El domingo 26 de noviembre de 1989, en simultánea con las elecciones generales de Uruguay, se realizó un plebiscito pro reforma constitucional que aseguraba incrementos en las jubilaciones.

Historia

Esta iniciativa partió de numerosas agrupaciones de jubilados y pensionistas, que habían visto sus pasividades sistemáticamente recortadas, tanto durante la dictadura cívico-militar como en los primeros años de restauración democrática. El Banco de Previsión Social, otrora próspero, se había ido convirtiendo cada vez más en una institución insolvente, debido a múltiples factores: desfinanciación, pésima cantidad de trabajadores aportantes por pasivo, exceso de jubilaciones de privilegio, etc.

Así, los impulsores procuraron un mecanismo que garantizase la indexación de los aumentos jubilatorios al aumento medio de los salarios. Otro aspecto importantísimo a destacar, es la financiación de las pasividades: si no alcanza con lo recaudado por concepto de aportes a la Seguridad Social, el Estado deberá asistir financieramente al BPS (es decir: recaudar impuestos para pagar jubilaciones y pensiones).^[1]

Partidarios y detractores

Entre los promotores cabe destacar a Luis Colotuzzo, Mario Cantón y Ernesto Murro.

De los sectores políticos que apoyaron esta reforma, cabe mencionar a todo el Partido Nacional, el pachequismo, los legisladores colorados Manuel Flores Silva y Víctor Vaillant, el Frente Amplio en su casi totalidad y el Nuevo Espacio. Notorios opositores fueron el presidenciable Jorge Batlle Ibáñez (quien pagó con una dura derrota esta postura), los demás sectores alineados con la Lista 15, Libertad y Cambio, y el MPP (este sector motivó su oposición en el hecho de que las jubilaciones de privilegio no iban a ser topeadas con esta reforma).

Resultado

El resultado del plebiscito fue ampliamente favorable a la reforma, 4 de cada 5 ciudadanos le dieron su respaldo.

Consecuencias

Cuando asumió el candidato ganador Luis Alberto Lacalle, una de sus primeras leyes fue de ajuste fiscal; se menciona a esta reforma jubilatoria como una de sus causas.

De todos modos, una consecuencia positiva que acarreó la reforma, fue que contribuyó a la distribución del ingreso, con un incremento del nivel de vida de la tercera edad en el Uruguay. El gasto en seguridad social, del 11% del PBI en 1990 pasó al 17% en 2001.^[2]

Referencias

Enlaces externos

• Reforma Constitucional de 1989
• Reforma del Estado y cambios institucionales en el Uruguay de los noventa