Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado

La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947) es una de las ocho Leyes Fundamentales del franquismo, que se refería a la cuestión de la sucesión de Francisco Franco. Establecía que el sucesor sería propuesto por él mismo, pero que tendría que ser aprobado por las Cortes españolas.

Contenido legal

El contenido fundamental de la ley era:

• (Artículo 1) España se constituía en Reino: "España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino"
• (Artículo 2) La Jefatura del Estado correspondía al «Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde»
• (Artículo 6) En cualquier momento el Jefe del Estado (Franco) podía proponer a las Cortes la persona que debía ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente.

Además del objeto fundamental mencionado en su título, la Ley de Sucesión definía y enumeraba por primera vez el cuerpo de las "Leyes Fundamentales del Reino", que se convertían en un sucedáneo de Constitución rígida, cuya derogación exigía el acuerdo de las Cortes y la celebración del referéndum nacional instaurado dos años antes (artículo 10); creando, además una nueva serie de órganos asesores, como el Consejo del Reino y el Consejo de Regencia, dotados de importantes atribuciones constitucionales en caso de sucesión.^[1]

Antecedentes políticos

Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y heredero legítimo del Reino de España, publicó el 19 de marzo de 1945 el Manifiesto de Lausana (redactado por Juan de Borbón en Suiza), en el que se criticaba duramente la dictadura franquista y se ofrecía al pueblo español la posibilidad de restaurar una Monarquía de carácter no muy definido (presentaba, como alternativa moderada al régimen, una monarquía constitucional. Rechaza el régimen franquista, inspirado en los sistemas totalitarios alemanes e italianos, por haber fallado.También promete una serie de prioridades en caso de la vuelta a la monarquía: la aprobación de una constitución, el reconocimiento de los derechos humanos, garantía de libertades políticas, establecimiento de una asamblea legislativa democrática, el reconocimiento de la diversidad regional, amnistía a los presos políticos y una más justa distribución de la riqueza). A raíz de esto, Franco duda del legítimo heredero de la Dinastia Borbónica como posible sucesor^{[cita requerida]}.

La decisión previa

El 31 de marzo de 1947 el ministro Carrero Blanco, enviado de Francisco Franco y redactor de la Ley de Sucesión, informa a Juan de Borbón de que con la aprobación de la Ley de Sucesión sería Franco quien nombraría al monarca del reino «cuando lo considere conveniente». Y además, le comunica a Juan de Borbón —heredero del trono— que podría «ser Rey de España, pero de la España del Movimiento Nacional, católica, anticomunista y antiliberal».

El manifiesto de Estoril

El 7 de abril de 1947 Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos, que era por derecho el heredero de la corona de España en ese momento, hizo público un manifiesto en el que denunciaba la ilegalidad de la Ley de Sucesión, porque se proponían alterar la naturaleza de la monarquía sin consultar con el heredero del trono.

Primer Manifiesto de Estoril de Don Juan, 7 de abril de 1947

Españoles:

El General Franco ha anunciado públicamente su propósito de presentar a las llamadas Cortes un proyecto de Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, por el cual España queda constituida en Reino, y se prevé un sistema por completo opuesto al de las Leyes que históricamente han regulado la sucesión a la Corona.

En momentos tan críticos para la estabilidad política de la Patria, no puedo dejar de dirigirme a vosotros, como legítimo Representante que soy de vuestra Monarquía, para fijar mi actitud ante tan grave intento.

Los principios que rigen la sucesión de la Corona, y que son uno de los elementos básicos de la legalidad en que la Monarquía Tradicional se asienta, no pueden ser modificados sin la actuación conjunta del Rey y de la Nación legítimamente representada en Cortes. Lo que ahora se quiere hacer carece de ambos concursos esenciales, pues ni el titular de la Corona interviene ni puede decirse que encarne la voluntad de la Nación el organismo que, con el nombre de Cortes, no pasa de ser una mera creación gubernativa. La Ley de Sucesión que naciera en condiciones tales adolecería de un vicio sustancial de nulidad.

Tanto o más grave es la cuestión de fondo que el citado proyecto plantea. Sin tener en cuenta la necesidad apremiante que España siente de contar con instituciones estables, sin querer advertir que lo que el país desea es salir cuanto antes de una interinidad cada día más peligrosa, sin comprender que la hostilidad de que la Patria se ve rodeada en el mundo nace en máxima parte de la presencia del General Franco en la Jefatura del Estado, lo que ahora se pretende es pura y simplemente convertir en vitalicia esa dictadura personal, convalidar unos títulos, según parece hasta ahora precarios, y disfrazar con el manto glorioso de la Monarquía un régimen de puro arbitrio gubernamental, la necesidad de la cual hace ya mucho tiempo que no existe.

Mañana la Historia, hoy los españoles, no me perdonarían si permaneciese silencioso ante el ataque que se pretende perpetrar contra la esencia misma de la Institución monárquica hereditaria, que es, en frase de nuestro Balmes, una de las conquistas más grandes y más felices de la ciencia política.

La Monarquía hereditaria es, por su propia naturaleza, un elemento básico de estabilidad, merced a la permanencia institucional que triunfa de la caducidad de las personas, y gracias a la fijeza y claridad de los principios sucesorios, que eliminan los motivos de discordia, y hacen posible el choque de los apetitos y las banderías.

