Parque Cultural Martin Ugalde, en Andoáin, el polígono industrial donde tenía su sede Egunkaria.

Euskaldunon Egunkaria (en castellano, «El diario de los vascohablantes») era, desde 1990 y hasta el momento de su cierre por orden judicial en 2003, el único diario que se publicaba íntegramente en euskera. Su único antecesor como tal fue el breve Eguna (enero-junio de 1937), editado por el Gobierno Vasco en plena Guerra civil. Su lugar en el panorama periodístico del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés lo ocupa su sucesor Berria.

Se editaba en Guipúzcoa (España), y se distribuía en las zonas vascoparlantes de España y Francia. Su línea editorial era de izquierda política y nacionalista vasca, aunque entre sus redactores y colaboradores había una gran diversidad ideológica.^{[cita requerida]}.

Su cierre por resolución judicial y las actuaciones judiciales posteriores han estado rodeadas de polémica.

El inicio

A finales de 1989, un grupo compuesto por más de setenta personalidades del mundo de la cultura y de la lengua vasca, puso en marcha una iniciativa denominada Egunkaria Sortzen ("creando el periódico"), con el objetivo de crear un periódico que fuera editado únicamente en euskera.

Durante la primavera de 1990 se llevó a cabo una gran campaña en el País Vasco con un doble objetivo: dar a conocer el proyecto de creación del nuevo periódico y recaudar los fondos económicos necesarios para hacerlo posible. Unas 3.000 personas trabajaron voluntariamente en dicha campaña, se pusieron en el mercado acciones-participaciones de 30 euros (capitalizando los mismos Egunkaria Sortzen), y para aquel que quisiera ser accionista se vendían acciones de 3.000 euros. La normativa establecía que ningún accionista podía poseer más del 10 % de las acciones. En total se adhirieron al proyecto alrededor de 90.000 personas y se recaudaron 300.000 euros. Es así como se creó Egunkaria S.A., la sociedad mercantil responsable del futuro periódico Euskaldunon Egunkaria. El 6 de diciembre de 1990 se edita su primer número, con 32 páginas.

La consolidación

Con el paso de los años el periódico fue afianzándose y encontrando su espacio en el mercado vasco de la comunicación. Llegó a convertirse en un periódico con 70 páginas de promedio al día, una tirada de 15.000 ejemplares, 44.000 lectores estimados, página web y una calidad periodística equiparable a otros rotativos de mayor tirada.

El cierre

El 20 de febrero de 2003, el juez instructor de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ordenó su clausura temporal y el embargo preventivo de todos los bienes de Egunkaria, por formar presuntamente parte del conglomerado empresarial controlado por ETA.^[1]

Ya anteriormente, el 14 de julio de 1998, por las mismas razones, Baltasar Garzón había ordenado la clausura temporal de otro periódico vasco, Egin.

En octubre de 2003, el juez Juan del Olmo lanzó una segunda operación policial, en este caso contra varias empresas ubicadas en el mismo polígono industrial donde tenía su sede Egunkaria (el Parque Cultural Martin Ugalde de Andoáin), en la que resultaron detenidas otras nueve personas bajo acusaciones similares a las de la primera operación. Tras realizar una primera investigación de los documentos incautados, el juez remitió el caso para una nueva numeración del mismo y para que sea asignado a otro juzgado, con lo que queda judicialmente separado del caso Egunkaria.

La clausura y embargo ordenadas inicialmente por el juez tenía carácter preventivo y temporal, por 6 meses. Los siguientes meses y años transcurren con sucesivas prórrogas de seis meses de clausura de Egunkaria, y con constantes recursos por parte de la defensa que fueron desestimados.

Los detenidos

Juan Mari Torrealdai, académico de la Real Academia de la Lengua Vasca, presidente del Consejo de Administración de Egunkaria y director de la revista científica y literaria publicada en euskera Jakin, uno de los detenidos.

En la misma operación de cierre del periódico, fueron detenidas diez personas, la mayoría directivos de Egunkaria:^[2]

• Iñaki Uria: consejero delegado del Consejo de Administración de Euskaldunon Egunkaria. Uria cuenta con un largo historial en el movimiento cultural vasco. Fue miembro del grupo que transformó la antigua revista Zeruko Argia en la moderna Argia. Participó en el proceso de creación de Egunkaria desde sus inicios, y en diciembre de 1990, cuando el periódico vio la luz por vez primera, fue nombrado subdirector y posteriormente director del mismo. Más tarde ocupó el puesto de consejero delegado, cargo que desempeñó hasta el cierre.

• Martxelo Otamendi: director del periódico. Fue profesor y director del euskaltegi (academia de enseñanza de euskera) de Tolosa. Trabajó para la Euskal Telebista como director del programa Egonean Giro. Fue director de Egunkaria desde 1993 hasta su cierre.

