Juan Antonio Roca

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Juan Antonio Roca Nicolás (Cartagena, Murcia, 1953) fue el Gerente Municipal de urbanismo de Marbella (España) entre 1992 y 2003. Mano derecha del ex alcalde de Marbella, ya fallecido, Jesús Gil. Tras la victoria de Gil en 1991, entró a formar parte del Consistorio y controló Planeamiento 2000, la sociedad municipal que gestionaba el suelo. El sucesor de Gil, Julián Muñoz, lo destituyó en agosto de 2003, pero el equipo de Marisol Yagüe lo rescató tras llegar al poder mediante una moción de censura a Muñoz en 2003.

Imputado en el 'caso saqueo', fue investigado por la Audiencia Nacional por presunta malversación de fondos procedentes de las arcas municipales. El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó su ingreso en la prisión de Alcalá Meco en abril de 2002, junto a Gil y otros colaboradores del ex regidor marbellí. Días después fue puesto en libertad bajo fianza, tras el pago de 450.000 euros.

Imputado por malversación en el Caso Malaya, blanqueo de capitales y cohecho. El 31 de marzo de 2006, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres Segura, ordenó su prisión incondicional sin fianza, por considerarle la persona que dirige y controla totalmente las decisiones municipales en la ciudad.

En octubre de 2007 la Audiencia Provincial de Málaga rechaza su excarcelación por entender que existía aún "un riesgo real y grave de evasión", atendiendo sobre todo a las penas que se le podrían llegar a imponer y al patrimonio que podría tener fuera de España. En febrero de 2008 en la vista celebrada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, solicitó que Roca cumpliera el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva permitido.

El 28 de marzo de 2008 el instructor del caso Malaya, Óscar Pérez, dicta un auto (recurrido por la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella) en el que reformaba la situación procesal del ex asesor urbanístico y fija la suma un millón de euros para eludir la prisión provisional. Es la fianza más alta de todo el caso, tras superar a los 500.000 euros impuestos a seis de los detenidos durante la segunda fase de la operación: el presidente de Aifos, Jesús Ruiz Casado, los constructores José Ávila Rojas, Tomás Olivo y Emilio Rodríguez Bugallo, el empresario José Miguel Villarroya y el ex comisario de Policía Florencio San Agapito. El 14 de abril a las 18.30 horas abandona la prisión de Albolote (Granada) tras pagar el millón de euros puesto como fianza. El pago de la fianza, cuyo importe se recaudó en una cuenta abierta para que familiares y amigos hicieran sus aportaciones, tuvo lugar por medio de transferencia bancaria y el comprobante de la operación presentado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella. Debido al elevado riesgo de fuga, reconocido por el propio juez en su auto, Roca tendrá que comparecer todos los días en el juzgado, no podrá salir de España y no podrá acercarse a menos de 500 metros de ningún aeródromo público o privado. Poco antes de su salida, el juez instructor del caso había desestimado los recursos de reforma presentados por la Fiscalía de Málaga, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella contra la fianza. En su escrito, el magistrado del juzgado número 5 de Marbella rechazaba los argumentos al considerar "bastante" la fianza de un millón. Además, recordaba que la fianza ya había sido depositada, por lo que se mantenía la puesta en libertad del procesado. Aunque consideraba "razonable" pensar que Roca "dispone de fondos en territorios considerados como paraíso fiscal, sin que tal vez nunca pueda llegar a conocerse con exactitud su alcance al ser" sitios que "dificultan la cooperación (como la isla de Man)". No obstante, argumenta que el ex asesor urbanístico "posee en España una muy elevada fortuna, a través de diversas sociedades que en la actualidad están siendo controladas judicialmente", está casado, tiene dos hijos y siempre ha residido en España

Con su puesta en libertad no queda en prisión ninguno de los procesados por el “caso Malaya”, puesto que tanto, el primer teniente Pedro Román como el ex alcalde Julián Muñoz, se les impuso una fianza, aunque este último permanecen en la cárcel por estar cumpliendo dos condenas por delitos urbanísticos.

Tras su puesta en libertad, Roca anunció que iba a reclamar su puesto de trabajo como asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, a lo que la alcaldesa respondió que si eso se producía, le despediría.

El 24 de abril, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y del Ayuntamiento de Marbella el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz (que sustituye temporalmente al titular del Juzgado Central de Instrucción número seis, Juan del Olmo, ) lo enviada a prisión de Soto del Real (Madrid) hasta que pague una fianza de tres millones de euros (de los que serían descontados los 450.000 que ya tenía constituidos) por el caso Saqueo 1 o de las facturas falsas, en el que se investiga una presunta malversación de caudales públicos. La Fiscalía y el Consistorio de la localidad malagueña habían pedido la revisión de las medidas cautelares otorgadas a Roca por esta causa. Las primeras, de 450.000 euros, se le impuso por esta causa el 23 de abril de 2002 y la ingresó en 24 horas. La procedencia de este dinero, subraya el magistrado, "resulta parcialmente dudosa" y, precisamente, la Fiscalía ha solicitado que se investigue su origen y el juez ha iniciado los trámites para que esto se lleve a cabo. Mientras que en el caso Saqueo 2 que también se sigue en la Audiencia Nacional, pero por el juez Ismael Moreno, y en el que se investiga el desvío de 7.000 millones de pesetas del Ayuntamiento a un arquitecto contratado por el difunto Jesús Gil, Roca ha sido citado para el próximo día 29.