Todas esas supremas ventajas desaparecen en el proyecto sucesorio, que cambia la fijeza en imprecisión, que abre la puerta a todas las contiendas intestinas, y que prescinde de la continuidad hereditaria, para volver, con lamentable espíritu de regresión, a una de esas imperfectas fórmulas de caudillaje electivo, en que se debatieron trágicamente los pueblos en los albores de su vida política.

Los momentos son demasiado graves para que España vaya a añadir una nueva ficción constitucional a las que hoy integran el conjunto de disposiciones que se quieren hacer pasar por leyes orgánicas de la Nación, y que además, nunca han tenido efectividad práctica.

Frente a ese intento, yo tengo el deber inexcusable de hacer una pública y solemne afirmación del supremo principio de legitimidad que encarno, de los imprescriptibles derechos de soberanía que la Providencia de Dios ha querido que vinieran a confluir en mi persona, y que no puedo en conciencia abandonar porque nacen de muchos siglos de Historia, y están directamente ligados con el presente y el porvenir de nuestra España.

Por lo mismo que he puesto mi suprema ilusión en ser el Rey de todos los españoles que quieran de buena fe acatar un Estado de Derecho inspirado en los principios esenciales de la vida de la Nación y que obligue por igual a gobernantes y gobernados, he estado y estoy dispuesto a facilitar todo lo que permita asegurar la normal e incondicional transmisión de poderes. Lo que no se me puede pedir es que dé mi asentimiento a actos que supongan el incumplimiento del sagrado deber de custodia de derechos que no son solo de la Corona, sino que forman parte del acervo espiritual de la Patria.

Con fe ciega en los grandes destinos de nuestra España querida, sabéis que podéis contar siempre con vuestro Rey.

JUAN

Estoril, 7 de abril de 1947

Referéndum

El 6 de junio de 1947 se celebró un «referéndum» sobre la Ley, en el que según los resultados oficiales, votó el 89% del electorado, según el recuento el voto en favor del «sí» fue del 93%, un 4,7% en favor del «no» y un 2,3% de votos en blanco o nulos. [1]

La decisión definitiva

Desde el 18 de julio de 1947, por la Ley de Sucesión, Franco actuaría como el Jefe del Estado del recién proclamado reino de España, cuyo trono estaba vacante y así habría de permanecer al menos hasta que se produjera lo que luego se dio en llamar el "hecho sucesorio", como eufemismo por la muerte del dictador. Para el ministro Arrese esta ley representaba un obstáculo en el camino a recorrer y no una etapa del camino recorrido. Con otras palabras:

El 25 de agosto de 1948, Franco concertó una entrevista con Juan de Borbón, en su yate de vacaciones el Azor, en el golfo de Vizcaya. Allí acordaron que el hijo de diez años de Juan de Borbón, Juan Carlos, nacido y con residencia en Roma, cambiaría de residencia y completaría su educación en España, junto con su hermano Alfonso de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, bajo la promesa de «que el periódico monárquico ABC podría informar libremente y que se levantarían las restricciones de las actividades monárquicas».

El 9 de noviembre de 1948 Juan Carlos fue recibido por Franco en su residencia de El Pardo, donde le informó de que su educación estaría a cargo de un grupo de profesores de firme lealtad al Movimiento.

Escudo de Juan Carlos de Borbón como Príncipe de España.

Como revelan los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de EE.UU., a causa de un accidente que se produjo el 24 de diciembre de 1961, durante una cacería en los bosques de El Pardo, por aquel entonces la residencia del Generalísimo, Franco comienza a plantearse la elección sobre su sucesión. Un informe de la Corte griega al embajador de EE.UU. en Grecia indica: «a raíz de un accidente de caza» nos informan que «está planificando presentar la cuestión de la sucesión real ante las Cortes en febrero. No ha divulgado si recomendará al conde de Barcelona o al hijo de éste, Juan Carlos»; conforme a lo indicado por el embajador español Luca de Tena.

El 21 de julio de 1969 Franco designa a Juan Carlos de Borbón (saltándose el orden sucesorio natural que correspondía a su padre Juan de Borbón amparándose en la ley de sucesión según la cual sería Franco quien nombraría al monarca del reino) como su sucesor a la Jefatura del Estado, con el título de «Príncipe de España». Así es proclamado por las Cortes como sucesor de Franco el 22 de julio de 1969 cuando Juan Carlos jura: «fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino».

Consecuencias

Durante la dictadura, el príncipe de España, Juan Carlos, accedió brevemente (19 de julio a 2 de septiembre de 1974) a la jefatura del Estado debido a la frágil salud del dictador a causa del parkinson, empeorada debido al disgusto que le provocó el asesinato del presidente del gobierno Luis Carrero Blanco por parte de ETA el 20 de diciembre de 1973.

Finalmente, Franco falleció el 20 de noviembre de 1975 y Juan Carlos de Borbón fue proclamado jefe de Estado y coronado como rey de España el 22 de noviembre de 1975 en el Palacio de las Cortes, pasando a denominarse Juan Carlos I saltándose el orden sucesorio natural (que correspondía a su padre Juan de Borbón) debido a la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado creada años antes (1947) por el General Franco (según la cual sería Franco quien nombraría al monarca del reino «cuando lo considerase conveniente»).

No sería hasta el 14 de mayo de 1977 cuando Juan de Borbón renunciase oficialmente a todos sus derechos dinásticos (los cuales le habían sido negados por la ley de sucesión creada por Franco) en favor de su hijo.

Referencias

Enlaces externos

• Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947 (pdf)
  • Corrección de errata en dicha ley (pdf)
• Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947
• Extracto del Manifiesto de Lausana (pdf)