• Juan Mari Torrealdai: presidente del Consejo de Administración y director de la revista científica y literaria publicada en euskera Jakin. Ha sido miembro activo del movimiento cultural vasco desde los años sesenta. Fue director de la revista Anaitasuna e importante figura del mundo editorial vasco. A finales de los setenta publicó Euskal Idazleak Gaur (Escritores Vascos Actuales) y recientemente publicó Euskal Kultura Gaur (Cultura Vasca Actual). Fue nombrado académico de la Real Academia de la Lengua Vasca el 30 de noviembre de 2007.

• Peio Zubiria: subdirector de la revista Argia. Junto con Iñaki Uria, participó en la transformación de Zeruko Argia en Argia y participó igualmente en la creación de Egunkaria. Fue el primer director del periódico y posteriormente pasó a asumir la dirección de Argia, cargo que abandonó por motivos de salud.

• Luis Goia: productor cinematográfico. Formó parte de Egunkaria Sortzen y fue miembro de su primer Consejo de Administración. Productor de varias películas, entre ellas Off-eko maitasuna, escrita y dirigida por el escritor Koldo Izagirre.

• Fermin Lazkano: responsable de Plazagunea, empresa que ofertaba servicios relacionados con las nuevas tecnologías de la información al mundo de la cultura vasca. Fue gerente de Euskaldunon Egunkaria a principios de los noventa. Anteriormente, fue profesor de Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea (AEK), entidad que se ocupa de la enseñanza de la lengua vasca, y ocupó diversos cargos en esta institución.

• Inma Gomila: miembro de la plataforma Egunkaria Sortzen y apoderada del periódico.

• Xabier Alegria:^[3] Miembro de la Udalbiltza de la izquierda independentista (asamblea de electos y ex-electos municipales promovida por Batasuna e ilegalizada en 2003), Ekin y trabajador del diario Egin, está encausado en el sumario 18/98 por su pertenencia a esos organismos. No formaba parte de la plantilla del diario.

• Xabier Oleaga: responsable de comunicaciones de la Federación de Ikastolas. Fue director de Egin y posteriormente, a mediados de los noventa, fue nombrado director adjunto de Egunkaria.

• Txema Auzmendi: jesuita y subdirector de Radio Popular de San Sebastián. Fue uno de los promotores de Egunkaria y secretario del Consejo de Administración desde sus inicios.

El 17 de octubre del 2003, a los ocho meses del cierre, furon detenidas ocho personas más acusadas de supuestos delitos económicos: Mikel Arrizabalaga, Angel Diez, Armando Hernandez, Mikel Sorozabal, Joxe Mari Sors, Mikel Azkune, Joanmari Larrarte y Xabier Legarra. Más adelante el juez llamó a declarar como imputados a los trabajadores del medio Begoña Zubeltzu, Fernando Furundarena eta Ainhoa Albisu

Reacciones

Protesta contra el cierre de Egunkaria durante el Festival de Cine de San Sebastián de 2009.

El cierre del periódico provocó una respuesta mucho mayor que el de Egin, clausurado cautelarmente por delito de colaboración con banda armada.^[4] La polémica también tuvo presencia en la prensa española y en foros internacionales y tuvo varios aspectos:

Por un lado, amplios sectores de la sociedad vasca vieron el cierre como un ataque del gobierno español a la cultura vasca y a la libertad de expresión. Esa interpretación de los hechos se basaba en la falta de argumentos jurídicos que se achacaba a la actuación judicial y la desproporción de la medida del cierre, únicamente explicables a su juicio por esa supuesta intención de debilitar a la cultura vasca con objetivos políticos. Una medida cautelar como el cierre, decidida antes de que se hubiese dictado sentencia firme, suponía de facto, ya que no de iure, la condena de un medio de comunicación a su desaparición. Además, incluso de ser finalmente ciertas las acusaciones que se hacían contra determinadas personas, se denunciaba como desproporcionado clausurar la empresa en la que trabajaban.

Muestra de esa sensibilidad de la sociedad vasca ante el cierre, fue la manifestación celebrada en San Sebastián pocos días después del cierre, para muchos la mayor manifestación jamás celebrada en esa ciudad y una de las mayores en todo el País Vasco.^[5]

Por otro, y relacionado con lo anterior, se denunciaba el cierre como evidencia de la falta de independencia del poder judicial con respecto al ejecutivo. La acusación se basó inicialmente en la difusión, el día del cierre, de una nota de prensa por parte de la fiscalía de la Audiencia Nacional en la que se afirmaba la coordinación entre el juez Juan del Olmo y el Ministerio del Interior^{[cita requerida]}. Este hecho creó una gran polémica en el Consejo General del Poder Judicial (órgano máximo de la judicatura española)^{[cita requerida]}. Algunos miembros incluso llegaron a solicitar una investigación para aclarar si existía una violación del principio de separación de poderes. El consejero de justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, también solicitó la investigación de este hecho al Consejo General del Poder Judicial.

