Salvatore Mancuso Gómez
Mancuso en medio de dos agentes de la DEA después de ser extraditado a los Estados Unidos
Comandante AUC
Años de servicio	1995 - 2005
Apodo	Santander Lozada Triple Cero Mono Mancuso
Lealtad	Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
Lugar de operación	Córdoba, Colombia
Unidad	Bloque Catatumbo
Participó en	Conflicto armado en Colombia
Estatus legal	Extraditado a Estados Unidos (2008)
Acusaciones	Terrorismo Tráfico de drogas
Nacimiento	n. 17 de agosto de 1964 Montería, Córdoba, Colombia
Otros empleos	Hacendado, ingeniero

Salvatore Mancuso Gómez, (17 de agosto de 1964, Montería, Córdoba, Colombia) conocido también por los alias de "el Mono Mancuso", "Santander Lozada" o "Triple Cero", es un paramilitar y narcotraficante colombiano, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); desmovilizado en 2005 y extraditado a Estados Unidos en 2008.

Mancuso ha reconocido su participación en por lo menos 300 asesinatos^[1] incluido el de una niña de 22 meses^[2] y se le atribuye la autoría como comandante de la Masacre de Mapiripán en la que murieron veinte campesinos en estado de indefensión y la Masacre de El Aro donde fueron asesinados otros 15 en 1997 y por la cual se le dicto una condena de 40 años de cárcel (no purgada por su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz); igualmente es señalado por la Masacre de la Gabarra en 1999 donde fueron asesinadas 35 personas y la Masacre de El Salado en febrero de 2000, donde fueron asesinadas más de 100 personas^[3] y es considerada una de las acciones más sanguinarias de las AUC.^[1] Mancuso confesó que el Bloque Catatumbo que él comandaba fue responsable de la muerte de cinco mil civiles y que las autodefensas habían infiltrado todas las ramas del poder público.^[4]

Mancuso es también acusado por el delito de narcotráfico por la corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, hechos por los cuales fue extraditado a ese país en 2008. La justicia italiana también lo acusan de haber traficado con drogas en unión con la mafia calabresa.^[5]

Biografía

Mancuso nació en Montería, la capital del departamento septentrional colombiano de Córdoba, en la Región Caribe. Hijo de un italiano y una monteriana, es el segundo de seis hermanos. En Bogotá estudió ingeniería civil en la Pontificia Universidad Javeriana y Administración agropecuaria en la Escuela de Formación Técnica Agricola. En la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania estudió inglés.^[6]

Más tarde se consolidó como un importante e influyente hacendado del departamento de Córdoba. Posteriormente integró el grupo paramilitar denominado "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá" junto a Carlos Castaño, siendo su segundo al mando.

Tras la articulación de un mando conjunto del paramilitarismo colombiano en torno a lo que se denominó como las "Autodefensas Unidas de Colombia" bajo la sigla AUC, fue promovido por sus propios compañeros incluidos los hermanos Vicente y Carlos Castaño como jefe del estado mayor negociador de las AUC. Tras la misteriosa desaparición de Castaño, que después fue confirmado como asesinado por un ajuste de cuentas dentro de dicho movimiento, Mancuso se mantuvo en su cargo como el principal y más importante vocero de las AUC frente al proceso de desmovilización propuesto por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Su nombre ha estado involucrado en la conducción de al menos ocho grupos paramilitares que perpetraron numerosas masacres como la de Mapiripán.

También ha sido acusado de tráfico de drogas tanto por el gobierno de Colombia como por el de los Estados Unidos, quien solicitó su extradición. Mancuso estaba tan despreocupado por la orden de extradición que asistió a la ceremonia de desarme del Bloque Bananero el 24 de noviembre de 2004. La solicitud fue en principio aprobada por Bogotá, pero posteriormente suspendida condicionalmente dentro del marco de las negociaciones de desmovilización de las AUC. Mancuso se desmovilizó con el Bloque Catatumbo el 10 de diciembre del 2005. Tras su sometimiento al proceso de Justicia y Paz, fue extraditado el 13 de mayo de 2008 a Estados Unidos junto con otros 13 jefes paramilitares porque según el gobierno no cumplió con los compromisos establecidos por dicha ley.

