- Guerra del Agua (Bolivia)
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Guerra del Agua (Bolivia)
La guerra del Agua de Cochabamba es el nombre popular de una serie de protestas que ocurrieron en Cochabamba, la tercera ciudad más grande de Bolivia, entre enero y abril de 2000. Su detonante fue la privatización del abastecimiento del agua municipal.
Contenido
Antecedentes
La restauración en 1982 de la vida civil en Bolivia terminó con décadas de dictaduras militares, pero no trajo estabilidad económica. En 1985, con la hiperinflación en un índice anual de 25.000%, se permitió una mayor inversión extranjera de las empresas transnacionales, buscando el gobierno boliviano detener la fuga de divisas. Durante los siguientes 20 años, los gobiernos sucesivos siguieron las previsiones del Banco Mundial para calificar para los préstamos continuos de la organización. De acuerdo con políticas del banco mundial, Bolivia privatizó sus ferrocarriles, sistema de teléfonos, líneas aéreas nacionales, y minas de bauxita en Oruro y Potosí. Todos los éstos fueron comprados por las compañías multinacionales.
En 2000 el Banco Mundial, bajo la idea de que los “gobiernos pobres a menudo son plagados también por la corrupción local y demasiado mal preparados para que funcionen los servicios públicos de agua eficientemente", anunció que no renovaría un préstamo de 25 millones de dólares a Bolivia a menos que privatizara sus servicios de agua. Estimando que con esta política se incentivaría la conservación y se evitaría las escaseces de este recurso natural y el daño ambiental, el Banco Mundial, mencionó que “ningún subsidio sería entregado para contrarrestat el aumento en tarifas del agua en Cochabamba”. El New York Times reportó sobre los motivos del Banco Mundial, “la mayor parte de los barrios más pobres no fueron enganchadas hasta la red de agua, así que los subsidios de estado a la utilidad del agua fueron principalmente a las industrias y a los barrios de la clase media; los pobres pagaron agua de los camiones cisternas. En la opinión del banco mundial, era una ciudad que llamaba hacia el exterior a la privatización del agua.
El Consorcio de Aguas de Tunari
Antes de la privatización de los servicios públicos de agua de Cochabamba, estos eran controlados por la agencia municipal SEMAPA. El gobierno boliviano sacó SEMAPA a subasta pero solamente un empresa estaba dispuesta a realizar una oferta en el proyecto. Esta era Aguas de Tunari, un consorcio constituido por International Water Limited (Gran Bretaña), Edison (Italia), Bechtel (Estados Unidos), la empresa constructora y de ingeniería Abengoa (España) y dos compañías bolivianas, ICE y SOBOCE.
La red del agua que previeron fue proyectada para proporcionar el agua potable a toda la población de Cochabamba. Se propuso doblar el área existente de cobertura y aumentar la producción eléctrica en la región.
El gobierno boliviano del presidente Hugo Banzer acordando los términos de su único licitador Aguas de Tunari firmó la concesión por 2,5 mil millones de dolares y por 40 años para proporcionar el agua y servicios del saneamiento a los residentes de Cochabamba, así como generar electricidad y la irrigación para la agricultura.
Ley 2029
Para asegurar la legalidad de la privatización el gobierno boliviano aprobó la ley 2029, que verificó el contrato con Aguas del Tunari. Para muchos la ley aparecía dar un monopolio a Aguas del Tunari sobre todos los recursos de agua. Muchos temieron que esta agua incluiya la usada para la irrigación por los campesinos, y los recursos de la comunidad que habían sido previamente independiente de la regulación. La ley consideraba "permitir la venta de los recursos de agua" que nunca realmente habían sido parte de SEMAPA, Esto llevó a la preocupación a los sistemas comunales independientes del agua que todavía no estaban conectados con SEMAPA de que serían expropiados por la nueva concesión debido a esta Ley. Si Aguas de Tunari lo deseaba no solo podría haber instalado las conexiones necesarias para conectarse a los sistemas comunales independientes, también habría podido cargar económicamente a los residentes para la instalación de estas conexiones. La ley indicaba además que la población requeriría una licencia para recojer el agua de lluvia, una política inaplicable. El primero en levantar preocupaciones por el alcance de la ley fue la Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR) y su líder Omar Fernandez. FEDECOR fue compuesta de profesionales locales, incluyendo ingenieros y ecologistas, una federación de los granjeros campesinos, y la Central Obrera Boliviana liderada por Oscar Olivera. Junto estos grupos formaron la Coordinadora para la defensa del agua y de la vida, ente que se convirtió en la base de la oposición a la política.