Denuncias de torturas

Cinco de los detenidos denunciaron ante el juez haber sido torturados por la Guardia Civil durante el periodo de incomunicación. El director del diario Martxelo Otamendi, en el momento de salir de la cárcel denunció ante las cámaras de los medios allí reunidos el trato sufrido por él y por sus compañeros. Las declaraciones fueron emitidas en directo por los informativos de la televisión pública vasca (ETB):

El Ministerio del Interior, a su vez, interpuso una querella contra los cinco denunciantes por denuncias «falsas» de tortura y por «injurias y calumnias» contra la Guardia Civil, afirmando además que con la denuncia de torturas los detenidos habían «colaborado con banda armada», basándose en el supuesto de que ETA ordena a todos sus miembros que denuncien haber sido torturados con el objeto de desprestigiar a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Estas denuncias cruzadas fueron citadas en el informe número E/CN.4/2004/56/Add.2 del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura.^[7]

En el Parlamento Vasco se debatió una proposición de apoyo al diario "Egunkaria", que fue aprobada con los votos del tripartito PNV-EA-EB, EHAK y Aralar, mientras que el PP votó en contra y el PSE-EE se abstuvo.,^{[8] [9] [10]} el PSE justificó su abstención porque la iniciativa «supone una intromisión en el poder judicial», aunque opinó que el cierre de "Egunkaria" fue «injusto, por desproporcionado».^{[cita requerida]}

También Amnistía Internacional,^[11] realizó comunicados de prensa, exigiendo una rápida aclaración y fundamentación de los motivos del cierre. Incluso la Compañía de Jesús ante la detención de uno sus miembros, el padre Auzmendi, expresaba su preocupación debido a que éste es «públicamente reconocido por su clara postura en contra de la violencia y en defensa de todos los marginados».^[12]

Fuera del entorno donde se publicaba, fue en Cataluña donde el caso tuvo más repercusión, creándose las plataformas de apoyo "Egunkaria endavant" y "Plataforma per Egunkaria"^[13]

El cierre de Egunkaria ha recibido alguna crítica incluso desde sectores ajenos al nacionalismo vasco. Es el caso del periodista Gorka Landáburu, víctima de un intento de asesinato por parte de ETA, que se manifestó contra el cierre en el 2005: "también se han cometido errores, como el cierre del diario «Egunkaria», que han alimentado el victimismo; si había causa se tenía que haber detenido a los responsables del periódico, no cerrarlo"^[14]

Desde los partidos políticos mayoritarios en España se reaccionó pidiendo respeto a la independencia judicial y en favor de la actuación del juez.

• Diego López Garrido (PSOE): "la lucha contra ETA no se reduce a la persecución estricta de los pistoleros, sino que trata de desmontar todo el entramado criminal, que es un proceso difícil porque tiene muchas ramificaciones"^[15]

• Ramón Jáuregui (PSOE): reclamó que "no se cuestione el estado de derecho y el marco jurídico por la decisión de un juez de cerrar un periódico. Consideró "sorprendente" el cierre de "Egunkaria" porque no se le consideraba "metido en la órbita del terrorismo. Y añadió que habrá alguna conexión con hechos delictivos que el juez deberá aclarar y hay que pedir prudencia" mientras tanto.^[16]

• Mayor Oreja (PP): "la imputación de la dirección de "Egunkaria [...] demuestra que algunos dicen defender determinadas ideas, pero en la práctica, esas ideas se asocian a la cultura del terror."^[16]

• Carlos Iturgaiz (PP) : "cualquier cosa que está en manos de ETA se mancha y ETA y Batasuna han querido manchar nuestra lengua".^[17]

La continuidad del caso

El 2 de febrero de 2005, el juez Juan Del Olmo ordenó la liquidación de las empresas intervenidas. Asimismo, estableció que la clausura temporal de Egunkaria se levantaría el 20 de febrero de 2005, por haberse cumplido el periodo de seis meses desde que se acordó la última prórroga, y por no existir razón alguna para realizar una nueva prórroga de seis meses tras la liquidación de las empresas, ya que con su liquidación la actividad resultaba imposible. Por lo tanto, y a causa de las medidas preventivas tomadas en la fase de instrucción, Egunkaria quedó cerrado y liquidado. Todos sus bienes fueron vendidos y sus deudas saldadas. El dinero restante obtenido en la gestión de la liquidación quedó en manos del juez.

