El Desafuero de Andrés Manuel López Obrador es uno de los procesos legales más famosos en la historia mexicana reciente. Éste ocurrió durante los años 2004 y 2005. Los preparativos, sus causas y su desenlace fueron uno de los temas más polémicos en la sociedad de ese país.

Siendo jefe de gobierno del Distrito Federal desde 2000, López Obrador tenía, como muchos otros funcionarios de su nivel en México, inmunidad jurídica (fuero constitucional); es decir, no podía ser sujeto a un proceso administrativo o penal a menos que el Congreso de la Unión, por alguna excepción, decidiera retirárselo.

En 2004 se responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado años atrás por gobiernos anteriores. Aunque los trabajos fueron suspendidos, se alegó que el cumplimiento de la orden había sido dilatorio y se responsabilizó directamente a López Obrador por ello.

El gobierno federal encabezado por Vicente Fox solicitó, por medio de la Procuraduría General de la República, un juicio de desafuero al Congreso de la Unión, para que López Obrador respondiese ante la justicia por sus presuntas responsabilidades.

El tema levantó una honda polémica en la opinión pública. Una mayoría significativa consideró el proceso de desafuero como una maniobra política para eliminar la posibilidad de que López Obrador fuese candidato a la presidencia de la república en 2006, ya que, aun si se lo declaraba inocente, el jefe de gobierno no podría registrarse como candidato mientras durase el proceso, que se vislumbraba largo. El gobierno federal y los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, por su parte, mantuvieron su posición la mayor parte del tiempo, aludiendo a la defensa de la legalidad.

El desafuero se consumó el 7 de abril de 2005. Como consecuencia se produjeron grandes manifestaciones populares en rechazo y el presidente Vicente Fox terminó por anunciar la marcha atrás de su gobierno en proceder contra López Obrador.

Contenido 1 Antecedentes 2 Normatividad 3 Caso del Encino 4 El voto en la Cámara de Diputados 5 Contexto político 6 Contexto político general 7 Cronología 8 Consecuencias 9 Opiniones 10 Enlaces externos

Antecedentes

Este proceso fue originado por un dueño de tierra que demandó al gobierno del distrito federal sobre la base de expropiación incorrecta de una parte de tierra llamada El Encino. Este caso explotó en las manos de López Obrador (AMLO) en el 2005, cuando un voto en la cámara de diputados levantó su inmunidad constitucional contra cargos criminales.

Si oficialmente se hubiese llevado en efecto, él habría perdido todos sus derechos civiles, incluyendo el derecho para postularse candidato a la presidencia en el 2006, a menos que lo absolvieran rápidamente de todos los cargos o se las hubiese arreglado para servir su posible encarcelación antes del plazo electoral de registro. El 27 de abril, 2005, el presidente Vicente Fox anuncio cambios en su gabinete, con una nueva evaluación del caso legal en contra de AMLO y los cambios legales así como los derechos civiles se suspenden solamente cuando es encontrado culpable.

Fox y López Obrador se reunieron la primera semana de mayo del 2005, como parte de los esfuerzos de calmar el clima político. El nuevo Procurador General de la República encontró una manera de evitar procesar a López Obrador, pero dependió de la aprobación de la compañía privada que primero le demandó.

Normatividad

El artículo 111 de la Constitución de México indica que la mayoría de los funcionarios elegidos de alto nivel no pueden ser procesados por las ofensas criminales mientras sea legislador sin mayoría de votos de la Cámara de Diputados e indiquen que hay argumentos para el procesamiento. Este privilegio se confunde generalmente con la libertad de la protección de discurso concedida a los miembros del congreso por el artículo 61, conocidos como fuero (de la palabra forum en latin), a este proceso se le conoce como desafuero. Puesto que la inmunidad del procesamiento criminal se confunde casi universal con el fuero, ambos términos serán utilizados alternativamente.

