El denominado Caso Canevaro es un litigio sostenido ante un tribunal arbitral internacional entre Perú e Italia, cuando en 1910 el empresario Rafael Canevaro, un hijo de inmigrantes italianos nacido en Perú, reclamó protección diplomática a Italia en un reclamo sostenido contra el gobierno peruano; la controversia consistía en determinar cuál era la nacionalidad de dicho individuo en tanto Rafael Canevaro alegaba ante los tribunales peruanos ser ciudadano italiano debido a la nacionalidad de sus padres.

Antecedentes

A mediados del siglo XIX un inmigrante italiano llamado Giuseppe Canevaro arribó al Perú, tiempo después instaló una firma comercial llamada Canevaro & Sons, en colaboración con sus hijos José Francisco, César y Rafael Canevaro.

El día 23 de diciembre de 1880 el gobierno de Perú presidido entonces por Nicolás de Piérola emitió en plena Guerra del Pacífico un decreto de emisión de bonos; en base a dicho decreto la firma Canevaro & Sons compró una parte de esa emisión de bonos por un valor total de 77,000 libras esterlinas. Terminada la guerra, el gobierno peruano pagó una fracción de la deuda contraída con los tenedores de dichos bonos, entre ellos Canevaro & Sons, quedando pendiente de pagar una parte.

Poco después falleció Giuseppe Canevaro, luego en el año 1900 murió también su hijo mayor José Francisco y la compañía comercial Canevaro & Sons se disolvió quedando los bonos en posesión de Napoléon y Carlos Canevaro, nacidos en Italia, y de Rafael Canevaro, nacido en Perú. Los tres tenedores de bonos pidieron entonces ayuda al gobierno italiano para que los apoyase diplomáticamente en sus reclamos contra el gobierno peruano respecto de la deuda aún no pagada pore éste. El gobierno peruano rehusó reconocer a Rafael Canevaro como ciudadano italiano, se realizaron negociaciones con el gobierno de Italia sobre el particular pero no se consiguió acuerdo alguno, por lo cual el 25 de abril de 1910 ambos gobiernos confiaron la solución de la disputa a un tribunal de arbitraje internacional, formado por un árbitro italiano, uno peruano y uno francés.

Solución del caso

En el caso se discutieron tres temas: 1)si los tenedores de bonos tenían derecho a reclamar el pago de la deuda, 2)si en caso de tener derecho al pago de la deuda los reclamantes deberían recibir dicho pago en otros bonos (conforme a las leyes peruanas) o en dinero, y 3)si el reclamante Rafael Canevaro debía ser considerado ciudadano peruano o italiano. El tribunal arbitral empezó la discusión del caso el 20 de abril de 1912 y emitió su fallo el 3 de mayo del mismo año.

El tribunal arbitral resolvió el 3 de mayo de 1912 que existía derecho de los reclamantes a cobrar la deuda original de Canevaro & Sons, asimismo definió que el pago debería hacerse en bonos a los representantes diplomáticos de Italia por cuenta de los reclamantes Napoleón y Carlos Canevaro; finalmente el fallo determinó que Perú tenía derecho de considerar a Canevaro como ciudadano peruano para todo efecto ante sus propios tribunales y rechazó el pedido de Italia de otorgarle protección diplomática.

Esta decisión se sustentó en que el reclamante Rafael Canevaro había ejecutado por muchos años conductas exclusivas de un ciudadano de Perú, como presentarse candidato al Senado de dicho país cuando sólo era permitido que un ciudadano peruano postulase a tal cargo, y luego prestar servicios como cónsul del Perú en Holanda tras pedir permiso para ello al propio gobierno peruano, además de ello se tuvo en cuenta que el reclamante había nacido en Perú, residió toda su vida en territorio peruano y mantuvo la totalidad de sus negocios en Perú; por tales situaciones el tribunal arbitral determinó que la "nacionalidad efectiva" de Rafael Canevaro era peruana y no italiana; el fallo no cuestionó el status legal que Italia diese a Rafael Canevaro respecto de su nacionalidad, pero también decidió que Perú tenía derecho a considerarlo ciudadano peruano y negarse a reconocerlo como italiano.

El Caso Canevaro tuvo una gran relevancia en el ámbito del Derecho internacional público. Si bien se reconoce que la normativa por la cual se rige la nacionalidad es una cuestión de Derecho interno que los estados soberanos pueden regular como consideren, en este caso se priva de los efectos internacionales (protección diplomática) que implicaban una concesión de nacionalidad según la normativa nacional por entender que es necesario atender al concepto de "nacionalidad efectiva". Este nuevo concepto quedaría enmarcado en el Derecho internacional y no en el nacional.