Proceso de Burgos

Proceso de Burgos
Para para el largometraje sobre la cuestión, véase El proceso de Burgos.

Proceso de Burgos, juicio sumarísimo, iniciado el 3 de diciembre de 1970 en la ciudad de Burgos, contra dieciséis miembros de la organización terrorista ETA acusados del asesinato de tres personas.

Las condenas a muerte de seis de los encausados no se ejecutaron, conmutándose por penas de reclusión. Uno de los condenados a muerte era Mario Onaindia, que posteriormente abandonaría ETA e ingresaría en la posteriormente fundada Euskadiko Ezkerra, que se integró, más tarde en el Partido Socialista de Euskadi-PSOE.

Contenido

Antecedentes

A lo largo de 1969 la policía había logrado detener a dieciséis miembros de ETA a los que se decidió juzgar en un tribunal militar. [1] La competencia de la Jurisdicción Militar fue referendada por Auto de la Audiencia de San Sebastián, recurrido ante el Tribunal Supremo de España fue confirmada por su Sala Segunda. Para Armando Marchante Gil, quien tuvo a su cargo una de las tres áreas básicas, la religiosa, del Servicio Central de Documentación (SECED), creado por el almirante Carrero, aquí comienza una cadena de torpezas que habría de convertir el proceso de Burgos en una formidable operación de propaganda conta el régimen que le produjo un considerable desgaste. [2]

Los hechos

Los hechos juzgados se remontaban al año 1968. El 2 de agosto de aquel año era asesinado el policía Melitón Manzanas, jefe de la Brigada de Investigación Social de la comisaría de San Sebastián (policía política o secreta) y primera víctima premeditada de la historia de ETA. El 7 de junio había muerto José Pardines Arcay, agente de la Guardia Civil, en un enfrentamiento armado durante un control de carretera.

A los imputados se les acusaba del asesinato de una persona más, el taxista Fermín Monasterio Pérez (muerto el 9 de abril de 1969 por una bala perdida en un enfrentamiento entre policía y miembros de la banda ETA), y también de otros delitos, como atentados y robos, que les había reportado un botín de más de 30 millones de pesetas, así como la colaboración en ellos y su encubrimiento.

Los hechos juzgados eran un ataque al régimen español. Llamaba la atención el elevado número de encausados, así como las penas solicitadas: seis penas de muerte y 752 años de cárcel.

Trascendencia del juicio

La jurisdicción castrense en lugar de desglosar los hechos delictivos se empeñó en acumularlos en un único sumario, no se sabe si por razones de comodidad o por estimar que una condena masiva tendría una mayor ejemplaridad.[3] Las principales fuerzas de la oposición estaban moviendo todos sus apoyos internacionales para montar una campaña.

Secuestro del cónsul honorario

La banda armada supo aprovechar políticamente el juicio, y con el secuestro el día 1 de diciembre de 1970 al cónsul honorario de Alemania Federal en San Sebastián (Eugen Beihl Schaeffer) y equiparando su suerte a la de los 16 procesados sobre los cuales pendía la pena capital, atrajo aún más la atención internacional. El hecho de que la mayoría de la prensa extranjera no fuera partidaria del Régimen autoritario motivó la falta de rechazo mayoritario por el asesinato del comisario Melitón Manzanas.

Intervención de altas jerarquías eclesiásticas

Otra de las razones de la notoriedad fue la intervención de altas jerarquías eclesiásticas. Favorecía extraordinariamente esta actuación el hecho de que entre los encausados figurasen dos clérigos: Julián Calzada Ugalde coadjutor de la parroquia de Yurreta en Durango y Juan Echave Garitacelaya, párroco de Acitaían, en Eibar, quien había abandonado su cargo en 1968 para convertirse en "liberado" de ETA sin que su Obispo le llamase al orden. La presencia de dos sacerdotes entre los encausados hizo que la Iglesia Católica se presentara como parte interesada; por el otro, la Iglesia vasca tenía entre sus miembros a muchas de las organizaciones opuestas al Régimen. La Iglesia del País Vasco cedió locales para reuniones y encierros en pro de la amnistía, pero sobre todo destacó el hecho de la redacción de cartas pastorales alusivas para su lectura como homilías. La que tuvo más repercusiones fue la que conoció el 22 de noviembre, firmada conjuntamente por el obispo de San Sebastián, Jacinto Argaya Goicoechea, y el administrador apostólico de Bilbao, José María Cirarda Lachiondo.