Si la cámara de diputados vota en negativa, el procesamiento puede ocurrir cuando el funcionario deja su puesto, pues los diputados no votan sobre la acusación síno solamente si entienden que hay una creencia razonable que el crimen fue perpetrado.

Si votan en favor, el funcionario puede ser procesado. Una ley secundaria indica que en este caso el funcionario pierde su oficina inmediatamente.

La constitución asigna que por mandato los gobernadores del estado están sujetos a los congresos de sus respectivos estados; en este caso el Distrito Federal no es un estado.

Quien está en proceso criminal tiene sus derechos políticos suspendidos (el 38.o artículo) así que él no puede ejercer su derecho a alguna candidatura o ejercer sobre una, por lo menos temporalmente. Todos los candidatos a la elección presidencial en julio del 2006 se les requería postularse a más tardar del 15 de enero del 2006, aunque la ley permite un cambio del candidato hasta mayo del mismo año.

El sistema legislativo no ha sido probado en casos como este, y el caso especial del Distrito Federal (el cual no es un estado; hasta hace poco tiempo fue gobernado por un jefe de servicio designado por el presidente; tiene una asamblea legislativa que no esta en el congreso del estado) el cual conduze todas las alegaciones y controversias legales al Tribunal Supremo.

Caso del Encino

López Obrador corrió exactamente ese riesgo. El 9 de noviembre, 2000, Rosario Robles, su precursor, exproprio un terreno de una característica más grande llamada “EL Encino”, santa fe, Cuajimalpa, para construir una vía de acceso para un hospital privado. El dueño demandó al gobierno el 11 de marzo, 2001, y fue concedida una orden judicial federal salvo la construcción adicional hasta que la materia fue colocada en definitiva, pues previno el acceso del dueño su propia característica. Según querellantes, López Obrador desatendió con conocimiento esta orden varias veces, una ofensa criminal de menor importancia. Por agosto, el juez encontró los trabajos continuados, así que él solicitó al Procurador General de la República federal hacer una investigación y tomar las medidas necesarias para traerlo en conformidad. El Procurador General de la República federal no tenía ninguna opción pero proceder. Varios meses pasaron, en parte porque hasta épocas recientes las cortes echaron a un lado generalmente con el gobierno en casos de la expropiación y por lo tanto el caso cubre la tierra desconocida, y en parte porque era un paso tan extraordinario. Antes del 17 de mayo, 2004, el Procurador General de la República no podría guardar el procrastinar (si no él sería procesado) y anunciado él solicitaría el retiro de la inmunidad de AMLO, que él hizo dos días más adelante. Muchos meses de acusaciones mutuas más adelante, y se hizo evidente que el 2005 sería un año decisvo para el caso.

Lo procesarían formalmente en cuestión de días después de perder su inmunidad; en el caso él habría tenido que ser relevado de todos sus cargos antes del 15 de enero, 2006 si él deseaba correr para la presidencia (aunque la ley permite cambios del candidato hasta mayo). López Obrador había indicado varias veces que él renunciaría a todos los medios legales disponibles para poder seguir siendo libre hasta que un veredicto se diera, yendo a la prisión cuando el proceso comenzara y haciendo campaña de allí. Él también indicó que él sería su propio abogado en su proceso penal (el tiene estudios en ciencia política y administración pública) aunque él recibiría asesoramiento jurídico a través de dos diferentes abogados. Su partido cambió sus estatutos para permitir que él se hiciera candidato mientras que estuviese encarcelado.

Como parte de su campaña antes del voto de los diputados, él organizó reuniones totales en lugares públicos para ejercer presión sobre el voto en su favor y hacer las entrevistas de los medios que comparaban su proceso como las sostenidas contra el activista revolucionario mexicano Francisco I. Madero o Martin Luther King de los derechos civiles en los E.E.U.U., insistiendo en que era una conspiración llevada a cabo por el presidente anterior salinas y el actual presidente Fox.

