Revolución Libertadora (Argentina)

Generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, los dos gobernantes sucesivos de la Revolución Libertadora.

La Revolución Libertadora es el nombre con el que se autodenominó la dictadura militar que gobernó la República Argentina tras derrocar al presidente constitucional Juan Domingo Perón, clausurar el Congreso Nacional y deponer a los miembros de la Corte Suprema,^[1] mediante un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955 y que, tras más de dos años de gobierno, hizo entrega del mismo al presidente Arturo Frondizi, el 1 de mayo de 1958.

El primer gobernante de facto de la Revolución Libertadora fue el general de división Eduardo Lonardi, quien fue substituido el 13 de noviembre de ese mismo año por el teniente general Pedro Eugenio Aramburu.

Antecedentes y preparativos

Si bien ya había tenido roces y problemas con diversos sectores (Partido Comunista y socialista, y la Federación Universitaria Argentina), los cruces con los militares comenzaron en ocasión de la reforma constitucional de 1949, que entre otras medidas le otorgaba más atribuciones al gobierno para intervenir en la economía, y esto generaba malestar a las clases conservadoras. Posteriormente, estas fricciones se profudizaron cuando en 1951 se comenzó a hablar de la posibilidad de que Eva Perón, fuese candidata a vicepresidenta. Además debe señalarse que durante el gobierno del general Perón, la oposición principal estuvo a cargo de la Unión Cívica Radical, caracterizándose dicho gobierno por la afiliación compulsiva de los empleados públicos al Partido Peronista, negándole a los partidos de oposición el uso de la radio y también de la televisión al iniciarse ésta en el país.^[2] Finalmente, recién el 27 de julio de 1955, luego de la fracasada asonada del 16 de junio, le fue permitido leer por Radio Belgrano al Dr. Arturo Frondizi, un mensaje que debió presentar previamente para su censura y que se transmitía con una demora de algunos segundos para controlar que no se apartase del texto aprobado. Ese mismo día se conoció la noticia de la desaparición y muerte del médico y dirigente comunista Juan Ingalinella a manos de la policía.^[2]

Primer intento de golpe

En 1951 el general de brigada Benjamín Menéndez se sublevó contra el gobierno de Juan Domingo Perón, pero no tuvo éxito, pues no encontró adhesiones importantes dentro del aparato militar. El mismo 28 de septiembre, Perón declaró el estado de guerra interno, y dijo que "todo militar que no se subordine o se subleve contra las autoridades o participe en movimientos tendientes a derrocarlas o desconocerlas, será fusilado inmediatamente". Aún así, ninguno de los sublevados fue fusilado.

Pero la conspiración en contra del gobierno de Perón continuó, conforme aumentaba su respaldo popular. Eduardo Lonardi, que estaba preso, nominó al entonces general de división Pedro Eugenio Aramburu como el jefe del movimiento. El presidente Perón contaba con el apoyo de grupos nacionalistas y católicos, tanto dentro del ejército como de la sociedad civil, sumados a la clase trabajadora y la CGT. Aramburu pensaba que todavía no era momento de sublevarse, pues la muerte de Evita había producido una galvanización del peronismo, y un aglutinación de los trabajadores en torno al que reconocían como su líder indiscutido.

Antes de las elecciones de 1952, recrudeció la violencia en el país. El dirigente del Partido Comunista, Rodolfo Ghioldi, fue herido de bala y estuvo cerca de la muerte. Ricardo Balbín, radical, fue objeto de un atentado, y el socialista Alfredo Palacios afirmó que el Partido Socialista no se presentaría a elecciones. Fue en aumento la propaganda antigubernamental de los partidos que se oponían al peronismo.

Perón triunfó en las elecciones de 1952. Una orden general del 18 de abril de 1952 decía que se debía "aniquilar a las fuerzas adversarias ante el supuesto de un atentado contra el Presidente. El procedimiento a observar será drástico. A un atentado contestar con miles de atentados".

El enfrentamiento de Perón con los sectores católicos precipitó la conspiración en su contra. Perón había llamado a una Convención Constituyente para separar a la iglesia del Estado, lo que puso a los sectores católicos en pie de guerra junto a los otros sectores que venían conspirando.

Segundo intento de golpe

El 16 de junio de 1955 se produce un levantamiento militar en el que la Aviación Naval bombardeó Buenos Aires causando 364 muertos (algunas versiones elevan esa cifra a 500) y un millar de heridos. Perón se refugió en uno de sus bunkers, en los subsuelos de la sede del Ejército dejando el manejo de la situación a su Ministro de Guerra Franklin Lucero.

Se combatió por aire, mar y tierra. Aviones de la Marina se enfrentaron a los de la Fuerza Aérea y atacaron a unidades del ejército que convergían sobre el epicentro de la ciudad. Los puntos bombardeados fueron la Casa de Gobierno, los alrededores de Plaza de Mayo, el Ministerio de Guerra, el Departamento Central de Policía, la zona aledaña a la Residencia presidencial, en la zona norte del Gran Buenos Aires en el barrio de Olivos y otros sectores de la ciudad.

Aviones de la Marina fueron derribados, uno de ellos sobre el Río de la Plata y otro en la localidad de Tristán Suárez y el Regimiento de Granaderos a Caballo y cuerpos del Ejército, con el Regimiento Motorizado Buenos Aires a la cabeza, lograron rechazar el ataque de la Infantería de Marina sobre la Casa de Gobierno y rendir al Ministerio de Marina, donde se había concentrado el alto mando rebelde, cuyo jefe, el contralmirante Benjamín Gargiulo, al ver fracasada la asonada, se suicidó.

