Primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito

Junta Autónoma de Gobierno
Bandera de la Junta revolucionaria de Quito.
Tratamiento	Majestad
Residencia	Palacio Real de Quito
Designado por	Pueblo de Quito
Duración	75 días
Primer titular	Juan Pio Montúfar
Creación	10 de agosto de 1809
Precedido por	{{{precedido}}}
Sucedido por	Conde Ruiz de Castilla, como presidente de la Real Audiencia

Se conoce como Primera Junta de Gobierno Autónoma, a la junta de gobierno provisional surgida en Quito (hoy capital de Ecuador) el 10 de agosto de 1809. Esta instalación, tuvo lugar después del derrocamiento de Manuel de Uries, primer titular del condado de Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia de Quito, donde un grupo de sublevados formaron una junta de gobierno provisional en apoyo al depuesto rey de España, Fernando VII.

A este evento se le conoce en el Ecuador como el Primer Grito de Independencia Hispanoamericano y fue el inicio del proceso de emancipación de la región. A los gestores de este hecho se les conoce como los patriotas del 10 de agosto de 1809. Los participantes acabaron siendo encarcelados y luego asesinados por órdenes de Ruiz de Castilla.^[1]

Esta revolución fue liderada por una élite criolla, descendientes de españoles nacidos en América y se instaló en el poder bajo la administración de quiteños y no de españoles peninsulares. Los sucesos de Quito se extendieron desde 1809 a 1812 y tuvieron amplia repercusión en toda la América Latina y fueron el germen de la República del Ecuador.

Causas

La ciudad de Quito, como capital de la Real Audiencia, había sido el escenario durante la colonia de revueltas políticas y levantamientos contra los españoles, a quienes se llamaba popularmente como "chapetones". En 1592 los habitantes se levantaron contra el impuesto de las alcabalas. Otro motín por razones similares fue la Revolución de los Estancos de 1765. La población indígena protagonizó también varios motines contra la Corona durante la colonia. La invasión napoleónica de España y la abdicación del rey Carlos IV, quien cedió su trono a su hijo Fernando VII, quien a su vez abdicó a favor del emperador francés Napoleón I, creó caos y confusión en España y sus colonias a partir de 1808. Mientras los Borbones se entregaron a Napoleón luego de la entrevista de Bayona, el pueblo de Madrid se sublevó, y en toda España se formaron Juntas, gobiernos locales populares que decían defender a su país y su rey. La Junta Suprema Central, que gobernaba en nombre de Fernando VII, funcionó a partir de septiembre de 1808 en Aranjuez y Sevilla y declaró en enero de 1809 que las colonias americanas eran parte de la Nación española, dando paso, sin advertirlo, a la posibilidad de que en América se formaran juntas similares. Esta misma Junta, sin embargo, mostraría su preocupación por los nacientes movimientos independentistas y ordenaría su represión con la misma saña que luego lo haría el rey Fernando VII al volver a su país. No obstante, las Juntas de Gobierno de América prenderían la mecha de la independencia en toda la región. Esta coyuntura, el ejemplo de los propios españoles, y la influencia de la Revolución francesa y de la independencia de los Estados Unidos, inspiraron en Quito los planes para formar una Junta Soberana. Las primeras reuniones relacionadas con el Diez de Agosto empezaron en 1808 con la reunión de Navidad efectuada en la Hacienda Chillo Compañía de propiedad de Juan Pío Montúfar, II marqués de Selva Alegre. En ella se discutieron los acontecimientos que estaban sucediendo en España con motivo de la invasión napoleónica, así como la crisis socioeconómica que vivía gran parte de la Audiencia a causa de las reformas borbónicas. Las élites criollas veían afectados sus intereses económicos por el Gobierno colonial, al tiempo que los ideales de la Ilustración y la Revolución francesa, propalados por intelectuales como Eugenio Espejo y José Mejía, se extendieron entre todas las clases sociales. La decadencia del régimen colonial español que era evidente en todo el continente, y la presencia de logias masónicas entre los criollos más ricos y cultos fueron un detonante para intentar una sublevación contra el régimen colonial, disfrazada como una supuesta muestra de lealtad al rey español Fernando VII. Estos temas se discutieron en varias reuniones a las que asistían tanto los nobles locales, que en su mayoría tenían títulos de marqués adquiridos mediante pagos a la Corona, cuanto intelectuales liberales influidos por la Ilustración.

