Incendio del supermercado Ycuá Bolaños

Incendio del Supermercado Ycuá Bolaños
Tipo de accidente	Incendio
Origen	Grasa acumulada en la chimenea del Patio de comidas
Tipo de establecimiento	Supermercado
Nombre	Ycuá Bolaños
Sucursal	IV Botánico (Barrio Trinidad)
Propietario	Juan Pío Paiva
Arquitecto de la obra	Bernardo Ismachowiez
Ciudad	Asunción
País	Paraguay
Muertos	396
Heridos	500
Imputados	Juan Pío Paiva Víctor Daniel Paiva Daniel Areco Humberto Casaccia Actualmente todos se encuentran en libertad
Sitio web de víctimas	www.ycuanuncamas.org

El incendio del supermercado Ycuá Bolaños es la tragedia civil más grande sucedida en Paraguay; ocurrida el domingo 1 de agosto de 2004 en la ciudad capital Asunción. El domingo, 1 de agosto de 2004, aproximadamente a las 11:25 (hora local) se produjeron dos grandes explosiones al interior del recinto comercial que albergaba, entre varias cosas, el supermercado, un estacionamiento para vehículos, oficinas comerciales y un restaurante. En las cocinas de este último lugar hubo una explosión que provocó un gigantesco incendio.

Según informes policiales, al momento de producirse el accidente, los guardias de seguridad cerraron las puertas del recinto para evitar que las personas, que colmaban el centro comercial, escaparan con bienes que no hubieran pagado. Como resultado 396 personas murieron (la mitad de ellas niños) y dejando a más de 500 con heridas de diversa consideración, incluyendo a 56 personas con quemaduras de tercer grado.^[1]

El juicio seguido contra el dueño de la cadena Juan Pío Paiva, su hijo Víctor Daniel Paiva y al guardia Daniel Areco, que duró más de cuatro meses, culminó en primera instancia el martes 5 de diciembre de 2006, cuando el tribunal, con los votos de dos de sus tres jueces, los condenó como responsables de "homicidio culposo" con una pena de 5 años de prisión, en vez de los 25 años que solicitaban los querellantes y la fiscalía como autores del delito de "homicidio doloso agravado". Esta decisión provocó graves incidentes en la capital de Paraguay,^[2] al considerarse que las penas eran muy bajas. Mientras el último juez leía los fundamentos de su decisión, las víctimas saltaron de sus asientos y tiraron las sillas contra los jueces, viéndose interrumpida la lectura de la sentencia. Este hecho ha sido argumentado por diversas instancias judiciales y por querellantes para sostener que en este juicio no hubo sentencia, puesto que no se leyó completamente la decisión de los jueces y el proceso quedó interrumpido antes de su conclusión.

El edificio

El edificio donde se produjo el incendio había sido inaugurado tres años antes y abarcaba una superficie de 12.000 metros cuadrados. Contaba con estacionamientos para más de 350 vehículos, además de oficinas y un restaurante. Había sido autorizado para su funcionamiento por las autoridades del municipio de Asunción, pese a que informes periciales lo calificaron con posterioridad como "una bomba de tiempo".^[3] Según esos informes y declaraciones a la prensa de uno de los abogados defensores de los dueños de la firma, se estableció que "Tres de los ductos de la parrilla, de la panadería, de la confitería y la rotisería, no salían al exterior. Lo que significa que había una gran cantidad de humo y gases que desde la misma inauguración del supermercado se iban acumulando en la cámara que se formó entre el cielo raso y el techo del edificio que permitió una acumulación de gases de 9.000 metros cúbicos".^[1]

Al no contar con medidas de extracción del material altamente inflamable acumulado en el recinto, este terminó convirtiéndose en una trampa mortal. Pese a lo anterior, la municipalidad afirma que en los planos el recinto contaba con alarmas de humo (que no se activaron), extintores, irrigadores, señalética y otras medidas preventivas en caso de incendios o tragedias.

El incendio

Una de las muchas cajas registradoras que frueron afectadas por el fuego.