Por la noche, tres grupos organizados de personas que partieron de dos reparticiones del Estado y del local del Partido Peronista saquearon e incendiaron los principales templos del casco histórico de la ciudad, la Curia Metropolitana y los edificios de importantes instituciones, provocando la pérdida de invalorables tesoros artísticos, culturales y esencialmente religiosos. La policía, las fuerzas militares y los bomberos se abstuvieron totalmente de intervenir, limitándose estos últimos a comenzar a actuar contra el fuego una vez terminada la agresión. Algunos de los templos databan de la época colonial por lo que ciertos daños fueron irreparables. En un discurso pronunciado al día siguiente el presidente Perón atribuyó los hechos a los comunistas. Perón siguió al frente del gobierno como presidente, aunque solo por unos meses más.

El golpe del 16 de septiembre de 1955

Tropas leales al gobierno constitucional resisten el golpe de Estado en la localidad bonaerense de Ensenada.

Grupos civiles festejando el triunfo del golpe de Estado.

Civiles armados celebran en la ciudad de Córdoba el derrocamiento de Perón.

El 16 de septiembre de 1955 estalló en Córdoba la insurrección cívico-militar que daría inicio a la Revolución Libertadora. Los rebeldes contaron con el apoyo de los llamados comandos civiles revolucionarios, que combatieron contra las tropas leales al presidente Perón en Alta Córdoba, y mantuvieron escaramuzas en distintos puntos del país, ocupando edificios públicos y constituyeron un factor de enlace permanente con los militares sublevados.

Hubo fuertes enfrentamientos entre la Escuela de Artillería, su aliada, la Escuela de Tropas Aerotransportadas y la vecina Escuela de Infantería, leal al gobierno, en las afueras de Córdoba y se combatió en el epicentro de aquella ciudad, sobre todo frente al histórico Cabildo; en la Escuela Naval Militar (Argentina) y en la Base Naval de Río Santiago, ambas atacadas por la Fuerza Aérea leal y en el Río de la Plata, donde la Escuadra de Río sufrió serios daños. También se produjeron choques en Curuzú Cuatiá (provincia de Corrientes), en Cuyo y Entre Ríos. Hubo duros enfrentamientos entre fuerzas del Ejército y la Aviación Naval en la zona de Sierra de la Ventana y Tornquist y combates de consideración en Bahía Blanca y la provincia de Río Negro donde un convoy fue atacado por aviones navales.

El almirante Rojas al mando del grueso de la Flota de Mar advirtió a Perón de que "de no promoverse su salida del gobierno, la Flota de Mar bombardearía las instalaciones petroleras de YPF en Mar del Plata, Argentina". Es así que los barcos cañonearon los depósitos de combustible y la Escuela de artillería antiáerea de Mar del Plata y mueren aproximadamente 30 civiles en este hecho, y amenazó con hacer lo mismo en la Destilería de La Plata. Unidades rebeldes de la Fuerza Aérea atacaron aeródromos y bases leales en diferentes puntos de las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

Perón hace caso omiso de varios de sus colaboradores que le aconsejaron "Llevar a la zona de los hechos a los familiares de los revolucionarios para hostigarlos a deponer su actitud".

Los enfrentamientos se extendieron del 16 al 21 de septiembre y finalizaron cuando en la madrugada de ese día tanques del Ejército cañonearon y demolieron la sede de Alianza Libertadora Nacionalista en el centro de Buenos Aires, matando a muchos de sus integrantes^{[cita requerida]} y cuando a las 6:00am cayeron las últimas bombas rebeldes en las pistas de Las Higueras (Córdoba) todavía en manos de fuerzas que respondían al gobierno.

El golpe militar de septiembre de 1955 provocó, entre junio y septiembre, la muerte de casi 2000 personas, entre civiles y militares ^{[cita requerida]}. En otro orden de cosas, constituyó el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina y su Aviación Naval (en realidad, la Aviación Naval nada tenía que ver con la Fuerza Aérea, ya que era un comando de la Marina de Guerra y por lo tanto dependía de ésta).

Desde un punto de vista formal, los momentos en que Perón cesó en el cargo de presidente y en el que asumieron las nueva autoridades son confusos. El 19 de septiembre al mediodía, Perón escribió una confusa carta dirigida al general Franklin Lucero, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y leal al gobierno constitucional. En la carta Perón da a entender su renuncia:

La carta fue asumida por Lucero como una renuncia, tras lo cual procedió a formar una junta militar integrada entre otros por los generales José Domingo Molina, Raúl D. Tanco, Juan José Valle, Angel J. Manni, Emilio Forcher y Oscar A. Uriondo, que declaró haber asumido el Poder Ejecutivo. Luego, el general Lucero leyó la carta de Perón, por la cadena de radio y televisión.^[4] Esa misma noche Perón se reunió con la junta militar para informarle que él no había renunciado; la junta sin embargo no fue disuelta.^[5]

