Guerra sucia en México

Con el nombre de Guerra Sucia se conoce en México a un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano, gobernado por aquella época por el Partido Revolucionario Institucional. La guerra sucia en México también es llamada guerra de baja intensidad por algunos autores ya que a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina —como Argentina—, fue de carácter selectivo y bajo la cobertura de una prensa sometida. En México la guerra sucia es un tema poco conocido por el grueso de la población. La investigación judicial sobre los crímenes del Estado contra los movimientos políticos fue abierta sólo hasta el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), quien creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Sin embargo, a pesar de que ha avanzado en el conocimiento de los hechos históricos, la FEMOSPP no ha podido llegar a fincar responsabilidades legales concretas contra los que se han señalado como principales responsables de la guerra sucia.^[1]

Historia

Rosario Ibarra, fundadora del Comité Eureka.

La guerra sucia en México comprende desde el final de la década de 1960 hasta finales de los años setenta. Un suceso importante fue la represión en contra del Movimiento estudiantil de 1968. la Reforma Política de 1977 legaliza la existencia del Partido Comunista Mexicano, que había sido proscrito por el gobierno mexicano. El movimiento ferrocarilero encabezado por Demetrio Vallejo que en 1958 también se confrontó con el Estado. La sociedad civil a través de organismos no gubernamentales reclama la existencia de prácticas de guerra de baja intensidad por parte del Estado mexicano en contra de la oposición no partidista.

Centro del país

Desde el movimiento ferrocarrilero de 1958 se empezaron a levantar por el país varios movimientos guerrilleros sobre todo de inspiración comunista, los cuales fueron sometidos o disminuidos por el ejercito mexicano, entre 1965 y 1980 operaron unos 29 grupos guerrilleros en el país, siendo la Liga Comunista 23 de Septiembre, la organización guerrillera más importante del país, pues era operada desde la ciudad de Guadalajara y tenía militantes en las principales ciudades de México. Las autoridades del gobierno mexicano llevaron entonces un movimiento armado de contrainsurgencia en que se valieron de la desaparición de militantes y simpatizantes de los guerrilleros, quienes fueron retenidos y torturados en bases militares, prisiones secretas del gobierno y en lugares de la extinta Dirección Federal de Seguridad, acciones que de ningún modo fueron documentadas y que representa el mayor obstáculo para Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP);^{[cita requerida]} Por otra parte como parte de las luchas armadas de baja intensidad entre los miembros del ejercito de esas fechas se habla de asesinatos y emboscadas a miembros de las fuerzas armadas, que nunca fueron investigados, para evitar darles publicidad a los cuerpos guerrilleros, incluso mencionan que existía una frase "Los soldados nunca mueren", que mencionaban entre ellos para indicar que un compañero había muerto en acción de guerra, pero que el parte oficial indicaría que había sido un accidente ^{[cita requerida]}.

Guerrero

Cartel que denuncia la desaparición forzada de Félix Barrientos, detenido en 1975 en Acapulco (Guerrero). Fue colocado en un árbol de la Alameda Central de la Ciudad de México junto con otros cientos de carteles en un acto de denuncia colectiva por las desapariciones forzadas cometidas en México durante la guerra sucia.

La marginación y desigualdad sufridas en el estado de Guerrero durante las décadas de 1960 generaron una serie de movimientos sociales que propiciaron el surgimiento de grupos guerrilleros armados. Para Octaviano Santiago, por ejemplo, las luchas armadas en Guerrero en los años sesentas no surgieron en su base por la miseria, sino más bien por la intolerancia, el autoritarismo gubernamental, la arbitrariedad y la falta de libertades públicas.

En 1951 nace la Unión Regional de Productores de Copra, y en 1957 la cooperativa Unión Mercantil de Productores de Coco y sus Derivados. Dichas organizaciones, que en un inicio se dedicaron a la defensa de los intereses de los productores, fueron infiltradas, manipuladas y corrompidas a finales de 1960 por miembros del gobierno y empresarios.

En 1955, gracias a la fuerza política de éstas organizaciones, el Partido Revolucionario Institucional invitó a los líderes a tener candidatos en las elecciones, lo que las hizo vulnerables ante el poder político. El 19 de marzo de 1961, la sede de la Unión Mercantil en Acapulco fue asaltada por agitadores de Candelario Ríos, uno de los más grandes acaparadores del estado, y por las policías municipal y judicial estatal. Es entonces que se crea la Asociación Cívica Guerrerense, que impulsó la creación de la Unión Libre de Asociaciones Copreras.