Alza de la tarifa
Como una condición del contrato que convino Aguas de Tunari se tenía el pago de 30 millones de dolares de la deuda acumulada por SEMAPA. También acordaron financiar una extensión del sistema del agua, y comenzar un programa de mantenimiento muy necesario sobre el sistema existente del agua. Dider Quint, director del consorcio, mencionó "Eramos concientes que podríamos poner este programa en ejecución en un período del tiempo más corto que el que estába requerido por el contrato. [Para lograr esto] teniamos que aumentar la tarifa de agua, y nivelar por todos los aumentos que no habían sido puestos en ejecución antes."
Además, para asegurar el contrato Aguas del Tunari tuvo que prometer el gobierno boliviano la financiación para la terminación del proyecto atascado de la presa de Misicuni. La presa fue diseñada para instalar tubos el agua a través de las montañas, pero el banco mundial la había juzgado poco rentable. Mientras que el consorcio no tenía ningún interés en la construcción de la presa, pues fue dejada a un lado por un miembro influyente de la megacoalición de Banzer, el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa. Una tentativa de privatizar el sistema del agua había sido hecha sin la condición de construir la presa en 1997, pero Villa había utilizado su influencia para aplastar el reparto. Los críticos del alcalde sostuvieron que la presa era un "proyecto de la vanidad" que beneficiaría a "algunos de sus soportes financieros principales".
Los funcionarios en Bolivia para Aguas de Tunari eran sobre todo ingenieros que carecían de la experiencia en la comercialización. Eran también extranjeros desconocedores de las dificultades de la sociedad y de la economía bolivianas. Al tomar control la compañía levantó las tarifas del agua en un promedio de 35% a cerca de $20 un mes como tarifa mínima. Mientras que esto parece minusculo en las naciones desarrolladas de las cuales el personal de Aguas de Tunari había venido, muchos de sus nuevos clientes solamente perciben cerca de $100 por mes. En la ignorancia completa de la realidad de su situación, un encargado para el consorcio, Geoffrey Thorpe dijo simplemente que "si la gente no pagara sus cuentas del agua se le cortaría el servicio". Provocó a los pobres en su protesta antes de enero de 2000, cuando los dueños de una casa de clase media y los dueños grandes del negocio de sus subsidios vieron sus propias cuentas del agua aumentar. Pues la cólera sobre las tarifas aumentó, el alcalde Villa se distanció rápidamente de Aguas de Tunari.
Protestas y estado de emergencia
Las protestas entraron en erupción cuando Aguas del Tunari impuso su aumento de la tarifa, para financiar según se informa el proyecto de la presa de Misicuni, una semana después de tomar el control del sistema de abastecimiento de agua de Cochabamba. En un país donde el salario mínimo es de US$70 por mes, golpearon a muchos habitantes con las cuentas mensuales del agua de $20 o más.