Estas reuniones fueron denunciadas a los españoles, y el Presidente de la Audiencia encarceló a algunos de los asistentes, si bien luego los liberó por falta de pruebas.

Un suceso preliminar ocurrió en la noche y madrugada del 9 al 10 de agosto en casa de Manuela Cañizares, dama noble quiteña comprometida con la causa. Allí se reunió un grupo conformado por nobles criollos, pensadores, militares y grandes terratenientes latifundistas, bajo la égida de Montúfar, Juan de Dios Morales, el capitán Juan de Salinas, Juan Larrea, el obispo Cuero y Caicedo y Manuel Rodríguez de Quiroga. Infundidos por sentimientos libertarios inspirados por el precursor Eugenio Espejo, y la fidelidad hacia el rey Fernando VII, quien se encontraba depuesto y prisionero por Napoleón Bonaparte. Éste había colocado en el trono de España a su hermano José Bonaparte, llamado burlescamente Pepe botella, quien técnicamente gobernaba España al momento de la Revolución de Quito pero que en realidad no fue nunca reconocido ni por las Cortes ni por los virreyes coloniales, que más bien acataron las disposiciones de la Junta Suprema Central hasta la restauración borbónica en 1814.

El 10 de agosto de 1809 y los "infraescritos diputados del pueblo"

En la madrugada del 10 de agosto de 1809 los patriotas sorprendieron a los comandantes españoles de la guarnición de Quito y sitiaron el Palacio Real, actual Palacio de Carondelet, obligando al conde Ruiz de Castilla, quien era el presidente de la Real Audiencia, a capitular. El apoyo de los 177 soldados de la guarnición colonial fue clave para el triunfo de la revuelta, ya que plegaron a ella sin que se produjeran enfrentamientos armados. La tropa se formó en la Plaza de la Independencia, al mando de Juan de Salinas, cerca de las cinco de la mañana.

El doctor Antonio Ante se presentó, según relata el historiador Pedro Fermín Cevallos, en el Real Palacio antes de las seis de la mañana y exigió que despertaran al presidente de la Real Audiencia, para entregarle el siguiente oficio:

Se dice que los patriotas escogieron esa fecha por el asalto del 10 de agosto de 1792 al Palacio de Las Tullerías por parte del pueblo de París en el marco de la Revolución francesa, en la que muchos de ellos se inspiraban. Muchos otros aspectos posteriores, como la designación de los diputados y las ideas republicanas que se consolidaron en Quito hasta 1812 muestran claramente el afán de emular a los revolucionarios franceses. El Acta del Diez de Agosto inicia con estas frases: "Nos, los infraescritos, diputados del pueblo...".

El júbilo popular fue inmenso, destaca Pedro Fermín Cevallos:

Se formó entonces la Junta Soberana de Quito bajo el liderazgo de Juan Pío Montúfar marqués de Selva Alegre; quienes tomaron posesión de la administración de la Audiencia en la sala capitular de San Agustín, el día 16 de agosto.

En consideración a su edad y a que vivía en el Palacio Real, se dejó a Ruiz de Castilla permanecer en él, pero Pedro Fermín Cevallos destaca la prisión de los siguientes funcionarios coloniales:

La junta de gobierno se titulaba suprema y debía mandar a la Provincia de Quito, y a las de Guayaquil y Panamá si voluntariamente querían unirse. Se atribuyó el tratamiento de majestad, pues pretendía representar al rey, dio a su presidente el de alteza serenísima y a sus miembros el de excelencia.

Sobre por qué los quiteños adoptaron estos tratamientos, explica Pedro Fermín Cevallos:

A pesar de ello, la Junta trazó los primeros bosquejos de la República ecuatoriana, creando sus primeras instituciones, como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. El Diez de Agosto contó con masivo apoyo popular, pues cada uno de los barrios de la capital nombró nueve diputados al congreso, que fueron en su mayoría los propios nobles quiteños, como los marqueses de Solanda, Villa Orellana, y Miraflores y profesionales ilustrados como Manuel Zambrano, Manuel de Larrea y Manuel Matheu, quienes conformaron por primera vez el Poder Legislativo ecuatoriano.

