- Historia de la educación en Costa Rica
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Desde tiempos de la colonia, la educación en Costa Rica consistía más que todo en aspectos religiosos y políticos, sin embargo, las ideas del Renacimiento, la Ilustración, el Positivismo y la Revolución Francesa cambiaron el rumbo de la educación costarricense. Al inicio la educación solo era accesible a criollos y aborígenes.
El primer maestro en la historia de la educación costarricense fue el padre Diego Aguilar, quien dirigió la primera escuela elemental y trabajó en ella durante más de 40 años.
La Corona Española ordenó en XVII la creación de escuelas en cada provincia de la entonces República Centroaméricana para la alfabetización de los hijos de los colonos la lengua española y la doctrina cristiana. Un siglo más tarde, los Municipios de Cartago, San José y Heredia cumplieron con las disposiciones de la corona española y contrataron a decenas de profesores que con frecuencia eran sacerdotes católicos.
A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la educación se limitaba a enseñar lo más básico y no existía por lo tanto la secundaria ni la universidad. Por lo tanto, los estudiantes debían viajar a las universidades de León, Nicaragua, en el Colegio de San Ramón, de esa ciudad y muchos continuaron en la Universidad de San Carlos Borromeo de Guatemala.
El Dr. Florencio del Castillo, representante de Costa Rica en las Cortes de Cádiz, jugó un papel primordial en la educación costarricense ya que uno de sus logros fue que se crearan escuelas que enseñaran a leer, escribir y contar a los niños indígenas en las zonas colonizadas. Como consecuencia del logro de del Castillo, se creó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en 1814 impartiéndose cátedras de Filosofía, Sagrados Cánones, Teología Moral y otras.
En 1823 Costa Rica tuvo dos estatutos políticos en los cuales estableció la obligación del gobierno de velar por el fomento de la Instrucción pública y en 1824 la Constitución Federal otorgó al Poder Legislativo de cada Estado la responsabilidad de dirigir la enseñanza. En 1825 se aprueba la Constitución del Estado Costarricense, la Ley Fundamental del Estado, que le confía a éste esa obligación
Posteriormente, en 1828 se encarga la responsabilidad de la educación costarricense a las Municipalidades de cada zona en la que se localizaba el centro educativo evaluar, titular y nombrar al personal docente así como velar por los gastos económicos y las necesidades de los estudiantes.
La educación estaba principalmente dirigida hacia los varones; la mujer tenía una educación muy desigual, es partir de 1833, que se empieza a dar instrucción formal a la mujer: Aprendían catecismo, las horas de oficio de la Virgen, costura, bordado y todos los oficios domésticos. La mayor parte de las mujeres se casaban entre los doce y los dieciséis años, con el fin de lograr un ambiente cristiano y hogareño.
Francisco María Oreamuno, en 1838 dio un giro enorme a la educación de la mujer en Costa Rica cuando hizo ver por primera vez el grave problema del analfabetismo de la mujer, lo que permitió que en 1840, los intelectuales proclamaran el derecho de la mujer a la educación como medio para mejorar su condición y lograr el progreso de la sociedad en general.
Durante la segunda administración de Braulio Carrillo, éste gobernante procedió a poner la educación bajo la autoridad del Poder Ejecutivo, lo cual incluía en 1841 la Ley de Bases y Garantías, por cuyas disposiciones se suspendió a las municipalidades y se instituyó un Jefe Político Superior en cada departamento. A la caída de Carrillo entre 1842 y 1843 se volvió al restablecimiento de las Municipalidades.
Fue con la Constitución de 1844 que se estableció un capítulo dedicado a la educación pública. Se declaró que la educación es un derecho de los costarricenses y el Estado la garantiza en todos los conceptos por medio de disposiciones legales. Además que es un deber sagrado del gobierno poner todos los medios que estén a su alcance para ilustrar al pueblo.
En la Constitución de 1847 se mantuvo el capítulo sobre la educación igual, pero además estableció, por vez primera, la instrucción pública de hombres y mujeres uniforme en todo el Estado. En este año se crea la cartera de instrucción pública y se declara la gratuidad de las escuelas de primeras letras.
En este año, 1847, se reconoce oficialmente el derecho a la educación de la mujer al emitirse el decreto no. 14 de creación del Liceo de Niñas bajo la administración del doctor José María Castro Madriz, el 19 de mayo de 1847.
