Primer gobierno (1946–1952)

El apoyo popular, organizado por el Partido Laborista y la UCR Junta Renovadora, le dio la presidencia con el 53% de votos en las elecciones del 24 de febrero de 1946, ganando en todas las provincias menos en Corrientes.

Desde la presidencia, Perón continuó con las políticas sociales que beneficiaron tanto a la clase trabajadora como al empresariado nacional, sobre todo industrial. Luego del triunfo electoral disolvió los tres partidos que se habían creado para sostener su candidatura, Laborista, Unión Cívica Radical Junta Renovadora y el Partido Independiente, para unificarlos en una sola organización política, llamada primero Partido Único de la Revolución y luego simplemente Peronista o Justicialista. Expandió enormemente la agremiación de los trabajadores en sindicatos que respondían a la corriente laborista y ayudó a establecer el predominio de la Confederación General del Trabajo (CGT) como central unitaria. Cipriano Reyes, quién se negó a aceptar la disolución del Partido Laborista del que era su presidente, sufrió un atentado contra en el que resultó asesinado su chofer. Más tarde fue encarcelado acusado de planear el asesinato de Perón, hasta el fin del gobierno peronista.

Política económica

Durante el gobierno de Perón se profundizó la política de sustitución de importaciones mediante el desarrollo de la industria liviana que se venía impulsando desde la década anterior. Perón también invirtió fuertemente en la agricultura, especialmente en la siembra de trigo.

Ante la falta de divisas, producto del estancamiento del sector primario, con las que se importaban los bienes de capital e insumos necesarios para el proceso de industrialización, se optó por la nacionalización del comercio exterior mediante la creación del IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio). Éste le permitió al Estado obtener recursos que utilizó para redistribuir hacia la industria. Dicho intercambio intersectorial del sector agrario a la industria, provocó el enojo de la oligarquía terrateniente, ya que el Estado le compraba a los productores por precios devaluados.

En 1947 se anunció un Plan Quinquenal para fortalecer las nuevas industrias creadas, y comenzar con la industria pesada (siderurgia y generación de energía eléctrica en San Nicolás y en Jujuy).

Perón firmando la escritura por la cual todos los ferrocarriles pasaron a manos del Estado.

En el área del desarrollo de la ciencia y tecnología, en 1948, Perón anunció un proyecto de desarrollo de energía de fusión nuclear. Las instalaciones para el proyecto secreto ocuparon la Isla Huemul en el Lago Nahuel Huapi. El proyecto estuvo a cargo de Ronald Richter, un físico austriaco recomendado por el ingeniero Kurt Tank, quien esperaba utilizar los hallazgos de Richter en los aviones de reacción que estaba desarrollando en el Proyecto Pulqui II.

En 1951 el gobierno argentino anunció que el proyecto de Richter había tenido éxito y que Argentina sería el primer país del mundo en producir energía de fusión nuclear. Sin embargo, ante la falta de pruebas por parte del Proyecto Huemul, Perón designó en 1952 a una comisión de científicos para investigar las actividades de Richter, integrada por José Antonio Balseiro y Mario Báncora que informaron al gobierno que el proyecto había sido un fraude. Luego de ello, las instalaciones del Proyecto Huemul fueron transferidas por Perón al Centro Atómico Bariloche (CAB) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y al Instituto de Física de la [[Universidad Nacional de Cuyo]] que más tarde tomaría el nombre de Instituto Balseiro (IB).^[1]

Primer Plan Quinquenal

El primer Plan Quinquenal fue un procedimiento de planificación estatal anunciado a principios del segundo semestre de 1946. La Secretaría Técnica de la Presidencia comenzó a preparar un Plan de Gobierno para el período quinquenal comprendido por los años 1947 y 1951. El Plan Quinquenal se anunció en el mensaje presidencial del 19 de octubre de 1946 como "Proyecto de Ley" que se iba a enviar a la Legislatura (El Art. 1º daba el "Plan de Realizaciones e Inversiones" y desarrollaba diversos proyectos de ley).^[2]

El plan planteaba la necesidad de prever y codificar en un solo cuerpo el conjunto de medidas que afectaban la exportación y la importación, reglamentando la tipificación, el envase y la certificación de la calidad de los productos exportables y estableciendo un régimen aduanero ajustado a las realidades de ese momento.

