Juan Manuel Fernández-Campero

Juan Manuel Fernández-Campero

Juan Manuel Fernández Campero y Esles ( o Hesles) fue un militar español, y funcionario de la Corona Española en el Perú y en el Tucumán colonial (1725-1791).

Contenido

Biografía

Juan Manuel Fernández Campero nació en Abionzo, Provincia de Cantabria, el 9 de noviembre de 1725. Era hijo de Gabriel Fernández Campero y de Ana Hesles Gutiérrez de la Concha, nacida en Villacarriedo en la misma región cántabra. Los antecedentes documentales existentes en su foja de servicios y en su expediente personal en el Archivo de la Orden de Santiago, documentan una genealogía familiar, en la cuál los matrimonios endógamicos entre los miembros de las familias Fernández Campero, se traducían en una tupida red de parentesco, con notables incidencia en el destino público de muchos de sus miembros. Por ejemplo, su abuela paterna fue María Hesles Campero de Sorrevilla, mientras que su padre poseía grados de parentesco cercanos con los Marqueses del Valle de Tojo, ( o Marquesado de Yavi, en la acepción historiográfica argentina), con miembros de la Familia Campero de Tucumán y con la Familia Güemes Campero instalada en el Río de la Plata y en el Virreinato de Nueva España.

Llegó al Perú en 1752, bajo la protección de su tío Gabriel de Hesles, secretario del Virrey del Perú. Inició su carrera, como corregidor de Quispicanchis en el Perú, donde se casó con Juana de Ugarte en 1757.Enviado a Madrid por el Virrey del Perú en misión oficial, regresó al Río de la Plata con la expedición del gobernador de Buenos Aires, Pedro de Cevallos entre 1761-1762, tomando parte en la toma de la Colonia del Sacramento, y en virtud de su desempeño, Cevallos lo recomendó al Rey Carlos III de España, para el cargo de gobernador del Tucumán. La Real Cédula de 1763 lo designó en ese cargo tomando posesión del gobierno de la extensa provincia de Tucumán en la ciudad de Córdoba, el 20 de febrero de 1760.

Gobernador de Tucumán y la expulsión de la Compañía de Jesús

La toma de posesión del cargo de gobernador por parte de Fernández Campero, coincidió con la designación en la sede diocesana de Córdoba del Tucumán, del obispo Manuel Abad Illana, un fuerte partidario del regalismo en lo referente a la administración de la Iglesia Católica en la región del Río de la Plata. Convertido en un aliado de Fernández Campero, ambos intentaron desde su cargo imponer reformas en la administración colonial en la línea del reformismo borbónico defendido por el Conde de Aranda, Campomanes o Gaspar de Jovellanos. El reformismo sostenía las ideas del desarrollo del comercio y la industria de la metrópoli, sobre la base de los recursos existentes en las posesiones americanas de la Corona española. Esta política chocó contra las estructuras corporativas, familiares y con el conglomerado de intereses político-económicos existentes en las ciudades de Córdoba, San Miguel de Tucumán, pero principalmente en las antiguas ciudades de Salta y Jujuy, en dónde las élites coloniales de españoles nativos y criollos propietarios, se abroquelaron en sus instituciones vecinales, los cabildos, para combatir las iniciativas de Fernández Campero y sus aliados.

El primer conflicto de importancia aconteció en 1764, cuando Juan Manuel Fernández Campero, determinó realizar una "entrada" hacia el Chaco, para detener los ataques indígenas que arreciaban en la frontera oriental de Santiago del Estero y Córdoba, y que las misiones jesuíticas de Córdoba se habían visto imposibilitadas de detener. Para solventar esta avanzada militar ordenó el cobro del impuesto "ramo de sisa" con de imposición tanto para eclesiásticos como para seculares. Esta medida provocó que la Compañía de Jesús alegara privilegios especiales otorgados por la Corona, para no pagar dicho impuesto, a lo que Fernández Campero respondió desconociendo las exenciones. El gobernador Fernández Campero alegó competencia desleal del comercio del aguardiente producido por las estancias jesuíticas de San Juan y Mendoza, lo que perjudicaba por su precio menor a los productores particulares de la Gobernación del Tucumán. La influencia de los jesuitas se hizo patente para frenar la medida, pues acudieron al Virrey del Perú, quien desautorizó al gobernador y revocó el cobro del impuesto a los jesuitas.

Otro incidente entre Fernández Campero y los Cabildos, sucedió cuando el gobernador tomó los fondos de las Reales Cajas de Córdoba para financiar su campaña, lo que le valdría la posterior acusación de que los mismos fueron despilfarrados. El Cabildo de Córdoba se reunió desafiando la autoridad del gobernador y levantó la primera denuncia sobre el cobro del ramo de sisa.Esta ola de protestas y de oposición al gobernador Fernández Campero se replicó en los cabildos de Salta y Jujuy, en donde su administración comenzó a ser contestada con una inusitada virulencia, orquestada por la Compañía de Jesús.