Las protestas masivas de enero de 2000 en Cochabamba comenzaron lideradas por Oscar Olivera, el grupo de manifestantes estuvo conformado por campesinos regantes, que entraron a la ciudad llevando banderas de la ciudad y la wiphala, los jubilados (miembros de la Central Obrera Boliviana) bajo la dirección de Olivera. Los hombres jóvenes comenzaron a intentar asumir el control la plaza principal y a formar una barricada a través de los caminos de ingreso a la ciudad. Pronto fueron apoyados por empleados de la fábrica de explotación, y los comerciantes (un segmento grande de la economía desde el cierre de las minas). Sectores politizados de la clases medias llegaron de la universidad de Cochabamba y denunciaron al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.
Los manifestantes pararon la economía de Cochabamba llevando a cabo una huelga general cerrando la ciudad por cuatro días consecutivos. Una delegación ministerial fue a Cochabamba y acordó retomar las antiguas tarifas del agua. El 4 de febrero de 2000 los miles de marchistas que protestaban fueron reducidos por las tropas del ejercito y tropas llevadas de Oruro y La Paz. Dos días de choques ocurrieron con la policía que usaba gases lacrimogenos y balines. Casi 200 manifestantes fueron arrestados, 70 manifestantes y 51 policías resultaron heridos.
Durante marzo de 2000 la jerarquía boliviana de la iglesia católica intentó mediar entre el gobierno y los manifestantes. Mientras tanto, la Coordinadora hizo su propio referéndum y declaró que de cincuenta mil votos, el 96% exigieron que el contrato con Aguas del Tunari sea cancelado. La contestación del gobierno fue que “no había nada que negociar.”
En abril de 2000, los manifestantes asumieron el control otra vez la plaza central de Cochabamba. Cuando los líderes de la Coordinadora (incluyendo Óscar Olivera) fueron a una reunión con el prefecto en su oficina fueron arrestados. Aunque los liberaron al día siguiente temiendo alguna otra acción del gobierno huyeron ocultándose. Arrestaron a más líderes del movimiento, algunos incluso fueron transferidos a una prisión de la selva en San Joaquín, una población alejada ubicada en plena Amazonía en la frontera con Brasil. Las protestas se separaron rápidamente a otras ciudades incluyendo La Paz, Oruro, y Potosí así como otras áreas rurales. Los manifestantes también ampliaron sus demandas que invitaban al gobierno a resolver el desempleo y otros problemas económicos. Pronto los manifestantes tenían la mayor parte de las carreteras principales en Bolivia bloqueadas. En La Paz lograron cuatro unidades de la policia se amonitaron encuartelandoce reclamando por un mayor salario.
La constitución boliviana permite que el presidente (con la ayuda de su gabinete) declare el estado de sitio por 90 días en uno o más departamentos de la nación como medida de emergencia para mantener el orden público en “casos del peligro serio resultado de un disturbio civil interno”. Cualquier extensión más allá de 90 días debe ser aprobada por del congreso. Cualquier persona arrestada en este tiempo se debe liberar después de 90 días a menos que las cargas criminales contra ellos sean determinadas ante una corte. Con los caminos cortados y temiendo una repetición de la sublevación indígena de 1781 de Tupac Katari que atrapó a españoles blancos en la ciudad de La Paz (forzándolos a comer ratas y el cuero de los zapatos para sobrevivir) el 8 de abril de 2000 se declaró un estado de sitio. Banzer dijo, "nosotros lo vemos como una obligación, en pro del interés común, la necesidad de decretar un estado de emergencia para proteger la ley y el orden". El ministro de información Ronald McLean describió el análisis razonado para el decreto, dijo "nos encontramos con un país con las vías de acceso a las ciudades bloqueadas, con escases de alimentos, los pasajeros trancados y al principio del caos para tomar el control en otras ciudades". El decreto suspendió “algunas garantías constitucionales, permitiendo que la policía detenga a los líderes de la protesta sin una autorización y se restrinjía la actividad política con un toque de quedal La libertad de prensa fue acortada con las estaciones de radio que eran asumidas por el control por los militares y algunos reporteros fueron arrestados. La policía se movilizó para hacer cumplir la política con incursiones nocturnas y detenciones de la masa protestante, los líderes cívicos también fueron arrestados. Las balas del gas lacrimógeno y balines de la policía fueron contrarestadas por las piedras de los manifestantes y las bombas molotov. Los coontínuos choques violentos entre los manifestantes y la policía condujeron al exilio interno, a 40 lesiones, y a 5 muertes. Organizaciones internacionales de los derechos humanos rechazaron el estado de sitio”. Esta era la séptima vez desde el retorno a Bolivia de la democracia en 1982 que el “el decreto de estado de sitio” se empleaba.
