Logo de la CHADE

Se conoce como escándalo de la CHADE, en Argentina, a un resonante caso de corrupción sucedido en los años 30, durante la llamada Década infame, con motivo de la concesión del servicio eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires a la Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHADE).

Antecedentes

«Instale un calefón eléctrico». Publicidad de la CHADE de 1930

Las concesiones eléctricas

A mediados de la década del 30 la provisión del servicio de electricidad en el país estaba controlado básicamente por tres grupos internacionales:

• ANSEC, una subsidiaria de Electric Bond and Share Co (EBASCO), vinculada a la Banca Morgan de EE. UU.;
• CHADE (Compañía Hispano Americana de Electricidad), filial de SOFINA (Societé Financiere de Transports et d'Entreprises Industrielles), de varios grupos europeos con sede en Bruselas, Bélgica;
• CIAE (Compañía Italo Argentina de Electricidad), la Italo, controlada por Motor Columbus, una empresa con sede en Ginebra, Suiza.

La CHADE, llamada desde 1936 CADE (Compañía Argentina de Electricidad),^[1] controlaba prestaba el servicio eléctrico en el Gran Buenos Aires y Rosario, y ANSEC-EBASCO, el resto del país.

En Buenos Aires también actuaba la CIAE (Compañía Ítalo Argentina de Electricidad), la Italo, que se había repartido el mercado con la CHADE.

La CHADE y la CIAE eran titulares de la concesión del servicio eléctrico de Buenos Aires, debido a contratos realizados en la primera década del siglo XX (1907 para la primera y 1912 para la segunda). El plazo de la concesión era de 50 años con vencimiento en 1957 y 1962, respectivamente. En el caso de la CHADE, la concesión original fue obtenida por la CATE (Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad) que en 1929 vendió la empresa a la CHADE.

Las largas concesiones monopólicas obtenidas por la CATE-CHADE y la CIAE, generaron una multitud de conflictos y quejas contra las empresas, por abusos y ganancias ilícitas, que llegaron a ser debatidos en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires en los años 1924, 1927 y 1932.

Los abusos de la empresas eléctricas habían impulsado también la formación en 1933 de una organización de consumidores denominada Junta de Sociedades de Fomento y Centros Comerciales e Industriales Pro-Reducción de Tarifas Eléctricas, presidida por Jorge del Río, quien desde entonces se destacaría por sus denuncias sobre las prácticas monopólicas en el servicio de electricidad.

Existía entonces un amplio consenso sobre las violaciones generalizadas de las empresas eléctricas y sobre el hecho de adoptar medidas enérgicas.

Las autoridades

El 6 de septiembre de 1930 se produjo un golpe de estado que derrocó al presidente democrático Hipólito Yrigoyen, dando origen a la llamada Década infame.

Simultáneamente el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires fue cerrado y permaneció sin funcionamiento por casi dos años, hasta las cuestionadas elecciones de 1932, que impusieron la candidatura del General Agustín P. Justo (1932-1938). Debido a la represión del gobierno militar y la proscripción de los candidatos de la Unión Cívica Radical, éste partido obviamente mayoritario, declaró la abstención y no presentó candidaturas en esas elecciones.

El panorama político fue controlado entonces por una alianza conservadora denominada Concordancia, integrada por el Partido Demócrata Nacional (PDN), la Unión Cívica Radical Antipersonalista (UCR-A) y el Partido Socialista Independiente (PSI).

Como oposición débil se presentaron a elecciones el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista.

El caso

1932: El debate en el Concejo Deliberante

Las elecciones de 1932 reorganizaron al Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. El Concejo Deliberante estaba integrado por 29 concejales:

• Oficialismo (15): diversos partidos de la Concordancia: UCR-A (Claisse, Mariani, Elena y Vago), PSI (Bescinsky, Di Tella, Rouco Oliva, y Rodríguez), Partido de la Salud Pública (Giacobini, Lemos y Romero), PDN (Carbone, Carbonell, Coni Molina), Partido Popular (Pagés).
• Oposición (14): 12 eran socialistas (Coca, Comolli, Fiorini, Ghío, González Porcel, Iñigo Carrera, Justo, Marotta, Navas, Rubinstein, Russomano y Zabala Vizcondo), 1 comunista^[2] (José Penelón) y el restante demócrata progresista (Julio González Iramain).

Ese primer año los nuevos concejales, luego de dos años sin deliberaciones del organismo, abordaron "desde cero" varias de las cuestiones cruciales, entre ellas las concesiones eléctricas.