El 20 de septiembre por la mañana, Perón pidió asilo en la embajada de Paraguay y una vez que le fue concedido subió a bordo del buque paraguayo "Paraguay", una cañonera militar.^[3] Ese mismo día, una vez asilado Perón, Lonardi emitió un bando con el nombre de "Decreto Nº 1" por el que se nombra a sí mismo como "presidente provisional de la Nación", solicita el reconocimiento de los otros países y establece la sede provisoria del gobierno en la Ciudad de Córdoba.^[3] El 22 de septiembre Uruguay reconoció a Lonardi como presidente de Argentina, en tanto que éste disolvió el Congreso Nacional y nombró interventores en varias provincias.^[3]

El 23 de septiembre el general Lonardi y el almirante Rojas llegaron a Buenos Aires. Ese mismo día el primero prestó juramento asumiendo el título de "Presidente Provisional", y al día siguiente designó al almirante Isaac Rojas con el título de "Vicepresidente Provisional".^[3] La portada del diario Clarín de ese día convocaba a la población a hacerse presente en la Plaza de Mayo con el siguiente titular: "Cita de honor con la libertad. También para la República la noche ha quedado atrás".^[6]

La asunción de Lonardi fue acompañada por una gran multitud reunida en la Plaza de Mayo. Algunas consignas de los manifestantes fueron: "Argentinos sí, nazis no"; "San Martín sí, Rosas no", "YPF sí, California no",^[7] "No venimos por decreto, ni nos pagan el boleto".^[8] El 25 de septiembre reconocieron al gobierno militar los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, éste último luego de prestar importante apoyo a los insurrectos.^{[9] [10]}

Gobierno de Eduardo Lonardi

El General de División Eduardo Lonardi en 1955.

El general Eduardo Lonardi gobernó solo 52 días, hasta ser derrocado por el sector liberal de los golpistas. Además padecía un cáncer cuyos síntomas ya eran notables al comienzo de la insurrección y que finalizaría con su vida en marzo del año siguiente.^[11] Representaba una fracción de las fuerzas armadas, de orientacíón nacionalista católica, que tenía como objetivo derrocar a Perón y excluirlo de la vida nacional, así como impedir que el peronismo volviera al poder -al menos en lo inmediato-, pero sin recurrir a una represión masiva, ni derogar la Constitución de 1949 y las leyes sociales y laborales que caracterizaron al gobierno peronista.

El lema político que expresaba esa intención fue la consigna pronunciada al asumir el poder, «ni vencedores ni vencidos», tomada de Justo José de Urquiza,^[12] que se convirtió en una de las frases políticas más famosas de la historia argentina.^[13]

Lonardi integró su gobierno con los siguientes ministros:

• Ministro de Hacienda: Eugenio Folcini
• Ministro del Interior y Justicia: Eduardo B. Busso
• Ministro de Ejército: Justo León Bengoa (reemplazado por Arturo Osorio Arana).
• Ministro de Marina: general de Teodoro Hartung
• Ministro de Aeronáutica: Comodoro Julio Cesar Krause
• Ministro de Comercio: César Augusto Bunge
• Ministro de Obras Públicas: José Blas Paladino
• Ministro de Educación: Atilio Dell'Oro Maini
• Ministro de Trabajo: Luis B. Cerruti Costa
• Ministro de Transporte: Juan José Uranga
• Ministro de Asistencia Social: Ernesto Rottger
• Ministro de Relaciones Exteriores y Culto: Mario Amadeo
• Ministro de Comunicaciones: Luis María Ygartúa
• Ministro de Industria: Horacio Morixe
• Ministro de Agricultura y Ganadería: Alberto Mercier
• Ministro de Finanzas: Julio Alizón García

Al final de su gobierno Lonardi dividió el Ministerio del Interior y Justicia, renunciando entonces el ministro Busso; el 12 de noviembre asumió Luis María de Pablo Pardo como Ministro del Interior y Julio Velar de Irigoyen como Ministro de Justicia.

Luchas internas y golpe palaciego

A poco de asumir el general Lonardi, se manifestaron las diferencias entre las dos alas del gobierno militar:

• el ala nacionalista católica, liderada por el propio general Eduardo Lonardi, más proclive a negociar con el peronismo y preservar la mayor parte de las conquistas sociales y laborales realizadas durante los gobiernos de Perón.
• el ala liberal, liderada por el vicepresidente almirante Isaac Rojas, sostenía un antiperonismo radical, pretendía erradicar totalmente al peronismo de la vida política y sindical argentina, derogar las medidas sociales y laborales establecidas durante el gobierno peronista, y establecer una política económica dirigida por los economistas más conservadores.

En este primer período de la Revolución Libertadora, el peronismo intentó maniobrar aprovechando las diferencias entre ambas corrientes militares, para obtener ventajas y ganar tiempo para reorganizarse alrededor del movimiento sindical. Por esa razón ese momento fue conocido como la entente cordiale.^[14]

El 5 de octubre la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) renunció asumiendo la dirección provisoria Andrés Framini y Luis Natalini de Luz y Fuerza.^[15] Los sindicalistas negociaban con el régimen militar, a través del Ministro de Trabajo Luis Cerruti Costa, un socialcristiano, abogado del sindicato metalúrgico, que había sido peronista hasta 1947. Al día siguiente de asumir la dirección de la CGT, Framini y Natalini firmaron un pacto formal con el ministro Cerruti Costa, por el cual el gobierno reconocía a las autoridades de la CGT y se comprometía a designar interventores imparciales en los sindicatos, donde se deberían realizar elecciones democráticas en 120 días.^[16] Por su parte, La CGT aceptó realizar algunas concesiones, como la eliminación del preámbulo del estatuto donde se adoptaba la doctrina peronista y la eliminación del 17 de octubre como feriado.^[16]

Para fines del mes de octubre, las tensiones en pugna se acentuaron. El peronismo comenzó a reorganizarse y a recuperar su capacidad de acción, y llegó a realizar una silbatina al vicepresidente de facto, Almirante Isaac Rojas, en ocasión de una visita de este al Hipódromo de San Isidro, que se frustró a los pocos minutos cuando aviones de la Marina de Guerra comenzaron a realizar vuelos rasantes sobre las tribunas.