Contexto

El departamento de Córdoba hace parte de una rica región colombiana conocida por la fertilidad de sus tierras y sus valles exuberantes bañados por los ríos Sinú y San Jorge, la cual incluye también una parte de las sabanas del departamento de Sucre. Como su nombre lo indica, la Sabana es una rica planicie de plantaciones y ganadería que ha estado tradicionalmente en manos de latifundistas los cuales fueron objeto de ataques por parte de las guerrillas comunistas, especialmente del Ejército Popular de Liberación. El largo conflicto colombiano del siglo XX que debilitó las instituciones del Estado, generó profundos vacíos de autoridad civil en regiones ricas como la Sabana de Córdoba y Sucre, pero además de una riqueza objeto de las ambiciones de los diversos frentes en contienda. Urabá por ejemplo, un territorio que rodea al Golfo de Urabá, es el eje bananero más importante del país y las exportaciones de este producto generan un 30% sin contar con las divisas generadas por el café.^[7]

Los ataques de las guerrillas del EPL a los latifundistas de la región tuvo como consecuencia la conformación de grupos armados al margen de la ley, pero que a la vez tenían la simpatía y el respaldo de algunos sectores del Estado como miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército de Colombia.

Uno de estos latifundistas que jugaría un papel determinante en la historia de la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia sería precisamente Salvatore Mancuso quien, como él mismo asegura, se unió en 1995:

Estos dos argumentos, el de defenderse de las "agresiones de la guerrilla" y "ante la debilidad institucional del Estado", serán desde entonces el principal discurso que presentarán como justificación a sus acciones.

Proceso de paz

El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez sancionó la Ley 975 de 2005, conocida como "Ley de Justicia y Paz" y aprobada por el Congreso de la República de Colombia. El propósito de la Ley 975 era el de crear un marco jurídico viable para adelantar un proceso de desmovilización paramilitar y, eventualmente guerrillero. Aunque la Ley tuvo numerosas objeciones por parte de grupos nacionales como aquellos representados por la izquierda colombiana y por observadores internacionales como las organizaciones del monitoreo de los derechos humanos, la Ley fue aprobada en el congreso sin embargo más tarde sería enmendada por la Corte Constitucional con modificaciones que exigían confesión plena a los paramilitares y una mayor compensación a las víctimas de sus acciones militares. En este contexto, el 16 de agosto de 2006 la policía adelantó los respectivos procesos de captura de 14 jefes de la cúpula militar de las AUC entre los cuales se encontraba Salvatore Mancuso, quien se entregó a la justicia colombiana para recibir los beneficios que de la Ley derivan[5]. En la actualidad se encuentra recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí junto a otros miembros de la cúpula militar de dicha organización.

Fosas comunes

El proceso se abrió a un nuevo capítulo con la revelación de las fosas comunes en diferentes puntos de le geografía nacional, encontradas por la confesión de los mismos paramilitares acogidos al proceso de paz bajo la Ley 975. Las fosas comunes son sepulturas colectivas en donde los perpetradores de masacres depositaban los cadáveres de sus víctimas - un número promedio de 100 personas por fosa, según los registros de las mismas. Por ejemplo, en Mapiripan fue encontrada una fosa con 78 cadáveres, entre ellos habían dos menores de edad, según reporte de El País.^[9] Tan sólo en esa región (Mapiripán, un municipio del Departamento del Meta), se espera la localización de almenos 400 cadáveres, lo que convierte a la zona en un auténtico campo de exterminio y genocidio.

Narcotráfico

Según el banco de datos del MIPT^[10] Mancuso ha sido acusado tanto por los Estados Unidos como por Colombia de actividades relacionadas con el tráfico de drogas:

El 24 de septiembre de 2002, el Fiscal General de los EEUU, John Ashcroft, declaró:

Las AUC, lo que implica los jefes de su cúpula máxima, fueron oficialmente elencados como grupo de narcotraficantes según la "Foreign Narcotics Kingpin Designation Act", una ley del gobierno de los Estados Unidos que declara quiénes o qué tipo de organizaciones son narcotráficantes emitida el 2 de junio de 2003.^[13]

Confesión

El 19 de diciembre de 2006, Mancuso confesó 87 actos criminales y 336 víctimas,^[14] siendo el primero de la alta cúpula de las AUC que lo hacía. En el procesos judicial realizado en Medellín ante un juez de justicia y paz, los periodistas no fueron admitidos, pero sí víctimas o parientes de las víctimas los cuales presenciaron el acto por medio de un circuito cerrado de televisión.^[15] Los crímenes reconocidos por Mancuso fueron los siguientes:

Masacres

• Masacre de El Aro: En dicha masacre localizada en el municipio de Ituango (Antioquia) y cometida en octubre de 1997, perdieron la vida 15 personas. Mancuso incriminó además al general del Ejército Alfonso Manosalva (murió en 2006), el cual estuvo implicado en otros actos de genocidio. Mancuso aseguró que las víctimas habían muerto en combate y que eran miembros de la guerrilla, hecho que contradice una anterior incriminación in absentia que presenta pruebas de tortura de las víctimas.

• Masacre de El Salado: Mancuso admitió la planificación de la masacre de El Salado, municipio de El Carmen de Bolívar (Departamento de Bolívar) en el que murieron 38 personas y en la cual estuvo implicado, según testimonio de Mancuso, el vice-almirante de la Marina Rodrigo Quiñonez.