El incendio se inició a las 11:25 (hora local), cuando el recinto se encontraba abarrotado por más de 800 personas. Según los primeros informes de los bomberos, se produjo una explosión en el sistema de gas de la cocina, que se propagó hacia la cafetería y arrasó con las dos plantas del edificio, incluyendo el estacionamiento. Según informes de supervivientes, eso provocó una estampida hacia las salidas durante la cual el recinto se llenó de humo y se produjo un apagón. Al llegar a las puertas, los compradores descubrieron que estas se encontraban cerradas, por lo que no pudieron huir, quedando todos encerrados en una gran pira funeraria. Según la prensa y las declaraciones vertidas durante el proceso criminal, las puertas fueron cerradas por órdenes de los superiores, con el fin de no dejar que nadie saliera sin pagar por los bienes del supermercado.^[4]

Para extinguirlo fue necesaria la presencia de más de cincuenta carros bomba y más de 1.000 bomberos, que fueron ayudados a su vez por miembros del ejército y de la policía.^[5] La extinción completa tomó cerca de cuatro horas, durante las cuales los primeros heridos fueron derivados a distintos hospitales de la capital, los cuales se vieron superados por la magnitud de la tragedia. A solicitud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el presidente de Brasil, Lula da Silva, ordenó la donación de 30 a 50 respiradores mecánicos,^[6] mientras que Argentina por orden del presidente Néstor Kirchner ordenó el envío de un avión Hércules con insumos, suminitros, y personal médico pocas horas después del desastre, de la misma manera que puso a disposición de Paraguay de 50 camas UTI y 200 camas de internación clínica, para superar la sobredemanda.^[7] Chile, por su parte, por orden del presidente Ricardo Lagos, puso a disposición un hospital de campaña, suministros médicos y médicos y enfermeras especialistas en quemaduras de COANIQUEM (Corporación de Ayuda al Niño Quemado).^{[8] [9]}

Proceso y juicio

Santuario de las víctimas del Ycuá Bolaños, ubicado en el siniestrado supermercado.

Entrada principal del supermercado Ycuá Bolaños.

Al poco tiempo de haberse controlado el incendio, las múltiples acusaciones apuntaban a que los dueños del supermercado habrían ordenado el cierre de las puertas para evitar robos, sin considerar la grave situación que se vivía. El propietario de la firma Juan Pío Paiva, su hijo Víctor Daniel Paiva y al guardia Daniel Areco fueron procesados por los tribunales de Paraguay, en la investigación realizada por la fiscalía. Esta investigación concluyó que por orden del Juan Paiva, instrucciones refrendadas por su hijo Víctor, las puertas del local fueron cerradas provocando la tragedia. Todos ellos fueron detenidos y apresados por orden de la fiscalía, acusados de “homicidio doloso agravado”, con una pena asignada de hasta 25 años de cárcel.

Después de una larga investigación, se realizó un extenso juicio que duró más de cuatro meses en un recinto deportivo militar. El tribunal compuesto por tres personas dictó su sentencia el día 5 de diciembre de 2006, en la cual dos de los magistrados encontraron que la fiscalía no logró probar la participación dolosa de los inculpados, cabiéndoles sólo responsabilidad como autores de “homicidio culposo”, que tiene asignada una pena máxima de 5 años.^[10] Mientras el último juez leía los fundamentos de su decisión, los familiares de las víctimas provocaron graves desórdenes al considerarse que las penas por la muerte de casi 400 personas eran muy bajas, saltando de sus asientos y tirando las sillas contra los jueces, no concluyéndose la lectura de la sentencia.

Las protestas salieron del lugar donde se realizaba el juicio para concentrarse en las oficinas centrales de la empresa Ycuá Bolaños, donde la policía, pese a tener órdenes de no dejarse provocar por los manifestantes, tuvo que intervenir dejando el grave saldo de más de 60 detenidos y 49 heridos de diversa consideración.^{[cita requerida]} Estas masivas protestas prosiguieron durante varios días, durante las cuales incluso el presidente de Paraguay Nicanor Duarte declaró que las penas eran demasiado bajas y anunció que "Hoy hubo una sentencia no adecuada a la realidad de los hechos y a su gravedad", además de señalar que "Ya conversé con el fiscal general del Estado, solicitándole, con todo respeto, que pida que estos dos jueces se aparten del juicio".^[11] El camino judicial que debiera haberse utilizado a continuación era la apelación de la sentencia, la cual por la naturaleza de la tramitación judicial en Paraguay debería esperar entre dos y tres años.^{[cita requerida]}