Por su parte, la CGT aumentó su presión sobre el gobierno para que se abstuviera de intervenir en la situación interna de los sindicatos, buscando imponer direcciones no peronistas. El 26 de octubre, en una reunión con el Ministro de Trabajo Luis Cerruti Costa, La CGT le exigió dejar de apoyar a los grupos opositores, bajo amenaza de declarar una huelga general.^[16] Cerruti Costa entonces rechaza la exigencia sindical y, dos días después establece nuevas reglas para la "normalización sindical" que, en los hechos, dejaban sin efecto el acta firmada con la CGT. Las nuevas reglas establecían la caducidad de los mandatos de los dirigentes de la CGT y los sindicatos, y el llamado a elecciones controladas por las Fuerzas Armadas.^[16]

Ante la actitud ofensiva demostrada por el peronismo a través de la CGT, los sectores liberales del régimen militar se movieron para obtener mayor poder. El 1 de noviembre la Marina ocupó el Ministerio de Trabajo con el fin de desencadenar la represión de los sindicalistas peronistas. Cerruti Costa resiste la presión y logra, con apoyo de Lonardi, un nuevo pacto con la CGT, por el cual vuelven a ser reconocidas las autoridades de la central sindical y se decide designar de común acuerdo a los interventores sindicales que procederían a la normalización.^[16]

El ala liberal volvió a tomar la iniciativa el 11 de noviembre, al formarse una Junta Consultiva Nacional del gobierno militar (creada por decreto del 28 de octubre), presidida por el almirante Rojas e integrada por políticos destacados designados por la mayor parte de los partidos antiperonistas. La Junta estuvo integrada por cuatro miembros de la Unión Cívica Radical (Oscar Alende, Juan Gauna, Oscar López Serrot y Miguel Ángel Zavala Ortiz), cuatro del Partido Socialista (Alicia Moreau de Justo, Américo Ghioldi, Ramón Muñiz y Nicolás Repetto), cuatro por el Partido Demócrata Nacional (José Aguirre Cámara, Rodolfo Coromina Segura, Adolfo Mugica y Reinaldo Pastor), cuatro por el Partido Demócrata Progresista (Juan José Díaz Arana, Julio Argentino Noble, Horacio Thedy y Luciano Molinas), dos por el Partido Demócrata Cristiano (Manuel Ordóñez y Rodolfo Martínez) y dos por la nacionalista Unión Federal (Enrique Arrioti y Horacio Storni).

Asimilándola a un poder legislativo, el gobierno militar decidió que la Junta Consultiva se reuniría en el edificio del Congreso Nacional, y haciendo una interpretación extensiva de la Constitución Nacional (art. 50).^[17] en la que el Vicepresidente de la Nación es Presidente del Senado, consideró que debía ser presidida por el almirante Rojas, en su condición de Vicepresidente de facto. A la primera sesión de la junta concurrieron casi 300 invitados especiales, y se colocó en el salón un cuadro correspondiente a la Asamblea Constituyente de 1853.

La constitución de la Junta Consultiva influyó decisivamente para que predominara en el gobierno militar el sector liberal y una línea antiperonista radical. Poniendo en evidencia el deplazamiento inminente del sector nacionalista católico, ese mismo día Luis Pandra, del Partido Socialista escribió en el diario La Época:

El 13 de noviembre un golpe palaciego desalojó del poder al general Lonardi, instalando como nuevo presidente de facto a un liberal, el general Pedro Eugenio Aramburu.^[16] Al día siguiente el gobierno militar dio a conocer tres comunicados con la firma de Aramburu informando de los motivos del desplazamiento de Lonardi: el primero se limitó a informar del cese de Lonardi; el segundo sostiene que Lonardi había sido depuesto debido a la "presencia de grupos que orientaron su política hacia un extremismo totalitario incompatible con las convicciones democráticas de la Revolución Libertadora"; y el tercero amplía las razones acusando al grupo de Lonardi de "escudarse tras el estandarte de la religión católica".^[19]

Gobierno de Pedro Eugenio Aramburu

El vicepresidente almirante Isaac Rojas y el presidente teniente general Pedro Eugenio Aramburu, al momento de la asunción de este último el 13 de noviembre de 1955.

El general Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia de facto el día 13 de noviembre de 1955, en tanto que el almirante Rojas, líder del ala liberal, permaneció como vicepresidente. Se inició así una segunda etapa de la dictadura militar, caracterizada esencialmente por adoptar una línea dura frente al peronismo, abandonando así el lema «ni vencedores, ni vencidos».