Monseñor Cirarda insiste en que el juicio fuese a puerta cerrada alegando lo dispuesto en el Concordato, logrando su propósito. Pero como este logro va en contra de los propósitos de agitación propagandística, y los Obispos Cirarda y Argaya acuden a la Santa Sede para conseguir que el juicio se celebre a puerta abierta.[4]

«... La Santa Sede no puede menos que considerarse complacida por el hecho de que sea definitivamente público el consejo de guerra que va a tener lugar próximamente en Burgos, a pesar de encontrarse dos sacerdotes entre los acusados... intercede ante el Gobierno español para pedir desde ahora una actitud de clemencia en el caso de condenas a muerte para que las mismas no sean ejecutadas...»

Sin embargo, los Obispos Cirarda y Argaya no se dedicaron a calmar tensiones en vísperas y durante el juicio, publicando una carta pastoral donde aclaraban su postura ante el proceso, donde, entre otras cosas, manifestaban:

«...reiteramos la condenación de toda clase de violencias: las estructurales, las subversivas y las represivas...»

Tuvieron respuesta por parte del del Ministerio de Justicia de España:

«...se equipara la violencia delictiva, penada por la Ley, con esta misma pena que la Ley impone a quien comete un delito previamente tipificado en el ordenamiento jurídico. Resulta evidentemente grave dar igual tratamiento a la violencia del delincuente que a la actitud de la Autoridad al aplicar la Ley de conformidad con un ordenamiento previamente establecido...»

Artistas e intelectuales catalanes

En Cataluña, el 12 de diciembre, trescientos artistas e intelectuales catalanes se encerraron en la abadía de Montserrat y lanzaron un manifiesto en el que pedían la amnistía política, libertades democráticas y el derecho a la autodeterminación. La ocupación finalizó el día 14, pues se temió que el abad y los monjes sufrieran represalias. También se produjeron, como en el resto del España, otras manifestaciones relacionadas con conflictos socio-laborales que finalmente acababan demandando la amnistía de los procesados, así como protestas en las universidades.

Consecuencias

Un cúmulo de hechos hizo que el proceso, inicialmente concebido para a asestar un duro golpe a ETA, finalmente se convirtiera en una estocada para el Régimen. El primero de ellos fue un erróneo movimiento político, interesado en resaltar a los oficiales encargados del mismo como una oportunidad de promoción personal. Así convirtieron al proceso en un juicio colectivo, uniendo en una sola causa los dieciséis casos individuales.

No intuyeron que haciendo esto centraban la opinión internacional sobre las aspiraciones vascas, compartidas por todos los acusados, en lugar de concentrarlas en las presuntas actividades terroristas de algunos de ellos. Con este juicio, con el que se pretendía dar un golpe mortal a ETA, pasó justamente lo contrario, con el añadido de una extraordinaria y reforzadora publicidad internacional para la banda. Peor todavía, en una organización entonces dividida a raíz de la "VI Asemblea", el régimen consiguió que en aquellos días, antes de la deriva hacia el abismo de 1977, ETA consiguiera una amplia admiración, seduciendo como complemento de la lucha de masas de los obreros.

Otro hecho no menos importante, fue el efectivo movimiento táctico de ETA con el secuestro del cónsul alemán. Las autoridades alemanas, país de importantes proveedores, clientes e inversores en España, comenzaron a ejercer presiones con tal de que las sentencias de muerte no se llevaran a cabo. Quedaba patente que, en caso contrario, habría sanciones económicas. Finalmente la implicación de parte de la Iglesia Católica a favor de la amnistía acabó de romper el círculo.

El proceso puso en evidencia la existencia de diversos motivos de preocupación para aquel régimen que envejecía:

  • El nacimiento de una organización dispuesta a matar con tal de llevar a cabo sus objetivos.
  • La presencia de una oposición muy organizada, sobre todo el Partido Comunista de España y los Sindicatos, que convocaban paros y protestas de contenido más político que laboral, y que una gran parte de los trabajadores secundaba. En ese sentido, el 26 de noviembre de 1970 se produjo la detención de 19 dirigentes de la oposición en un piso de la madrileña Avenida del Mediterráneo (Enrique Tierno Galván, Nicolás Sartorius y Pablo Castellano eran los más destacados), por solidarizarse con los acusados en el Proceso de Burgos; y el 4 de diciembre de 1970 la policía reprimió a tiros una manifestación en Eibar donde resultó herido y falleció pocos días después Roberto Pérez Jauregi, de 21 años de edad.
  • La movilización de las Universidades.
  • La oposición de la Iglesia Católica del País Vasco, Cataluña y parte del resto del país.
  • La opinión crítica internacional, mostrándolo como el desmoronamiento prematuro del régimen.