Política educativa

Enseñanza primaria y secundaria

Durante el gobierno peronista el número de inscriptos en las escuelas primarias y secundarias creció a tasas superiores a la de los años anteriores. En 1946 hubo 2.049.737 alumnos inscriptos en las escuelas primarias y 217.817 en las secundarias en tanto en 1955 fueron 2.735.026 y 467.199 respectivamente^{[3] [4]} El crecimiento más rápido de la escuela secundaria respecto de la primera indica que se produjo el acceso a la educación secundaria de la mayor parte de los hijos de clase media y de una parte significativa de los estratos altos de la clase trabajadora, lo que se ve confirmado por la circunstancia de que el mayor aumento se dio en la enseñanza comercial y técnica.^[5]

La enseñanza religiosa en las escuelas primarias y secundarias que había sido establecida por el decreto 18.411 del presidente Ramírez del 31 de diciembre de 1943 fue ratificada por ley del Congreso el 14 de marzo de 1947 y se mantuvo durante casi todo el gobierno de Perón para ser abolida el 16 de diciembre de 1954 en el marco del conflicto del gobierno con la Iglesia Católica.^[6]

La escuela argentina se había formado como un territorio neutral sin discriminación política, racial ni religiosa e incluso el delantal blanco impuesto durante el gobierno de Yrigoyen había respondido a esa pretensión. Durante el gobierno peronista no solamente los docentes estaban obligados a comentar los actos de gobierno más importantes sino que además los textos escolares comenzaron a incorporar dibujos, fotografías y textos laudatorios de Perón y Evita tales como "¡Viva Perón! Perón es un buen gobernante. Perón y Evita nos ama" y otros similares,^{[7] [8]} constituyéndose en uno de los motivos de irritación de los opositores. En la escuela secundaria se introdujo la materia "Cultura Ciudadana" que en la práctica era un medio de propaganda del régimen, sus protagonistas y sus realizaciones. Una vez publicado el libro La razón de mi vida de Eva Perón el mismo fue texto obligado tanto en el nivel primario como en el secundario.^[8]

Enseñanza universitaria

Para el conjunto de los intelectuales el gobierno de 1943 y la figura de Perón eran leídos exclusivamente dentro del contexto internacional que oponía a los Aliados con el nazismo y el fascismo, y de ahí que "Perón era percibido, sobre todo, como una figura del régimen militar y, dentro de éste, formando parte de la fracción de coroneles pronazis". El antiperonismo de los intelectuales nace de esa percepción y no como oposición a las nuevas políticas sociales.^[9]

Todo esto lleva a la situación que Silvia Sigal resume diciendo "hay por lo menos dos puntos de acuerdo entre quienes se han interesado en la relación entre los intelectuales y el primer peronismo. El primero es que casi la totalidad de los escritores, artistas y universitarios liberales y democráticos fueron antiperonistas, el segundo, que si los intelectuales peronistas fueron muy contados, más contados fueron, entre ellos, quienes gozaban de prestigio y reconocimiento en el ámbito de la cultura. Puede imaginarse sin riesgo que sus protagonistas, peronistas o no, hubieran suscripto hasta 1955, esta somera descripción.^[10]

Perón inició su gobierno con las universidades intervenidas desde el 30 de abril de 1946, señalándose en especial que el interventor en la de Buenos Aires era el doctor Oscar Ivanissevich, un ferviente opositor al cogobierno estudiantil. Durante ese año por renuncias o cesantías se fueron el 70 % de los docentes y un tercio de los profesores universitarios^[11] La reforma constitucional de 1949 dispuso que "Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento" pero continuó vigente la ley 13.031 aprobada en 1947 para regir el gobierno de las universidades, a las que convertía en una dependencia del Poder Ejecutivo: desde el rector hasta el último titular de cátedra eran designados por decreto, se suprimía la autonomía funcional y financiera y establecía la pena de expulsión a quienes actuaran "directa o indirectamente en política" pero en la práctica esta norma no se aplicaba a quienes militaban en el Partido Peronista, lo que se evidencia en los muchos funcionarios y legisladores del mismo que ocuparon puestos en las universidades.(Luna I, 389). La representación estudiantil fue eliminada de los consejos, se introdujo la exigencia de un certificado policial "de buena conducta" sin el cual no se podían proseguir los estudios y comenzó a haber policías de civil omnipresentes en aulas y oficinas universitarias.^[12]

