Miguel Villalta Gisbert

Miguel Villalta Gisbert (Monóvar, 1902 - Alicante, 18 de diciembre de 1942) fue un juez y político socialista español, fusilado durante el franquismo.^{[1] [2]}

Biografía

Hijo de una familia humilde, tras cursar los estudios primarios y de bachiller, ante la imposibilidad de que la familia pudiera sustentar su educación superior, se examinó por libre de Derecho en las universidades de Murcia y en la Central de Madrid, licenciándose con veintidós años. Un año más tarde, obtuvo plaza en la judicatura al superar las oposiciones correspondientes. Sin embargo, su juventud no le permitió ejercer como juez hasta 1930, cuando fue destinado a Olot.

Desarrollo su actividad durante dos años, para incorporarse después a la vida política en el seno del Partido Socialista Obrero Español. Candidato a las Cortes en las elecciones de 1933, no alcanzó a obtener el acta de diputado. Pero en las elecciones de 1936 sí fue elegido por la provincia de Alicante en las listas del Frente Popular.^[1]

Declarada la Guerra Civil, intervino decisivamente en frenar la insurreción de tropas en Alicante.^[3] Esto le valió el favor del Gobierno republicano que le nombró Gobernador Civil de la provincia de Madrid en 1937. Cesó en octubre de ese año y se desplazó al frente de Madrid, donde actuó como oficial.^[1] Nombrado secretario del Ministerio del Aire, se encargó de manera directa de organizar la fabricación en retaguardia de material militar, lo que le obligó a desplazarse de nuevo a la provincia de Alicante donde se encontraban varias fábricas de armamento y transporte en Alcoy, Elda, Petrer y Novelda.^[1]

Al final de la guerra se encontraba en la ciudad de Alicante cuando entraron las tropas de la División Littorio y ocuparon la ciudad. Consiguió que su mujer, hijos y hermano embarcasen en el buque Stanbrook, pero él no consiguió plaza en el buque El marítimo.^[2] Fue detenido y encerrado en el Campo de concentración de Los Almendros, del que logró escapar días después para refugiarse, escondido, en la casa de su tía en Monóvar.^[3] Allí vio como su padre, militante socialista también, era detenido y fusilado.

En octubre de 1941, el alcalde franquista de Monovar supo del escondite de Miguel Villalta gracias a la delación de una sirvienta, siendo detenido. Juzgado en Alicante en juicio sumarísimo, acusado de favorecer los ataques contra falangistas y adictos a los sublevados en Madrid.^{[4] [2]}

Durante el juicio negó las acusaciones y, en contra de las mismas, pidió fueran oídas aquellas personas que había atendido personalmente o a través de las legaciones diplomáticas, facilitándoles alimentos y evitando las "sacas y paseillos" de los que se le acusaba. No obstante, el Tribunal desoyó las peticiones y fue ejecutado en el otoño de 1942.^[4]

Miguel Villalta conservaba correo de su tiempo en prisión. Entre otros documentos, se encontraba una carta, devuelta a su familia después de la ejecución, en la que el secretario general del Cuerpo Diplomático Extranjero en Madrid durante la guerra y diplomático rumano, Henry Helfant, contestaba a una petición del condenado en la que le reconocía los méritos en defensa de todos los alojados por las legaciones diplomáticas durante su etapa como Gobernador:

En el documento se detallaban algunos hechos concretos, como la intervención de Villalta en marzo de 1937 a petición del embajador estadounidense, para evitar asaltos temidos de

Así como la entrega de unas 9 000 cartillas de abastecimiento, sin nombre y apelldos, para que las embajadas las distribuyeran a voluntad entre aquellos que se encontraban refugiados en las legaciones o en sus casas, llegando a "amenazar al gobierno de entonces con su dimisión del Cargo de Gobernador Civil, si no se continuaba a suministrar a los refugiados en Embajadas y Legaciones el pan".^[5]

También mostró su apoyo a Miguel Villalta el Arzobispo Titular de Grado y Vicario General Castrense, José López Ortiz, que consideraba su actuación durante la guerra humanitaria, valiente y gallarda.^{[3] [1]} Según algunas versiones, le fue aplicado indulto pero no llegó a comunicarse a los ejecutores. Según otras versiones, nunca fue indultado.^[1]

El Gobierno de España, a petrición de la familia y en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica resolvió en 2009 reconocer ante la familia la figura de Villata, víctima de unas sentencias "injustas e ilegítimas".^[2]

Referencias