dice que estas políticas contribuyen a que se aumenten las diferencias, rivalidades y perjuicios entre los grupos sociales porque hacen que éstos se preocupen sólo por sus necesidades y lo que el Estado tiene que proveerles a ellos. De esta forma, cualquier ayuda que se le de a otro grupo va a parecer como perjudicial para las personas de otro sector.

Aunque esto pareciera ser verdad, las políticas que promueven la igualdad material van encaminadas a que ningún grupo se vea en condiciones de inferioridad a los otros, para así poder cumplir el derecho a la igualdad de todas las personas por medio del principio a la igualdad material.