Juan Gerardi

Juan José Gerardi Conedera (27 de diciembre de 1922 – 26 de abril de 1998),^[1] fue un obispo guatemalteco de la Iglesia Católica, además de ser un defensor férreo de los Derechos Humanos en su país. Premio de la Verapaz del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica/Centro Cultural de España en Guatemala por su compromiso con la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.

Vida y sacerdocio

Descendiente de italianos, hijo de Manuel Gerardi y Laura Conedera, nació en la ciudad de Guatemala, en la 3ra calle y 17 avenida de la zona central, donde se observa aún una antigua casa de esquina, el 27 de diciembre de 1922. Fue el segundo de cuatro hermanos, Francisco Gerardi Conedera, Carmen Gerardi Conedera y Teresa Gerardi Conedera, todos ya fallecidos.

Estudió en el seminario de la ciudad y ganó una beca para estudiar teología en Nueva Orleáns, Estados Unidos. En diciembre de 1946 fue ordenado sacerdote y sirvió en varias áreas rurales de Guatemala, como Jalapa, San Pedro Sacatepéquez y Palencia, así como en la región de la ciudad capital. En 1967 fue electo obispo de la diócesis de Verapaz, lugar marcado por la pobreza y la exclusión social de los indígenas, residiendo en la ciudad de Cobán, la tercera más grande del país. En el cargo episcopal, él enfatizó los trabajos pastorales entre la población indígena maya de etnia q'eqchi. Aun, impartió misa en el idioma vernáculo de las comunidades de la diócesis, algo inusitado en la cultura de preponderancia caucásica de Guatemala. En la década de 1970 y a pesar de la entonces progresiva guerra civil, fue uno de los más acérrimos apologistas del reconocimiento oficial de los idiomas mayas de Guatemala y a la vez, su influencia permitió el establecimiento de dos emisoras de radio en lenguas mayas. Más tarde, en compañía de los padres benedictinos, creó el centro San Benito de promoción humana, que condujo a la transformación de muchos campesinos e indígenas en líderes de sus comunidades.^[2] El obispo fue trasladado en 1974 a la diócesis de El Quiché, pero continuó trabajando como Administrador Apostólico en las Verapaces.

En los primeros años de la década de los ochenta, El Quiché vio índices de violencia acentuados en la beligerancia entre el ejército de Guatemala y varios grupos armados de la subversión, registrándose crímenes masivos que incluso, se determinarían en años posteriores como genocidio. Cientos de catequistas católicos y dirigentes cristianos de pueblos y aldeas fueron brutalmente asesinados, la mayoría de los cuales pertenecían a etnias mayas.^[3] Gerardi solicitó repetidamente a las fuerzas militares que controlaran sus acciones, y sobre todo, que cesaran los actos de represión y crímenes en contra de la población civil. Su protesta se extremó tras una matanza de indígenas en Alta Verapaz, que soldados cometieron. Mientras sirvió en la Conferencia Episcopal de Guatemala, habló abiertamente acerca de la quema de la embajada de España en Guatemala, donde 39 personas murieron calcinadas con la participación comprobada del Estado de Guatemala.

Sería durante el episcopado en Quiché que el clérigo recibiría múltiples amenazas de muerte y atentados contra su vida. Ante la gravedad de las amenazas y los asesinatos de sacerdotes en la zona, decidió trasladarse a la ciudad de Guatemala, llegándose a considerar la clausura temporal de la diócesis. En 1980, monseñor Juan Gerardi fue llamado al Vaticano para asistir a un sínodo. A su regreso, se le prohíbe el ingreso al país, por lo que viaja a San Salvador, en donde no halló asilo, y finalmente a Costa Rica, desde donde, exiliado, siguió siendo el Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Al ser depuesto por un golpe de Estado el dictador militar Romeo Lucas García en 1982, Gerardi pudo regresar a Guatemala. El 28 de agosto de 1984, se le nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guatemala y párroco de San Sebastián en la ciudad de Guatemala.

Comisión Nacional de Reconciliación

En 1988, la Conferencia Episcopal de Guatemala nombró a monseñor Rodolfo Quezada Toruño y a monseñor Juan Gerardi para participar en la Comisión Nacional de Reconciliación. Ello llevaría a la creación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, (ODHAG), para ocuparse de las víctimas de la violencia de Estado y cualquier violación a los Derechos Humanos. En consecuencia, Gerardi inició el proyecto interdiocesano REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), que dirigió personal y comprometidamente, con intención de registrar por medio de testimonios y documentación la historia reciente de Guatemala, argumentando así que conocer la verdad sobre los crímenes cometidos durante la dictadura debía ser indispensable para la paz social en el país. Con motivos conciliadores, organizó encuentros entre la insurgencia, el Gobierno y los sectores civiles. En ese contexto, Gerardi tomó como responsabilidad personal la compilación de investigaciones y entrevistas para elaborar los reportes para recuperación de la memoria histórica durante el período de la represión militar, tras el final de la guerra civil y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.