La Escuela Normal de Niñas funcionó en la capital hasta 1856, pero en 1849 se obligó también a la creación de escuelas de mujeres en las cabeceras de provincias. Las escuelas pasan a ser regidas por el Consejo de Instrucción Pública.
En 1851 solo habían dos escuelas para niñas: una en Cartago con 42 niñas y el Liceo de Niñas de San José con 54 alumnas, para un total de 96 alumnas.
En 1853 salieron las primeras mujeres capacitadas en la función docente, y los liceos de niñas se establecieron en provincias.
En 1856 se suspende el Liceo de Niños, probablemente por la Campaña Nacional de 1856, pero después que pasó la guerra, el 21 de enero de 1858, el presidente Juan Rafael Mora Porras reestableció el Liceo Central de Niñas en la capital.
En esta Constitución de 1869 se establecen las bases de la enseñanza privada, y la dirección de la educación a cargo de las Municipalidades y la inspección al gobierno.
A finales de 1869 se emitió el Reglamento de Instrucción Pública en el cual se estipuló que el Poder Ejecutivo asume la enseñanza, por medio de la Secretaría de Instrucción Pública, pero se mantuvo la inspección de las escuelas a cargo de las Municipalidades.
La Constitución de 1871 mantiene el principio de gratuidad de la enseñanza. Además el gobierno imperante permite el ingreso al país de las primeras órdenes religiosas para la educación de la mujer y de los jesuitas.
En 1884 las leyes liberales impiden el ingreso al país de órdenes religiosas que pudieran instalar instituciones educativas.
Don Mauro Fernández, a principios de su gestión, en agosto de 1885, presentó su primera Memoria de Instrucción Pública ante el Congreso, en la que hizo una especie de diagnóstico de la educación costarricense, que para él era pésima. Entre los aspectos que criticó estaba el papel de las Municipalidades, es decir la descentralización de la educación.
El año en que se planificó la Reforma, 1885, se prepararon las dos leyes básicas. La primera es La Ley Fundamental de Instrucción Pública que centraliza la educación en el Estado, correspondiéndole al Ministerio de Instrucción Pública su dirección e inspección y se restableció la figura del Consejo de Instrucción Pública.
La segunda fue la Ley General de Educación Común, aprobada por el Congreso el 26 de febrero de 1886. Su reglamento definió todo lo relativo a la enseñanza primaria y a la división territorial del país en materia educativa. El Plan de Estudios que establecía esta ley suprimió las asignaturas de Religión e Historia Sagrada.
Los padres de familia reaccionaron contra esa ley antireligiosa y muchos dejaron de enviar sus hijos a la escuela. La actitud de los padres recibió los frutos deseados en 1890 cuando el gobierno restituye de nuevo la enseñanza religiosa en los centros educativos.
Esta situación varía drásticamente después de 1890, año en el cual se restituye la enseñanza religiosa en las escuelas públicas del país. Tal situación queda reflejada en la matrícula escolar, la cual pasa de 12618 alumnos en 1890 a 15805 en 1891. A partir de entonces, el número de educandos mantiene un ritmo estable de crecimiento.
En 1895 se establecieron las escuelas primarias de primer, segundo o tercer orden. En las de primer orden se contempla la instrucción religiosa, igual que la de segundo orden.
En la Administración de don Rafael Iglesias (1894-1902) se experimentó una grave crisis económica, por la caída internacional de los precios del café, que afectó el estado de la educación: cerrar escuelas, suprimir empleos (de 935 educadores sólo quedaron 688 en 1902) y reducir salarios.
En estos primeros años del siglo XX se destaca el papel exitoso de la maestra en la enseñanza. Efectivamente el Inspector General de Enseñanza, don Buenaventura Corrales en la Memoria de Instrucción Pública de 1901 elogia el rol femenino como educadora con respecto al varón.
Por Decreto del 24 de diciembre de 1906 se promulgó el Reglamento Orgánico del Personal Docente de las Escuelas Comunes. El autor fue don Miguel Obregón Lizano. Con los ajustes en el curso del tiempo este Reglamento fue elevado a Ley Orgánica del Personal docente en 1920, siendo Ministro de Educación don Miguel Obregón (1920-1924), y así se mantuvo hasta que entró en ejercicio el Estatuto de Servicio Civil y posteriormente la Ley de Carrera Docente, hoy vigentes. Este Reglamento del Personal Docente es el primer Estatuto de Servicio Civil del Magisterio, o la primera ley de carrera docente con que contó el país. Es por esto que se le llama a don Miguel Obregón el padre de la profesión docente en Costa Rica.