Un hecho que fue perdido a pesar de aparecer documentos oficiales que así era, al parecer, López Obrador rechazó seguir la orden judicial salvo la construcción adicional de accesos al hospital del ABC porque ellos lo demandaron y tendría que pagar una suma de 37 millones de dólares si los accesos no fueran acabados antes del plazo. Su gobierno vendió al parecer la tierra para construir el hospital pero por alguna razón, en el acuerdo con el hospital, tal tierra fue intercambiada para otra. La tierra nueva no tenía ningún acceso, haciéndola inútil; el hospital demandó el gobierno de AMLO. Es desconocido en este momento si el gobierno de AMLO cometió una ofensa financiera en vista de esto.

El voto en la Cámara de Diputados

A pesar de su defensa vigorosa, el proceso no podría ser parado y López Obrador perdió la primera batalla en un voto restricto por una comisión de cuatro diputados el 1 de abril, 2005, abriendo la puerta para que la cámara de diputados completa votara seis días más adelante para quitar su inmunidad después de oír sus argumentos y las discusiones del proceso. Este voto restricto de la comisión, programada originalmente dos días antes, decidido que era una creencia razonable que el crimen fue hecho por tres votos a uno. La cobertura de medios del voto preliminar era pequeña, debido al fallecimiento inminente de papa John Paul II (él murió el día siguiente). Esto incito aLópez Obrador para expresar (horas antes de que el papa muriera) sus preocupaciones por lo que él vio como cobertura mínima de su proceso del desafuero, pero “horas y horas” de la cobertura especial en la condición de la salud del papa. ” (Los medios dijeron solamente que) López Obrador perdió tres a uno, como si fuera un unjuego de fútbol ", él dijo, que expresaba sus miedos de una vuelta a una época en la que los medios, especialmente la televisión, fueron subordinados del gobierno.

El 7 de abril, del 2005 Obrador fue a la cámara de diputados a presentar su caso. La atención cuando la sesión comenzó fue divulgada que solo fueron 488 de 500 diputados, pero al parecer uno de los diputados llegó demasiado tarde para votar. Después de una sesión larga donde AMLO acusa al presidente Fox de estar detrás del proceso, la cámara de diputados votó por 360 a 127 (con dos abstenciones) para levantar la inmunidad constitucional de AMLO contra el proceso. Una ley secundaria indica que en casos como este, él es relevado inmediatamente de su cargo. La asamblea local de representantes (del districto federal no tiene ningún congreso mientras que su estado está en alguna parte entre un estado y un condado), con una mayoría de los miembros de PRD (partido de AMLO) ha rechazado reconocer la validez de este proceso. Esto será relevante al futuro de la ciudad, pues son la que está dada derecho legalmente a nombrar el sucesor de AMLO.

Contexto político

El desafuero es un proceso legal y político (es la cámara de diputados, cuerpo eminentemente político, que decide el resultado) y como tal, por lo menos algunas consideraciones políticas jugaron un papel en las consideraciones legales al decidir si López Obrador. Había reacciones políticas en contra y a favor del proceso a principios de 2004, culminando en abril de 2005 cuando López Obrador vio su inmunidad constitucional levantada.

Contexto político general

El proceso del desafuero comenzó y recolectó ímpetu durante la segunda mitad de la presidencia de Vicente Fox, caracterizada por un sentido cada vez mayor de un vacío mientras que el actual ex presidente fue percibido cada vez más por la sociedad mexicana y los agentes políticos como “pato cojo” incapaz de empujar la agenda ambiciosa de la reforma que lo llevo al poder en el 2000. La presidencia de fox también fue sitiada por defectos del gabinete y el renombre cada vez mayor de López Obrador, que funcionaba perceptiblemente delante de él resto de los candidatos probables en todas las encuestas presidenciales de la elección y pareció ser inmune a los escándalos políticos que implicaban su círculo interno.