El día 24 de abril de 1998, el proyecto REMHI fue presentado, intitulado "Guatemala: Nunca más", en cuatro tomos. Gerardi diría: "Pero entre las expectativas y nuestro compromiso también se encuentra la devolución de la memoria. El trabajo de búsqueda de la verdad no termina aquí, tiene que regresar a donde nació y apoyar mediante la producción de materiales, ceremonias, monumentos, etcétera, el papel de la memoria como un instrumento de reconstrucción social". Este reporte exponía a miles de testigos y víctimas de la represión estatal y culpaba de la mayoría de crímenes al ejército de Guatemala.^[4] En las investigaciones se documentaron más de 54,000 violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar (1960-1996). La autoría de la mayoría de brutalidades, según pruebas fehacientes, incluidas masacres, torturas, violaciones masivas, desapariciones forzadas, mutilaciones y otros crímenes, se le atribuyó a las fuerzas del Estado.

En el reporte retrospectivo se presentaron miles de testimonios recogidos en todo el país, que fueron relatando cuarenta años de memoria de represión: 150 mil guatemaltecos muertos, cincuenta mil desaparecidos, un millón de exiliados y refugiados, doscientos mil huérfanos, cuarenta mil viudas. Nueve de cada diez víctimas eran civiles desarmados, en su mayoría indígenas. En el 90% de los crímenes, la responsabilidad era del ejército o de bandas paramilitares que se relacionaban con él.

El trabajo de recuperación histórica que Gerardi y su equipo realizaron, sería fundamental en las labores posteriores de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), entidad auspiciada por la ONU, instalada en virtud de los Acuerdos de Paz de 1996. La comisión de Naciones Unidas llegó a conclusiones similares que el proyecto histórico que dirigió el obispo, responsabilizando al ejército de más del 90% de los crímenes perpetrados durante las cuatro décadas de confrontación política.

Cuando la comisión internacional presentó su propio informe, "Memoria del Silencio", en febrero de 1999, su coordinador, Christian Tomuschat, afirmó: "Sin lugar a dudas se trata de un esfuerzo profundo y complejo, que la sociedad guatemalteca adeuda a los miles de hombres y mujeres valientes que, reclamando el pleno respeto a los derechos humanos y al Estado democrático de Derecho, asentaron los cimientos de esta nueva nación. Ocupa un primer plano en nuestra memoria, entre todos ellos, monseñor Juan Gerardi Conedera".

Asesinato

Dos días después de la publicación del informe "Guatemala: Nunca más", el 26 de abril de 1998, el obispo Gerardi fue salvajemente asesinado a golpes en el garage de la casa parroquial de San Sebastián, en la ciudad de Guatemala. Los criminales usaron un bloque de concreto para destrozarle el cráneo, desfigurándole al punto de que el rostro del obispo quedó irreconocible y la identificación se logró sólo tras el reconocimiento del anillo episcopal en su mano.^[5]

Su cuerpo fue descubierto tendido en el garage por el sacerdote Mario Orantes, que compartía la parroquia con el obispo y quien, sospechosamente, demoró horas en dar aviso del asesinato a la fuerza pública, asegurando no haber oído nada fuera de lo común esa noche. Las indagaciones médicas comprobaron, por una fractura en el dedo, que el clérigo intentó repeler el ataque. Las declaraciones de Orantes, posteriormente, serían erráticas y contradictorias. Las piernas del occiso estaban cruzadas a la altura de los tobillos y las manos entrecruzadas sobre el pecho. Cerca del cuerpo estaba el bloque de concreto triangular que presuntamente fue utilizado para cometer el crimen. Las inconsistencias y la negligencia en la investigación empezaron en la escena del crimen: en cintas de vídeo de la escena del crimen aparecía el fiscal analizando la presunta arma del delito sin guantes y caminando entre los charcos de sangre alrededor del cadáver. Las muestras forenses se enviaron al laboratorio en recipientes sin sellar.

