Juan Ingallinella

Juan Ingallinella
Juan Ingallinela
Ingalinella.jpg
Grabado de J. Ingallinela.
Nacimiento 1911
Bandera de Argentina Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina
Fallecimiento junio de 1955
Bandera de Argentina Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina
Causa de la muerte torturas
Educación universitaria
Ocupación médico
Partido político Partido Comunista
Cónyuge Rosa Trumper
Hijos Ana María Ingallinela

Juan Ingallinela, (Rosario, provincia de Santa Fe, (Argentina); 1911íbidem; junio de 1955) fue un médico y político militante en el Partido Comunista que fue detenido por la policía el 17 de junio de 1955 y murió al ser torturado sin que nunca apareciera su cuerpo, en un hecho que tuvo vasta repercusión conocido como El caso Ingallinela. A raíz de la investigación realizada se condenó a quienes fueron autores materiales del hecho, pero el cuerpo nunca fue hallado, por lo que algunos[1] lo consideran el primer desaparecido de la historia argentina.[2]

Contenido

Biografía

Juan Ingallinella, nació en 1911 y era hijo de inmigrantes sicilianos. Estudió medicina y tenía su consultorio en la misma casa donde vivía, en la calle Saavedra 667, del barrio Tablada de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Se casó con Rosa Trumper, que era maestra, con quien tuvo una hija.

Hay testimonios recogidos en la prensa de Rosario que cuentan que a los pacientes sin recursos los atendía gratuitamente y les suministraba muestras de medicamentos gratis cuando no tenían dinero para comprarlas. Incluso, les regalaba ropa y zapatillas. También atendía ad honorem en el Hospital de Niños de Rosario.

Ingallinela era un conocido militante comunista en cuyo consultorio tenía un cuadro con la foto de Lenin. Cuando a principios de 1944, la policía rosarina detuvo y torturó a tres comunistas e Ingallinella, que manejaba una pequeña imprenta clandestina, denunció el hecho en un volante y señaló como responsables a los oficiales Félix Monzón, jefe de la sección Orden Social y Político, Santos Barrera, subjefe de la misma sección y Francisco Lozón, jefe de la sección Leyes Especiales y Santos Barrera.

Si bien posteriormente el Partido Comunista fue reconocido como organización legal y participaba en las elecciones, sus militantes eran objeto de persecución policial y fue así que acumuló 20 procesos por desacato y resistencia a la autoridad y estuvo detenido varias veces en la Jefatura de Policía en Rosario.

Su desaparición

El 16 de junio de 1955 se produjo en la Argentina una rebelión militar con la finalidad de derrocar al presidente Juan Domingo Perón, en cuyo curso sin aviso previo alguno, aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, en una acción sin precedentes en la historia argentina, ocasionando al menos 300 muertos y más de 2000 heridos. Ingallinella, que en esa fecha era apoderado del Partido Comunista en Rosario, redactó e hizo circular de inmediato un volante de condena a lo ocurrido.

El mismo día 16 la policía rosarina comenzó a detener dirigentes opositores y al día siguiente una comisión policial concurrió al domicilio de Ingallinela, quien había desechado la oportunidad de ocultarse, y lo condujo a la División Investigaciones de la Jefatura de Policía junto con unas sesenta personas entre las cuales estaban los abogados Guillermo Kehoe[3] y Alberto Jaime.

Los detenidos fueron retornando a sus hogares pero no Ingallinela. Ante las gestiones de su esposa y de sus camaradas la Policía aseguró que había salido por sus propios medios de la Jefatura.

Las movilizaciones

De inmediato hubo movilizaciones de profesionales y estudiantes, y se formó una Comisión Universitaria para presionar por la investigación; el 13 de julio los trabajadores judiciales hicieron una huelga y el 2 de agosto la Confederación Médica de la República Argentina dispuso un paro nacional de actividades. El 20 de julio de 1955 el interventor federal de la provincia, Ricardo Anzorena, que hasta entonces había negado la veracidad de la denuncia ordena la detención del jefe y del Subjefe de investigaciones y de otros policías así como el reemplazo del jefe de policía de Rosario, Emilio Vicente Gazcón, por Eduardo Legarreta y exoneró a los policías involucrados. El 27 de julio el ministro de gobierno de Santa Fe da un comunicado reconociendo que el Dr. Ingallinela

"habría fallecido a consecuencia de un síncope cardíaco durante el interrogatorio en que era violentado por empleados de la Sección Orden Social y Leyes Especiales".[4]

La investigación judicial

La legislación entonces vigente había establecido el fuero policial, esto es que el personal de esa fuerza no era juzgado penalmente por la justicia común sino por un tribunal especial, el Consejo de Justicia Policial, el cual inicialmente trató de tomar el caso. Como el juez de instrucción Carlos Rovere también sostuvo la competencia, debió resolver el conflicto la Corte Suprema de Justicia de la provincia, la cual el 3 de agosto de 1955 se inclinó el juez argumentando que los policías habían perdido su estado policial por haber sido exonerados.

