Grupo Colina

Grupo Colina

El Grupo Colina fue un Escuadrón de la muerte que operó en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori a inicios de la década de 1990 implicado en numerosas violaciones contra los derechos humanos. Durante el gobierno de Alan García operaron grupos con similar modus operandi, como el Comando Rodrigo Franco y el Grupo Scorpio.[1] El grupo fue dirigido por el capitán del Ejército Peruano Santiago Martín Rivas. El grupo fue parte de una estrategia denominada Guerra de baja intensidad, y aún está en discusión si dicha estrategia fue o no política del Gobierno de turno.[2]

Contenido

Creación

Fue un destacamento de operaciones especiales de inteligencia en el interior de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que son organismos de inteligencia del ejército similares a la CIA de EEUU o el CIFAS de España, con independencia operativa para planear y seleccionar objetivos. El destacamento Colina tiene supuesta partida de nacimiento el Plan Cipango en agosto de 1991.[3]

El memorando número 5775b-4.a, fechado el 22 de agosto de 1991 y firmado por el general Juan Rivera Lazo (Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército), ordena al jefe del SIE (DINTE), coronel Víctor Silva Mendoza, trasladar a nueve agentes operativos de inteligencia, y ponerlos a disposición del coronel Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, señalado como uno de los jefes operativos del grupo.

Esta información coincide plenamente con las declaraciones de los agentes Julio Chuqui Aguirre, Marco Flores Alván y Clemente Alayo Calderón, quienes se encuentran actualmente acogidos a la ley de colaboración eficaz, con beneficios penales. El destacamento operó secretamente con la orden de efectuar seguimientos y capturas de supuestos terroristas, de forma similar al GEIN de la Policía Nacional.

Se ha determinado que el Destacamento Colina estuvo formado por 32 hombres y 6 mujeres, entre oficiales y suboficiales y el Mayor Martin Rivas los reclutó e instruyó pero nunca mencionó que serían un comando de aniquilamiento.[4]

Su primera intervención fue el 3 de noviembre de 1991 en el Jirón Huanta 840 Barrios Altos, donde se organizaría una actividad social infiltrada por agentes de inteligencia, quienes aseguraron la asistencia de heladeros con antecedentes vinculados al terrorismo. Luego de negarlo todo hasta el año 2001 algunos agentes narraron que ingresaron sorpresivamente, recibieron las identidades de los sospechosos por parte del agente infiltrado en el lugar y luego de ordenarles permanecer agachados recibieron la orden de disparar. Las siguientes intervenciones fueron similares pero los agentes subordinados confesaron no tener cómo comprobar que Martin Rivas estaba autorizado a seleccionar objetivos y decidir las ejecuciones. Las operaciones eran secretas (compartimentaje) y no podían identificar si tenían oficialmente licencia para realizarlas oficialmente. Existían varios otros destacamentos como el Destacamento Leoncio Prado, en continuo trabajo, y era imposible identificar la actividad delictiva del destacamento Colina, que funcionó con carácter de estable de noviembre de 1991 a julio de 1992, a diferencia de anteriores grupos secretos, con actividad más extensa en gobiernos anteriores, como el Grupo Scorpio, que pareció desactivarse en 1989.[5]

Aunque en un principio se negó la existencia de este grupo por su carácter secreto, los documentos encontrados y la infidencia de algunos agentes, han permitido establecer la existencia indubitable del destacamento, aunque sin poder asegurar el nivel gubernamental comprometido, de la misma manera en que Barack Obama no conoce los planes operativos de la CIA.[6]

Organización

Aunque tenía supuestamente como misión colaborar con el seguimiento y la detención de terroristas de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), no tuvo resultados ni actividad delictiva conocida hasta que fue amenazado de desactivación, con lo cual decidieron secuestrar y asesinar selectivamente a fin de mantener en operación al destacamento. Fueron asesinados y desaparecidos unas 49 personas en total, entre sospechosos de terrorismo, dirigentes estudiantiles captados por la idelología terrorista (apología), sindicalistas con lenguaje subversivo y defensores de los detenidos en cárcel, quienes eran liberados por el Poder Judicial por falta de pruebas, lo cual hacía difícil evitar el creciente reclutamiento de nuevos terroristas. Una solución hubiera sido tipificar los delitos que fomentaban el terrorismo, y así evitar la liberación de los detenidos. Las fuerzas del orden se enfrentaban con las terroristas capturados días antes pero liberados por el Poder Judicial por falta de pruebas o amenazas a los jueces. Esta liberación de detenidos, en más de una oportunidad, aumentaba la posibilidad de muerte de los agentes, los cuales llegaron a tomar decisiones equivocadas (asesinatos) para combatir la inacción del Poder Judicial y Legislativo.

Algunos agentes han implicado al asesor presidencial Vladimiro Montesinos, pero la mayoría confiesa contar sólo con la versión de Martin Rivas acerca de veracidad de la autorización de los niveles superiores de gobierno, tal y como los agentes de la CIA cumplen órdenes de su jefe inmediato sin tener necesidad de solicitar aprobación de ningún otro mando superior. Ningún agente logra implicar al general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, debido al reconocimiento de la independencia operativa de los aparatos de inteligencia en el mundo entero.[7]

Los agentes más experimentados de Colina habían formado parte de otros destacamentos anteriormente. La entrega de armamento y silenciadores se dio en un contexto de numerosos atentados terroristas al día, haciendo necesario un poder de fuego disuasivo para protegerlos mientras estuvieran haciendo guardia o enfrentando al enemigo. Los silenciadores evitaban darle al enemigo la posición del agente dentro de una casa o edificio y así puedan sobrevivir (comandos de aniquilamiento terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA eran sanguinarios[8] ). Los entrenamientos físicos, prácticas de tiro, destreza en colocación de silenciadores y perfeccionamiento de reflejos, eran imprescindibles para cualquier oficial de inteligencia del mundo moderno y no extrañaba que los tuvieran a disposición. La decisión de terminar con la vida de sospechosos es el delito que se debe individualizar para hacer justicia respetando el debido proceso y no condenar con simples suposiciones.