Los diputados de la ciudad reunidos en este congreso nombraron también los primeros ministros del Poder Ejecutivo del Estado ecuatoriano: Juan de Dios Morales para Negocios extranjeros y de la Guerra; Manuel Quiroga para Gracia y Justicia y Juan de Larrea para Hacienda. Como secretario particular de la Junta se nombró a Vicente Alvarez. En el mismo documento se fijaron los sueldos de los nuevos funcionarios: el Presidente seis mil pesos de sueldo anual, dos mil cada vocal-ministro y mil el secretario particular. Los diputados reorganizaron la guarnición colonial de Quito creando una falange de tres batallones de infantería bajo el mando del coronel Juan de Salinas y del teniente coronel Juan Pablo Arenas, y decretó un alza salarial del 30% para todos los soldados.

Como una de las principales funciones de la Real Audiencia era la administración de justicia, la Junta la reemplazó con una alta corte, a la que llamaron Senado, compuesta por dos salas: una Civil y otra Criminal, integradas por seis senadores-jueces y presidida por un gobernador (la Civil) y por un regente (la Penal). Ambas salas contaban con fiscales. Por primera vez en la justicia ecuatoriana, la junta ordenó nombrar un protector general de indios, con rango de senador-juez, cargo que recayó en Tomas Arrechaga. Se mantuvo en su cargo al Alguacil Mayor de la Real Audiencia.

Los diputados advertían que los encargos eran prácticamente obligatorios, pues quienes se negaren a participar serían tenidos "por mal patriotas y vasallos y excluidos de todo cargo público". ^[6]

El juramento que hizo la junta y que exigió a cada uno de los empleados y corporaciones del nuevo gobierno fue de obediencia y fidelidad al monarca español Fernando VII.^[7]

Para honrar a quienes dieran servicios distinguidos al nuevo Gobierno, se creó la condecoración de la Orden Nacional de San Lorenzo, vigente en Ecuador hasta la actualidad.

Aunque en horas de la mañana el doctor Antonio Ante se había presentado ya en el Palacio de la Audiencia para informar a Ruiz de Castilla de su destitución, se le dirigió nuevamente un oficio, informándole que se había constituido la Junta y que esta debía funcionar en el Palacio, por lo que le pedían les permita el acceso a la Sala Principal, en donde se realizó una ceremonia de saludo de las corporaciones y se firmó al Acta del Diez de Agosto.^[8]

Ya desde el 10 de agosto, cuando la Junta publicó un Manifiesto al Pueblo ^[9] , se dejaba claro que, aunque el levantamiento era en nombre del Rey, no es menos cierto que el pueblo estaba cansado de los abusos de los gobernadores y burócratas españoles:

En el manifiesto, la Junta denunciaba que antes del Diez de Agosto Ruiz de Castilla ya había detenido "a cinco de sus vecinos más nobles" y que tenía previsto ejecutar a 14 más, solo por el delito de tener "el pensamiento de no sujetarse nunca a Bonaparte y el haber hecho planes para este digno objeto". Al mismo tiempo, los patriotas desconocen la legitimidad del presidente de la Real Audiencia, ya que "la mayor parte de los que le mandan son hechuras del infame Manuel Godoy; la execración del género humano" y le reprochan haber ordenado corridas de toros en honor de los Bonaparte. ^[10] El manifiesto termina con estas palabras:

Los patriotas adoptaron como bandera un pendón rojo con un aspa blanca, para indicar su oposición a España, cuya bandera militar ^[11] era blanca con el aspa roja de San Andrés o aspa de Borgoña. El emblema fue utilizado por los patriotas quiteños que resistieron el contrataque español en 1812 y fue capturada por las tropas realistas de Toribio Montes y Sámano en la Batalla de Ibarra de diciembre de aquel año. ^[12] Durante buena parte del siglo XX, por un error en la transcripción del parte de la Batalla de Ibarra, se pensó que el pabellón quiteño había sido totalmente rojo, sostenido en un "asta" blanca. Con ocasión de las celebraciones del Bicentenario del Diez de Agosto, se usó la bandera correctamente representada y se aclaró masivamente el error.

Tan pronto se conocieron los sucesos del Diez de Agosto, los gobernadores españoles de Guayaquil y Cuenca respondieron con la brutalidad habitual en la época:

Represión española y caída de la Primera Junta

Las autoridades coloniales cercanas a Quito, desde el primer momento, consideraron que la Junta Soberana era una sublevación independentista y se apresuraron a reprimirla a sangre y fuego. A ningún funcionario español de la época convencieron las declaraciones de fidelidad al rey Fernando VII.