Con la investigación judicial se puso al descubierto la maniobra de encubrimiento que se había realizado, tal como la desaparición de numerosas fojas del libro donde se asentaban los ingresos y egresos de detenidos. Lo sucedido con Ingallilena se pudo reconstruir con el testimonio de otros detenidos, de lo que surgió que Lozón quería ubicae el mimeógrafo donde se habían impreso los volantes, para lo cual torturaron a varios detenidos, incluyendo a Ingallilena, con la picana eléctrica.

Tiempo después, uno de los acusados, el oficial Rogelio Luis Delfín Tixie, rompió el pacto de silencio y contó que Ingallinella había fallecido durante la tortura y que su cadáver había sido enterrado cerca de la estación de trenes de Ibarlucea y luego trasladado a otro punto, en un vehículo de la División Investigaciones. La Justicia comprobó que se habían arrancado las 41 primeras fojas del libro de guardia del 19 de junio de 1955 del puesto de la Policía Caminera de Pérez, para borrar las huellas del traslado. No obstante, se constató que el vehículo utilizado había regresado a Rosario a las 21 de aquel día. Y al hacerse excavaciones en la zona indicada por el policía, se halló una tela que habría correspondido al sobretodo del médico. Sin embargo, nunca se supo dónde fueron llevados los restos de la víctima.

Tixie también involucró al ex jefe de policía Emilio Gazcón, quien según dijo encomendó personalmente a Lozón los procedimientos y le ordenó aplicar torturas.

La sentencia

El 30 de mayo de 1961, el juez Juan Antonio Vitullo declaró que el hecho de no haberse encontrado el cadáver no era óbice para que con la abundante prueba rendida se tuviera por acreditada la existencia del homicidio. La defensa de los acusados había planteado que no podían suponer que la picana eléctrica fuera normalmente peligrosa dado que ninguna de las otras víctimas había sufrido consecuencias graves por lo que la muerte debía atribuirse a una condición anormal predisponente del doctor Ingallinella. En esta forma excluían el homicidio doloso y planteaban la hipótesis del homicilio culposo.

El Juez rechazó la hipótesis, afirmó que la muerte de Ingallinela pudo no haber sido planeada, pero estaba dentro de las posibilidades por el método de tortura y calificó el hecho de homicidio agravado. Lozón, Monzón, Tixie y Barrera fueron condenados a prisión perpetua, Serrano a dos años de prisión y el jefe de policía Gazcón al pago de una multa y la inhabilitación por un año.

La defensa apeló y el 19 de diciembre de 1963 la sala II de la Cámara del Crimen de Rosario modificó la calificación a la de homicidio simple. Lozón fue condenado a veinte años de prisión como "promotor, autor material y responsable principal" de homicidio simple, privación ilegal de la libertad y apremios ilegales; Félix Monzón, Rogelio Luis Tixie, Fortunato Domingo Desimone, Arturo Lleonart y Santos Barrera a 15 años de prisión; Ricardo Rey y Héctor Andrés Godoy a 6 años, por encubrimiento, privación ilegal de la libertad y apremios ilegales; Francisco Rogelio Espíndola y Fernando Luis Serrano a dos años, por encubrimiento; Gilbert Silvestre Bermúdez -ex jefe de Investigaciones- y Emilio Gazcón fueron multados por violación de los deberes de funcionario público.[5] Por otra parte, la misma sentencia declaró que a esos crímenes no se aplicaba la amnistía para delitos políticos que había aprobado la ley 14.436 porque ella excluía de sus beneficios "los delitos atroces cometidos de manera inhumana, carente de relación atendible con el móvil político o gremial alegados".

La repercusión política

Después de los hechos del 16 de junio de 1955 el gobierno se había lanzado a una campaña de pacificación y tratado de tender puentes con la oposición. Dentro de ese marco se autorizó para que algunos dirigentes opositores pronunciaran discursos por radio, comenzando el 27 de julio por el líder radical Arturo Frondizi. El caso Ingallinela incidió negativamente en ese proceso. Dice el historiador Félix Luna al respecto:

