- Intervención federal
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La intervención federal es una institución que prevé la Constitución Argentina ante una situación de conflicto en una o varias provincias en caso invasión exterior, invasión de otra provincia o destitución de sus autoridades.
Funciona como garantía federal, esto significa que el estado federal asegura y protege las autonómias provinciales en el marco de la forma de estado federal propia del sistema argentino.
Contenido
Procedimiento
La intervención federal puede ser dispuesta unilateralmente por el gobierno federal o a requision de las autoridades provinciales.[1]
Por disposición del gobierno federal
En esta caso la intervención es dispuesta por el gobierno nacional sin pedido de la provincia.
Causales
- Para garantizar la forma republicana de gobierno o
- Repeler invasiones exteriores
Por pedido de la provincia (La provincia afectada solicita la intervención)
Causales
- Para Sostenerlas o restablecerlas si han sido destituidas o amenazadas por sedición o invasión de otra provincia.
Órgano Competente
La declaración de intervención federal corresponde de manera exclusiva al gobierno federal, por lo tanto le corresponde disponerla al Congreso de la Nación, y en caso de receso de este, corresponde declararlo al Presidente de la Nación con inmediata comunicación al congreso para su confirmación.
Amplitud
La amplitud deberá estar definida por el órgano que declara la intervención, pudiendo ser intervenidos los tres poderes del estado, o solo el poder ejecutivo, o solo el poder legislativo, respecto del judicial el interventor no puede arrogarse funciones judiciales pero si puede comisionar a los jueces.
Interventor
No cabe duda que el interventor es un funcionario del gobierno federal y representante del poder ejecutivo federal, por tanto corresponde su nombramiento exclusivamente al Presidente de la Nación, además es responsable político frente a este
Historia
Históricamente, la Intervención federal se usó en Argentina como una suerte de arma política, por parte del gobierno central en contra de gobiernos provinciales administrados por opositores.[2] Tras las elecciones de 1957, todas las provincias en donde ganó el peronismo fueron intervenidas.
Primera Etapa
El ex presidente radical Hipólito Yrigoyen es conocido por la cantidad de intervenciones federales que se desataron en su gestión, donde la mayoría de las provincias seguía en manos conservadoras y continuaba aplicándose el fraude electoral en violación de la Ley N° 8871 Sáenz Peña, que establecía el sufragio universal, secreto y obligatorio, la justificación jurídico-política de la intervención durante la primera presidencia de Yrigoyen fue la dada ante la protesta del gobernador de la provincia de Buenos Aires, sosteniendo el presidente que la "autonomía era para los pueblos, no para los gobiernos".
Con el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930, el gobierno de facto intervino todas las provincias, a excepción de Entre Ríos y San Luis. Luego, es recordada la intervención al gobierno demócrata progresista de la provincia de Santa Fe en 1935, a efectos de asegurarse el triunfo en el colegio electoral de la Concordancia, coalición que gobernaba mediante el fraude.
Durante el primer peronismo, la intervención federal concluyó por ser, en algunos casos, un mero expediente que anuló hasta en sus formas mas elementales cualquier atisbo de autonomía. La única provincia opositora, Corrientes, donde gobernaba el radical Blas Benjamín de la Vega, fue intervenida en 1947 sin mayor fundamentación.
El gobierno de Arturo Umberto Illia, donde convivían una mayoría de gobiernos de la UCR del Pueblo con otros de la UCRI, conservadores, peronistas y partidos provinciales, no realizó ninguna intervención federal, excepción hecha de la provincia de Jujuy por circunstancias políticas propias de la provincia, no generadas por el gobierno nacional ni por su partido (dos gobernadores electos, conflicto abierto entre sectores de la Legislatura).
Etapa democrática
Desde la reinstauración de la democracia (1983), la interveción federal se usó de un modo más sensible, ateniéndose a los criterios impuestos por la Constitución de 1853.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) no se registró ninguna intervención. Su sucesor, Carlos Menem (1989-1999), dispuso la intervención de Tucumán (1991) por la crispación generada por el retorno al poder de un ex-gobernador de facto; de Catamarca (1991) por las graves irregularidades que surgieron a la luz tras el asesinato de una adolescente; y de Santiago del Estero (1993) por la violencia desatada en la administración provincial, que desbordó a la policía.
El 1999, también hubo una fuerte intervención a la Provincia de Corrientes, por causa de la mala administración de sus autoridades y luego de una rebelión popular en el Puente General Belgrano, conocida como la "Masacre del Puente", por haberse cobrado dos víctimas fatales.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner se realizó una intervención federal a la Provincia de Santiago del Estero ante graves denuncias de corrupción y persecución política por parte del gobierno provincial encabezado por la gobernadora Nina Juárez y su marido, el veterano político local Carlos Juárez.
Véase también
Referencias
- ↑ Bidart Campos, German J.. Manual de la Constitución Reformada - Tomo I. EDIAR. pp. 460-468.
- ↑ La Nación: Intervenciones en la historia, por Pablo Mendelevich, 11/04/2004, consultado el 10/08/2010
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