El proceso 8.000 es el nombre con el que se conoce al proceso judicial que se emprendió contra el Presidente de la República de Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir financiación de parte del narcotráfico para su campaña presidencial. Su origen fue el hallazgo de un expediente que tenía ese número en la fiscalía de Cali, que correspondía a un allanamiento hecho en las oficinas de un contador de nacionalidad chilena, Guillermo Pallomari, vinculado al Cartel de Cali; el material se encontraba inactivo, a pesar de contener datos que indicaban la posibilidad de que varias campañas políticas al congreso habrían recibido aportes económicos de origen ilícito.

A pesar de que ese número se limita exclusivamente a este expediente, los medios lo convirtieron en eslogan y símbolo de todo el fenómeno posterior, cuando se investigó la campaña del Presidente Samper. Se investigó y condenó a prisión a congresistas, candidatos y ministros.

Antecedentes

El entonces candidato presidencial Andrés Pastrana, acusó a Samper de haber recibido dineros del narcotráfico

Una semana después de realizada la segunda vuelta electoral de 1994 para el periodo comprendido de 1994 a 1998 que definía al futuro presidente de Colombia entre los candidatos Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana Arango, el entonces presidente César Gaviria Trujillo recibió de Andrés Pastrana Arango unos casetes cuando realizaba una gira por la ciudad de Santiago de Cali. El presidente Cesar Gaviria, remitió los casetes al entonces Fiscal General de la Nación Gustavo de Greiff quien se abstuvo de abrir investigación.

Posteriormente el sucesor del Fiscal General Alfonso Valdivieso, los dio a conocer a la opinión pública el 20 de junio de 1995 se divulgaron los casetes de audio en los que el periodista Alberto Giraldo hablaba con los hermanos Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela (jefes del Cartel de Cali) sobre dineros para apoyar la campaña de Ernesto Samper.

Proceso

Se inició entonces el proceso con la llamada a indagatoria libre a Santiago Medina ex tesorero de la Campaña Presidencial de Ernesto Samper Pizano el día 17 de julio de 1995. Al principio el presidente Samper tomaba las declaraciones como conspiraciones en su contra, pero todo cambió cuando el Ex Tesorero de la Campaña presidencial Santiago Medina, confesó la entrada de dineros ilícitos el 12 de septiembre de 1995

La tormenta política ocasionó reacciones de todo tipo y en el exterior la imagen del país se vio deteriorada. Fueron cuatro años en los que Estados Unidos descertificó al país en materia de lucha contra la droga y los señalamientos al presidente Ernesto Samper no se hicieron esperar. Uno de los puntos más importantes dentro de la coyuntura por la investigación de la campaña presidencial fue el momento cuando el gobierno de Estados Unidos el 1 de julio de 1996 canceló la visa de entrada a ese país del presidente Ernesto Samper.

El Proceso 8.000 tuvo ramificaciones a otras áreas de la actividad pública como en el caso de dos contralores que fueron a parar a la cárcel por recibir dineros del narcotráfico. El ex Contralor General de la Nación, Manuel Francisco Becerra Barney, elegido en 1990, fue acusado de recibir de Guillermo Pallomari, ex contador de los Hermanos Rodríguez Orejuela 300 millones de pesos. Sin embargo, cumplió su período de cuatro años al frente de la Contraloría y en 1995 fue capturado y vinculado al proceso 8.000. David Turbay, quien le sucedió y fue elegido en 1994, se vio envuelto en el mismo proceso por haber recibido un cheque por 50 millones de pesos girado desde una cuenta del mayor de los Hermanos Rodríguez Orejuela.

Miembros del Cartel de Cali.

Por su parte, las declaraciones que hacia el presidente Ernesto Samper en todo momento - había defendido su inocencia con vigor y había declarado sentirse "víctima de un atentado moral"- apuntaban a que él no había recibido ningún dinero, que todo fue hecho a su espaldas, no obstante muchos patrocinadores de su campaña, declararon que los dos hermanos Rodríguez Orejuela sí tenían sus inversiones allí. Pero allí no paraban las declaraciones, la "monita retrechera" como se le conocía a Elizabeth Montoya de Sarria actuó como intermediaria entre los dos Hermanos Rodríguez Orejuela y los políticos del soberano. Se hizo famosa cuando se divulgó una conversación telefónica de ella con el entonces candidato a la presidencia (Ernesto Samper), en la que daban indicios de las relaciones entre narcotraficantes y políticos del Partido Liberal para la financiación de la campaña presidencial, meses después la "Monita Retrechera" fue asesinada.^[1]

Tales denuncias involucraron a decenas de políticos, periodistas, deportistas y personajes de la farándula, lo que puso al descubierto la profunda penetración del narcotráfico en la vida cotidiana del país.