Hubo una mejora notable en la infraestructura ya que en Buenos Aires se construyó el edificio de la nueva Facultad de Derecho y se crearon las de Arquitectura y de Odontología así como la Universidad Tecnológica, además de remodelar sedes en el interior del país. Se estableció por decreto 22/1949 la gratuidad de la enseñanza y ello fue un factor que coadyuvó a que entre 1945 y 1955 se triplicara el número de alumnos si bien la cantidad de graduados tuvo escasa variación.^[13] El 17 de mayo de 1951, por Decreto 9695/1951, creó el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC) antecedente inmediato del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

Política sanitaria

En 1946 Dr. Ramón Carrillo fue designado Secretario de Salud Pública y en 1949 al crearse nuevos ministerios pasó a ser ministro del área. Desde su cargo trató de llevar a cabo el un programa sanitarista que se dirigía hacia la creación de un sistema unificado de salud preventivo, curativo y de asistencia social de carácter universal en el cual el Estado cumpliría un papel preponderante. Si bien tropezó con grandes obstáculos "la acción gubernamental comportó un mejoramiento sustantivo en las condiciones de la salud pública". Uno de esos obstáculos lo constituyó la constitución o el afianzamiento de las obras sociales de los sindicatos, especialmente aquellos con mayor número de afiliados tales como los ferroviarios y los bancarios, y otro fue la actividad de la Fundación Eva Perón que en ciertas áreas se superponía con las de Salud Pública; ambos factores conspiraban contra el proyecto unificador de Carrillo. El número de camas en hospitales que era de 66.300 en 1946 (4 cada 1000 habitantes) pasó en 1954 a 131.440 (7 cada 1000 habitantes). Se hicieron campañas para combatir enfermedades endémicas como el paludismo, la tuberculosis y la sífilis utilizando a gran escala los recursos del DDT para el primero y la penicilina para las últimas y se acentuó la política sanitaria en las escuelas al hacer obligatoria la vacunación en su ámbito. En 1942 unos 6,5 millones de habitantes tenían provisión de agua corriente y 4 millones, servicios cloacales, y en 1955 los beneficiarios eran 10 millones y 5,5 millones respectivamente. La mortalidad infantil que era de 80,1 por mil en 1943 bajó a 66,5 por mil en 1953 y la esperanza de vida que era de 61,7 años en 1947 subió a 66,5 años en 1953.^[14]

Los derechos humanos

La relación con la prensa

Cuando Perón asumió el gobierno muy pocos periódicos lo apoyaban: Democracia, El Laborista y La Época. Pronto comenzaron las medidas más variadas para combatir a los medios opositores. En primer lugar la provisión de papel de diario, que era totalmente importado, que era distribuido por el gobierno fijando cuotas sumamente reducidas para los medios hostiles, en segundo término la utilización de la prohibición de enviar determinados diarios por correo, también los frecuentes procesos por desacato contra los editores y directores de periódicos críticos, también las numerosas clausuras de medios de prensa desafectos con el gobierno y finalmente la expropiación lisa y llana con entrega posterior a administraciones adictas como ocurrió con los diarios La Prensa y La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Michel Torino propietario del diario El Intransigente de Salta fue acusado de desacato y estuvo varios años preso.^[15]

En forma paralela el gobierno aplicando una combinación de presiones -tanto oficiales como sindicales-^[16] y beneficios fue adquiriendo en forma directa o a través de testaferros periódicos, revistas y estaciones de radio. Así, por ejemplo, compró los periódicos Democracia, La Razón, Crítica y Noticias Gráficas, el conglomerado Haynes que reunía al diario El Mundo y la radio del mismo nombre así como revistas de diverso tipo, pero estas adquisiciones se mantenían en reserva sin dejarlas trascender al público.^[17] Al finalizar el gobierno de Perón sólo dos periódicos de circulación nacional -La Nación y Clarín no pertenecían al Estado quien, por otra parte, controlaba la totalidad de las radios a las que la ley 14.241 había agrupado en cuatro cadenas.^[18]

Actos de violencia

En el marco del enfrentamiento frontal entre peronistas y antiperonistas, durante el gobierno de Perón se produjeron violaciones de derechos humanos debido a la persecución de opositores -en especial de comunistas-,^[19] así como actos terroristas y movimientos golpistas, por parte de sectores de la oposición. En este sentido, el organismo más cuestionado utilizado por el gobierno peronista, fue la Sección Especial de la Policía Federal. En cuánto a los grupos terroristas, los más cuestionados fueron algunos sectores de la Marina de Guerra y los llamados "comandos civiles" o "comandos de hierro", que causaron con sus acciones la muerte de cientos de civiles.