Tras varios años transcurridos desde el cierre, en 2006 el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, pidió el archivo del 'caso Egunkaria' al no hallar relación entre el diario y ETA, considerando «improcedente abrir juicio oral» contra los siete imputados.^[18] En su informe, el fiscal recuerda que el propio juez Del Olmo reconoció en su día que no se podía acreditar "ni que el periódico fuera fuente de financiación de ETA, ni que sea instrumento de blanqueo de capitales ilícitos procedentes de la banda". Por ello, prosigue, la investigación se centró en que averiguar si el diario era un instrumento de los fines de ETA. "Este nuevo hecho tampoco se ha constatado en la investigación o, cuando menos, el resultado de las diligencias practicadas arroja serias y razonables dudas de que ello sea así", concluye el fiscal. Según su escrito, lo único que se ha podido demostrar es el interés que ETA mostraba por el proyecto Egunkaria, según diversa documentación incautada a la organización terrorista. En este sentido, el fiscal subraya que "una cosa es que, en los albores del periódico, la banda esté interesada e informada (...) y algo muy diferente es que ello implique que se le pueda atribuir su creación, su impulso o su control, y menos aún a los gestores del periódico procesados en la presente causa".

El Partido Popular, que era el partido gobernante en el momento del cierre, ha criticado fuertemente la actuación del fiscal y ha responsabilizado al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, del archivo del caso. En boca de su portavoz, Ángel Acebes, consideró que esta decisión

No habiendo acusación del fiscal ni acusación particular, sólo la acusación popular, ejercida por la asociación Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, mantuvo los cargos.^[20] El 7 de mayo del 2007, la primera sala de lo penal de la Audiencia Nacional hizo pública su decisión de iniciar el juicio oral del Caso Egunkaria, esta vez subdividida en dos procedimientos: en el procedimiento principal que dio origen al cierre del diario, se mantienen los cargos de integración en banda armada contra siete directivos: Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Txema Auzmendi, Martxelo Otamendi, Pello Zubiria, Xabier Oleaga y Xabier Alegria. La acusación popular pide para ellos entre 12 y 14 años de cárcel. En el procedimiento abreviado, el económico, se juzgan supuestos delitos de fraude a la Hacienda pública e irregularidades en la obtención de subvenciones. En este caso, la acusación popular pide entre 13 y 20 años de prisión y un total de 235 millones de euros en multas para ocho acusados: Joxe Mari Sors, Ainhoa Albisu, Mikel Sorozabal, Begoña Zubelzu y Fernando Furundarena. Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria y Txema Auzmendi serán encausados en los dos procesos.^[21] El juez no aceptó los recursos presentados tanto por el fiscal como por la defensa, en los cuales se argumentaba que la Audiencia Nacional no tenía competencia para juzgar delitos económicos.^[22] En ese sentido, cuando el 29 de marzo del 2007 el juez Del Olmo llamó a declarar como imputadas en lo referente a los delitos económicos a las empleadas del diario Ainhoa Albisu, Fernando Furundarena y Begoña Zubelzun, estas dijeron al tribunal que estarían dispuestas a responder por las actividades económicas de Egukaria en los juzgados de Tolosa, no así en la Audiencia Nacional.^[23]

El 15 de abril del 2009, la segunda sala de lo penal de la Audiencia Nacional admitió el recurso presentado por la defensa e invalidó la mayoría de las diligencias de la causa económica, ordenando que se regresara al punto de partida, el 10 de abril del 2007. La sala dió la razón a la defensa al reconocer que pudo darse una situación de indefensión cuando el juez Juan del Olmo no tomó declaración en la causa económica a los imputados Iñaki Uria, Joan Mari Torrealdai y Txema Auzmendi. Tomar declaración es una condición indispensable para imputar a una persona.

En una "vistilla" celebrada el 23 de junio la defensa y la fiscalía pidieron el archivo del caso debido a la ausencia de material penal para iniciar la vista oral, entre otros motivos porque no existía acusación particular y porque la fiscalía ya había retirado los cargos. En el caso del imputado Xabier Alegría, la defensa expuso que ya ha había sido juzgado en el sumario 18/98. En lo que se refiere a Pello Zubiria, se recordó que su supuesto delito ya había prescrito.^[24]

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió no archivar el caso, estimando que la acusación popular era suficiente para seguir con el proceso. La sala sí aceptó las argumentaciones de la defensa sobre los casos de Xabier Alegría y Pello Zubiria, estimando "la excepción de cosa juzgada" para el primero y el sobreseimiento de la causa para el segundo. Por lo tanto, los cinco encausados que quedan se enfrentan a los cargos de integración en ETA.^[25]

Referencias

Enlaces externos

• Surgimiento, vida y cierre del Euskaldunon Egunkaria
• Egunkaria. Acusaciones de torturas, Martxelo Otamendi (parte 1)
• Egunkaria. Acusaciones de torturas, Martxelo Otamendi (parte 2)

• Manifiesto en apoyo al diario Egunkaria y a las personas procesadas