Udalbiltza

Udalbiltza

Udalbiltza (acrónimo de Euskal Herriko Udal eta Udal Hautetsien Biltzarra, Asamblea de Municipios y Electos Municipales de Euskal Herria, en euskera) es una asociación de cargos electos municipales que fue creada por los partidos nacionalistas vascos firmantes del pacto de Estella en 1999, agrupando a alcaldes y concejales de las siete provincias vascas que, según el nacionalismo vasco, conformarían Euskal Herria: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, en el lado español, y Labort, Baja Navarra y Sola, en el lado francés.

Historia

Tras una primera reunión de 666 alcaldes y concejales en el cine Carlos III de Pamplona en febrero de 1999, la institución como tal se constituyó en el palacio Euskalduna de Bilbao el 18 de septiembre de 1999, con la asistencia de 1.778 cargos electos municipales procedentes de las siete provincias vascas. En dicha asamblea se decidió por consenso iniciar una nueva andadura institucional en torno a cinco principios programáticos resumibles en dos: por un lado la reivindicación de Euskal Herria como nación, y a toda su ciudadanía y a la nación en si como sujetos de pleno derecho; y por otro lado, el fomento, a través de la labor institucional de base municipal, de políticas comunes de desarrollo entre los municipios de todos los territorios vascos, en aras de cohesionar las políticas de las distintas provincias en áreas tales como la normalización lingüística, el desarrollo socio-económico, la organización y planificación territorial, la defensa de los derechos democráticos, la enseñanza, el deporte, el fomento cultural, etc.

Se organizaron los representantes municipales en distintas áreas de trabajo, y comenzaron a elaborar un Plan de Gestion para el año 2000. La elaboración y aprobación de dicho plan corrió a cargo de la primera Comisión Permanente de Udalbiltza, compuesta por 7 representantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), 3 de Eusko Alkartasuna (EA), 4 de Euskal Herritarrok (EH) y 1 de Abertzaleen Batasuna (AB). Fue una primera etapa muy marcada por la ruptura de la tregua por parte de ETA. A pesar de ello, el primer plan de gestión de Udalbiltza se aprobó en primavera de 2000. Posteriormente, el distanciamiento se hizo cada vez mayor entre los representantes de los diferentes partidos, asi como el desacuerdo entorno al papel que debía desempeñar la recién nacida institución en una nueva y difícil coyuntura marcada por el reinicio de las acciones armadas por parte de ETA. Los electos representantes del PNV y de EA crearon por su cuenta un nuevo órgano directivo, el Consejo de Dirección, del que excluyeron a los representantes de Euskal Herritarrok por haberse abstenido en la votación en torno a un comunicado "condenando las acciones armadas de ETA".

Ante esta situación de bloqueo, en otoño del año 2000, el Plan de Gestión aprobado en primavera no había fructificado, y los compromisos aprobados por Udalbiltza en el inicio de su andadura habían quedado todos como tareas pendientes. Fue por ello por lo que alrededor de 300 cargos electos municipales, la mayoría de la izquierda abertzale, apoyados por varios independientes y representantes de EA y AB, se reunieron de nuevo en Pamplona para solicitar a la Comisión Permanente que "retomara su labor, sin ningún tipo de discriminación hacia ningún representante municipal, y que convocara una nueva Asamblea General que recondujera la situación". Paralelamente, este colectivo de electos municipales constituyó una asociación denominada Udalbiltzaren Alde (A favor de Udalbiltza), cuyo objetivo era que la institución retomara sus labores "por encima de las diferencias entre partidos, y cara a favorecer un nuevo contexto de paz y democracia".

Mientras tanto, la organización compuesta por electos del PNV y EA mantuvo el nombre "Udalbiltza", pero comenzó a utilizar la denominación "Udalbiltza-Udalbide" o simplemente "Udalbide". No hubo respuesta hacia las solicitudes de Udalbiltzaren Alde. En enero de 2001, se reunieron las firmas de 920 cargos electos municipales a favor de que se convocara una Asamblea General de Udalbiltza. Dicha asamblea habría de ratificar los principios programáticos aprobados en setiembre de 1999 en el Euskalduna, y aprobar un plan de Gestión para el 2001 basándose en el anteriormente aprobado para el 2000 y que no se había visto realizado. Dicha asamblea tuvo lugar el 24 de febrero de 2001 en el palacio Kursaal de San Sebastián, y a la misma acudieron 780 concejales y alcaldes de todos los territorios vascos.