El tema fue analizado por la Comisión de Servicios Públicos presidida por Germinal Rodríguez, un socialista independiente. Las conclusiones de las investigaciones y dictámenes expusieron graves incumplimientos e irregularidades de las empresas eléctricas, que en algunos casos constituían delitos penales o riesgos a la seguridad pública. Germinal Rodríguez leyó un detallado informes sobre las irregularidades donde entre otras cosas manifestaba:

Sobre esa base se prepararon tres proyectos sancionando severamente a la CHADE y la CIAE, controlando las tarifas, verificando los costos de producción y mandando a investigar las cobranzas indebidas. En octubre de 1933, cuando los proyectos estaban listos para ser tratados, los legisladores oficialistas encabezados por Rodríguez, cambiaron bruscamente de opinión, abandonaron los proyectos elaborados por consenso y los reemplazaron con la creación de una Comisión de Conciliación con las concesionarias, integrada por los decanos de Derecho, Económicas e Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Luego se probaría la apertura en esos días de una caja de seguridad en el City Bank por parte de Germinal Rodríguez y grandes depósitos en su cuenta, así como la intervención del Ministro de Hacienda, el también socialista independiente Federico Pinedo para evitar la sanción de los proyectos elaborados.^[4]

1933: Comisión Conciliadora y el veto

La Comisión de los tres decanos (Clodomiro Zavalía, Mauricio Griffier y Enrique Butty) produciría un dictámen abiertamente favorable a las empresas concesionarias, permitiendo el aumento de la tarifa y legitimando una serie de procederes inseguros e ilegales.

Para entonces las empresas habían empezado a intervenir activamente en los poderes públicos, muchas veces a través de sobornos abiertos, para obtener las resoluciones que les convenían. En el texto de un telegrama enviado por la CHADE a su casa central (SOFINA) el 12 de diciembre de 1933, cuando el dictámen de los decanos ya había sido realizado dice:

En la sesión del 27 de diciembre de 1933 los concejales de la Concordancia votaron a favor del proyecto, en tanto los socialistas, democráta progresista y comunista se retiraron.

Sin embargo sorpresivamente el 10 de enero de 1934, el Intendente Mariano de Vedia y Mitre vetó la ordenanza de conciliación, poniendo al descubierto las graves irregularidades que contenía y la violación a los términos de las concesiones.

El veto produjo un enorme desprestigio de la Universidad de Buenos Aires pero luego se descubrió que era parte de la maniobra de corrupción realizada por las empresas. La realidad fue que la casa central de la CHADE, SOFINA, consideró que, atendiendo al hecho de que las autoridades habían sido sobornadas, era posible avanzar aún más garantizando los intereses de la empresa cuando la concesión venciera en 1957. El intercambio telegráfico entre la casa central y su subsidiaria en Buenos Aires es muy claro:

Sin embargo el resultado no fue el esperado por la CHADE-SOFINA, porque los términos de la concesión establecían que en caso de no arribarse a una concliación debía recurrirse a un arbitraje, y adicionalmente, en las elecciones de marzo de 1934 el oficialismo perdió su éxigua minoría.

1934: Arbitraje

Ante el fracaso de la conciliación, los términos de la concesión establecía que se debía formar un tribunal arbitral. El mismo fue integrado por Agustín N. Matienzo, Carlos M. Mayer y Alberto E. Uriburu y se pronunció el 27 de junio de 1934, con un laudo que daba la razón a la Ciudad de Buenos Aires en ocho de las onces cuestiones en litigio. Fundamentalmente el laudo estableció que la CHADE había establecido tarifas indebidas a los comerciantes e industriales, en los últimos diez años, lo que sumaba una enorme suma de aproximadamente 87 millones de pesos que debía ser devuelta a los usuarios. De todos modos la CHADE utilizó diversas argucias para no cumplir el fallo, muchas de ellas evidentemente relacionadas con la corrupción, como decensas de prescripciones por demora de los tribunales y las apelaciones de la empresa a la Corte Suprema, firmadas por el decano de Derecho de la UBA, Clodomiro Zavalía, el mismo que había integrado la Comisión de Conciliación.

1936: la prórroga de las concesiones

En 1935 la Unión Cívica Radical levantó la abstención y decidió participar en las elecciones, ganando en la Capital Federal al año siguiente. Ello modificó completamente la composición del Concejo Deliberante:^[9]

• Oficialismo (4): dos radicales antipersonalistas, 1 socialista independiente y 1 conservador.
• Oposición (25): 13 radicales y 12 socialistas.

Esa mayoría le permitía incluso superar el veto del Intendente. Ese mismo año la CHADE se «argentinizó», debido a los riesgos que generaba la Guerra Civil Española, trtasladando su sede de Barcelona a Buenos Aires y adoptando el nombre de CADE (Compañía Argentina de Electricidad).