Inmediatamente la CGT declaró una huelga general para los días 15, 16 y 17 de noviembre. Ese mismo día el gobierno militar encarceló a más de 9.000 dirigentes sindicales, incluidos Framini y Natalini. El paro solo tuvo adhesión en algunos distritos obreros como Avellaneda, Berisso y Rosario y debió ser levantado al día siguiente de iniciarse. La CGT y la mayor parte de los sindicatos fueron intervenidos por los militares.^[16]

Política interna

En el gabinete del nuevo gobierno se produjeron cambios sustanciales respecto al anterior, participando del mismo desde integrantes de la derecha liberal hasta socialistas.

En el Ministerio del Interior, asumieron dos radicales: Laureano Landaburu y Carlos Alconada Aramburú. También eran radicales el Ministro de Educación (Acdel Salas) y el Ministro de Trabajo (Horacio Aguirre Legarreta, frondizista).

Las posturas en contra del peronismo se profundizaron, decidiéndose la disolución del Partido Peronista y la inhabilitación política para sus dirigentes más destacados. Además, se investigaron las presuntas irregularidades producidas durante la presidencia de Perón, a partir de la Comisión General de Investigaciones.

Se intervinieron los sindicatos y la Confederación General del Trabajo (CGT), y se dispuso el encarcelamiento de más de 9.000 dirigentes sindicales, luego de la huelga general declarada el 14 de noviembre de 1955.^[20] El gobierno militar dictó el Decreto 3855/55 disolviendo el Partido Peronista y luego el 5 de marzo de 1956 el Decreto 4161, de "prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista", por el que incluso se prohibía mencionar el nombre de Juan Domingo Perón, castigando a los infractores con penas de hasta seis años de prisión.^[21] De este modo se inició un largo período proscripción del peronismo de la vida militar, pública y docente que se extendería hasta 1973, y que dio lugar a un movimiento opositor, muchas veces clandestino, conocido como la Resistencia Peronista.

Estampilla del primer aniversario de la Revolución Libertadora.

El 25 de mayo de 1957, agentes del gobierno militar argentino en Caracas, instalados en la embajada argentina en ese país, realizaron un fallido atentado para asesinar a Juan D. Perón, haciendo estallar su auto. En respuesta, Venezuela expulsó al embajador argentino en ese país, general Federico Toranzo Montero, hecho que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.^[22]

Cuando Aramburu consideró, en 1957, que debía levantarse la proscripción contra el peronismo, se enfrentó duramente con su "vice" Isaac Rojas, quién se opuso férreamente. La medida había sido propuesta por el presidente y el Ministro del Interior, el balbinista Carlos Alconada Aramburú. Aramburu evaluó continuar adelante con la Revolución sin el apoyo de la Marina, aunque esto resultó imposible en la práctica, pues la Marina era el grupo más homogéneo y aguerrido de los que habían participado en el golpe.

Derogación de la Constitución de 1949 y reforma de 1957

Una de las decisiones del general Aramburu fue la derogación de la Constitución de 1949, mediante proclama del 27 de abril de 1956, declarando nula la reforma constitucional realizada en 1949, e imponiendo la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898.

La decisión fue cuestionada por diversos sectores, debido a la imposibilidad jurídica de que se pudiera aceptar que un presidente de facto militar, derogara una constitución e impusiera otra. La derogación por decisión militar de la Constitución, generó una crisis en la Corte Suprema que, si bien aceptaba una cierta legitimidad del régimen por aplicación de la doctrina de los gobiernos de facto, tenía establecido que un régimen así debía ser provisorio y mantener la Constitución como norma suprema. La crisis llevó a la renuncia de uno de los cinco miembros de la Corte, Jorge Vera Vallejo.^[23]

Luego de intensas discusiones sobre como resolver la cuestión, el gobierno militar decidió convocar a una Convención Constituyente que convalidara el acto. A tal efecto, se decidió también que los convencionales a la misma serían elegidos en elecciones en las que no pudiera participar el Partido Peronista.^[23]

Las elecciones se realizaron el 28 de julio de 1957 y en ellas el voto en blanco, propuesto por el peronismo, resultó en la primera minoría.^[24]

La población peronista votó en blanco siguiendo las instrucciones de Perón. Los partidos políticos que apoyaban la reforma (UCRP, PS, PDC, PDP, PD, PDC y PCI) alcanzaron 120 bancas, mientras que los partidos que estaban en contra de la reforma (UCRI, PL, PdelosT, UF) obtuvieron solo 85 bancas. Estos últimos se presentaron en la Convención Constituyente para dejar constancia de que la misma era ilegítima.^[23]

La Convención Constituyente se reunió y, en su primera sesión, procedió a convalidar la decisión del gobierno militar de declarar nula la Constitución de 1949 y establecer la vigencia de la Constitución de 1853, con las modificaciones de 1860, 1866 y 1898. Cuando la Convención Constituyente se preparó para proceder a incluir los derechos humanos de segunda generación (sociales y laborales) y aquellos relacionados con una orientación social de la economía, los sectores conservadores que dominaban la Convención, debido a la ausencia del peronismo y de la UCRI, comenzaron a retirarse para dejar a la Convención sin quorum y evitar las reformas. En esa circunstancias, el ala izquierda de la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por su presidente Crisólogo Larralde, presionó a los delegados del partido para que no abandonaran las reuniones y así logró que se aprobara la inclusión del artículo 14 bis, referidos a los derechos del trabajador, de los gremios y de la seguridad social.^[23]