El 9 de abril de 2000 cerca de la población de Achacachi, la resistencia contra los soldados que trataban de desbloquear el camino a fuego abierto mata a dos personas (incluyendo un muchacho adolescente) y hieren muchos mas. Los protestantes utilizando sus armas contra líderes militares hirieron al comandante de batallón Armando Carrasco Nava y al capitán Omar Jesús Tellez Arancibia del ejército. Los manifestantes después encontraron a Tellez en el hospital, lo arrastraron de su cama, lo batieron a la muerte y desmembraron a su cuerpo.
También el 9 de abril de 2000, 800 oficiales de policía usaron gas lacrimógeno contra los soldados del ejercito. En respuesta el gobierno dio un aumento de paga del 50% a la policía de La Paz para terminar la huelga. La policía entonces volvió a sus procedimientos habitualesde la aplicación contra ésos todavía que demostraban. Un grupo de soldados pronto exigió su propio aumento, declarando que hubiera discriminación racial en la escala salarial. La policía en Santa Cruz de la Sierra, también fue en la huelga exigiendo un aumento.
Opinión del gobierno sobre los manifestantes
Los cultivadores de la coca de Bolivia condujeron para entonces a miembro del Congreso Evo Morales (elegido presidente de Bolivia en diciembre de 2005) habían ensamblado los manifestantes y que exigían un extremo al programa patrocinado de la extirpación de sus cosechas (mientras que la coca se puede refinar y hacer pesadamente en la cocaína es utilizada legalmente por muchos en Bolivia para como téy para masticar). Considerando la implicación de los cultivadores de la coca, el gobierno boliviano demandó que los manifestantes eran realmente agentes o empeños de los traficantes de la droga. Ronald MacLean Abaroa, el ministro de la información, dicho los reporteros las demostraciones era el trabajo de los traficantes de la droga que intentaban parar el programa del gobierno para suprimir campos de la coca y para substituirlos por algodón, piñas, y plátanos. Él dijo que “estas protestas [eran] que una conspiración financió por la cocaína que traficaba buscando pretextos para realizar actividades subversivas. Es imposible para así que muchos granjeros moverse espontáneamente en sus el propios. ” MacLean. Hugo Banzer fue preocupado porque “los grupos y los traficantes políticos están instigando a granjeros para enfrentar al ejército. ” Felix Santos, un líder de los campesinos refutó tales demandas que decían que “estamos protestando debido a precios más altos de la gasolina y del transporte y una ley que nos carguen para el uso del agua. ”
Las demandas de los manifestantes se amplían
Los profesores de las escuelas públicas en áreas rurales fueron en huelga que llamaban para los aumentos del sueldo (cuando hicieron $1.000 por año). En la ciudad capital de Paz del La los estudiantes comenzaron a luchar batallas corrientes con policía. Los manifestantes puestos encima de barricadas de piedras, cerca de Achacachi y Batallas, y violencia explotaron allí también (mataron a un oficial de ejército y a dos granjeros y las docenas fueron dañadas). Los soldados y el policía pronto despejaron la mayor parte de las barricadas que habían cortado las carreteras en cinco de los nueve departamentos del país
Resolución
