El estallido revolucionario que siguió a la a la insurrección militar de julio de 1936 y al inicio de la Guerra Civil —periodo extraordinariamente convulso— llevó consigo en algunos casos, tanto en Cataluña como en el resto de España, efectos sobre la toponimia municipal que tuvieron considerable efecto a escala local y comarcal. Los cambios producidos en Cataluña recibieron reconocimiento oficial por parte de la Generalidad republicana, y fueron declarados nulos al finalizar la guerra en Cataluña.

Origen

Los cambios de nombres se llevaron a cabo con la intención de sustituir la denominación tradicional por un topónimo que reflejase las inquietudes reformadoras y revolucionarias del momento, principalmente de tendencia anarcosindicalista y comunista. En consecuencia, afectaron sobre todo a las denominaciones de carácter hagiográfico —es decir, los nombres alusivos al santoral— así como, en menor grado, nombres alusivos a los antiguos dominios señoriales, eclesiásticos o de la realeza, que fueron sustituidos en muchos casos por elementos geográficos del entorno inmediato.

El vacío de poder institucional —a escala española y en el ámbito de la Generalidad— producido en la situación de guerra y revolución, se suplió localmente con la emergencia de poderes locales —los autodenominados "comités populares"— que actuaron durante los primeros meses del conflicto fuera de todo control y legalidad. Fue durante esos meses cuando en muchos pueblos se tomó la decisión de cambiar su nombre.

El marco legal y los decretos de la Generalidad

En octubre de 1936 la Generalidad comenzo a dar unas primeras muestras de poder o de querer controlar la situación con el establecimiento de algunas medidas excepcionales. Así, el Decreto de Seguridad Interior de 9 de octubre de 1936 dispuso en su artículo 6: El cambio de nombre de un municipio habrá de ser acordado por el Ayuntamiento y este acuerdo se someterá a la aprobación del Consejo de la Generalitat.

Tras el establecimiento de esta medida reguladora se produjo un gran número de acuerdos municipales referentes a cambios de nombre, que posteriormente la Generalitat ratificó en medio de la pasión -o tal vez la presión— revolucionaria del momento. Así, durante los primeros nueve meses de 1937 el Departamento de Seguridad Interior de la Generalitat (denominado posteriormente Departamento de Governación y Assistencia Social) aprobó once (11) decretos de ratificación de los cambios, que afectaron a ciento veintitrés (123) municipios.

Posteriormente, y buscando erradicar o minimizar la arbitrariedad detectada en las propuestas, un nuevo decreto de 8 de octubre de 1937 endureció las medidas, reconociendo de nuevo el papel, aunque fuese teórico, de la Ley Municipal de Cataluña de 1935, que ya disponía de un procedimiento específico para los cambios de nombre de los municipios, pero que al inicio del conflicto fue ignorada, convirtiéndose en "papel mojado" como consecuencia de la ola revolucionaria. A partir de la publicación de este decreto, y hasta el fin de la Guerra Civil una sola población cambió oficialmente de nombre (año 1938).

Todos los cambios oficiales

Antes de julio de 1936 el número de municipios en Cataluña superaba en sólo unas decenas el millar de entidades. Hubo un total de ciento veinticuatro (124) cambios de nombre oficializados por decretos de la Generalitat, número que representa en torno al 12% del total de municipios de la época. Ciento cinco (105) de este total de ciento veinticuatro contenían algún elemento de cariz religioso en el topónimo.
No obstante, quedaron sin alterar cerca de una treintena de denominaciones hagionímicas (con el elemento de un Santo o Santa en el nombre), más otros topónimos con vinculación religiosa evidente, como por ejemplo La Bisbal del Ampurdán, San Agustín de Llusanés, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Llorenç de Morunys, Santa Margarida i els Monjos, Sant Pol de Mar, Seo de Urgel, Vallbona de les Monges, Verges o Vila-sacra.

cn = el nucleo conservó el nombre, aunque no haya conservado la independencia municipal

Presente

Después del final de la Guerra, la legalidad la época de la República Española pasó a ser en su conjunto "ilegal", y con ella los ciento veinticuatro cambios de nombre que hubo oficialmente en los municipios catalanes.

En enero de 2006, ciento siete de los topónimos sustituidos en los años 1937 y 1938 siguien conservando su denominación "tradicional".

Diecisiete (17) de ellos ya no tienen el mismo nombre, bien porque ha evolucionado a otra forma o porque los nucleos han sido objeto de procesos de segregación o agregación.

En sólo seis (6) de estos diecisiete casos la nomenclatura que finalmente se ha impuesto coincide con la que se aprobó durante el periodo 1937-1938, siendo cuatro (4) de ellos nombres que no respondieron a una inquietud contraria a la tradición religiosa secular.

Los nombres de Navàs, Montellà i Martinet, Hostalets de Pierola, Vilassar de Dalt, Calldetenes i Vilanova del Vallès han acabado siendo reconocidos como oficiales después del franquismo, quizás, y tal como dice Joan Tort —Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Barcelona ('véanse enlaces externos)— porque fueron cambios "normales", es decir, que no respondieron a ningún principio arbitrario, sino a una forma de aproximar la realidad administrativa a las costumbres y pautas de uso real.

Enlaces externos

Artículo de Joan Tort en la revista Scripta nova, 2003. Universidad de Barcelona Plantilla:Es