El 20 de junio de 1936 viajó a la Argentina Daniel Heineman, presidente de SOFINA. El objetivo exclusivo del viaje era realizar reuniones del más alto nivel con el fin de sobornar a los políticos claves que pudieran garantizar la renovación de las concesiones para la CHADE-CADE en las condiciones más favorables. Está probado que Heineman sobornó al entones Ministro de Hacienda y futuro presidente Roberto Ortiz y al jefe de la oposición, el presidente de la Unión Cívica Radical y ex presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear.^[10]

El 8 de octubre de 1936 la CHADE-CADE presentó una propuesta al Concejo Deliberante para extender la concesión 25 años más (desde 1957), con opción a otros 25 y dejar sin efecto las cláusulas que no había cumplido. Pocos días después la CIAE (Italo) presentó una propuesta similar, evidentemente acordada con la CHADE. El tratamiento fue escandaloso. El 6 de noviembre el bloque de la UCR presenta los dos proyectos. Ese mismo día fueron tratados en la Comisión de Servicios Públicos, con la participación personal de los señores Vehils y Nürberg, altos ejecutivos de la CHADE.^[11] En protesta los socialistas se retiraron de la comisión.

El soborno de los concejales radicales era tan evidente que se solía denominarlos como «los chadistas». En una carta de José L. Cantilo a Marcelo T. de Alvear, aquel dice:

Los sectores más progresistas y honestos de la Unión Cívica Radical, intentaron abortar el negociado ordenando a los concejales radicales retirar el proyecto. Entre ellos se destacó un joven de 28 años aún desconocido, Arturo Frondizi. Alvear, que debía enfrentar el financiamiento de su candidatura a presidente del año siguiente, intervino personalmente para neutralizar al partido. El historiador radical Félix Luna cuenta que en uno de los acalorados debates sobre la CHADE-CADE de aquellos días Alvear estalló frente a Frondizi:

Finalmente, el 29 de diciembre de diciembre de 1936 se aprobaron las ordenanzas 8028 y 8029 estableciendo las prórrogas de las concesiones para la CHADE-CADE y la Italo. El escándalo de la CHADE, no fue el único de una era que mereció inmediatamente el nombre de «década infame» pero fue el paradigma.

En 1941 el Comité Nacional de la UCR intentó crear una comisión que investigara los delitos cometidos por miembros del radicalismo en el negociado de la CHADE-CADE, pero Alvear bloqueó la iniciativa con el argumento de que «se está exagerando los vicios del sistema democrático».^[14] Poco después, cuando la Cámara de Diputados de la Nación creó una comisión con el mismo objeto, «presionó a su presidente, el Dr. Emilio Ravignani, para que la conducta de los concejales implicados no quedara descubierta».^[15]

El informe Rodríguez Conde

Una de las primeras medidas tomadas por el General Pedro Pablo Ramírez luego de derrocar al Presidente Ramón Castillo el 4 de junio de 1943 y asumir el gobierno el 7 de junio fue crear una Comisión Investigadora de los pormenores de la prórroga de las concesiones eléctricas en 1936. La Comisión fue puesta bajo la dirección del Coronel Matías Rodríguez Conde y estaba integrada también por el ingeniero Juan Sábato (hermano del escritor y futuro miembro del grupo íntimo de Raúl Alfonsín) y el abogado Juan P. Oliver.

La Comisión entrevistó a la mayor parte de los involucrados y obtuvo documentación crucial para develar los mecanismos internos de la corrupción, como el intercambio telegráfico interno de las empresas.

El 27 de mayo de 1944 la Comisión terminó su trabajo realizando un informe y proponiendo dos decretos para retirar a la CADE su personería jurídica, anulando las prórrogas y reduciendo las tarifas.

Sin embargo el informe no fue publicado sino hasta 1956 y los proyectos no fueron siquiera tratados por decisión del Vicepresidente Juan D. Perón.^[16]

Bibliografía

• Del Río, Jorge (1960). Electricidad y liberación nacional. El caso SEGBA. Buenos Aires: A. Peña Lillo.
• Del Río, Jorge; Rodríguez Conde, Matías (s.a). Política argentina y monopolios eléctricos. Investigación Rodríguez Conde. Buenos Aires: Cátedra Lisandro de la Torre.
• Luna, Félix (1975). «Un intervalo para la CHADE», Alvear. Las luchas populares en la década del 30. Buenos Aires: Schapire :pp. 196-222.

Referencias

Véase también

• Década infame
• SEGBA