• Reacciones políticas y sociales a favor del desafuero

El caso político del desafuero fue defendido principalmente por el gobierno federal, el Partido que gobernante Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En su cara, su discusión principal era la aplicación completa de la ley. Esta discusión resonó con muchos sectores de sociedad acostumbrados de largo para sufrir la aplicación selectiva de la ley según consideraciones políticas o económicas. A otros, sin embargo, esta discusión sonó en hueco debido a la carencia del proceso de varios escándalos financieros multi-millonario que implicaban a miembros prominentes del PRI y, en un grado inferior, al PAN.

Hacia el final del proceso del desafuero, en medio de la opinión de aumento de su politización, esta discusión llegó a ser menos sostenible, en última instancia la ayuda para el desafuero que venía casi exclusivamente de los militants del PRI y del PAN.

• Agentes políticos y reacciones contra el desafuero

las discusiones contra el desafuero vinieron, por lo menos al principio, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otros miembros y militants de López Obrador de la izquierda política mexicana. Por 2005 AMLO tempranamente promovió diversas formas de protesta contra el desafuero: carteles que no declaraban “no al desafuero de AMLO” o lemas similares, vistos sobre todo en las marchas, haciendo un censo de los movimientos políticos y de los pueblos que quieren demostrar su ayuda para López Obrador, diversos actos políticos por su partido, el PRD.

La estrategia de los medios de López Obrador era poner en contraste su proceso con el de las matanzas atribuidas a los gobiernos anteriores como la de tlatelolco en 1968 y a los escándalos financieros (1994-1995) donde no se hizo casi ningún encarcelamiento (pero las multas pesadas fueron aplicadas lo último), y acentuar su estado como líder en las encuestas. él también se comparó con Francisco I. Madero, candidato político en 1910 quién fue encarcelado por dictador Porfirio Díaz e hizo eventual líder de la revolución mexicana y el presidente siguiente. Él también se ha comparo con los activistas internacionales de las derechas civiles que sufrieron la prisión en un cierto momento de su vida. Él también demando su proceso para ser un diagrama político orquestrado por, entre otros políticos superiores, el presidente anterior Carlos Salinas de Gortari, el presidente actual Fox, y el candidato presidencial Santiago creel. Como el proceso de desafuero gano el ímpetu, voces más independientes comenzaron a expresar su oposición. Esto incluyó intelectuales mexicanos conocidos, mucho de los medios nacionales, algunos miembros del PRI y el PAN y en última instancia, un estribillo unánime de los medios extranjeros. Éste era el factor principal que forzó en última instancia al PAN y el gobierno para invertir su curso en esta materia y para buscar una solución política. Este resultado fue alabado extensamente como positivo para la sociedad y la democracia mexicana, pero tomó claramente un curso pesado en la credibilidad del gobierno foxista. Muchos también discuten que la regla del principio de ley que el PAN y el gobierno tan vehemente habían defendido durante el proceso fuera repentinamente no más, una prioridad cuando llegó a estar claro que las políticas del desafuero dañaban solamente las perspectivas del PAN sobre sus connacionales y alzaban indiscutiblemente la imagen política de López Obrador.