Aunque fue un momento importante en la historia reciente del país, todavía hicieron falta siete largos años para tener las elecciones generales de 1977, las primeras desde la Segunda República, durante la llamada transición democrática, ocho para tener la Constitución de 1978 que reformó el régimen franquista - paradójicamente desde su propia legalidad - formalmente al anterior régimen y nueve para los primeros estatutos de autonomía.

De entre los 16 encausados surgirían varias figuras políticas que tendrían un papel notable en diferentes organizaciones políticas de la izquierda vasca durante y después de la Transición Española. La adscripción a una u otra organización política se debió a la evolución de cada uno en los años posteriores al juicio.

Mario Onaindia y Teo Uriarte serían dirigentes de Euskadiko Ezkerra y posteriormente del PSE-EE.

Jokin Gorostidi e Itziar Aizpurua serían primeras espadas de Herri Batasuna. Antton Karrera se integraría en Ezker Batua Berdeak, siendo parlamentario vasco de esta formación política.

Condenas

El día de Navidad ETA liberaba al cónsul honorario secuestrado, y la sentencia llegó el 28 de diciembre de 1970, con la confirmación de las seis penas de muerte iniciales y tres más, ya que tres acusados fueron encontrados culpables de dos delitos capitales cada uno y fueron también condenados. En total nueve sentencias de muerte, quinientos diecinueve años de cárcel y multas por un valor de un millón y medio de pesetas. Finalmente las penas impuestas en la durísima sentencia, que superaban las peticiones del fiscal, acabaron de polarizar la atención sobre Burgos, creando una opinión contraria a las penas de muerte, y favorable al indulto de los encausados.

Clemencia

El Almirante Carrero Blanco se dirige a las Cortes Españolas el 21 de diciembre de 1970 afirmando que cualquier foco de subversión sería desarticulado. A lo largo de su discurso trató de explicar como el terrorismo no era consecuencia de circunstancias internas, sino de la estrategia que el comunismo sigue de suscitar múltiples guerras simultáneas, consecutivas y entrelazadas. Para su futura víctima ETA tan sólo era una fracción más de ese ejército subterráneo, presente en todo el mundo y puesto al servicio de la URSS.

El 27 de diciembre el Capitán General de Burgos, Tomás García Rebull, confirma la sentencia. Las manifestaciones en favor de los terroristas arreciaron. Aunque las sentencias estaban dictadas de acuerdo al Código de Justicia Militar vigente, su ejecución haría más difícil la necesaria evolución del régimen... El dictador Francisco Franco era consciente de que la clemencia sería interpretada como debilidad. El día 29 de diciembre se reunió el Consejo del Reino, y el día 30 de diciembre lo hizo el Consejo de Ministros en El Pardo, que acuerda por unanimidad conmutar las penas de muerte por sus inmediatas inferiores.[5]

«...Las clamorosas y multitudinarias manifestaciones de adhesión que habéis rendido en los últimos días, no solamente a mi persona, sino al Ejército español y a nuestras instituciones, ha reforzado nuestra autoridad de tal modo, que nos facilita, de acuerdo con el Consejo del Reino, el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto de la última pena, pese a la gravedad de los delitos que el Consejo de Guerra de Burgos, con alto patriotismo, juzgó...» [6]

En la cultura popular

Véase también

Referencias

  1. En aplicación del Decreto Ley sobre bandidaje y terrorismo de 21 de septiembre de 1960 que desarrollaba la Ley de Órden Público de 30 de julio de 1960, era la jurisdicción militar la encargada de juzgar tales hechos
  2. Armando Marchante Gil, La iglesia dividida y beligerante, en 40 años en la vida de España, Pamplona, 1986, ISBN-84-86349-14-1.
  3. Sumario 31/69
  4. La prueba de esta afirmación está en la carta que el procesado Calzada dirigió al juzgado en base a los siguientes fundamentos: Porque la Jerarquía eclesiástica tiene conocimiento de que se están realizando las oportunas gestiones ante la Santa Sede, éstas hab tenido éxito. El Consejo de Ministros accedió a los deseos de la Santa sede para que la vista fuese pública.
  5. El esbozo del acta que recoge esta sentencia es de gran interés, al quedar recogida en ella las opiniones de algunos miembros del gobierno. Como anécdota son destacables las palabras de Torcuato Fernández Miranda, que cita a Cicerón y a San Agustín para defender la postura favorable al indulto.
  6. Francisco Franco, Mensaje televisado de fin de año, 1970

Enlaces externos


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