Poco ayudaron circulares como esta, que envió Quito a los cabildos de las ciudades más cercanas, hablando claramente de conceptos prohibidos por los españoles, como patria, libertad e independencia:

Al mismo tiempo, solo las ciudades más cercanas, como Ibarra, Ambato y Riobamba, se sumaron al movimiento quiteño, mientras que Guayaquil se mantuvo leal al rey y sus autoridades pidieron al virrey del Perú el bloqueo de la costa ecuatoriana para asfixiar a Quito.

Desde Bogotá y Lima, los virreyes españoles despacharon con suma urgencia tropas para sofocar a la Junta Soberana.

En Popayán, el alferez real Gabriel de Santacruz contestó lo siguiente:

En Guayaquil, la opinión también fue contraria a la revolución de Quito. Solo la familia del futuro presidente Vicente Rocafuerte fue invitada por Montúfar y Morales a dar un golpe similar en el puerto, pero el gobernador Cucalón apresó a Rocafuerte y a su cuñado, Jacinto Bejarano, antes de que pudieran actuar.^[16] Bejarano era medio hermano de uno de los próceres, Juan Pablo Arenas.

Desesperado, Montúfar remitió al puerto de Esmeraldas una carta para que se la entreguen a cualquier buque inglés, pidiendo el apoyo de Gran Bretaña para la Junta Soberana. La carta, dirigida "al Gabinete de San James y al augusto monarca de los mares", dice:

Lamentablemente, el apoyo británico a la independencia hispanoamericana se materializaría muchos años después.

Enterado de los hechos de Quito el virrey de la Nueva Granada, Antonio Amar y Borbón, se reunió con los notables de Bogotá, para auscultar sus criterios. Los monárquicos le adviertieron del peligro que significaba la revolución quiteña, mientras que los criollos le insinuaron que formara una Junta Soberana. La reunión le sirvió para convencerse del peligro de una revuelta similar en la capital del virreinato, por lo que reforzó la seguridad en Bogotá y despachó hacia Quito 300 soldados para aplastar a la Junta Soberana.

Los quiteños no obtuvieron apoyo de los pueblos cercanos. El 6 de octubre, un presionado Montúfar obligó a Ruiz de Castilla a abandonar el Palacio Real, donde vivía, y lo confinó en una quinta en Iñaquito, en las afueras de la capital.

La personalidad débil de Montúfar le hizo flaquear. Así la describió el historiador Pedro Fermín Cevallos:

Aunque se le considera sincero entusiasta de la independencia, no tuvo el liderazgo suficiente para continuar la lucha. El 12 de octubre de 1809 renunció a la presidencia, que recayó en otro aristócrata, José Guerrero, conde de Selva Florida.

Pero la Junta tenía en sí misma el germen de su fracaso:

Finalmente, aislada y bloqueada, el 24 de octubre de 1809 la Junta devolvió el mando al conde Ruiz de Castilla, negociando con él que no se tomarían represalias y permitiendo el ingreso a la ciudad sin resistir de las tropas coloniales de Lima y Bogotá.

Ruiz de Castilla se mostró contento de que le devolvieran "el mando que me confió la piedad del rey", pero en el marco de una junta provincial, obediente al virrey de la Nueva Granada y a la Junta Central de España.

Ruiz de Castilla retornó a su Palacio el 25 de octubre, entre los vítores de sus simpatizantes. En la cercana Ambato, el ejército de Melchor de Aymerich, con 2200 soldados se preparaba para ingresar a Quito. Pero Ruiz de Castilla le ordenó a Aymerich retonar con su ejército a Cuenca, mientras esperaba la llegada de 700 hombres procedentes de Guayaquil, al mando de Manuel de Arredondo, un oficial español hijo de uno de los virreyes del Río de la Plata, Nicolás Antonio de Arredondo. En total, los españoles tenían una fuerza militar de 3500 hombres sitiando Quito, por lo que Ruiz de Castilla simplemente disolvió la Junta, y reestableció solemnemente la Real Audiencia de Quito, faltando a su palabra de manera escandalosa.

Luego persiguió y encarceló a los cabecillas del 10 de Agosto, obligando a los otros miembros a huir y esconderse. Con la ciudad ocupada por el Ejército colonial de Arredondo, Ruiz de Castilla ordenó a la Audiencia el inicio de procesos penales contra todos los patriotas, que fueron detenidos en su mayoría, al menos lo que no tenían títulos nobiliarios.