Después de una grabación televisada de un capitán boliviano del ejército, Robinson Iriarte de la Fuente, leña un rifle en una muchedumbre de manifestantes hiriendo a varias personasy golpeando a estudiante alto Víctor Hugo Daza matándolo, siendo el detonante de la ira popular El policía dijo los ejecutivos del consorcio que su seguridad podría ser garantizada no más. Los ejecutivos entonces huyeron de Cochabamba a Santa Cruz de la Sierra. Después de salir de cuatro días de ocultar, Oscar Olivera firmó una concordia con el gobierno que garantizaba el retiro de Aguas del Tunari y que daba vuelta los trabajos de agua de Cochabamba encima al La Coordinadora. Los manifestantes detenidos debían ser lanzados y la ley 2029 fue derogada. El gobierno de Banzer entonces dijo a Aguas del Tunari a que dejándolos a Cochabamba “había abandonado” la concesión y declarado el contrato $200 millones revocó. La compañía, insistiendo que no se había ido voluntariamente sino forzadamente, archivó un pleito $40 millones en el centro internacional para el establecimiento de los conflictos de la inversión un cuerpo de apelación de la Organización Mundial de Comercio contra el gobierno boliviano, “remuneración que demandaba para los beneficios perdidos bajo tratado bilateral de la inversión. ” en el entierro a Víctor Hugo Daza el día siguiente, Óscar Olivera ascendente al balcón y a la victoria proclamada de su oficina de la unión a la muchedumbre agotada. Los manifestantes declararon que no se aplacarían hasta que la ley 2029 fue cambiada. Para conseguir un quorum enmendar la ley el gobierno incluso alquiló los planos para enviar a legisladores de nuevo a la capital. En una sesión especial el 11 de abril de 2000 la ley fue cambiada.
Las consecuencias
El 12 de abril de 2000 cuando estaba preguntado por el resultado en Bolivia, James Wolfensohn del banco mundial mantuvo que la entrega libre o subvencionada de un servicio público como el agua conduce al abuso del recurso; él dijo, “el problema más grande con agua es la pérdida de agua. ”
El 16 d abril de 2000 en la capital estadounidense Washington, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los manifestantes de las reuniones del banco mundial procuró bloquear las calles para parar la reunión. Citaron las guerras del agua en Bolivia como ejemplo de la avaricia corporativa y de una razón de oponerse al globalización. Oscar Olivera atendió a las protestas, refrán, “la gente ha recobrado su dignidad, su capacidad de organizarse - y el más importante de todos, nos no asustaran más. ”
El 23 de abril de 2002 Oscar Olivera condujo a 125 manifestantes a la sede central de San Francisco (California) de Bechtel que el único miembro de Aguas del Tunari localizó en el continente americano. Olivera dice que “con los $25 millones que están buscando, 125.000 personas podría tener acceso al agua.” Los funcionarios de Bechtel acordaron satisfacerlo.
La victoria ganó la ayuda internacional de los grupos del cocalero y del campesino de grupos del anti-globalización. Oscar Olivera y Omar Fernandez se han buscado después de los locutores en los lugares que discutían cómo oponerse a la privatización y a los lugares del recurso críticos del banco mundial. Sus acciones en las guerras del agua levantaron el perfil Evo Morales miembro del Congreso y él hizo presidente de Bolivia en las eleciones de diciembre de 2005. El partido de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales llevó al cargo de senador a Omar Fernandez.
Las protestas de Cochabamba de 2000 cronología por Oscar Olivera, líder de los sectores sociales y participante en las guerras del Agua, en su libro "Cochabamba, Rebelión del agua en Bolivia".
El 19 de enero de 2006 un establecimiento fue alcanzado entre el gobierno de Bolivia (entonces bajo la presidencia Evo Morales) y Aguas del Tunari, fue convenido que “la concesión fue terminada solamente debido a el malestar civil y el estado de la emergencia en Cochabamba y no debido a cualquier acto hecho o no hecho por los accionistas internacionales de Aguas del Tunari”. Con esta declaración ambas partes acordaron caer cualquier demanda financiera contra la otra.