En 1962, luego de no cumplir las empresas los contratos que tenían con el pueblo, los ejidatarios y el profesor Lucio Cabañas bloquearon el acceso a Mexcaltepec con troncos de árboles, impidiendo así el acceso de los camiones madereros y obligando a la salida de los talamontes del lugar. Ésto generó que en los próximos meses se presentase el Ejército para reprimir a los pobladores.

El 21 de agosto de 1966 se presentó el comandante de 27ª Zona Militar en una reunión de ejidatarios, intentando suspenderla y acusandolos de conspiración.

En 1967, asociados de las organizaciones invadidas por el charrismo sindical intentaron democratizar su organización, por lo que el gobierno federal y estatal, respaldando la dirigencia charra, generó un enfrentamiento entre campesinos con pistoleros de por medio para masacrar a los inconformes. El enfrentamiento se dio el 20 de agosto de 1967 cuando un grupo de 800 copreros, encabezados por César del Ángel, intentaron tomar al recinto de la Unión de Productores de Copra de Guerrero, siendo acribillados por policías judiciales, guardias blancas y pistoleros dejando un saldo de 21 personas muertas y 37 heridas.

Luego de que fueran encarcelados los principales manifestantes, el Consejo de Auto-defensa del Pueblo de Guerrero solicitó libertad de los presos políticos Genaro Vázquez Rojas, Antonio Sotelo, Pedro Contreras y Fausto Ávila, firmando la misiva Roque Salgado por la Liga Agraria del Sur Emiliano Zapata; Donato Contreras por la Unión Libre de Asociaciones Copreras; Ismael Bracho por la Unión de Cafeticultores; Magdaleno Pino por el Consejo de Autodefensa de Iguala; Elpidio Ocampo por el Consejo de autodefensa de Atoyac; Pablo Orbe por el Consejo de autodefensa de Tecpan y otros más, que posteriormente se incorporaron como guerrilleros y bases de apoyo a la guerrilla de la ACNR.

Desaparición forzada

La guerra sucia dejó un número aún desconocido de muertos y desaparecidos en México. El número de denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relacionadas con crímenes de Estado durante las décadas de 1960 a 1980 asciende a 374. Sin embargo, es posible que las víctimas sean muchas más. Tan sólo el Comité Eureka maneja un total de 557 expedientes de personas desaparecidas entre 1969 y 2001, de las cuales más de 530 corresponden a personas desaparecidas hasta la década de 1980.^[2] La mayoría de los archivos de la nación que detallan las operaciones de control del estado permanecen en secreto por razones de seguridad.

Caso Radilla

El 15 de marzo de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, presentó una demanda contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla. El suceso ocurrió el 25 de agosto de 1974 cuando Radilla fue detenido en un retén militar en Atoyac de Álvarez, costa de Guerrero. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él.^[3] El 1 de julio de 2009 se anunció que la Corte llamó a comparecer al Estado mexicano el 7 de julio de ese mismo año en San José de Costa Rica, donde se encuentra la sede del organismo . Fue la primera vez que México comparece en calidad de acusado por crimenes de lesa humanidad ante un tribunal internacional.

A la comparecencia acudieron también los hijos de Rosendo Radilla, quienes expusieron el modo en que su padre fue detenido.^[4]

En su declaración, Fernando Gómez Mont titular de la Secretaría de Gobernación^[6] y representante del Estado mexicano ante la Corte, aceptó la desaparición forzada de Radilla, lo que consideró como un "agravio a sus derechos humanos y a los de su familia",^[7] pero negó la competencia de la Corte Interamericana en el caso, argumentando que el crimen ocurrió mucho tiempo antes de que México reconociera la jurisdicción del organismo internacional.^[8] Añadió que México no puede juzgar un delito que no se contemplaba en la legislación vigente en 1974 y que, finalmente, el Estado mexicano no es el mismo que en la década de 1974.

En la discusión, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, rebatió al secretario de Gobernación señalando que la impunidad del Ejército se mantiene en la actualidad por lo que no se podría sostener un argumento como el presentado por Gómez Mont. Antes, la jueza Cecilia Medina Quiroga increpó al representante del Estado mexicano porque sólo reconoce como desaparecido a Radilla Pacheco entre centenares de casos que se encuentran en la Recomendación 26/2001 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México.

Notas

Véase también

• Partido de los Pobres
• Movimiento de Acción Revolucionaria
• Historia política de México (1940-2006)
• Rosendo Radilla