• Luego de más de 5 años de investigaciones, la Procuraduría General de la Nación mediante Sentencia del 23 de diciembre de 2004, debidamente ejecutoriada, Resolvió Sancionar al Coronel CARLOS ALBERTO SANCHEZ GARCIA como autor responsable de la falta grave establecida en el numeral 39 del art. 59 de la Ley 836 de 2003 (Eludir la responsabilidad inherente a las funciones de Comando); y al Capitán de Corbeta HECTOR MARTIN PITA VASQUEZ, quien actuaba como Comandante del la Compañía Orca del Batallón de Contraguerrillas No. 31, de la Infantería de Marina de la Armada Nacional, con separación absoluta de las Fuerzas Militares e Inhabilidad General por el termino de 10 años, como autor responsable de la falta gravísima dolosa establecida en el numeral 14, del art. 58 de la Ley 836 de 2003 (“No entrar en combate, pudiendo y debiendo hacerlo; ocultarse o simular enfermedad para rehuirlo, retirarse indebidamente o incitar a la huida injustificada, dejar de perseguir al enemigo, estando en capacidad de hacerlo con las fuerzas a su mando, o no prestar el auxilio, apoyo o abastecimiento requerido, cuando tenga posibilidad de hacerlo”).

• La Procuraduría General de la Nación también Resolvió absolver de toda responsabilidad disciplinaria al Sr. Teniente Coronel de I.M. HAROLD MANTILLA SERRANO, Comandante del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 5 (Bafim5).

• Durante la Investigación Disciplinaria se estableció que a este Oficial le fue jurídica, material y geográficamente imposible defender El corregimiento de El Salado cuando fue atacado, ya que, desde meses antes y por órdenes especificas de sus Superiores, las tropas del Bafim5, habían sido re-ubicadas en otros Municipios amenazados por la subversión y las autodefensas.

• Así mismo se estableció que, al mismo tiempo, la defensa y protección de los habitantes de El Salado (y de todo el Municipio del Carmen de Bolívar), fue entregada, y quedó bajo la responsabilidad y a cargo del Comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 31 (Bacim31), y de sus tropas, por lo que, en consecuencia, era a este Oficial y a sus soldados, a quienes les correspondía la protección y defensa de sus habitantes.

• Masacre de Mapiripán: Admitió la planeación de la Masacre de Mapiripán (Meta), la cual se constituyó en el primer acto genocida de los paramilitares en el sur de Colombia. El testimonio de Mancuso implicó la colaboración del coronel del Ejército Lino Sánchez quien recibió una condena de 40 años por esta atrocidad y no mencionó al general Jaime Uscátegui.

Corrupción de autoridades

Mancuso confesó además la corrupción de autoridades civiles y militares para permitir las operaciones de los paramilitares en diferentes áreas del país. Según sus palabras, para el tiempo en que se dio la desmovilización en diciembre de 2004, estaba pagando US$250.000 a la policía y al ejército.^[15]

• Danilo González: Mancuso implicó al coronel Danilo González del cual dijo había sido el principal contacto entre las AUC y las fuerzas de seguridad. Este González, quien fue asesinado en marzo de 2004, fue además un estrecho colaborador de los agentes federales anti-droga de los Estados Unidos. Sin embargo, EEUU ya había incriminado a González con las mafias para el tiempo de la declaración.^[16]

• Mayor Wálter Fratinni: También muerto, implicado como colaborador de los paramilitares.

• Fiscal Ana María Flórez: Mancuso incriminó a la fiscal Flórez, que trabajaba como tal en Norte de Santander y que vive en Canadá, de quien dijo suministraba el nombre de colegas que, a su juicio, ayudaban a las guerrillas: "Todo el que ella mencionaba, era asesinado".^[15]

Interferencias democráticas

Mancuso confesó que los paramilitares llevaron actos de interferencia electoral ordenando a la población a votar por Horacio Serpa, candidato del Partido Liberal en la primera ronda de las elecciones presidenciales de 1998 y por Álvaro Uribe Vélez en las elecciones de 2002. En respuesta a esta confesión, el político Serpa respondió así a El Tiempo:

Magnicidios

Mancuso confesó la planeación, intento y ejecución de algunos magnicidios de personajes de la vida política colombiana como los siguientes:

• Wilson Borja: Este líder de la Unión de los Trabajadores y posteriormente congresista, recibió un atentado en diciembre de 2000 en Bogotá. Sin embargo, Borja diría posteriormente a El Colombiano que la auto-implicación de Mancuso en su intento de asesinato era un convenio entre el Ejército (del cual habían ya algunos militares acusados por el suceso) y los paramilitares:
  "El quiere aprovecharse de un caso muy conocido, como el mío, para decir que está diciendo la verdad. La realidad es que los militares organizaron todo y le pidieron ayuda a los paramilitares".^[18]