Precisa Pedro Fermín Cevallos:

Ruiz de Castilla decretó la pena de muerte para todos los que protegieran a los próceres, con este bando:

El obispo de Quito, Cuero y Caicedo, un entusiasta de la independencia, denunció las irregularidades que la Audiencia y sus fiscales cometieron en todos los procesos ante el virrey de Santa Fe, sin éxito. En el proceso se recurrió a la tortura y la falsificación de documentos. El fiscal fue el propio Tomás de Arrechaga, nombrado pocos meses antes Protector de Indios de la Junta. El ex miembro del Senado quiteño pidió la pena de muerte para 46 personas y el destierro para 30 más.

Ruiz de Castilla, como presidente de la Real Audiencia, debía dictar sentencia. Pero tras varias tribulaciones no lo hizo y se limitó a enviar el expediente de dos mil páginas al virrey de Santa Fe de Bogotá. Víctor Félix de San Miguel, un funcionario de la Audiencia, escoltado por soldados, partió la madrugada del 27 de junio de 1810 a Bogotá con el expediente. Según Pedro Fermín Cevallos, el expediente sobrevivió a la revuelta bogotana del 20 de julio de 1810 y se conserva en un archivo público de Colombia.

Para aquel entonces, ya se sabía que estaba viajando hacia Quito Carlos Montúfar, quien había sido nombrado en España comisionado regio de Quito, y que probablemente absolvería a los patriotas enjuiciados. No obstante, la tensión aumentaba entre las tropas coloniales y los quiteños.

El 2 de agosto de 1810, se produjo un motín popular, conocido como Motín del 2 de agosto de 1810 con la intención de liberar a los presos. Historiadores como Pedro Fermín Cevallos creen que tras el motín estuvieron Morales y Salinas, que tramaron su liberación para evitar el protagonismo de la familia Montúfar, puesto que Carlos Montúfar estaba camino de Quito en calidad de comisionado regio. Otros, como Quiroga, desconocieron del intento, por lo que sus hijas que lo visitaban se vieron envueltas en la refriega.

Los quiteños atacaron dos cuarteles: el Real de Lima, en la calle Espejo y el de Santa Fe, en la calle García Moreno, y una casa conocida como el Presidio, donde estaban detenidos los presos del pueblo.

Los soldados respondieron asesinando a los presos en los calabozos del piso alto, y luego salieron a la calle García Moreno a enfrentarse con la turba. Durante la tarde, se produjeron choques en los barrios de San Blas, San Sebastián y San Roque, mientras los soldados saqueaban las casas más ricas del centro. Entre 200 y 300 muertos y por los menos medio millón de pesos en pérdidas dejó la criminal represalia ordenada por Ruiz de Castilla y Arredondo.

La Segunda Junta y la guerra del Estado de Quito

El 9 de septiembre de 1810 entró en Quito Carlos de Montúfar, en su calidad de comisionado regio, recibido con honores por el Conde Ruiz de Castilla. Sobre Montúfar dice Pedro Fermín Cevallos:

Las tropas peruanas de Arredondo dejaron Quito. Pero fueron reemplazadas por otras enviadas desde Panamá, comandadas por Juan Alderete.

Tan pronto arribó, el joven Montúfar decidió convocar una nueva junta. Se denominaría Junta de Gobierno, y era un triunvirado formado por Ruiz de Castilla, el obispo de Quito Cuero y Caicedo y el propio Montúfar. Luego, se elegieron representantes para la junta tomando en cuenta representantes de los tres estamentos, como en Francia: el clero, la nobleza y el pueblo llano.

Para el 9 de octubre, la Junta volvió a declarar que no obedecería al virrey de la Nueva Granada. El 11 de octubre de 1811, Quito proclamó su independencia frente a España.

Ruiz de Castilla renunció y fue sustituido por el obispo Cuero y Caicedo, quien firmaba sus decretos de esta manera: "Joseph, por la gracia de Dios, Obispo y por la voluntad de los pueblos Presidente del Estado de Quito". Nuevamente, las ciudades cercanas le declararon la guerra a Quito y despacharon tropas para someterla. Desde Lima llegó un Ejército al mando de Toribio Montes para someter a Quito y Nueva Granada.

