Las Elecciones de diputados para las Cortes de Cádiz en Chile se desarrollaron después de que la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino de España, ante la invasión napoleónica y el secuestro del rey Fernando VII, convoco desde Sevilla a las cortes de la nación que debían reunirse el 1 de marzo de 1810, llamando a las colonias americanas a enviar representantes a la península.

La orden fue comunicada a Chile en enero de 1809. En ella, España reconoce que sus dominios en América no son colonias o factorías, sino que una parte integral de la monarquía española, y por ende los distintos dominios tenían que tener representación nacional.

La forma de la elección que indicaba la orden es que las votaciones se realizarían en las cabezas de partido, en donde se eligieran a 3 personas por sufragio, y entre ellas se sorteara un nombre que será elegido. Luego de esto, el gobernador, de todos los sorteados, seleccionara tres, las que considere tienen las mejores cualidades, y se realiza un nuevo sorteo, y el nombre elegido será nombrado diputado de ese reino y vocal de la junta suprema centra gubernativa de la monarquía.

La orden de la junta, si bien reconocía la igualdad jurídica entre América y España, dejo descontenta a muchos criollos, porque a pesar de las declaraciones, la península actuaba como si los reinos americanos fueran colonias, pues se arrogaba la facultad de establecer ella sola y sin consultar a los americanos, la manera y forma de representación nacional, en que se podía observar un notorio desequilibrio entre la repartición de diputados, dando dos representantes a los pueblos de la península y solo uno a cada una de las diez provincias de ultramar, que por su población, extensión territorial y riquezas eran mucho más grandes que cada una de las provincias de España.

Estas objeciones las plasmo muy bien el anónimo autor del Catecismo Político Cristiano dispuesto para la instrucción de los pueblos de América meridional, que utilizaba el seudónimo de José Amor de la Patria y que fue distribuido en Chile a mediados de 1810, pero antes del 18 de septiembre:

El gobernador Francisco Antonio García Carrasco y la Real Audiencia empezaron a tratar de ejecutar el decreto del 22 de enero. Se pidió un dictamen al doctor José Teodoro Sánchez, agente fiscal en lo civil y lo concerniente a la real hacienda, quien recomendó, en lo principal, que la votación se hiciese pro escrutinio secreto, depositados en una jarra de plata y que se descubran los votos en presencia de las autoridades de la ciudad; que para elegir a los 3 individuos a sortear no se realice una sola elección sino que tres seguidas; que el sorteo sea realizado por un niño de diez años que meta su mano en la jarra.

Con arreglo a lo dictaminado por el agente fiscal, el gobernador y los oidores de la audiencia determinaron el 14 de septiembre de 1809 la forma de votar, que decía en sus instrucciones:

Las elecciones se realizaron con normalidad en todas las ciudades del país, con excepción de Santiago, pues el gobernador García Carrasco se había obstinado en no comunicar nada y en no dar participación al cabildo de Santiago.

A finales de enero de 1810 llego una nueva orden que vino a complicar las cosas. Era una real orden expelida por la Junta Central el 6 de octubre del año anterior, que establecía nuevas reglas de votación, que hacia nulas las ejecutadas hasta entonces. Daba derecho a voto a todas las ciudades, aunque no fuesen cabeza de partido y crea una junta especial compuesta por dos oidores, dos canónigos y de otros tantos regidores y vecinos para hacer el segundo termino de la elección, disponía que para ser elegido, además de ser americano de nacimiento, no debía desempeñar cargo de gobernador, intendente, oidor, asesor, tesorero, administrador, ni ser deudor de la real hacienda. Al encontrarse algunos de los electos inhabilitados por la nueva orden, García Carrasco encontró su excusa para aplazar el cumplimiento de las órdenes de la Junta Central.

A pesar de que la real audiencia, en acuerdo de 12 de marzo, resolvió que se recomenzara al elección según la nueva forma y acortando los plazos, el gobernador, temiendo que la elección favoreciera a sus enemigos políticos, se abstuvo de cumplir tales órdenes. Ello fue la causa de que Chile no tuviese representación legal ante el gobierno de la metrópolis.

En la península, a causa de los avatares de la guerra, decidió, para darle representatividad a los reinos que aún no enviaban representantes, se procedió a nombrar una comisión que, eligiendo ente los individuos de cada provincia que se hallaban en Cádiz y sus cercanías, designase los que con carácter de diputados suplentes los representaran. Así, los representantes del reino de Chile fueron designados, recayendo los puestos en el abogado Joaquín Fernández de Leiva y el comerciante Miguel Riesco.

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