En 1766 llegó a Buenos Aires, Francisco de Bucarelli y Ursúa, con la designación de gobernador y con la misión de monitorear la expulsión de los jesuitas del territorio del Río de la Plata conforme a la Pragmática de Carlos III expedida el 27 de febrero de 1767. Su cumplimiento debía realizarse con el más estricto secreto. En Paraguay y Buenos Aires la orden de expulsión fue cumplida por el propio Bucarelli, mientras que Fernández Campero fue designado para llevarla a cabo en Tucumán, con la excepción de la ciudad de Córdoba a raíz del conflicto entre el cabildo y el gobernador. El gobernador convocó al obispo Illama y ambos coordinaron la expulsión de los jesuitas de Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán y Salta. En medio de este proceso, el Cabildo de Córdoba logró que la Audencia de Charcas incoara proceso contra Fernández Campero por la malversación del ramo de sisa, enviando a Juan Antonio Zamalloa para adoptar las medidas necesarias tendientes a ello. La Audiencia de Charcas estaba presidida por el pro-jesuita y enemigo declarado de Campero, Victoriano Martínez del Tineo.

La expulsión de los jesuitas implicó que sus bienes fueran puestos bajo la custodia y la administración de la Corona, en la llamada "Junta de Temporalidades", medida que adoptada por Campero motivó fuertes denuncias en Tucumán y en Salta. Los partidarios de los jesuitas adujeron que parte de los bienes del Colegio de Salta habían sido traspasados al patrimonio personal de Fernández Campero, aumentando de este modo las acusaciones ante la Audiencia de Charcas,la cuál poseía la potestad para juzgar y detener al gobernador.Zamalloa decidió detener a Fernández Campero, mientras éste se encontraba en la frontera del Chaco salteño inspeccionando la línea de fuertes. Ante la inminencia de su detención, el gobernador decidió avanzar hacia San Salvador de Jujuy, con parte de sus partidarios, provocando que la población de la ciudad se armase para resistir el embate del gobernador, acudiendo en su ayuda el teniente de gobernador de Salta, Francisco Toledo Pimentel, quien finalmente apresó al gobernador en la Hacienda de La Calera. Desde allí fue conducido a la Ciudad de La Plata, adonde llegó el 9 de enero de 1768.

Esta acción fue considerada por Bucarelli como un alzamiento contra la Corona, con el agravante de que la recientemente expulsada Compañía de Jesús había actuando a través de sus partidarios. El Virrey del Perú, ordenó a la Audiencia de Charcas la reposición de Campero en su cargo, provocando un inesperado cambio de opinión de los vecinos de Córdoba, San Miguel de Tucumán, Salta y Jujuy a favor del gobernador. Sin embargo, este triunfo de Fernández Campero no significó que el Virrey del Perú confirmara todo lo actuado, ya que sus medidas, imbuídas del reformismo borbónico, habían provocado un grave estado de sedición en la región del Tucumán y en sus ciudades principales. Campero fue cesado en sus funciones de gobernador en septiembre de 1769 y reemplazado por Gerónimo Matorras, un comerciante español, mientras continuaba al frente de la Junta de Temporalidades. En este cargo continúo teniendo fuertes enfrentamientos con el nuevo gobernador. En 1770, Juan Manuel Fernández Campero se trasladó a Buenos Aires en donde el gobernador, Juan José de Vértiz, lo encarceló mientras se investigaba su conducta al frente de la Junta de Temporalidades. Esta segunda arremetida contra su persona era la prolongación de los "tumultos" de Tucumán los años anteriores. Fue remitido a la Península en 1773, mientras el Consejo de Indias inició las actuaciones del caso, sometiéndolo a un sonado juicio de residencia, mientras que los oponentes a Fernández Campero en el Río de la Plata, Juan Bárcena (líder de los cabildantes de Córdoba), Juan Antonio Zamalloa y Francisco Toledo Pimentel, fueron detenidos y remitidos a Madrid para ser juzgados por alzamiento contra la autoridad real.

El Consejo de Indias en su dictamen final de 1776 declaró que: de donde resulta lo poco fundado de cuanto se acrimina a Campero sobre la Sisa cuyo examén toca al Consejo de Indias y no hay motivo para molestarle sobre este particular, ni prevalerse de él para autorizar sus émulos otro atentado. Con relación a la expulsión de los Jesuitas, el Consejo de Indias reconoció la torpeza de Fernández Campero frente a la oposición de los partidarios de estos, sin embargo declaró que su actuación había sido conforme a lo dictado por la Corona y que su administración de los bienes incautados había sido honesta, desmontando de éste modo, los rumores arrojados sobre su honor y su honra.

Juan Manuel Fernández Campero fue absuelto y honrado con el hábito de la Orden de Santiago. Regresó al Perú en 1780 como corregidor de Chucuito y participará en la defensa del Cuzco sitiado por Túpac Amaru. Enviado por el Virrey a Madrid para entregar los partes oficiales de la rebelión, fue impedido de regresar al Perú por tener que hacerse cargo de la denuncia contra sus cuñados, los Ugarte, acusados de sedición por haber recibido una carta del mismo Túpac Amarú, invitándolos a sumarse a la rebelión.Falleció en Madrid, en 1791. Uno de sus hijos, Mariano Campero y Ugarte sería un famoso oficial realista que intervendría en la guerra de la Independencia del Perú y que terminaría siendo Ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Peruano-Boliviana, bajo el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz.

Enlaces externos

Bibliografía

  • Lorandi, Ana María, "Poder Central,poder local, funcionarios borbónicos en el Tucumán Colonial, un estudio de antropología política", Editorial Prometeo libros, Buenos Aires, 2008, ISBN 978-987-574-252-9.

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