Cronología

9 de noviembre del 2000: Rosario Robles, su precursor, exproprio una parte de un terreno más grande llamada EL Encino, en Santa Fe, Cuajimalpa, para construir una vía de acceso para un hospital privado. 11 de marzo 2001: El propietario del terreno demandó al Distrito Federal sobre la base de expropiación incorrecta. Le concedieron una orden judicial federal salvo la construcción adicional hasta que la asunto fue aclarado en definitiva. la Construcción, que el propietario alegada, acceso prevenido a su característica. Según querellantes, López Obrador desobedeció con conocimiento esta orden varias veces. Bajo código criminal, esto es un delito menor. Enero de 2005: La intención de López Obrador de postularse para presidente llegó a estar clara. Mientras tanto, el Procurador General de la República resucita el caso y lo envía al congreso para la evaluación. Últimos de febrero y marzo del 2005: Pues el voto del desafuero en un subcomité del congreso se acercó, el gobierno federal inició los medios de campaña contra López Obrador. fox tenía su secretaria del interior, con Santiago creelria, funciona una serie de puntos de los medios que procuraron dibujar comparaciones entre López Obrador y criminales comunes. [1] A pesar de los medios hacían campaña, la mayoría abrumadora de la población creyó que el proceso del desafuero fue motivado políticamente para que no se postulara ala presidencia de la republica. 1 de abril 2005: López Obrador perdió la primera batalla en un voto tomado por un subcomité de cuatro diputados, permitiendo el voto del desafuero completo en la cámara de diputados seis días más tarde. 7 de abril 2005: López Obrador se defendió en una reunion de diputados. Después de una sesión larga en la cual él acusa al presidente Fox de estar detrás del proceso, la cámara de diputados votó para quitar el fuero 360 a 127. La cuenta final ascendió a una línea de partido voto, con el PRI y el PAN votando para quitar su fuero. El PRD, partido de López Obrador, voto unánimemente contra la resolución. López Obrador vio que sus inmunidades constitucionales le fueron quitadas. La pérdida de su inmunidad constitucional parecía ser el principio de una lucha legal y política prolongada que expondría ciertos defectos en el sistema legislativo mexicano. Después del voto de los diputados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (el cuerpo legislativo local) precipitó una crisis constitucional, demandando ese cuerpo que debe haber votado sobre el desafuero; los diputados federales archivaron sus propia quejas, discutiendo que el congreso era el cuerpo apropiado para considerar el desafuero. El Tribunal Supremo acordó considerar ambas súplicas, de tal modo permitiendo que López Obrador siguiera siendo jefe de gobierno, mientras que simultáneamente estando conforme al proceso. Las editoriales times de Nueva York, times de Los Ángeles, el Chicago Tribune, y The Financial Times todo consideraban el desafuero una mala decisión. 8 de abril 2005:la salida Obrador de su Oficina. El gobierno local fue dirigido temporalmente por la secretaria de López Obrador del gobierno de Alejandro Encinas. Dos diputados locales del PAN, el partido predominante, pagaron la fianza así que López Obrador no fue encarcerlado. López Obrador llamo la fianza un “acto cobarde” y rechazo aceptarlo mientras que vino de las manos de los que promovieron el desafuero. Un juez rechazó más adelante las cargas y la fianza en los argumentos técnicos. 24 de abril 2005: Una reunión en apoyo de López Obrador ocurre en el Zócalo en Ciudad de México. Las fuentes de Ciudad de México citaron una atención que excedía a un millón personas. [2] Las fuentes del gobierno federal calculaban una atención en los “centenares de millares”. [1] López que Obrador había promovido diversas formas de protesta contra el desafuero desde el caso en contra de él comenzó. Sus críticos cargaron que esta promoción fuera pagada para con los fondos del gobierno. Esto incluyó la producción de los carteles que ofrecían frases tales como “no al desafuero de AMLO” o “no al Golpe de Estado”. Él también coordinó los movimientos políticos de los pueblos en México y al exterior. Sus partidarios contradijeron que la promoción era espontánea, y totalmente independiente del gobierno local. 27 de abril 2005: Presidente Fox anunció cambios en su gabinete (dimisión incluyendo de Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha) y una nueva evaluación del caso legal en contra de López Obrador, y él propuso una enmienda constitucional así que las derechas civiles no se suspenden hasta que encuentran a un ciudadano culpable. En el día febrero de 2006, estos cambios no han pasado a congreso. Designaron a un nuevo Procurador General de la República. 4 de mayo 2005: La oficina del nuevo Procurador General de la República anunció traería los cargos del desprecio contra López Obrador en una tecnicidad. Resumiendo, declaró, él era poste culpable pero su único como el “jefe gobierno”, de la creación reciente, no había sido incorporado en todos los leyes. La ley tenía solamente provisiones para los gobernadores o el presidente municipal). López Obrador no era ni uno ni otro. Por lo tanto, la fraseología del artículo relevante lo hizo confuso si existe una pena para su crimen. El aviso fue refutado por los expertos del derecho penal. En la mano, afirmaron, porque hay precedentes legales debidos de una pena clara. Por otra parte, demandaron, el Procurador General de la República no puede declarar culpabilidad ni la inocencia, interpreta incluso menos la ley. De tal modo, el Procurador General de la República no podría traer los cargos debido a la naturaleza de la ofensa y porque los cargos fueron archivados por una compañía privada. La compañía siguió el juego. Diciembre de 2005: el jefe de justicia principal Mariano Azuela Güitrón más adelante criticó el despido del caso. Él dijo que ni el presidente ni el congreso puede declarar inocencia ni cierre la materia por razones políticas, como demandó fox. (Según informes publicados, Mariano Azuela había discutido el desafuero de López Obrador con el presidente Fox desde finales de 2004, bien antes de que el congreso tomara la acción, un acto altamente irregular.) Enero de 2006: Morales de Marisela, el funcionario del Procurador General de la República directamente a cargo del caso desde el principio, dejado su puesto en la unidad responsable de procesar los crímenes confiados por los oficiales del gobierno. Por su salida, han substituido a todos los funcionarios de alto nivel a cargo del caso, pero la oficina del Procurador General de la República indicó, poco después el discurso de Azuela en último diciembre, que los cargos contra López Obrador seguían estando pendientes.

