Pedro Alcántara de Somellera

Pedro Alcántara de Somellera (18 de octubre de 1774, 6 de agosto de 1854), jurisconsulto y político argentino. Fue diputado por la Provincia de Buenos Aires al Congreso General Constituyente de 1824 a 1827, y por tanto, uno de los firmantes de la Constitución Argentina de 1826. Presidente de la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires (1827-28).

Hijo de Andrés Somellera y de Josefa Gutiérrez, cursó estudios universitarios en Córdoba, en cuyo colegio figuró como pupilo. Fue el primer graduado en Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, el 9 de octubre de 1787.

Fue designado por la Real Audiencia como Defensor de pobres y menores, cargo que ejerció hasta junio de 1806. Producida la primera invasión inglesa, como soldado se batió con denuedo en la acción de Miserere y en el ataque dirigido contra el Convento de Santo Domingo. Estos antecedentes merecieron la consideración de Liniers, quien lo nombró, previa recomendación de la Real Audiencia, teniente letrado y asesor interino de la Intendencia del Paraguay, en julio de 1807.

Estaba en Asunción, cuando sucedió en Buenos Aires la Revolución de mayo de 1810, a la que se adhirió. Organizó y dirigió el movimiento revolucionario del 14 y 15 de mayo de 1811, que provocó la caída del gobernador Bernardo de Velazco, y el fin de la dominación española. Como se opuso a la política del doctor Francia tendiente a separar el Paraguay de Buenos Aires, este lo acusó de porteñismo y dispuso su prisión en incomunicación por tres meses.

Ante la noticia del arribo de la misión diplomática del Dr. Belgrano y del doctor Vicente Anastasio Echevarría fue puesto en libertad, siendo embarcado en un lanchón río abajo con su mujer y cuatro hijos, llegando a Buenos Aires, el 4 de noviembre de 1811.

Durante los años 1812 y 1813 se desempeñó como Alcalde de primer voto. El 4 de noviembre de 1812 se lo designó para integrar la Comisión oficial redactora de uno de los proyectos constitucionales del Año XIII, conjuntamente con Luis José de Chorroarín, Valentín Gómez, Manuel José García, Nicolás Herrera y Pedro José Agrelo. Se le atribuye una actuación descollante en la redacción de la parte referente al Poder Judicial. En 1814 fue designado secretario y asesor de gobierno en la Banda Oriental; al año siguiente, auditor de guerra, asesor de la Comandancia de Matrículas y asesor de la Comandancia General de Marina, cargos que desempeñó en forma simultánea, con el sueldo de uno de ellos únicamente. En ese mismo año, se lo nombró Defensor del Juzgado de Pertenencias Extrañas.

El gobierno lo envió a Santa Fe como asesor del general Juan José Viamonte, Jefe del Ejército de Observación.

En febrero de 1818 fue designado juez de Alzada de la Provincia de Buenos Aires, desempeñando las referidas asesorías de Marina y Matrícula. Los sucesos de 1820 determinaron su cese en tales funciones. El 13 de enero de 1821 fue nombrado Auditor de Guerra del Ejército de Buenos Aires — junto al Dr. Miguel Mariano de Villegas — y al que se agregó luego el de Marina.

Al instalarse la Universidad de Buenos Aires le fue confiada la cátedra de Derecho Civil, nombrándosele el 6 de abril de 1822. Introdujo en los estudios jurídicos el utilitarismo de Jeremías Bentham, en el que se inició por sugestión de Bernardino Rivadavia. Con esas doctrinas que trataban de dar una base filosófica al Derecho, escribió en 1824 el primer tomo de sus Principios de Derecho Civil, de acuerdo a las lecciones que dictaba desde la cátedra.

Enseñó por espacio de varios años su riguroso método y la disciplina que utilizó en los estudios logró formar abogados con sólida cultura. Regenteó la cátedra hasta 1828, en que tuvo que abandonar el cargo por su mal estado de salud. En ese lapso la cátedra la desempeñó el doctor Florencio Varela y luego Celedonio Roig de la Torre. Cabe señalar que Somellera había redactado el Proyecto de Código Mercantil de 1824.

Se retiró de la cátedra en 1830, emigrando a Montevideo. Al crearse en 1836 la Casa de Estudios Generales en Montevideo fue nombrado profesor de Derecho Civil, reglamentando la enseñanza y sentando las bases de los estudios de Derecho en el Uruguay el 1 de marzo de 1836.

En 1837, las cámaras legislativas sancionaron una importante ley suya, sobre herencias legítimas y derechos sucesorios de los cónyuges. Dictó la segunda parte de sus Principios de Derecho Civil, referente a los Delitos, que se publicó en folleto en Montevideo, en 1848. Aparte de ejercer la profesión, al inaugurarse la Universidad, en 1849, reanudó las clases de Derecho privado con su método tradicional. Su enseñanza duró poco, tiempo, pues el 27 de junio de 1850, el gobierno aceptaba su renuncia.

De regreso a Buenos Aires, publicó el 11 de febrero de 1851, una Impugnación, escrita el año anterior, al dictador del Paraguay, Carlos Antonio López, sobre los pretendidos títulos y derechos de este país a los territorios de la margen izquierda del Paraná. Era una interesante memoria, que mereció una reimpresión en Corrientes, en 1855.

Suscribió en octubre de 1851 una nota con otros jurisconsultos argentinos donde reiteraban los ofrecimientos “de sus vidas, haberes, fama y porvenir, para que V. E. Jefe Supremo de la Confederación, disponga de ellos en bien de la Patria, de su honra y libertad”. Se trataba de una nota en la que abundaban los elogios al dictador Juan Manuel de Rosas y no estaba exenta de servilismo; su hijo Antonio había participado en la revolución contra Rosas de junio de 1839 y había sido perseguido y flagelado por fuerzas rosistas.

Se había casado con doña Telésfora Pinazo. Sus restos yacen en el Cementerio de la Recoleta, su sepulcro es declarado monumento histórico por decreto 15.090/51.