Pero inmediatamente después de votado el artículo 14 bis, los convencionales conservadores y gran parte de los convencionales radicales dejaron simplemente de asistir a la Asamblea, dejando sin quórum a la Convención, que no pudo siquiera tratar la extensa lista de reformas que se había propuesto. La convención se extinguió así informalmente, circunstancia que fue duramente criticada por todo el espectro político.^[23]

Sobre el final de la Convención Constituyente de 1957, y ya sin quórum, el convencional socialista Alfredo Palacios, pronunciaba las siguientes palabras:

Comparada con la Constitución de 1949, la reforma constitucional de 1957 realizó algunos agregados y exclusiones de importancia:

• Agregados: derecho de huelga; la movilidad del salario; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical democrática por la simple inscripción en un registro especial; derecho sindical a concertar convenios colectivos; garantías para los representantes sindicales; naturaleza estatal de la seguridad social; participación de los trabajadores en los organismos de seguridad social. Todos los agregados se encuentran en el art. 14 bis.
• Exclusiones: derecho de reunión (art. 26); prohibición de discriminar por raza (art. 28); derecho de trabajar (art. 37, I); derecho a la capacitación (art. 37, I); derecho a la preservación de la salud (art. 37, I); derecho a la atención por el Estado de la madre y el niño; igualdad jurídica de hombre y mujer en el matrimonio (art. 37, II); patria potestad compartida (art. 37, II); derechos de la ancianidad (art. 37, III); educación primaria obligatoria y gratuita (art. 37, IV); autonomía universitaria (art. 37, IV); la función social de la propiedad (art. 38); estatización del comercio exterior (art. 40); nacionalización de los recursos mineros y energéticos (art. 40); estatización de los servicios públicos (art. 40); voto directo (arts. 42, 47 y 82).

Levantamiento del general Juan José Valle y fusilamientos

Portada del libro Operación Masacre (1957) de Rodolfo Walsh, utilizando como imagen el cuadro El tres de mayo de 1808, de Francisco Goya.

El 9 de junio de 1956 se produjo un levantamiento cívico-militar contra el gobierno de facto de Aramburu, liderado por el general Juan José Valle, quien a su vez estuvo secundado en el mando por el general Raúl Tanco y los dirigentes sindicales Andrés Framini y Armando Cabo.^{[26] [27]}

El levantamiento fue rápidamente abortado, debido a que el movimiento había sido infiltrado y el gobierno militar estaba esperando a los insurrectos. Como consecuencia del mismo fueron fusilados 32 civiles y militares, un acto represivo que no tiene antecedentes en la historia argentina. La decisión de fusilar al general Valle respondió a una orden directa del almirante Rojas.

Los fusilamientos estuvieron signados por irregularidades, como la aplicación retroactiva de la ley marcial, decretos pre-redactados, falta de registros sobre la existencia de juicios sumarios y de las órdenes de ejecución, etc. Los mismos incluyeron también fusilamientos clandestinos de civiles en un basural de José León Suárez, que fueron mantenidos ocultos por el gobierno hasta que el periodista Rodolfo Walsh revelara los hechos en un libro clásico titulado Operación Masacre, publicado en 1957. Otro acto abiertamente ilegal fue el asalto a la embajada de Haití por parte de un grupo comando, que secuestró a los insurrectos allí asilados, entre ellos el general Raúl Tanco, los cuales fueron devueltos a su asilo cuando el embajador presentó su reclamo.

Los 18 militares fusilados fueron: el Gral. de División Juan José Valle, Coronel Ricardo Santiago Ibazeta, Coronel Alcibíades Eduardo Cortines, Coronel José Albino Irigoyen, Tte. Coronel Oscar Lorenzo Cogorno, Capitán Eloy Luis Caro, Capitán Dardo Néstor Cano, Capitán Jorge Miguel Costales, Tte. Primero Jorge Leopoldo Noriega, Tte. Primero Néstor Marcel Ovidela, Subteniente Alberto Juan Abadie, Suboficial Ppal. Miguel Ángel Paolini, Suboficial Ppal. Ernesto Garecca, Sargento Ayte. Luis Pugnetti, Sargento Hugo Eladio Quiroga, Sargento Luis Bagnetti, Cabo Miguel José Rodríguez, Cabo Músico Luciano Isaías Rojas. Los 14 civiles fusilados fueron: Clemente Braulio Ross, Norberto Ross, Osvaldo Alberto Albedro, Dante Hipólito Lugo, Aldo Emir Jofré, Miguel Ángel Mauriño, Rolando Zanetta, Ramón Raulvidela, Carlos Irigoyen, Carlos Alberto Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion, Vicente Rodríguez.

Momentos antes de ser fusilado, el general Valle le escribió una histórica carta al general Aramburu en la que le reclama duramente la decisión de fusilar a los insurrectos y justifica el levantamiento en la necesidad de defender al pueblo de un gobierno que le estaba "imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica". En uno de sus párrafos la carta dice:

Los fusilamientos han sido fuertemente cuestionados por actores políticos, observadores e historidores,^{[28] [29]} tanto por su falta de legalidad como por el grado de violencia innecesaria que los mismos implicaron, así como por sus consecuencias negativas, desatando desde el Estado un ciclo vicioso de violencia y terror que desembocó en el Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980. Más allá de las irregularidades concretas que presentan los fusilamientos en cada caso, quienes cuestionan los mismos destacan que la Constitución Nacional de la Argentina prohíbe la pena de muerte por causas políticas desde 1853.

