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Rabassa morta
Rabassa morta (cepa muerta) era un tipo de contrato muy extendido en Cataluña (España) parecido a un alquiler de una porción de tierra para cultivar viñas, con la condición de que el contrato quedaba disuelto si morían dos tercios de las primeras cepas plantadas. La naturaleza jurídica de este contrato es discutida: mientras que unos lo consideran un alquiler, otros, la mayoría, lo consideran como un censo enfitéutico.
En en siglo XVIII se produjo un aumento en el valor de las tierras al mismo tiempo que la inflación se disparaba. Los propietarios de las tierras se consideraban perjudicados por las mejoras en los métodos agrícolas que prolongaban la vida de las viñas a la vez que el alquiler perdía valor y se prolongaba durante diversas generaciones.
El conflicto se resolvió a favor de los propietarios cuando la Audiencia de Barcelona falló en 1756 que el contrato se disolvería por la muerte de las viñas o pasados cincuenta años de su firma. Este nuevo sistema fue origen de diversas disputas con la llegada de la filoxera, originaria de Francia, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que originó la sustitución de las cepas por otras de origen americano cuya vida era mucho menor que las nativas europeas destruidas por la enfermedad. Además, los rabassaires (arrendadores) sostenían que las viñas replantadas eran la misma cepa antigua, con lo que se podía llegar a perpetuar la vida de la viña.
El artículo 1656 del Código Civil de 1889 consagraba la duración del contrato a cincuenta años. Los agricultores se unieron en la Unió de Rabassaires. En 1934, el Parlamento de Cataluña, aprobó la Ley de Contratos de Cultivo (Llei de Contractes de Conreu), que permitía a los rabassaires, mediante el pago de una indemnización previa a los terratenientes, convertirse en propietarios de la tierra que cultivaban. Esta ley, sin embargo, fue anulada por el Tribunal de Garantías Constitucionales, un hecho que fue el detonante de la insurrección de la Generalitat de Cataluña en octubre de 1934.
El contrato de rabassa morta era un contrato específico del derecho civil catalán. El Gobierno español la hizo extensible al resto de España con el censo a primeras cepas.
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