Consecuencias

La pérdida de su inmunidad constitucional parecía ser solamente el principio de una lucha legal y política larga. Aparte de la pérdida del poder político en riesgo, el sistema legislativo comprobó que tenia deficiencias el cuál prolongaría más tarde controversias.

Después del voto de los diputados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se levantó una controversia constitucional que demandaba el hecho en el cual eran ellos quienes debieron haber votado puesto que son similares a un congreso del estado. (El Distrito Federal no es un estado.) El Tribunal Supremo acepto a los diputados federales que archivaran sus propias quejas, y ambos estaban en efecto simultáneamente, así que AMLO era y no era el jefe gobierno.

Cuando un juez supo sobre los cargos, dos diputados locales del PAN (Gabriela Cuevas y Jorge Lara) pagaron una garantía para guardar a AMLO lejos de la cárcel. El juez rechazó más adelante los cargos y la garantía en los argumentos técnicos. AMLO llamó la garantía un “acto cobarde”, pues él deseó ser encarcelado.

El 24 de abril, 2005 un marcha llamada por AMLO fue llevada a cabo una estimación oficial 1.2 millones de personas de (según estimaciones de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal). Esta figura incluye a trabajadores de la unión y del gobierno. La marcha culminó en el Zócalo, en el centro de la ciudad, participantes que expresaban su solidaridad a López Obrador y/o su desaprobación del proceso del desafuero. Éste era probablemente el acontecimiento político más extensamente relevante en fechas recientes, y sólo comparable a la marcha politica contra el crimen llevada a cabo dos años antes.

El 27 de abril el presidente Vicente Fox anunció cambios a su gabinete, una nueva evaluación del caso legal en contra de AMLO y los cambios legales, así que los derechos civiles se suspenden solamente hasta que encuentran a un ciudadano culpable. En su discurso de ochos minutos a la nación, él llamó a AMLO “Jefe de Gobierno”, olvidándose que las controversias si él era sacado de su oficina o no, y que puso gran énfasis en la importancia del tener elecciones libres de suspicacias en el 2006. Esto era una victoria importante para AMLO, pero seguía siendo demasiado temprano decir que el caso estaba cerrado.