A finales de mayo, la ODHAG, tras investigaciones, suministró el número de licencia de un vehículo que, en el registro alusivo, resultó estar al servicio de una base militar, que había sido visto por un testigo identificado, un taxista que luego sería secuestrado y tendría que salir al exilio, habiendo dado vueltas reiterativas tal automóvil alrededor de la parroquia la noche del crimen. Así, se vincularon los nombres del coronel retirado Byron Lima Estrada[1] y de su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, suscritos al EMP (Estado Mayor Presidencial, órgano de inteligencia militar), quienes, según la ODHAG, estaban presuntamente relacionados con el asesinato por una serie de información fundada que trascendió al poco tiempo. Curiosamente, los registros del vehículo en archivos estatales desaparecieron luego de que se hiciera pública la relación con los militares.

La comisión que la presidencia de la República organizó para investigar el crimen, negó que el coronel retirado tuviera relación alguna con el caso y decidió no investigar al capitán Lima Oliva. El Gobierno, que había insistido con parcialidad evidente en que el asesinato se debía a crimen común, no político, disolvió la comisión en julio.^[6] Una campaña constante e intensa de desinformación prosiguió.

Tras la muerte de monseñor Gerardi, miembros de la ODHAG fueron sometidos a vigilancia esporádica por parte de desconocidos y recibieron amenazas anónimas por teléfono. El 8 de junio del 2001, el poder judicial estableció la existencia del delito de ejecución extrajudicial en la persona de Juan Gerardi y responsabilizó, en calidad de autores mediatos, al coronel(r) Byron Lima Estrada, al capitán Byron Lima Oliva y al ex especialista del ejército Obdulio Villanueva y, en calidad de cómplice, al sacerdote Mario Orantes Nájera. El fallo judicial dejó abierto el curso para procesar penalmente a los miembros de la cúpula de poder del Estado Mayor Presidencial activa en abril de 1998.^[7] Los fiscales y jueces sufrieron serias amenazas y aun, varios de ellos debieron exiliarse. Asimismo, los testigos fueron presionados, habiendo atentados en contra de la mayoría de ellos. Sería determinante el testimonio de Rubén Chanax Sontay, un ex agente militar que afirmó haber sido informante de los servicios de inteligencia militar de Guatemala y cuya formación castrense podía ser comprobada. Había sido contratado para vigilar a Gerardi desde dos años antes del asesinato, haciéndose pasar por uno de los indigentes que pernoctaban en el parque ubicado al lado de la iglesia donde residía el prelado. Según Chanax, que luego saldría al exilio, la escena del crimen fue alterada por dos militares para desviar la acción de los investigadores. Custodiado por escoltas armados y amparado en un programa de protección de testigos a cargo de la fiscalía y sobre todo, de la cooperación internacional, Chanax declaró ante el tribunal. Según relató, la noche del crimen, vio salir a Byron Lima sin camisa de la casa parroquial de San Sebastián. Luego, un vehículo recogió a Obdulio Villanueva, quien llevaba una cámara de video. "Me ordenaron que entrara al parqueo de la casa parroquial. Allí estaba monseñor Gerardi tirado en el suelo. Me ordenaron que arrastrara el cadáver y lo cambiara de posición. Luego, Villanueva me dijo que llevara papel periódico para limpiar el piso".^[8]

La sentencia en primera instancia, acogida con aprobación tanto nacional como internacionalmente, fue considerada un importante precedente concretado en el proceso de fortalecimiento del estado de derecho y en la lucha contra la impunidad, pues fue la primera sentencia contra elementos castrenses en un tribunal civil en la historia del país. Las apelaciones relativas fueron desestimadas. Los condenados solicitaron en el año 2010 la rendición judicial de penas, lo cual denegó la judicatura pertinente. ^[9]

El escritor estadounidense Francisco Goldman publicó en el año 2008 el libro "The art of political murder" acerca de la muerte del obispo Gerardi, que ha sido considerado, entre los varios textos escritos, uno de los más rigurosamente fundamentados sobre el asesinato.^[10] El caso continúa abierto en la fiscalía guatemalteca.

Referencias

Véase también

• Genocidio guatemalteco
• Guerra civil de Guatemala
• Historia de Guatemala
• Represión
• Diario Militar
• Dictadura
• Derechos Humanos
• Masacre de Plan de Sánchez
• Magnicidio

Enlaces externos

http://books.google.com/books?id=LEER47iNv3gC&dq=the+art+of+political+murder&printsec=frontcover&source=bn&hl=en&ei=vFXQS_umBJDy9QSxl4A1&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CBcQ6AEwAw

http://www.fhrg.org/gerspchs.htm#Special

http://www.fespinal.com/espinal/realitat/pap/pap27.htm

http://www.fundacionpdh.org/lesahumanidad/informes/guatemala/informeREMHI-Tomo1.htm

http://costaricahoy.info/reportajes/guatemala-la-iglesia-conmemora-el-once-aniversario-de-la-muerte-de-monsenor-gerardi/8986/

http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/