La Guerra Social (91 a. C.-88 a. C.), también conocida como Guerra Mársica y más correctamente Guerra de los aliados fue un conflicto armado entre la República Romana y sus aliados italianos, que deseaban que se les concediera la ciudadanía romana.

Durante el tiempo en el que Cayo Mario se ausentó de Roma (99 a. C.-90 a. C.), hubo una serie de años de paz relativa, en los que el senado parecía controlar el poder. Sin embargo, en el año 95 a. C. se publicó la Lex Licinia Mucia dirigida contra los aliados que hubieran adquirido fraudulentamente la ciudadanía romana, lo que provoca un fuerte malestar entre ellos.

En el año 92 a. C. es elegido tribuno Marco Livio Druso, que prepara una serie de medidas demagógicas que llevan al enfrentamiento, como una nueva ley frumentaria y una devaluación del sestercio de plata. También establece un acuerdo secreto con los aliados, prometiéndoles el derecho de ciudadanía a cambio de que corran con los gastos de una nueva distribución de tierras. Desaprobado oficialmente por el senado, es asesinado en su casa, lo que desencadena la guerra.

Intervienen picenos, lucanos, marsos, samnitas y apulios, a los que se unen etruscos y umbros, declarándose independientes en una república llamada Italia, con capital en Corfinium, al este de Roma, con un senado y facultad de acuñación de moneda. Al principio se suceden las derrotas romanas, hasta que en 90 a. C., el senado da el mando del ejército a Sila, pero Mario se reincorpora a la política y se hace con el mando efectivo.

Finalmente la guerra termina cuando Sila aniquila a las bandas samnitas de Aesernia. Los aliados aun siendo derrotados habían conseguido su objetivo ya que, en el transcurso de esos años, se decretaron tres leyes que terminarían dando la ciudadanía romana a los itálicos:

1. Ley Julia, del año 90 a. C., Roma daba la ciudadanía romana a las ciudades itálicas que habían permanecido fieles y lo solicitasen y autorizó a los generales a concederla a los soldados no romanos que lo mereciesen.
2. Ley Plautia-Papiria, del año 89 a. C., Roma concedía la ciudadanía a cualquier itálico, incluso sublevado, que se hiciese inscribir en los registros del pretorio en un plazo de dos meses.
3. Ley Pompeya,del año 89 a. C., otorgando el derecho latino a las ciudades de la Galia Cisalpina que aún no lo poseían. Benefició, sobre todo, a las ciudades situadas al norte del Po.

Bibliografía

• Historia universal siglo XXI.La formación del imperio romano.ISBN 84-323-0168-X
• Nony, Daniel (1988). De los orígenes de Roma a la invasiones Bárbaras. Akal. 8476001479.