Ley de Contratos de Cultivo

La Ley de Contratos de Cultivo (Llei de Contractes de Conreu) fue una ley aprobada en abril de 1934 [1] por el parlamento de Cataluña y que tenía como finalidad básica sustituir el antiguo contrato de rabassa morta a fin de proteger los campesinos.

El problema de la rabassa morta

La Rabassa morta (literalmente "cepa muerta") era un tipo de contrato muy extendido en Cataluña por el que un rabassaire (arrendatario) alquilaba una porción de tierra para cultivar viñas, con la condición de que el contrato quedaba disuelto si moría un tercio de las primeras cepas plantadas. La naturaleza jurídica de este contrato es discutida: mientras que unos lo consideran un alquiler, otros, la mayoría, lo consideran como un censo enfitéutico.

En en siglo XVIII se produjo un aumento en el valor de las tierras al mismo tiempo que la inflación se disparaba. Los propietarios de las tierras se consideraban perjudicados por las mejoras en los métodos agrícolas que prolongaban la vida de las viñas a la vez que el alquiler perdía valor y se prolongaba durante diversas generaciones.

El conflicto se resolvió a favor de los propietarios cuando la Audiencia de Barcelona falló en 1756 que el contrato se disolvería por la muerte de las viñas o pasados cincuenta años de su firma, lo que fue confirmado por el Código Civil de 1889. Este sistema fue origen de diversas disputas a partir de la llegada de la filoxera, originaria de Francia, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que originó la sustitución de las cepas por otras de origen americano cuya vida era mucho menor que las nativas europeas, destruidas por la enfermedad. Así, los contratos se terminaban en muy poco tiempo, y los propietarios, viendo que el cultivo de la vid no era provechoso, expulsaban los rabassaires para cultivar otras plantaciones. Por su parte, los rabassaires sostenían que las viñas replantadas eran la misma cepa antigua, con lo que se podía llegar a perpetuar la vida de la viña.

La ley de Contratos de Cultivo

Viendo la conflictividad social en el campo, el gobierno de la Generalitat, presidido por Lluís Companys, redactó una ley para proteger a los campesinos de ser expulsados, así como dotarlos de tierras propias. Con este objetivo, por ejemplo, se estableció que la duración mínima de los arrendamientos debía ser de seis años, y que el trabajador de las tierras tenía el derecho de adquisición de estas mediante el abono de su valor tasado al propietario.

Por otra parte, para evitar la confrontación con los sectores más conservadores catalanes, la ley hizo concesiones en determinados aspectos; de tal manera que para la adquisición de las tierras era necesario haber estado trabajándolas por un periodo de 18 años.

Como resultado, la ley fue considerada demasiado moderada por los aparceros, pero a la vez demasiado revolucionaria por los propietarios.

Oposiciones y aprobación

La ley fue aprobada por el parlamento catalán el año 1934. Sin embargo, para conseguir su abrogación, los terratenientes se unieron alrededor del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (Instituto Agrícola Català de Sant Isidre, IACSI), el cual junto con la conservadora Lliga Catalana, presentaron un recurso al Tribunal de Garantías Constitucionales alegando que la Generalitat de Cataluña se excedía de sus competencias estatutarias, priorizando sus intereses económicos por delante de la autonomía catalana.

El Tribunal de Garantías Constitucionales, en el contexto de una España gobernada por las fuerzas de derechas, dio la razón al IACSI y anuló la ley. Sin embargo, como respuesta, el Parlamento de Cataluña volvió a aprobar el mismo texto íntegramente, desafiando la autoridad de un tribunal conformado por los políticos no catalanes.

Finalmente, para salir del callejón sin salida, el gobierno español pactó con la Generalitat catalana hacer algunas reformas al reglamento de la ley para moderarla.