Entre quienes han justificado legalmente los fusilamientos se encuentra el abogado radicial Carlos Alconada Aramburú, quien al momento del levantamiento se desempeñaba como Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y, al año siguiente, sería designado Ministro de Educación y Justicia del gobierno militar. Para Alconada Aramburú, los fusilamientos fueron penas de muerte aplicadas por el delito de insubordinación militar, aplicando las leyes 13.234 de 1948 y 14.062 de 1951. La historiadora María Spinelli, destaca sin embargo, que las leyes invocadas por Alconada Aramburú habían sido derogadas por el propio gobierno militar el año anterior de los levantamientos, mediante los decretos-leyes 140 y 8.313.^[8] También, en sus respectivas Memorias, defendieron los fusilamientos, el almirante Isaac Rojas (1993), quien los justifica en la necesidad de "salvaguardar los logros de la Revolución Libertadora",^[30] y el contralmirante Jorge Perren (1997), quien sostiene que era necesario dar un "escarmiento ejemplar al peronismo".^[31]

Perón fijó su posición en una carta enviada a Cooke sobre la cual cuenta Miguel Bonasso:

Sobre la misma carta dice el historiador Joseph A. Page:

Legislación laboral

En materia laboral aprobó el régimen de asignaciones familiares para empleados de comercio^[34] y trabajadores de la industria.^[35] También aprobó la primera regulación laboral específica para trabajadores domésticos concediéndoles beneficios laborales como la indemnización por despido, horario de trabajo, vacaciones pagadas, salario por enfermedad, condiciones de trabajo, etc.^[36] También incrementó a $ 30.000 el monto de la indemnización por accidente de trabajo.^[37]

Política económica

En el ámbito económico, Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Se realizó y se finalizó una buena cantidad de obra pública, como, por ejemplo, la Usina de San Nicolás, en 1957. Se promovió la industrialización de la Patagonia.

Se les cambió el nombre al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Política cultural y educativa

Durante el gobierno de facto de Aramburu, se reabrió el principal teatro judío de Buenos Aires, el IFT (Teatro Popular Judío), de tendencia izquierdista. Isidro Odena, identificado con la izquierda, fue nombrado Director Nacional de Radiodifusión. Por otra parte, se creó el Fondo Nacional de las Artes, cuyo primer directorio estuvo presidido por Victoria Ocampo.

Siguiendo la política de proscripción del peronismo, la dictadura militar reprimió sistemáticamente la expresión de las ideas de esa corriente política. De ese modo, fueron clausuradas publicaciones como la revista "De Frente" y el periódico Palabra Argentina, éste último clausurado el 9 de junio de 1957, simultáneamente con el encarcelamiento de su director, Alejandro Olmos.^[22] También se dejaron sin efecto los nombres alusivos al peronismo tales como Eva Perón, Juan Domingo Perón, 26 de julio, 8 de octubre (cumpleaños de Perón), 7 de mayo (cumpleaños de Eva Perón) y 17 de octubre entre otros, que designaban a calles, plazas, estaciones de subterráneo y de ferrocarril (la estación Presidente Perón retomó su nombre de Retiro), municipios, escuelas, hospitales y otros establecimientos públicos. También se cambió el nombre de las provincias Eva Perón (que tomó el nombre de La Pampa) y Presidente Perón (que pasó a denominarse Chaco) y de la ciudad Eva Perón que retornó al nombre de La Plata. También se retiraron los bustos de Eva Perón y de Juan Domingo Perón que estaban en numerosos lugares y establecimientos públicos, como plazas, hospitales, escuelas, etc.

Pese a los referido actos de represión de la libertad de prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa, consideró en 1957 que en Argentina existía una amplia libertad de prensa, diferenciándola de lo que ocurría en otros países latinoamericanos.^{[cita requerida]}

En materia universitaria, la Revolución Libertadora restableció un régimen de autonomía universitaria, con cogobierno estudiantil, con la salvedad de que las universidades no podían permitir el acceso a la cátedra de docentes peronistas o ligados con el peronismo. El socialista José Luis Romero, fue nombrado rector de la Universidad de Buenos Aires, a partir de una terna elevada por la FUBA.

Simultáneamente al impulso brindado a las universidades nacionales tradicionales, el gobierno militar implementó una política de desfinanciamiento y postergación de la Universidad Obrera Nacional (UON), creada durante el gobierno de Perón, con la evidente intención de organizarla como instituto de formación no universitario. Los estudiantes de la UON se organizaron para reclamar la misma organización y reconocimiento que las demás universidades, y comenzaron a denominarla Universidad Tecnológica Nacional, denominación que finalmente fue adoptada de manera oficial, cuando la misma fue reconocida y organizada como universidad en 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi.^[38]

En materia de investigación científica, el gobierno militar reorganizó el CONITYC y lo renombró como Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), designando a su frente al Premio Nobel Bernardo Houssay.^[39]

Relaciones exteriores

En el ámbito de las relaciones exteriores, el gobierno de facto de Aramburu libró una dura batalla con el dictador Alfredo Stroessner, tanto por motivos geopolíticos como doctrinarios. Como embajador en Uruguay fue nombrado el socialista Alfredo Palacios.