El 4 de mayo la oficina del Procurador General de la República anunció que traería cargos contra AMLO en una tecnicidad: lo declararon culpable pero su puesto como Jefe de Gobierno (ni gobernador ni alcalde) hace confusa una pena para su crimen, debido a la fraseología del artículo relevante. Este aviso fue refutado por los expertos de derecho penal, puesto que el Procurador General de la República no puede declarar culpabilidad ni inocencia, interpreta incluso menos la ley; no pueden traer los cargos debido a la naturaleza de la ofensa y porque los cargos fueron presionados por una compañía privada, que ha indicado no seguirán el juego. Aunque López Obrador no puede ser castigado por una tecnicidad (una edición polémica en sí mismo) él podría todavía ser encontrado culpable y conforme a otras penas. Aún más, bajo ley actual, prevendrían a López Obrador del funcionamiento para la gobernatura mientras él esté conforme a proceso, y desde el momento él dimitió para funcionar para la presidencia que él es un ciudadano común que podría estar conforme a proceso en todo momento, entonces perdiendo sus derechos políticos. Es inverosímil esto sucedería, por razones políticas, a pesar de los esfuerzos del dueño que lo demandó.

Opiniones

Acción Nacional y la mayor parte del PRI se mantuvieron siempre en la postura de que el proceso era estrictamente de carácter legal y que López Obrador lo había politizado. Aunque fuese el precandidato más popular en ese momento, debía prevalecer la justicia y la legalidad. Ambos partidos acusaron a López Obrador de violentar sistemáticamente el estado del derecho. El senador del PRI, Enrique Jackson, por ejemplo, declaró que López no podía aludir a la falta de justicia en otros casos de la historia reciente de México, pues el hecho de que existiera impunidad en crímenes del pasado reciente no significaba que su caso específico tenía que ser así.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese tiempo, Mariano Azuela Huitrón, y el coordinador de los diputados priístas, Emilio Chuayffet, lamentaron el hecho de que el gobierno de Vicente Fox hubiese dado marcha atrás en el proceso legal, al considerar que, por motivos políticos, se toleró la violación a la ley y se mantuvo la impunidad. Vicente Fox comentó en 2007 que, efectivamente, el gobernante de la ciudad violó la ley, pero que se tuvo que retroceder ante el rechazo de la mayoría de la población.

Por su parte, López Obrador siempre aseguró que nunca había violado la ley y que no existía ningún documento probatorio en el sentido de que él hubiese contrariado el mandato judicial. El jurista y constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas se pronuncia aún en ese sentido: se debe comprobar si hay o no un documento de tal naturaleza para eliminarle toda posible responsabilidad al exgobernante.

Javier Quijano, abogado de la Universidad Iberoamericana y defensor de López Obrador en este caso, sostiene que el caso fue eminentemente político. Según él, los argumentos por los que se señalaba a López Obrador como posible responsable eran jurídicamente muy débiles y la declaración de culpabilidad o inocencia era irrelevante para el gobierno federal, cuyo objetivo era únicamente impedirle al político presentarse a la elección de 2006.

Julio Scherer Ibarra, abogado y asesor de López Obrador agrega que otro objetivo fue denostar a éste y presentarlo como un enemigo de la legalidad y el estado de derecho. Añade que nunca ha habido un proceso de desafuero ante casos especialmente graves en México: los casos recientes de Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, cuyo gobierno ha sido señalado como represor por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y Mario Marín, gobernador de Puebla, exhibido en conversaciones telefónicas en un posible caso de tráfico de influencias y violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.

La mayoría de la población mexicana se declaró en contra del proceso y de la posible eliminación de López Obrador de las elecciones. En esto han coincidido las partes: el proceso de desafuero catapultó al gobernante de la ciudad a niveles de popularidad muy altos.

Enlaces externos

• El Desafuero: maniobra politica para sacarlo de la contienda presidencial
• Intelectuales confirman que el partido Acción Nacional quiso negociar el desafuero
• Cámara de diputados mexicanos rechaza el desafuero
• Comentario en Wordpress
• Periódico El Proceso ¿una conspiración?
• Crítica contra Obrador
• Partidos Politicos de Mexico