Banco Riggs.

El caso Riggs es la denominación utilizada informalmente en Chile para el proceso judicial seguido contra Augusto Pinochet y otras personas, bajo la acusación de malversación de fondos públicos, debido al descubrimiento de unas cuentas bancarias secretas que el primero mantenía en el Riggs Bank de Estados Unidos. El rol de la causa es 1649-2004.

Antecedentes

En el diario Washington Post, el día 14 de julio de 2004, apareció la noticia de que el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos había descubierto algunos movimientos sospechosos en el Riggs Bank, el más prestigioso en Washington. Según esta investigación, que había sido llevada a cabo en uso de las atribuciones fiscalizadoras que se le había concedido al Senado de los Estados Unidos en virtud de la Patriot Act, para perseguir el rastro de financiamiento del terrorismo internacional, reveló que Augusto Pinochet habría mantenido varias cuentas secretas desde 1994, en el mencionado Riggs Bank. También fue involucrado en la ocasión, la nación de Guinea Ecuatorial.^[1] En la investigación preliminar se llegaron a detectar 125 cuentas bancarias, con una fortuna estimada en unos 27 millones de dólares, muchas de ellas abiertas después de que el juez español Baltasar Garzón ordenara la congelación internacional de sus fondos.^[2]

A partir de entonces, empezaron a aparecer numerosas investigaciones en la prensa nacional chilena, sobre las diversas cuentas corrientes que Pinochet mantenía en el extranjero, ocultas todas ellas bajo diversos alias; se difundió también la noticia de que el Riggs habría ayudado a Pinochet a crear dos empresas de papel en las Islas Bahamas, usando pasaportes extraídos desde la Casa de Moneda para el efecto.^[3]

Desarrollo del caso.

Pasaportes falsos del General Pinochet, usados para abrir cuentas bancarias secretas en el extranjero.

En consideración de los antecedentes, el Consejo de Defensa del Estado, encargado de representar al Estado de Chile en actuaciones judiciales, entabló una querella contra Augusto Pinochet (21 de julio de 2004). El conocimiento sobre el Caso Riggs recayó en el ministro Sergio Muñoz, quien lo tramitó hasta septiembre de 2005, saliendo de él para integrar la Corte Suprema.

El 6 de enero de 2005, por orden judicial, se llevó a cabo el registro de la oficina de Augusto Pinochet. El 14 de abril, el juez Muñoz ordenó la detención de Mónica Ananías, antigua secretaria de Augusto Pinochet, y de Oscar Aitken, su albacea. Al mismo tiempo, solicitó el desafuero de Pinochet, puesto que en su calidad de ex Presidente de la República, mantenía fuero. Los delitos que se le imputan son evasión tributaria, negociación incompatible y falsificación de pasaportes. Finalmente, el 7 de junio, le es retirada a Pinochet su inmunidad por cuatro delitos: fraude al fisco, uso de pasaportes falsos, declaración jurada de bienes falsas, y elusión de medidas cautelares.^[4]

Una vez fuera Sergio Muñoz del caso, por integrar la Corte Suprema a partir de septiembre de 2005, entró el magistrado Carlos Cerda, contra el cual Pablo Rodríguez Grez, abogado de la familia Pinochet, intentó interponer un recurso de implicancia en contra de Carlos Cerda.^[5] El lunes 24 de septiembre de 2007, Carlos Muñoz dictaminó que no había razón para declararse implicado. El vencimiento del plazo para apelar de la resolución era el sábado 30 de septiembre del mismo año. Pablo Rodríguez optó por no apelar, y así, quedando firme la resolución, Carlos Cerda tomó a su cargo nuevamente el caso el 1 de octubre de 2007.^[6]

Llegada del juez Carlos Cerda.

Después de haberse mantenido al margen del Caso Riggs por una serie de trámites procesales, Carlos Cerda ordenó una serie de órdenes de detención y allanamiento en contra de la familia de Augusto Pinochet, así como de varios colaboradores suyos. El total de detenciones ordenadas fueron de 23,^[7] y llegaron a cumplirse todas, excepto la decretada contra Oscar Aitken, antiguo albacea de Pinochet, a quien se le suponía en Viña del Mar, y que no pudo ser localizado.^[8]

La conmoción que suscitó la decisión judicial de Carlos Cerda, quedó bien graficada por el comentario del historiador Alfredo Jocelyn-Holt, quien escribió:

En cuanto a los detenidos, Lucía Pinochet declaró: "Supuestamente, lo que se persigue es disminuir a los ojos de la historia al Gobierno que salvó a Chile en su hora más oscura. A los admiradores y agradecidos de la obra fundacional de ese Gobierno, deseo señalarles que ni el odio político, ni la ilegalidad, ni la mentira podrán opacar sus logros", al tiempo que calificaba su situación como de "presos políticos".^[10]

Los abogados de los procesados, entre ellos Pablo Rodríguez Grez. Raúl Tavolari, Hugo Ortiz de Philippi, Luis Valentín Ferrada y Luis Pacull,^[11] interpusieron una serie de recursos procesales para dejar sin efecto la decisión del magistrado. De todas maneras, al poco tiempo el propio Carlos Cerda decretó la libertad provisional de todos los procesados, incluyendo a Oscar Aitken.

Posteriormente, el día viernes 26 de octubre de 2007, por la vía del recurso de amparo, y en fallo unánime, varios procesamientos fueron dejados sin efecto por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, siendo beneficiados Lucía Hiriart, además de sus cinco hijos (Augusto, Lucía, Jacqueline, María Verónica y Marco Antonio), además de una decena de otros encausados, entre ellos el Sr. Patricio Madariaga y el Coronel de Ejército Mortimer Jofré Azuaga, a quienes la I.Corte les concedió el recurso de amparo "de oficio", expresando textualmente: '"Respecto de los nombrados, por considerarlo estos jueces un imperativo ineludible del ejercicio de su magistratura, actuando de oficio esta Corte, en atención a los fundamentos ya expresados, se procederá en esta misma oportunidad a anular también la citada interlocutoria que afecta a Patricio Madariaga y Mortimer Jofré, quienes, si bien no han ejercitado esta vía constitucional (solicitar recurso de amparo), se encuentran en idéntica situación procesal que los antes nombrados". En el texto del fallo se dice que "no se advierte que los encausados tuvieran conocimiento y voluntad en torno al designio criminal de apropiarse de caudales públicos". Lucía Hiriart declaró a Televisión Nacional de Chile: "Siento que prevaleció la justicia, porque lo que hizo el juez Cerda fue una cosa insólita". Alfonso Insulza, abogado querellante, por su parte declaró: "Voy a apelar, porque a mi juicio, está acreditada la red financiera y la asociación ilícita que se formó para abultar el patrimonio financiero de Pinochet" (apelación ante la Corte Suprema de Chile). Dos amparos fueron rechazados, los presentados por Gustavo Collao y por Eduardo Castillo. Tanto ellos como Augusto Pinochet Hiriart y Mónica Ananías siguen bajo proceso.^[12]

Referencias y notas de pie

Bibliografía

Enlaces externos

• Resolución judicial que somete a proceso a Augusto Pinochet Ugarte, con fecha 23 de noviembre de 2005.
• Cronología de las cuentas de Pinochet (El Mundo de España). Incluye fechas hasta enero de 2007.
• Cronología de las cuentas de Pinochet (BBC Mundo). Incluye fechas hasta el año 2005.