Debido al atentado realizado el 25 de mayo de 1957 por agentes del gobierno militar argentino en Caracas para asesinar a Juan D. Perón, Venezuela expulsó al embajador argentino en ese país, general Federico Toranzo Montero, hecho que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.^[22]

Por otra parte, a partir de la Ley 4144, se anuló la posibilidad de expulsar a extranjeros del país.

La Revolución Libertadora y la oposición peronismo-antiperonismo

La Revolución Libertadora ha sido materia de encendido debates sobre su justificación, en el marco de la oposición entre peronismo y antiperonismo. Históricamente, peronistas y antiperonistas se han acusado mutuamente de no proceder en forma democrática: el peronismo señalando la participación de los políticos antiperonistas en complots, actos terroristas e intentos de golpes de Estado;^[40] y el antiperonismo señalando el proceder autoritario del gobierno, el control de los medios de comunicación y las acciones represivas.^[41]

Sin embargo esos debates se han ido atenuando desde la instalación definitiva de la democracia el 10 de diciembre de 1983. Los gobiernos democráticos instalados desde entonces, han tendido a no reconocer legitimidad histórica a ninguno de los gobiernos militares, incluida la Revolución Libertadora, y se han abstenido de utilizar los nombres de sus gobernantes de facto para designar calles, edificios, plazas y otros espacios públicos, así como realizar actos de conmemoración de los golpes, a la vez que se han aprobado iniciativas para cambiar nombres de espacios públicos que llevaban sus nombres.^[42] En sentido contrario, los nombres de los funcionarios del gobierno peronista derrocado en 1955, incluido el del presidente Juan D. Perón, han sido aplicados a diversos ámbitos públicos.^[43]

Un hecho destacado en esta tendencia es el proceso de cambio de nombre del tramo autopista de la Ruta Nacional Nº 9 que une las ciudades de Rosario y San Nicolás. Al mismo se le había sido impuesto el nombre de Pedro Eugenio Aramburu en 1979, durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.^[44] En 2005, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, aprobó una resolución declarando que la misma debía ser renombrada como Juan José Valle, en memoria del militar peronista fusilado por la Revolución Libertadora.^[45] Poco después, ese mismo año, hicieron lo mismo los concejos deliberantes de las ciudades de San Nicolás y Villa Constitución.^[46] En 2006, el senador justicialista y ex gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann y la senadora Roxana Latorre, presentaron un proyecto de ley imponiéndole a la Ruta 9 el nombre de Juan José Valle en toda su extensión, obteniendo la media sanción de la cámara el 11 de abril de 2007; pasado a la Cámara de Diputados, fue aprobado por unanimidad en comisión el 10 de junio de 2008.^[47]

En 2008, se inauguró también, frente a la Casa Rosada, un monumento en memoria de las víctimas del Bombardeo de Plaza de mayo de 1955.^[48]

La «Revolución Fusiladora». la proscripción y el secuestro de Aramburu

El peronismo y algunos otros sectores de opinión, suelen utilizar el término «Revolución Fusiladora» para referirse a éste período, aludiendo a los fusilamientos de 1956, luego de un fracasado el intento de levantamiento contra el régimen militar encabezado por el general Juan José Valle.^[49]

En 1970 el general Pedro Eugenio Aramburu fue secuestrado por el grupo guerrillero Montoneros, de extracción nacionalista-peronista, y sometido a lo que la organización llamó un "juicio revolucionario". Según la versión de Montoneros, a Aramburu se le imputaron "108 cargos de traidor a la patria y de asesino de 27 argentinos", refiriéndose en éste último caso, a los fusilamientos derivados del levantamiento del general Juan José Valle. El "juicio revolucionario" impuso pena de muerte al general Aramburu, la que fue ejecutada mediante un tiro de pistola por Fernando Abal Medina el 1 de junio de ese año.^[50] Algunos historiadores han afirmado que las causas de la muerte de Aramburu fueron más complejas, y estaban relacionadas con las circunstancias políticas en las que se estaba desenvolviendo el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, frente al cual el general Aramburu estaba organizando una oposición que llevara a una salida electoral.^[51]

A partir del golpe de 1955 también se popularizó el término "gorila", para denominar a los civiles y militares antiperonistas. El término fue tomado de un sketch cómico del humorista Aldo Cammarota que no tenía connotaciones políticas. Inicialmente tuvo un sentido elogioso de los militares y civiles que conspiraban para derrocar a Perón. Con el paso del tiempo, el término adoptó un sentido peyorativo.^{[52] [53]}

Otro hecho destacado y polémico fue la relación establecida entre el almirante Isaac Rojas y el ex presidente peronista Carlos Menem, durante el mandato de éste último. A poco de asumir Rojas, quien se caracterizó siempre por su fuerte antiperonismo, sorprendió a la opinión pública expresando muchos años después su opinión favorable al presidente Menem.^[54] Menem se refirió a ese hecho del siguiente modo:

Véase también

• Golpes de Estado en Argentina
• Peronismo
• Antiperonismo

Referencias

Rojas, Isaac F. (1993) (en español). MEMORIAS DEL ALMIRANTE ISAAC F. ROJAS: CONVERSACIONES CON JORGE GONZÁLEZ CRESPO. Planeta Argentina. ISBN 9507423508. 

Notas

Enlaces externos

• La Revolución Libertadora en Internet
• La revolución fusiladora, video en Dailymotion