En 1907 don Miguel Obregón introdujo una reforma parcial al régimen de la enseñanza primaria. Postuló una formación más integral (que hasta el momento no se lograba) poniendo énfasis en la educación física y estética, en la instrucción moral, religiosa y política de la niñez. De 1914 a 1915 se da un nuevo intento de reforma educativa. En ese entonces había muchos educadores sin título por lo que la prioridad del gobierno fue fundar la Escuela Normal de Costa Rica en noviembre de 1914. Se recibieron estudiantes de todo el país y luego de graduados se incorporaban al magisterio en sus propias comunidades. El gobierno estableció suficientes becas para atraer estudiantes nuevos. Se introdujo un punto de vista social en la educación, dando gran importancia a los servicios culturales de la escuela en la comunidad y a la relación del programa de la escuela, con los problemas y sucesos de la nación.
En 1940 se da un tipo de gobierno que favorece las ideas integrales en educación, con una gran influencia eclesial católica, claramente superando las ideologías liberales imperantes hasta el momento.
El Doctor Rafael Ángel Guardia era el principal líder de este nuevo concepto de sociedad y de hombre. Se oponía al “dejar hacer, dejar pasar”, del liberalismo manchesteriano, inspirado en la doctrina social del cristianismo, cargado de valores morales, cívicos, religiosos y sociales. En este contexto, don Rafael Ángel nombra como Ministro de Educación al Lic. Luis Demetrio Tinoco, abogado que compartía sus ideales y que aceptó bajo la condición de la creación de la Universidad de Costa Rica. Posteriormente se promulgó el Código de Educación en 1944, se derogaron leyes liberales de 1884, que impedían el ingreso al país de órdenes religiosas que pudieran instalar instituciones educativas y que impedían a los colegios particulares existentes conferir el título de bachillerato. Se facilitó el establecimiento de colegios particulares de tipo religioso. Se emitió una ley restableciendo la enseñanza de la religión católica en escuelas y colegios del país y respetando el derecho de los padres a negarse a que sus hijos la recibieran.
En 1949 se pone en ejecución el nuevo modelo de Estado que la Constitución Política establece, sustentada en principios fundamentales como los derechos y las garantías individuales y sociales, políticos, incluidos los de la mujer se da inicio a un nuevo proceso evolutivo en la historia de Costa Rica. En 1957, año importante para la educación se emitió la Ley Fundamental de Educación de inspiración ideológica en la democracia social y un aliento humanístico relativo a la transmisión de la cultura y al cultivo de los valores cristianos.
En la Administración de José Joaquín Trejos (1966-1970), siendo Ministro de Educación el Lic. Víctor Brenes impulsó la enseñanza religiosa y la educación sexual en los programas de enseñanza media.
Para la década del 70 se comienza a gestar en Costa Rica una serie de problemas complejos propios del momento histórico en que se vive.
En la Administración de 1982-1986, siendo presidente Luis Alberto Monge y Ministro de Educación, Eugenio Rodríguez Vega, se avanzó en los lineamientos de la administración anterior en el campo cualitativo, al concretarse nuevos conceptos y prácticas sobre el currículo. La política educativa giró alrededor del mejoramiento cualitativo centrado en dos ejes principales: el desarrollo del currículo y la elaboración de libros de texto. Se dio importancia al programa que se denominó Mejoramiento Cualitativo de la Educación. Se diseñaron 22 proyectos de acción educativa, como el de ejes curriculares y el de Elaboración de Libros de Texto. El proyecto de ejes curriculares introdujo el nuevo concepto de currículo sustentado en la cultura, haciéndolo girar alrededor de esos ejes; los que se seleccionaron para el mejoramiento cualitativo de la educación fueron los valores, el hombre, familia y sociedad y la naturaleza, trabajo y producción.
En la Administración 1990-1994 del presidente Rafael Ángel Calderón Fournier, siendo Ministro de Educación Marvin Herrera Araya, con base en la corriente social cristiana, la política educativa ministerial se centró en definir seis áreas prioritarias: valores, Educación Para la Vivencia de la democracia, Calidad Integral de la Educación, Educación Ecológica, Científica y Tecnológica, Oportunidades Educativas y Culturales, Eficiencia Administrativa y Racionalidad de recursos. El 16 de octubre de 1990 se aprobó la Política Educativa Curricular.[1]
Notas y referencias
- ↑ «Historia de la educación en Costa Rica». Consultado el 17 de abril de 2011.
Wikimedia foundation. 2010.