Sin embargo, para las víctimas no hubo sentencia puesto que no se leyó completamente la decisión de los jueces y el proceso quedó interrumpido antes de su conclusión. La Corte Suprema de Justicia de Paraguay admitió esta tesis al rechazar los recursos de inconstitucionalidad contra la resolución que apartó de la causa a los jueces Helio Ovelar y Manuel Aguirre –quienes estuvieron a favor de calificar el hecho como homicidio culposo, no así la jueza Dody Báez, que estimó que el hecho configuraba un homicidio doloso–, sosteniendo que no exitió arbitrariedad ni violación a las garantías constitucionales. Dicha resolución de la Corte Suprema de Justicia dio vía libre para la realización de un nuevo juicio.^[12]

Finalmente, se instaló el tribunal y el 8 de agosto del 2007 se inició la audiencia de juicio. Sin embargo, la defensa solicitó que se determinara el carácter del juicio, es decir, si el anterior fue anulado o se está prosiguiendo con aquél y, debido a que el tribunal dispuso que los incidentes se resolverían al final de la audiencia, la defensa de Víctor Paiva y otros presentaron una solicitud de recusación contra los jueces, en base a una supuesta opinión previa sobre la nulidad del juicio, lo que provocó la suspensión de la audiencia, que generó pesar en las víctimas.^{[13] [14]} Las víctimas protestaron por tal dilación, exigiendo la continuidad del proceso.^[15]

Mientras se resolvían los incidentes dilatorios, el tribunal de sentencia del caso, denegó un pedido de libertad que había presentado Juan Pío Paiva.^{[16] [17]}

El juicio volvió a reiniciarse el 31 de agosto de 2007, continuando los debates sobre el tipo de de homicidio provocado durante la tragedia.^[18] Debido a un incidente previo planteado por la defensa, el tribunal de sentencia determinó, finalmente, que se estaba llevando un nuevo juicio que no puede entenderse como un doble juzgamiento^[19] ya que el anterior juicio quedó nulo por no haber concluido.^[20]

El 7 de septiembre del mismo año, Víctor Daniel Paiva recuperó la libertad, pero con restricciones impuestas.^{[21] [22]} Ante ello, las organizaciones de apoyo a las víctimas del incendio se manifestaron en contra a dicha medida, tanto en la sede del Poder Judicial, como frente al único local que aún pertenece a la cadena Ycuá Bolaños.^{[23] [24] [25]} El 10 de septiembre de 2007, Juan Pío Paiva recuperó la libertad.^{[26] [27]} Las víctimas continuaron manifestándose en contra de estas medidas.^[28]

Cierre del debate e inicio de las deliberaciones

El 9 de enero de 2008 el Tribunal de Sentencia dio por terminado el debate del juicio y dispuso el inicio de las deliberaciones sobre el caso, anunciando que la lectura íntegra y completa de la sentencia se daría recién el 2 de febrero del mismo año, aduciendo que la complejidad de la causa exigía un largo y detenido análisis.^[29]

Días antes de la lectura del juicio, el Tribunal dictó diversas medidas de seguridad, entre ellas la de establecer un perímetro de seguridad de trescientos metros donde se dispuso la prohibición de toda manifestación pública. Las víctimas protestaron contra esta medida de seguridad por calificarla de exagerada, ya que el orden constitucional de Paraguay no permitiría este tipo de medidas judiciales.^{[30] [31] [32]} Posteriormente, las víctimas llamaron a una vigilia a toda la ciudadanía paraguaya, plegándose a ésta más de cuarenta organizaciones ciudadanas y sociales.^[33]