La Sección Especial era la continuación de la que había creado en 1934 Agustín P. Justo, funcionaba en la calle General Urquiza al lado de la comisaría 8* y a ella pertenecían oficiales cuyos nombres serían asociados luego a las torturas que allí se practicaban: Cipriano Lombilla, José Faustino Amoresano, Guillermo Solveyra Casares y los hermanos Juan Carlos Emilio y Luis Amadeo Cardoso. "Enterarse que un detenido había sido llevado a la Sección Especial era tener la seguridad de que sería picaneado o, por lo menos, maltratado, aunque había otros locales policiales en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires con parecida fama, y se sabía que en casi todas las brigadas y delegaciones de la Policía Federal menudeaban esas prácticas, tanto con los detenidos políticos como con los comunes"^{[20] [21]} Entre los casos más conocidos se encuentran los del dirigente laborista Cipriano Reyes, las empleadas telefónicas que no estaban de acuerdo con la conducción oficial del sindicato, el estudiante Ernesto Mario Bravo secuestrado por la policía que casi muere en la tortura mientras estaba desaparecido y cuyo caso fue denunciado por el médico que lo atendió, primero en la Sección Especial y luego en una quinta adonde lo trasladaron. Cuando fue el "caso Bravo" el gobierno:

En el interior del país se recuerda el caso del dirigente sindical Carlos Aguirre, quien en 1949 en el marco de una una huelga de trabajadores del azúcar fue detenido y torturado hasta resultar muerto, por la policía en los sótanos de la Casa de Gobierno de Tucumán.^[20]

Uno de los primeros atentados fue sufrido en 1947 por el dirigente sindical y diputado nacional Cipriano Reyes (1906-2001), integrante inicialmente del bloque peronista pero opuesto a la decisión de Perón de disolver el Partido Laborista junto a los otros dos partidos que habían sostenido su candidatura en 1946, para crear un único partido peronista. En el atentado murió el chofer de Reyes y él mismo resultó herido. Poco después, Cipriano Reyes y otros dirigentes laboristas, fueron detenidos bajo la acusación de estar planeando el asesinato de Eva Perón. Los detenidos fueron severamente torturados por la Policía Federal y condenados en un proceso en el que no se respetaron la garantías de los acusados.^[23] Otros opositores que sufrieron tortura fueron el militantes universitario socialista Luis Vila Ayres y el abogado radical Juan Ovidio Zavala.

La mayoría de los abusos surgieron como contra ofensiva a los ataques de sectores anti-peronistas.

El 16 de junio de 1955 un grupo de civiles y militares, entre los cuales se encontraba el dirigente radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, intentó un golpe de estado que finalizó en el fracaso. En el curso del mismo, los golpistas ordenaron bombardear la Plaza de Mayo, causando la muerte de 364 civiles y más de 800 heridos. El hecho es conocido como el bombardeo de Plaza de Mayo y es una de las masacres más graves de la historia argentina.

Al día siguiente, el 17 de junio de 1955, la policía de la ciudad de Rosario detuvo sin orden judicial a Juan Ingalinella, médico y dirigente del Partido Comunista Argentino (PCA). Ingalinella fue torturado hasta causarle la muerte y su cuerpo fue hecho desaparecer.^{[24] [25]}

Para ese momento el país vivía una situación sumamente conflictiva entre sectores peronistas y anti-peronistas, los peronistas acusaban a los anti-peronistas de participar en complots, actos terroristas e intentos de golpes de estado^[26] por su parte el anti-peronismo acusaba el proceder autoritario del gobierno, el control de los medios de comunicación y las acciones represivas.^[27]

Al final todo concluyo con el derrocamiento de Perón y la instauración de la dictadura militar denominada como Revolución Libertadora, la cual era apoyada por los sectores anti-peronistas, al poco tiempo de instaurada el peronismo fue proscripto y sus simpatizantes perseguidos, torturados y asesinados uno de los casos más claro fueron los Fusilamientos de José León Suárezel cual dejo como saldo final la muerte de 18 militares y 13 civiles ejecutados sin juicio previo.