“Este escándalo, ocurrido casi por casualidad, hería de muerte los intentos de pacificar los espíritus. Ni el gobierno nacional ni el de Santa Fe habían tenido responsabilidad directa en el criminal proceder de la policía rosarina. Pero era como si las obreras telefónicas de 1948, el dirigente azucarero Aguirre, el estudiante Bravo, los estudiantes de FUBA y los obreros ferroviarios de 1951, los conspiradores de Suárez de 1952, los terroristas de 1953, los centenares de argentinos que habían pasado por la ordalía de la picana eléctrica durante el gobierno de Perón sin que se castigara a sus torturadores, se corporizaran ahora en el cadáver de Ingallinela. Ninguna responsabilidad directa, es cierto; pero el régimen había permitido que se usara habitualmente la tortura, había protegido a sus operadores, había desestimado sistemáticamente las investigaciones que reclamaba la oposición. El azar de un corazón débil revelaba ahora, de manera dramática e irreprimible, la esencia represiva del sistema justicialista: al fin de cuentas la policía rosarina había jugado con Ingallinela del mismo modo como muchos policías de todo el país jugaban desde años atrás con los presos políticos.”[4]

Por su parte Rodolfo Walsh escribió: “no soy peronista, no lo he sido ni tengo intención de serlo....Puedo, sin remordimiento, repetir que he sido partidario del estallido de septiembre de 1955. No sólo por apremiantes motivos de afecto familiar –que los había-, sino que abrigué la certeza de que acababa de derrocarse un sistema que burlaba las libertades civiles, que fomentaba la obsecuencia por un lado y los desbordes por el otro. Y no tengo corta memoria: lo que entonces pensé, equivocado o no, sigo pensándolo…Lo que no comprendo bien es que se pretenda obligarnos a optar entre la barbarie peronista y la barbarie revolucionaria. Entre los asesinos de Juan Ingallinella y los asesinos de Satanowsky.”[6]

No hay elementos de juicio para suponer que el caso Ingallinela fuera decisivo por sí solo para marcar el rumbo posterior de los hechos que culminaría con el alzamiento militar del 16 de septiembre, la autodenominada Revolución Libertadora que derrocó a Perón, pero ciertamente fue utilizado por la oposición como argumento crítico de un régimen cuya estabilidad tambaleaba por muchas y complejas razones.

Ana María Ingallinella, que tenía 12 años cuando secuestraron a su padre, es ingeniera sanitaria y fue directora del Centro de Ingeniería Sanitaria (CIS) e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario.

Juan Ingallinella aparece como uno de los rosarinos destacados por el diario La Capital en un libro especial editado por su 140º aniversario.[7]

El Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario dispuso por ordenanza N° 7121 aprobada el 9 de noviembre de 2000 que se diera el nombre de Dr. Juan Ingallinela a la plaza ubicada entre las calles Virasoro, Alem, Rueda y 1° de mayo de esa ciudad. El 24 de junio de 2010, el mismo Concejo lo declaró Ciudadano Ilustre Post Mortem en reconocimiento a su trayectoria militante, a su lucha por la justicia, la solidaridad y la igualdad de los hombres.[8]

Véase también

Notas

  1. Ortega Peña, Rodofo y Duhalde, Eduardo Luis, Felipe Vallese proceso al sistema. A 40 años la lectura del crimen, pág. 11, Buenos Aires, 2002, Editorial Punto Crítico y Bardini, Roberto en Requiem por Juan Ingallinella
  2. Osvaldo Bayer en Los anarquistas expropiadores, Simón Radowitzky y otros ensayos, pág. 76, Buenos Aires, 1975, Editorial Galerna hace referencia a un caso de desaparición forzada en perjuicio de los militantes anarquistas Miguel Arcángel Roscigna, Andrés Vázquez Paredes y Fernando Malvicini que había ocurrido en 1937, pero omite totalmente la mención de fuentes que referencien la información.
  3. Guillermo Kehoe fue asesinado en 1964 en las escalinatas de los viejos Tribunales rosarinos por bandas fascistas. Acceso 18-1-2011
  4. a b Félix Luna, Perón y su tiempo tomo III El régimen exhausto p. 303, año 1986, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, ISBN 950-07-0381-5
  5. La sentencia de la Cámara del Crimen en el expediente "Lozón, Francisco E. y otros" está publicada en Revista Jurídica Argentina La Ley tomo 113 pág. 66
  6. Publicado en la revista Mayoría n* 77 (segunda serie) del 29-9-1958 y citado en Rodolfo Walsh, Caso Satanowsky, pág. 252, Ediciones de la Flor, Buenos Aires 1997 ISBN 950-515-228-0
  7. La Capital, ed (2007) (en castellano). La Capital 1867-2007. p. 142. 
  8. Declararán “Ciudadano Ilustre Post Mortem” de Rosario a Juan Ingalinella

Referencias

  • Aguirre, Osvaldo (2005). «El crimen de Ingallinella.». Todo es Historia (455). p. 6. 
  • Luna, Félix (1986). Perón y su tiempo tomo III El régimen exhausto.. Buenos Aires: Editorial Sudamericana,. p. 303.  ISBN 950-07-0381-5

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