Las expectativas de las víctimas fueron de obtener una sentencia por homicidio doloso hasta que no habría "justicia para el caso". Felipe Palacios, sobreviviente del incendio y que perdió a sus tres hijas pequeñas, declaró a Última Hora que "La plata hace y deshace en este país, y en la causa del Ycuá Bolaños murieron 400 personas sin trayectoria, sin nombre, sin importancia para el manejo del Estado. La vida de ellos no importa, si se van a comprar nomás nuevos votos. Acá los que mataron son gentes de plata que financian al Estado y a este sistema corrupto, prebendario y temerario, y bajo este sistema la vida no vale nada".^[34] Por su parte Francisca Giménez, que perdió a su hija y a sus tres nietos, expresó "Confío en que se haga justicia y que a los acusados se les dará una sentencia ejemplar"^[34] Entretando, el 31 de enero la prensa paraguaya anunció que el Tribunal de Sentencia suspendería la lectura de la sentencia si es que se violaban las medidas de seguridad.^[35]

Sentencia

Tanto la prensa nacional como internacional se reunió para conocer el fallo en el caso.^[36] La lectura de la sentencia se inició a las 9:00, hora de Paraguay (13:00 UTC) de la mañana de la fecha indicada.^{[37] [38]} Luego de la exposición de los argumentos de rigor, en la que algunas familiares de víctimas se desmayaron,^[39] el Tribunal determinó que los acusados principales: Víctor Daniel Paiva, Juan Pío Paiva y Daniel Areco, eran culpables de "homicidio doloso simple" por dolo eventual,^[40] "homicidio doloso en grado de tentativa agravada" y "exposición de personas a lugares de trabajo peligroso" (los dos primeros delitos relacionados jurídicamente y el tercero en referencia a las condiciones del edificio siniestrado), lo cual significab una pena de 5 a 15 años de prisión según el Código Penal Paraguayo. Humberto Casaccia fue el único miembro del directorio de la empresa, a parte de los Paiva, que fue condenado.^[41] Los antes mencionados fueron condenados a las siguientes penas:

• Juan Pío Paiva: 12 años de cárcel, a compurgarse en el año 2017
• Víctor Daniel Paiva: 10 años de cárcel, a compurgarse en el año 2015.
• Daniel Areco: 5 años de cárcel, a compurgarse en el año 2010.
• Humberto Casaccia: 2 años y 6 meses, a compurgarse en el año 2010.

Areco, al haber cumplido las 2/3 partes de su condena, ya puede solicitar su libertad condicional.^[42] Fueron absueltos en este proceso: María Victoria Cáceres de Paiva (cónyuge de Juan Pío y accionista de la empresa), Antolina Burgos de Casaccia (cónyuge de Humberto) y Agustín Alfonso (miembro del directorio empresarial).

Por otro lado, la sentencia dispuso expresamente que los condenados no irán a la cárcel hasta que quede firme la sentencia (hecho que puede tardar meses ya que la misma sería apelada).^[43] Las víctimas si bien admitieron que fue una victoria que se haya logrado la condena por homicidio doloso (algo obtenido por la presión que ejercieron según ellos) expresaron su total decepción y rechazo por las leves condenas y los beneficios que obtuvieron los condenados.^{[42] [44] [45] [46] [47]} Incluso algunas víctimas, en arrebatos de rabia, expresaron que harían justicia por mano propia.^[42]

Efectos

Esta tragedia sucedió poco tiempo antes del trágico incendio en la discoteca República Cromañón en Buenos Aires, Argentina, el 30 de diciembre de 2004, lo que reforzó la exigencia de control por parte de los organismos municipales de los países de América del Sur en cuanto a materia de seguridad en los recintos de acceso público.

La falta de un proceso judicial confiable y la inmensidad de la tragedia humana han provocado nuevas víctimas entre los familiares y sobrevivientes de la tragedia, debido a que muchos de ellos contraen enfermedades psicosomáticas, mueren de ataques cardíacos, o se suicidan.^{[48] [49]}

Referencias

Enlaces externos

• Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Ycuá Bolaños. Commons
• Sitio oficial de la empresa
• Caso Ycuá Bolaños en el sitio del Poder Judicial de Paraguay
• Sitio de las Organizaciones Víctimas del Ycua Bolaños

Coordenadas: 25°15′24″S 57°35′02″O / -25.25667, -57.58389