Luego del atentado terrorista en la Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953 en la que un grupo comando colocó una bomba durante una manifestación sindical organizada por la CGT, que asesinó a 5 trabajadores y dejó más de 90 heridas,^{[28] [29] [30]} sufrieron torturas el radical Roque Carranza -Ministro de Defensa en 1983-^[29] y el demócrata progresista Carlos Alberto González Dogliotti -ambos responsables del ataque-, así como Yolanda J. V. de Uzal y los hermanos María Teresa y Jorge Alfredo González Dogliotti.^{[29] [31] [32]}

Política exterior

El gobierno surgido del golpe de Estado de 1943 había sido visto con profunda desconfianza por los países aliados que consideraban que tenía en su seno elementos fuertemente simpatizantes de la causa del Eje, y fue así que muchos habían sido los países que no reconocieron al nuevo gobierno. La tardía declaración de guerra al Eje, decisión por la que había abogado el Coronel Perón como Vicepresidente de la Nación, fue vista en general como una resolución oportunista que no borraba la imagen que se tenía del gobierno y que no variaba la situación de relativo aislamiento del mundo en que se encontraba el país, al punto tal que la falta de reconocimiento del presidente Farrell impidió que el país estuviera representado en la Conferencia Interamericana que culminó con el Acta de Chapultepec en 1945.

Perón había realizado su campaña electoral reivindicando los objetivos de aquel golpe de Estado y proclamándose heredero de sus ideales y continuó en esa posición durante los primeros tiempos de su mandato, lo que ocasionaba que en el exterior, y principalmente en algunos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos y en la prensa de ese país, se lo siguiera identificando con la imagen proyectada por el gobierno que lo precediera, al punto tal que muchos bregaron para que se impidiera al país participar en la organización internacional que se estaba planificando.

La misión que había realizado en Europa enviado en 1939 por el gobierno había dado a Perón una visión más directa de los acontecimientos que allí se estaban desarrollando tanto en lo relativo a la cuestión social, como al ascenso del intervencionismo estatal y a las relaciones de poder en que se desenvolvía el mundo.

La política exterior de Perón estuvo influida por su opinión de que en el mundo de postguerra Argentina tenía una posición privilegiada en su carácter de gran productora de alimentos que le significaba una oportunidad que debía aprovechar. Como, por otra parte, consideraba inevitable que en un futuro no lejano ocurriera otro conflicto bélico de magnitud, si eso sucedía su posición sería aún más ventajosa.

Por otra parte eran muchos los que tenían la convicción de que Gran Bretaña, con quien Argentina había mantenido una "relación especial" hasta el fin de la guerra, volvería a ascender al nivel prebélico de gran potencia y esto llevaba inevitablemente a una subvaloración del papel de los Estados Unidos como nueva potencia hegemónica mundial. En esto coincidían tanto quienes estaban ligados a los intereses agropecuarios como los nacionalistas dispuestos a sobredimensionar a su tradicional enemigo.

Perón designó como Ministro de Relaciones Exteriores en su primer gabinete al abogado laboralista Juan Atilio Bramuglia de formación socialista y la primera misión que le encargó Perón fue la reinserción de Argentina en el mundo. A poco de asumir el nuevo gobierno abrió el debate acerca de la posición que debía asumir Argentina frente a dos temas cruciales de política exterior, las Actas de Chapultepec y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, al solicitar al Congreso de la Nación que tratara el decreto de adhesión a esos instrumentos.

Los legisladores peronistas asumieron en su mayoría una postura favorable a la adhesión al mismo tiempo que los sectores nacionalistas se alejaban del gobierno ya que estaban en la línea opuesta y realizaban ruidosas manifestaciones solicitando el rechazo. El proyecto de ley tuvo entrada por el Senado, en el cual todos los integrantes eran oficialistas, que el 19 de agosto de 1946 aprobó la ratificación por unanimidad^[33] y pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Allí dentro de los dos bloques había quienes sostenían posiciones distintas que, incluso, podían llegar a provocar alejamientos.