A partir de ese momento se puede hablar de la existencia de dos sensibilidades y dos praxis en torno a un mismo eje programático inicial.

Basándose en la financiación a través de partidas presupuestarias aprobadas en pleno por los diferentes ayuntamientos representados en Udalbiltza, ésta colaboró con los más diversos proyectos de desarrollo nacional vasco, bien subvencionando proyectos de agentes públicos o privados de diferentes territorios (medios de comunicación en euskara, centros de enseñanza en euskara en los territorios franceses, asociaciones de fomento cultural o lingüístico, etc.), o bien promoviendo como institución nuevos proyectos. Por citar algunos: la elaboración de la primera base de datos estadística que aunaba las estadísticas de la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral Navarra, y los datos de las tres provincias del País Vasco francés (Euskal Herria datuen talaiatik - Euskal Herria desde el observatorio de los datos); la Declaración de Nacionalidad Vasca (Euskal Herriko Naziotasun Aitormena o EHNA), como documento identitario de tramitación voluntaria; la elaboración a través de la implementación de metodología participativa de la Carta de Derechos de Euskal Herria (con una carta general de derechos civiles y políticos, y otras cinco cartas de derechos sectoriales); o la creación del Fondo de Cohesión y Desarrollo de Euskal Herria, como organismo autónomo que tenía como primer objetivo la promoción de nuevos proyectos empresariales y culturales en Sola (el territorio más al este del país, el menos poblado y el más deprimido económicamente). En diciembre de 2002 se celebró en San Sebastián la Conferencia por los Derechos de los Pueblos, promovida por Udalbiltza, a la que acudieron más de 150 ponentes y representantes institucionales y académicos de los cinco continentes.

El 29 de abril de 2003, en vísperas de elecciones municipales, la Audiencia Nacional de España a través del magistrado instructor Baltasar Garzón ordenó la detención e ingreso en prisión de 13 concejales y/o trabajadores miembros de Udalbiltza. Asimismo, precintaron las sedes de la institución en Pamplona, Bilbao y Astigarraga y bloquearon las cuentas tanto del Consorcio Udalbiltza (la figura jurídica adoptada por la institución pública) como del organismo autónomo Euskal Garapen eta Kohesio Fondoa. Se dictó, además, la suspensión de actividades para Udalbiltza. Posteriormente, en mayo, se ordenó el ingreso en prisión de otros tres representantes de Udalbiltza (entre ellos el presidente de la institución y entonces alcalde de Ondarroa), tras haber sido citados a declarar y haber acudido a la Audiencia Nacional. En junio detendrían a otro representante más de la institución, en esa ocasión además de labortano de ciudadanía francesa. Todas estas personas permanecieron en prisión hasta abril de 2004. Ese mismo año se dictó el auto de procesamiento contra un total de 22 miembros de Udalbiltza (los anteriormente encarcelados y otros más).

En septiembre de 2007, se levantó la suspensión de actividades para Udalbiltza, pero tres días después, el 12 de septiembre, se dieron a conocer las peticiones fiscales definitivas para los 22 encausados: el ministerio fiscal solicitó 10 años de prisión por delito de integración en banda terrorista para todos ellos, y 5 años más para cuatro de los encausados por un delito de malversación de fondos públicos; la asociación Dignidad y Justicia solicitó penas de entre 15 y 23 años por las mismas causas.

El juicio oral contra Udalbiltza se llevó a cabo entre el 15 de julio y el 26 de octubre de 2010. Finalmente, todas las personas encausadas fueron absueltas en sentencia de la Audiencia Nacional el 20 de enero de 2011. Según dicha sentencia, la tesis de la acusación quedaba "reducida" a la coincidencia o adhesión ideológica de los procesados con "algunos de los objetivos políticos que los terroristas proclaman como justificación de su conducta criminal, lo que, por sí, no constituye delito alguno" y "sería suficiente para dictar sentencia absolutoria", puesto que "en un estado democrático quedan fuera del ámbito penal la acción política y las opiniones y manifestaciones ideológicas, gusten o no, sean mayoritarias o minoritarias, sean compartidas o no".[1] [2]

Referencias

Enlaces externos


Wikimedia foundation. 2010.

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