• Kimy Pernía Domicó: Este líder de la comunidad indígena Embera-Katíos de Córdoba) desapareció el 2 de junio de 2001 del cual, dijo Mancuso, era un infiltrado de la guerrilla dentro de la comunidad indígena. Al respecto, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dijo a El Colombiano:
  "A pesar de nuestros insistentes reclamos nunca tuvieron, hasta ahora, el valor de decirnos la verdad, siempre lo negaron. Rechazamos que se justifique el asesinato de un sabio como Kimy. Sus actuaciones por la defensa del pueblo embera katío y el medio ambiente siempre fueron públicas (...) Él no era de las Farc y con ese grupo también tuvo problemas porque siempre rechazó el uso de la armas"^[18]

• Aury Sara Marruego: Mancuso confesó el asesinato de la presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) de Cartagena de Indias en 2000, cuyo cuerpo presentó signos de tortura.

• Luís Orozco Serrano: Admitió el asesinato del líder sindical de la "Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud" (ANTHOC) de Barranquilla, hecho por el cual otro paramilitar, Rodrigo Tovar ya había sido incriminado. Con relación a este magnicidio, Mancuso dijo que Orozco fue asesinado no por su posición de izquierda, sino porque iba a revelar información acerca del pago de dineros de parte del sistema de salud nacional a los paramilitares.

• Alcaldes: Admitió el asesinato de diferentes alcaldes como Henry Tafur de San Martín de Loba (Bolívar), Carlos Quiroz de San Jacinto (Bolívar), Pauselino Camargo de Cúcuta, Hector Acosta de Tierradentro (Córdoba), el concejal Bernabé Sánchez de Tibú y el poeta, ex alcalde de Tibú y candidato a la Gobernación de Norte de Santander, Tirso Vélez (2003).
• Concejales. Admitió el asesinato del Concejal OSCAR ENRIQUE NIÑO RAMIREZ del municipio de Gramalote Norte de Santander, hechos ocurridos el 13 de enero de 2001.

Comunicados

Salvatore Mancuso dirigía desde la cárcel una página Web permanentemente actualizada que era su principal medio de comunicación para entrar en contacto con la opinión pública y que era fuente permanete no sólo de información sino de estudio para comprender la psicología de los grupos paramilitares del país suramericano.^{[cita requerida]} Inicialmente manifestó su intención de permanecer leal a los compromisos con el gobierno y a la propuesta de lo que en Colombia se conoce como un "programa de reconciliación nacional", una experiencia ya vivida en otras etapas de la historia colombiana. Al respecto dijo:

. La "reconciliación nacional" es presentada por Mancuso como la única salida a la crisis de un país moldeado por más de cuatro décadas en una sucesión de conflictos armados:

En un comunicado dirigido al presidente Uribe, Mancuso exigió la definición de la situación jurídica como garantía para participar dentro de la contienda política de su país, reitera su intención de continuar en el proceso de paz y ratifica "los compromisos políticos, sociales y jurídicos" asumidos después de la desmovilización.^[21]

Pero el senador Gustavo Petro, líder de un movimiento político de izquierda (Polo Democrático Alternativo) y uno de los principales críticos del proceso de paz adelantado por el presidente Uribe, asegura que el proceso de paz en Colombia debería estar en manos de una Corte Penal Internacional.^[22]

Otro obstáculo evidente es la falta de credibilidad que las políticas del presidente Uribe tiene entre los intelectuales de izquierda en Colombia y la cual Mancuso señala:

Por su parte, la posición del senador Gustavo Petro al respecto es que el presidente Uribe está polarizado en el conflicto a favor de los paramilitares:

Extradición

En horas de la madrugada del martes 13 de mayo de 2008, el Gobierno colombiano ordenó la extradición de Mancuso y otros 12 jefes paramilitares y un narcotraficante a Estados Unidos, todos ellos acusados por tráfico de drogas.

Entre los extraditados estaban Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40', Diego Fernando Murillo alias 'Don Berna', Hernán Giraldo Serna alias 'Pablo Sevillano' y Ramiro 'Cuco' Vanoy.

El listado también incluía a Eduardo Enrique Bengoechea y Francisco Javier Zuluaga alias 'Gordolindo'.

Según el gobierno colombiano los paramilitares habían incumplido los compromisos de la Ley de Justicia y Paz, en particular la entrega de bienes para la reparación de sus víctimas. Además, han dijo que todos han mentido en sus versiones libres ante las autoridades.

Referencias

Véase también

• Parapolítica
• Ernesto Báez
• Rodrigo Tovar Pupo
• Pacto de Ralito

Enlaces externos

• Sitio oficial de Salvatore Mancuso