El peronista Joaquín Díaz de Vivar y otros tres diputados del mismo sector presentaron un despacho pidiendo la aprobación de las Actas pero con reservas, otro peronista Eduardo Beretta se pronunciaba por la aprobación lisa y llana y los miembros radicales de la Comisión de Relaciones Exteriores mantenían una posición cercana a la de Díaz de Vivar. El diputado conservador Reynaldo Pastor también objetó la ratificación.

Félix Luna toma las objeciones como muestra del asombroso "irrealismo de los opositores" y de que "la marca de un nacionalismo sin concesiones había impreso profundamente su ideología". Algunas de las expresiones de los diputados Arturo Frondizi, Luis Dellepiane y Ernesto Sanmartino se refirieron a la ONU como "un edificio que se derrumba" (Dellepiane), decían que quedaban en poder de gobiernos extranjeros "nuestras decisiones de guerra y paz, nuestros recursos económicos y hasta el valor de nuestra moneda" (Dellepiane) o afirmaban que con las Actas "podrían llegar a destruirse la formación, no solamente de una conciencia nacional, sino también la formación del país desde los puntos de vista económico, financiero, militar y cultural" (Frondizi).^[34]

En el momento de la votación los opositores se abstuvieron para evitar que se hicieran evidentes sus diferencias internas y los peronistas aprobaron la adhesión con la oposición de siete de sus miembros.

Lo cierto es que el clima en Washington respecto de la Argentina comenzó a cambiar ayudado por la salida del Departamento de Estado de funcionarios que se habían manifestado más críticos de Perón, y el 3 de junio de 1947 en un gesto sin precedentes el presidente Truman invitó al embajador argentino que era el Dr. Oscar Ivanissevich a concurrir a la Casa Blanca donde departió amablemente con la visible ausencia de Braden que dos días después renunciaba.

En forma inmediata y contando con el beneplácito de Estados Unidos el gobierno argentino anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y a continuación inició tratativas comerciales y cerró acuerdos comerciales con Rumania, Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia y Hungría.

El 6 de julio del mismo año Perón en un discurso exponía los principios de la Tercera Posición entre capitalismo y socialismo, mediante la cual se daba a entender que en la naciente Guerra Fría la Argentina no se alinearía de forma automática ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética.

Si bien en la faz discursiva Perón ponía el acento en una Tercera Posición distinta del comunismo y del capitalismo era evidente una diferencia de actitud frente a uno y otro. Si por una parte rechazaba totalmente al comunismo por la otra se declaraba alineado en el bando occidental aunque rechazaba un capitalismo depredador a quien consideraba el responsable indirecto del surgimiento del comunismo.

En 1948 se presentó una oportunidad de lucimiento para la diplomacia argentina cuando el bloqueo soviético a la comunicación por vía terrestre aisló la zona de Berlín ocupada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia obligándola a abastecerse mediante un puente aéreo y subiendo al máximo la tensión entre estos países. Al llegar la cuestión en el mes de octubre al Consejo de Seguridad de la ONU el representante argentino debió asumir la presidencia del mismo reemplazando al de Estados Unidos que, al estar involucrado en el conflicto, no podía conservar el cargo que estaba ejerciendo. Apoyado por una Comisión de Neutralidad formada por los miembros no permanentes la representación argentina encabezada por el canciller Bramuglia realizó una activa gestión mediadora y formuló propuestas que tuvieron incidencia en la resolución del conflicto, recibiendo muchos elogios por parte de los diplomáticos extranjeros.

José Paradiso considera sobre la política exterior del gobierno peronista que: {{cita|"En ocasiones ella ha sido considerada una gran responsable de las desventuras argentinas posteriores, otras veces como la expresión de un razonable pragmatismo cuando no como la otra de un sagaz visionario. Probablemente ninguna de estas versiones sea la correcta, aunque cada una de ellas puede reclamar para sí una parte de la verdad"^[35]

Al mismo tiempo, aún despierta controversias entre los historiadores la acogida en la Argentina de nazis prófugos durante y después de la Segunda Guerra Mundial.^[36]

Igualdad entre hombres y mujeres

Durante el primer gobierno de Perón se produjo un cambio histórico en lo que respecta al reconocimiento de los derechos de la mujer. Se incorporaron al máximo texto jurídico los nuevos derechos sociales como también el voto femenino, que había sido aprobado en 1947, y que reivindicaba a la mujer hasta entonces marginada de la vida política argentina.