Cuando ningún juez de la sentada oiría el caso en contra de capitán Robinson Iriarte, fue transferido a un tribunal militar (que tenía excedente final de la jurisdicción que los casos él oyen). En marzo de 2002, el tribunal de cualquier responsabilidad de la muerte de Víctor Hugo Daza absolvió a capitán Iriarte. Después de la absolución de Iriarte, lo promovieron a la fila del comandante.
Carencia continuada del agua en Cochabamba
En agua del extremo los precios en Cochabamba volvieron a sus niveles pre-2000 con un grupo de líderes de la comunidad que dirigían la empresa de servicio público restaurada SEMAPA del estado. Tan tarde como 2005, mitad de las 600.000 personas de Cochabamba permanecía sin el agua y ésos con ella recibieron solamente el servicio intermitente (algo tan poco como tres horas por día). Oscar Olivera la figura principal en las protestas admitidas, “tendría que decirnos no era listo construir nuevos alternativas. ” encargados de SEMAPA dicen que los todavía fuerzan ocuparse del injerto y de ineficacias, pero que su problema más grande es una carencia del dinero (no puede levantar tarifas y ninguna compañía internacional os dará un préstamo). [Luis Camargo, jefe de explotación de SEMAPA en una entrevista con la New York Times mide el tiempo de dicho ellos fue forzado para continuar usando un sistema de la agua-filtración que esté partido entre “una serie obsoleta de tanques de 80 años y una sección de 29 años que utilice gravedad para mover el agua de la montaña a partir de un tanque a otro. ” él indicó que el sistema fue construido para una ciudad lejos más pequeña y se preocupó de los acuíferos que encoge. Un sistema para traer el agua abajo de las montañas costaría $300 millones y el presupuesto de SEMAPA es solamente cerca de $5 millones al año. El Yorker nuevo divulga “en Cochabamba, los que no estén en la red y que tengan ningún bien, paga diez veces tanto para su agua como los residentes relativamente ricos encima de quienes se enganchan”, y sin nuevo capital la situación no pueden ser mejorados. Un residente local se quejó de que los operadores del agua-carro “perforan el agua contaminada y la venden. Ellos [también] muchos inútiles de agua. ” según el autor Frederik Segerfeldt, “los pobres de Cochabamba todavía están pagando 10 veces tanto para su agua como los ricos, casas conectadas y continúan subvencionando indirectamente la consumición del agua más bien-a- los sectores de la comunidad. El agua es hoy en día solamente cuatro horas por día disponibles y no se ha conectado ningunas nuevas casas con la red de la fuente. ” Franz Taquichiri, veterano de la guerra del agua y director de SEMAPA elegido por la comunidad, dicha “no pienso encontrarás a gente en Cochabamba que diga que ella es feliz con servicio. Nadie serán felices a menos que consigan servicio 24 horas al día. ¿” otro residente y activista de Cochabamba durante el malestar resumió su opinión de la situación diciendo, “luego, qué nosotros había ganado? Todavía teníamos hambre y pobres. ”
Las protestas similares ocurrieron en el La Paz Aguas excesivo de Illimani, un subsidiario de la multinacional francesa SUEZ. El contrato de Aguas de Illimani con el estado estaba quebrado después de que las alegaciones fueran hechas por el gobierno boliviano que no respetó todas las cláusulas del contrato. Según el embajador boliviano Pablo Solón, la sociedad financiera internacional, parte del grupo del banco mundial, estaba un accionista de Aguas de Illimani. El embajador precisó que puesto que el caso fue traído antes del ICSID, que es un brazo del banco mundial, un conflicto del interés se presentó en este asunto.
Película documental
El documental canadiense The Corporation relata brevemente los acontecimientos en uno de sus capítulos.
Véase también
Categorías: Historia republicana de Bolivia | Disturbios
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