Por estos hechos se han presentado varias denuncias por violaciones a los derechos humanos, que forman parte del proceso judicial que se le sigue al expresidente.

Acciones

Según el informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación[9] las acciones del Grupo Colina fueron las siguientes:

  • Masacre de Barrios Altos. El 3 de noviembre de 1991, el Grupo Colina ingresó a un solar ubicado en el jirón Huanta en Lima y asesinó a quince personas. En medio del fuego abierto un niño de ocho años que se acercaba corriendo hacia su padre cae muerto accidentalmente.
  • Desaparición de campesinos de Santa en Chimbote. El 2 de mayo de 1992, el Grupo Colina encabezado por Santiago Martín Rivas secuestró y desapareció a diez campesinos sospechosos de apoyar a la subversión en el valle del Santa: Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Roberto Barrientos Velásquez, Denis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Velásquez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Pedro Pablo López Gonzáles, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More y Jorge Luis Tarazona More.
  • Desaparición de los hermanos Ventocilla. El 24 de junio de 1992, seis integrantes de la familia Ventocilla fueron secuestrados por integrantes del Grupo Colina. Sus cuerpos aparecieron en la morgue de Huacho.
  • Desaparición de Pedro Yauri. El 16 de julio de 1992, el Grupo Colina secuestró al periodista Pedro Yauri, esposo de una terrorista confesa, que promovía la subversión en medios escritos y radiales. El hecho ocurrió en Huacho.
  • Masacre de La Cantuta. El 18 de julio de 1992, el Grupo Colina, encabezado por Rivas, secuestró y asesinó a nueve estudiantes universitarios y a un profesor.
  • Asesinato de Pedro Huilca. El 18 de diciembre el secretario general de la Confederación General de Trabajadadores del Perú (CGTP), Pedro Huillca Tecse fue asesinado por un grupo de encapuchados en la puerta de su residencia del distrito de Los Olivos en Lima. Era un respetado dirigente sindical que había dejado claro su discrepancia con los grupos terroristas, lo cual ocasionaba motivos suficientes para ser asesinado. El crimen fue investigado judicialmente y se encontró responsabilidad penal en el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso.
  • Asesinato de Mariella Barreto. El 22 de marzo de 1997 fue asesinada por el grupo Colina la ex agente de inteligencia del Ejército Mariella Barreto Riofano de 28 años de edad. Dos días después de su asesinato, su cuerpo fue encontrado quirúrgicamente descuartizado.[10]

Asimismo, se sospecha la participación del Grupo Colina en todo acto violento en contra de los periodistas de oposición, como el envío de "cartas bomba" entre 1991 y 1992.

Disolución y denuncias

Se especula que algunos agentes, condenados a 15 años de prisión por el caso La Cantuta pero luego liberados por la Ley de Amnistía (para casos entre junio de 1980 y julio de 1992), fueron los responsables de la desaparición y asesinato de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Mariela Barreto (quien fue conviviente y tuvo un hijo de Martin Rivas) el 22 de marzo de 1997. También se especula que estuvieron implicados en la supuesta preparación del "Plan Narval" en 1996, con el que se pretendía perpetrar sabotajes contra algunos medios de comunicación y el amedrentamiento de periodistas.

En años recientes se ha enjuiciado a los miembros del Grupo Colina y a Vladimiro Montesinos. En el juicio al ex-presidente Alberto Fujimori se le acusa de una supuesta responsabilidad e influencia en la creación y dirección del destacamento,[11] lo cual está en trámite, pero que tiene una falla de lógica al revisar la norma que otorga independencia operativa a la DINTE y el deseo presidencial constante por reformar el país y evitar las matanzas, lo cual sólo pudo hacer luego del Golpe del 5 de abril y dejando claro que las violaciones de derechos humanos se ejecutaban por la indefensión de las fuerzas armadas frente a la inacción del Poder Judicial, el cual liberaba terroristas por la deficiencia en la tipificación de los delitos y las penas inadecuadas para retenerlos (alejarlos de la población y el enfrentamiento a las fuerzas armadas).

Apenas se tuvieron las herramientas de seguimiento, que no fueron armas, se atrapó a toda la dirigencia viva y se salvaron miles de vidas más, simpatizantes, apólogos y asesinos de los comandos de aniquilamiento.

Miembros del Grupo Colina

  • Fernando Rodríguez Zabalbeascoa (Jefe) (15 años de prisión)
  • Santiago Martin Rivas (Jefe Operativo) (25 años de prisión)
  • Carlos Pichinlingüe Guevara (Subjefe) (25 años de prisión)
  • Jesús Mateo Sosa Saavedra(agente) (20 años de prisión)
  • Rogelio Carbajal García (agente) (20 años de prisión)
  • Arturo Pino Díaz (agente) (20 años de prisión)
  • Wilmer Yarlequé Ordinola (agente) (20 años de prisión)
  • Orlando Vera Naverrete (agente) (15 años de prisión)
  • Fernando Lecca Esquén (agente) (15 años de prisión)
  • Héctor Alvarado (agente) (15 años de prisión)
  • Hiver Arteaga (agente) (15 años de prisión)
  • José Concepción (agente) (15 años de prisión)
  • José Alarcón Gonzales (agente) (15 años de prisión)

Referencias

Véase también

  • Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)

Enlaces externos


Wikimedia foundation. 2010.

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