El 15 de febrero de 1812 se promulgó la primera Constitución ecuatoriana, la Constitución del Estado de Quito^[25] , que establecía una República con división de poderes y terminaba con cualquier sospecha sobre las convicciones republicanas de los quiteños. Este fue el primer Estado independiente y soberano proclamado en el territorio del Ecuador y ejerció jurisdicción sobre la Sierra central y norte, así como sobre el litoral de Esmeraldas.

En estos nuevos motines, fue linchado por la multitud Manuel Urries, el conde Ruiz de Castilla, quien se había retirado a un convento. También fueron ejecutados sin fórmula de juicio el oidor Fuertes y Amar, uno de los más crueles perseguidores de los quiteños, y los monárquicos quiteños Pedro y Nicolás Calixto.

En ese mismo año, los últimos patriotas quiteños del Diez de Agosto fueron derrotados por los españoles. El 7 de noviembre, las fuerzas de Toribio Montes sitiaron la ciudad y los quiteños resistieron en el cerro El Panecillo, ubicado en el centro mismo de Quito. Sin embargo, el español tomó finalmente Quito el 8 de noviembre. Por temor a la barbarie española, buena parte de la población abandonó la capital hacia el norte, buscando refugio en la ciudad de Ibarra.

Los restos del Ejército patriota fueron finalmente derrotados en Ibarra el 1 de diciembre de 1812. En el mismo lugar ejecutaron al patriota Francisco Calderón, cuyo hijo Abdón, lucharía por la libertad en la Batalla del Pichincha, en la que tuvo destacada actuación.

Su principal líder fue el joven criollo Carlos de Montúfar, hijo del marqués de Selva Alegre, quien fue ejecutado por los españoles en 1816, luego de ser desterrado tras estos acontecimientos, haber logrado huir de la prisión y haberse sumado al Ejército de la Nueva Granada, en donde alcanzó el grado de coronel. Los bienes de su familia, que fue de las más ricas de Quito, fueron confiscados por la Corona y su padre, el marqués de Selva Alegre, enviado preso a Cádiz, España, en donde murió en 1818. Al final el marqués declaró su republicanismo y renunció al título nobiliario que el rey Fernando VI había concedido a su familia el siglo anterior.

Al anciano obispo-presidente Cuero y Caicedo se le quitó su dignidad eclesiástica, se le confiscó su biblioteca y bienes y se le remitió preso a Lima, en donde murió. El resto de dirigentes a quienes no ejecutaron fueron enviados desterrados a remotos rincones del Imperio español, como las Filipinas, Ceuta, La Habana, Puerto Rico y la propia España. El Gobierno colonial se reestableció en la ciudad capital, violentamente pacificada por los españoles, al mando del nuevo presidente de la Real Audiencia, el mariscal Melchor de Aymerich, hasta 1822.

Finalmente, la Presidencia de Quito consiguió escindirse de la metrópoli en la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, gracias al triunfo de las fuerzas combinadas de la Gran Colombia, el Perú, las Provincias Unidas del Río de la Plata y elementos locales, comandadas por el entonces general Antonio José de Sucre, lugarteniente de Simón Bolívar.

Legado de gloria: Quito, Luz de América

Los sucesos del Diez de Agosto y la posterior matanza ordenada por Ruiz de Castilla al año siguiente tuvieron amplia repercusión en la América Hispana, en donde los movimientos libertarios estaban ya extendidos. Los otros gobernadores españoles de la región tomaron medidas para detener la expansión de la noticia de lo ocurrido en Quito.

El capitán general de Venezuela, Vicente Emparán prohibió con pena de muerte la circulación de impresos procedentes de Quito. Los patriotas caraqueños sin embargo, lo destituyeron y expulsaron del país en 1810.

El Santo Oficio de la Inquisición con sede en Santa Fe de Bogotá, promulgó un decreto el 24 de diciembre de 1809, excomulgando a quienes tuviesen o leyesen proclamas, cartas o papeles de Quito, lo que pone en evidencia el temor que ocasionó en la capital de la Nueva Granada la noticia de la Revolución de Quito. La precaución, en todo caso, fue inútil, pues los bogotanos también se sublevaron contra las autoridades coloniales el 20 de julio de 1810, encabezados por criollos que siguieron con interés los sucesos quiteños.