El sufragio femenino

En 1947, se sancionó la ley reconociendo a todas las mujeres mayores de 18 años el derecho a votar y ser votadas (sufragio femenino), existiendo recién entonces sufragio universal en la Argentina. El derecho ya había sido reconocido en San Juan por la reforma constitucional de 1927. A nivel nacional, el derecho al voto venía siendo reclamado por las mujeres desde 1907, cuando Alicia Moreau y otras mujeres fundaron el Comité Pro Sufragio Femenino. Sin embargo ni la Unión Cívica Radical ni los conservadores apoyaron institucionalmente el reclamo y los proyectos presentados fueron sistemáticamente rechazados.

Sin embargo las resistencias al sufragio femenino no estaban ausentes tampoco en el peronismo. En ese sentido Eva Perón (Evita) jugó un papel importante. Luego del 17 de octubre de 1945, a propuesta de Evita, Perón desde su cargo de Vicepresidente, intentó sancionar la ley del voto femenino. Sin embargo las resistencias tanto dentro de las Fuerzas Armadas en el gobierno, como de la oposición, que alegaba intenciones electoralistas, frustraron el intento.^[37] También influyó el hecho de que la influencia de Evita dentro del peronismo era relativamente débil antes del 24 de febrero de 1946.^[38]

Luego de las elecciones de 1946, Evita comenzó a hacer abierta campaña por el voto femenino, a través de mitines de mujeres y discursos radiales, al mismo tiempo que su influencia dentro del peronismo crecía. El proyecto de ley fue presentado inmediatamente después de asumido el gobierno constitucional (1 de mayo de 1946). A pesar de que era un texto brevísimo en tres artículos, que prácticamente no podía dar lugar a discusiones, el Senado recién dio media sanción al proyecto el 21 de agosto de 1946, y hubo que esperar más de un año para que la Cámara de Diputados sancionara el 9 de septiembre de 1947 la Ley 13.010, estableciendo la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres.^[39]

Igualdad jurídica en el matrimonio y la patria potestad

La igualdad política de hombres y mujeres, se complementó con la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida que garantizó el artículo 37 (II.1) de la Constitución de 1949. El texto fue directamente escrito por Eva Perón. En 1955 la Constitución fue derogada, y con ella la garantía de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en el matrimonio y frente a la patria potestad, reapareciendo la prioridad del hombre sobre la mujer. La reforma constitucional de 1957 tampoco reincorporó esta garantía constitucional, y la mujer argentina permaneció discriminada legalmente hasta que se sancionó la ley de patria potestad compartida en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Reformas sociales

Entre otras reformas sociales y políticas, durante su primer gobierno Perón derogó la ley que establecía la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos, y compró a nombre del estado, de capitales extranjeros, en su mayoría Ingleses, los ferrocarriles creando la empresa Ferrocarriles Argentinos (1948). Se estableció el monopolio estatal del comercio exterior mediante el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) y se desarrolló un amplio plan de viviendas para trabajadores. En 1951 comenzó a transmitir LR3 Televisión Radio Belgrano, actualmente llamado Canal 7.

Durante el primer gobierno peronista "el componente salarial del ingreso nacional superó, por primera vez en la historia, a la retribución obtenida en concepto de ganancias, intereses y renta de la tierra. En 1948 aquel ascendía a 53% contra 47% de éste, lo que se comparaba favorablemente con la situación imperante sólo un lustro atrás, cuando los trabajadores percibían 44,4% y los empresarios, capitalistas y rentistas recibían 55,6%".^[40]

Reforma constitucional

Asimismo durante el primer gobierno de Perón se reformó la Constitución Nacional en 1949 incorporándose los derechos laborales y sociales (Art. 37) que caracterizaron al constitucionalismo social y las bases jurídicas para expropiar grandes empresas monopólicas (Art. 40). Al mismo tiempo se establecía la reelección presidencial indefinida (Art. 78). Esta Constitución sería derogada por una proclama del régimen militar que derrocó al gobierno peronista.

Referencias

Véase también

• Juan Domingo Perón

Enlaces externos

• La primera presidencia de Peron (1946-1952)