De los pocos vinculados que estaban en el proceso, está el caso del Ministro de Defensa Fernando Botero Zea (1994 - 1995) hijo del artista Colombiano Fernando Botero, quién durante la campaña presidencial se desempeñaba como Jefe de la campaña; fue tal vez el único de los vinculados que pagó con cárcel las acciones del Proceso. Durante las indagatorias que se le hacían a Santiago Medina fue vinculado al proceso; y fue precisamente Botero quien el 22 de enero de 1996 propinó la estocada final contra Samper, cuando en una ampliación de su indagatoria confesó que el Presidente “sí sabía”. Tras la confesión de Fernando Botero Zea, los que aún respaldaban a Ernesto Samper con la convicción de que una cosa era que el dinero hubiera ingresado a la campaña y otra cosa era que el Presidente supiera (Horacio Serpa, Ministro del Interior), se quedaron sin argumento.

Acusación contra Ernesto Samper

El lunes 27 de febrero de 1996 la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en cabeza de su presidente el congresista Heyne Mogollón, decidió abrir investigación formal contra el Presidente Ernesto Samper, en una acción sin precedentes en la historia de Colombia. Los 15 miembros de la comisión, después de avaluar las pruebas aportadas por el fiscal Alfonso Valdivieso, entre ellas un video de Pablo Escobar en el que reconoce haber entregado dinero a Ernesto Samper en la campaña de 1982 y una cinta magnetofónica de la testigo ‘María’, quien iba a ser presentada por el senador Jesse Helms ante el congreso de los Estados Unidos, consideraron que había méritos para abrir una investigación penal contra el presidente Ernesto Samper.

Ya avanzado el proceso de juicio corrieron algunos rumores entre los medios de comunicación los cuales sugerían que posiblemente Andrés Pastrana, también habia recibido "ayuda económica de dudosa procedencia" en su campaña, sin embargo nunca se pudo establecer la fuente del rumor, indicios o pruebas que lo confirmaran.

Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, el 6 de julio de 1996 Ernesto Samper fue absuelto por la Cámara. Por 111 votos contra 43 se archivaron los cargos contra el presidente de la República. Ni culpable, ni inocente el proceso fue precluido.

Consecuencias

El Proceso 8.000 tuvo grandes consecuencias a nivel nacional e incluso inusitadas consecuencias a nivel internacional para el país. A nivel internacional se deterioraron las relaciones diplomaticas con los paises andinos y con Estados Unidos, que no dudó en descertificar al país y retirar la visa al Presidente Samper y otros políticos de importancia; lo cual generó un interés del gobierno nacional para lograr acercamientos con la Unión Europea. Sin embargo las relaciones diplomáticas lograron restaurarse antes del final del mandato de Samper. A nivel nacional hubo un gran malestar general entre la población (el cual aumento ligeramente con la descertificación), la cual veía deslegitimada la autoridad del Estado y de las instituciones. Ocurrieron grandes marchas tanto a a favor de Samper como en su contra pidiendo su renuncia. Causa curiosidad una excéntrica marcha que se efectuo para pedir la renuncia del Presidente Samper y de sus más cercanos colaboradores el día 28 de mayo de 1996, efectuada por varias organizaciones estudiantiles, en donde se empleó una carroza con forma de elefante (en alusión a la declaración del cardenal colombiano Pedro Rubiano cuando sostuvo que el que el presidente Samper no se hubiera dado cuenta del ingreso de grandes cantidades de dinero del narcotráfico a su campaña presidencial de 1994 era como «si un elefante se mete en tu casa y no te enteras»), la cual cargaba 8.000 mogollas (un pan tradicional colombiano), como forma de burla del proceso y el juez del mismo, el congresista Heyne Mogollón, las cuales fueron lanzadas al paso del congresista a su llegada al Capitolio Nacional. En dicha marcha se acusaba a Mogollón de ser aliado de Samper e intentar arruinar la investigación. Luego de atacar al congresista la marcha se enfrentó con un grupo de personas que apoyaba a Samper, quienes destruyeron parcialmente la carroza.

Referencias

• Las declaraciones de Fernando Botero Zea al diario el Espectador
• Titulares y Noticias de Prensa del Periódico Español "El Mundo"
• Nota de prensa sobre la marcha del 28 de mayo de 1996 del Periódico "El Mundo" de España

Enlaces externos

Wikiquote

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Prohibido decir toda la verdad / Raul Benoit