Algunos de los patriotas que vivieron el Diez de Agosto participaron en la formación de la Junta de Santiago de Chile,como fue el caso de Camilo Henríquez, el 18 de septiembre de 1810. El pueblo chileno reconoció tiempo después el aporte, colocando en el faro de Valparaíso un placa en la que reconoce a Quito como "luz de América".

En Turicato, Michoacán, México, un grupo de vecinos se reunió para “platicar y conocer las cosas de Quito”. Ese pueblo contribuyó luego con la revuelta del cura Miguel Hidalgo y Costilla, prócer de la independencia de México.

No solo la Junta Soberana, sino la posterior matanza del 2 de agosto de 1810, tuvieron repercusión continental. Así,

En Bogotá, Francisco José de Caldas protestó por los hechos en su periódico “Diario Político”. Caldas conocía bien el Ecuador pues lo había recorrido en varias expediciones científicas.

Para el bogotano Miguel Pombo Quito fue "el pueblo que primero levantó su cabeza para reclamar su libertad".

Una de las justificaciones de la "guerra a muerte" declarada por Bolívar contra España en Valencia el 20 de septiembre de 1813 ^[28] , fue la criminal matanza de civiles desarmados en Quito ordenada por Ruiz de Castilla:

Para el Libertador, la criminal represión que se dio en Quito, fue el preludio de las atrocidades que en toda la Nueva Granada y Venezuela cometerían los comandantes coloniales españoles, como Toribio Montes y José Tomás Boves, a los que Bolívar respondería con la declaratoria de "guerra a muerte", que implicaba la ejecución de civiles españoles como represalia: "españoles y canarios, contad con la muerte aún si sois indiferentes", declaró Bolívar.

En contraste con otros procesos independentistas en otras ciudades ecuatorianas, en donde prácticamente no hubo derramamiento de sangre y se contó con el respaldo de fuerzas militares de los otros países de la región, ya para entonces fuertemente armadas, disciplinadas y preparadas y con apoyo de la Gran Bretaña, el Diez de Agosto y la guerra del Estado de Quito produjeron enormes pérdidas materiales y humanas para las principales ciudades de la Sierra ecuatoriana que se enfrentaron solas a las tropas de los virreyes de Lima y Bogotá. La política española de exterminar a los patriotas quiteños privó al Ecuador de sus élites más preparadas, por lo que al proclamarse la República en 1830, el país quedó en manos del militar extranjero Juan José Flores y varios de sus compatriotas.

Recién en la siguiente generación, aparecerán figuras nacionales propias como García Moreno y Alfaro, sin olvidar al patricio guayaquileño Vicente Rocafuerte, quien salió por los fueros de la ecuatorianidad frente al militarismo extranjero conocido también como "Dominación Floreana".

Durante el siglo XIX, la República del Ecuador recordó el Diez de Agosto como su fecha fundacional. El presidente Gabriel García Moreno estableció en el Código Militar promulgado en su segunda administración hacia 1870 que cada aniversario "del primer grito de independencia que se dio en la capital de la República" se debía disparar una salva de cañón en honor de los próceres desde la cima del Panecillo.

Al adoptarse el Himno Nacional escrito por Juan León Mera en 1865, se oficializó la estrofa que recuerda el Diez y el Dos de Agosto:

En 1909, en el primer centenario del Diez de Agosto, el presidente Eloy Alfaro ordenó construir un monumento a los Héroes del Diez de Agosto, en el centro de la Plaza de la Independencia.

La columna conmemorativa está rematada con una estatua de la libertad, a cuyos pies un león derrotado por un cóndor entre cadenas rotas representa a la Patria liberada de la dominación colonial. El monumento destaca también el Acta del Diez de Agosto y los nombres de los próceres en relieves de bronce.

Los presidentes ecuatorianos desde el siglo XIX juraron su cargo el diez de agosto, que es el día nacional que celebran las embajadas ecuatorianas en el exterior, además de la fecha de graduación de los oficiales del Ejército.

Con ocasión del Bicentenario del 10 de agosto, el Gobierno del presidente Rafael Correa organizó varios eventos conmemorativos, como una gran parada militar y un concierto de música popular. Estos eventos, sin embargo, no tuvieron repercusión nacional y fueron totalmente ignorados en Guayaquil.

En 2010 se descubrió también que el original del Acta está en posesión de un coleccionista privado en la ciudad de Bogotá, sin que el Estado ecuatoriano haya hecho ningún esfuerzo por recuperarla.

Referencias